STSJ Extremadura 422/2010, 30 de Julio de 2010
| Ponente | PEDRO BRAVO GUTIERREZ |
| ECLI | ES:TSJEXT:2010:1505 |
| Número de Recurso | 279/2010 |
| Procedimiento | RECURSO SUPLICACION |
| Número de Resolución | 422/2010 |
| Fecha de Resolución | 30 de Julio de 2010 |
| Emisor | Sala de lo Social |
T.S.J.EXTREMADURA SALA SOCIAL
CACERES
SENTENCIA: 00422/2010
T.S.J.EXTREMADURA SALA SOCIAL
C/PEÑA S/Nº (TFNº 927 620 236 FAX 927 620 246)CACERES
Tfno: 927 62 02 36-37-42
Fax:927 62 02 46
NIG: 10148 44 4 2009 0300527
402250
TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000279 /2010
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM : 0000475 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL nº: 003
Recurrente/s: Jose Francisco
Abogado/a: JOSE CORTES VILLALOBOS
Procurador: MARIA JOSE GONZALEZ LEANDRO
Graduado Social:
Recurrido/s: DIRECCION000 C.B.
Abogado/a: JULIO GOMEZ ESTEBAN
Procurador: MARIA GUADALUPE SANCHEZ-RODILLA SANCHEZ
Graduado Social:
Ilmos. Sres.
D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ
Dª ALICIA CANO MURILLO Dª MANUELA ESLAVA RODRÍGUEZ
En CACERES, a treinta de Julio de dos mil diez.
Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la SALA SOCIAL del T.S.J.EXTREMADURA, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A Nº 422
En el RECURSO SUPLICACION 279/2010, formalizado por el Letrado D. José Cortés Villalobos, en nombre y representación de D. Jose Francisco, contra la sentencia número 475/2010 dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 3 de CACERES en el procedimiento 475/2009, seguidos a instancia del recurrente, frente a DIRECCION000 C.B., representados por el Letrado D. Julio Gómez Esteban siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ.
De las actuaciones se deducen los siguientes:
D, Jose Francisco presentó demanda contra DIRECCION000 C.B., siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 475 /2010, de fecha veinticinco de Marzo de dos mil diez
En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados:
"PRIMERO: El demandante en este procedimiento, D. Jose Francisco aparece como firmante como "trabajador" junto con la "empresa" DIRECCION000, C.B., de un contrato de trabajo fechado en Almaraz el día 8-VIII-2008, a tiempo completo y duración determinada (modalidad "obra o servicio determinado"), en el que aquél ostenta la categoría profesional de peón agrícola, para "la realización de la obra o servicio saca de corcho campaña 2008, teniendo dicha obra autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad propia de la empresa" (así su cláusula sexta ); asimismo, el convenio colectivo de referencia es el del Campo de Extremadura.
Por parte de la comunidad de bienes, quien firma tal contrato es D. Mario, uno de sus comuneros.
En 2008 mas en fecha que no consta, el citado Sr. Mario apalabra con D. Carlos José (parte actora del procedimiento número 467/2009 seguido ante este Juzgado de lo Social, también sobre reclamación de cantidad por débitos salariales contra la citada C.B), la realización de la campaña de saca de corcho, de manera que pactan un determinado precio por quintal de corcho, éste una vez separado del tronco y debidamente apilado en la finca en disposición de ser transportado, aquél precio había de ser satisfecho por la C.B a D. Carlos José, comprometiéndose éste a realizar la oportunas labores para obtener la cosecha pactada, aportando para ello tanto los medios materiales necesarios (tractores, remolques, bestias de carga, etcétera) como las personas precisas para ejecutar tal labor silvícola.
Entre las personas que realizaron tal campaña se encuentra el demandante del presente procedimiento.
La C.B. -y por razón de tal acuerdo verbal- satisfizo el 7-X-2008 a D. Eloy (parte actora del procedimiento número 474/2009 seguido ante este Juzgado de lo Social, también sobre reclamación de cantidad por débitos salariales contra la citada C.B, y hermano del referido D. Carlos José ), la suma de veinte mil euros y el día 12-XI-2008 pagó a D. Carlos José la suma de nueve mil quinientos euros.
El día 20-VII-2009 se celebró el acto de conciliación (promovido por papeleta presentada por al actora el previo día 26-VI) sobre reclamación de cantidad ante la Unidad de Mediación, Arbitraje Conciliación, el cual concluyó sin que las partes se avinieran.
Según las tablas salariales (así Diario Oficial de Extremadura de 4-III-2009) del Convenio Colectivo del Campo de Extremadura (código de convenio nº 8100095, cuya inscripción se ordena por Resolución de 9-VIII-2007, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía y Trabajo, y publicado en el D.O.E. del siguiente día 21) para el año 2008, el salario base de un peón agrícola para el "resto de faenas" es de 34#80 euros al día.
El citado D. Carlos José considera que la suma debida por la C.B. por dicha campaña del corcho en la que trabajó el actor es de 45.841 euros.
Asimismo, es D. Carlos José quien materialmente ha pagado al actor parte de la suma salarial a que se refiere la citada nómina de agosto de 2008 (documento aportado por la actora en el acto del juicio, por un importe líquido de 1.236 euros y cuyo "recibí" aparece firmado por el actor)
En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
Que apreciando la excepción de incompetencia de jurisdicción invocada por DIRECCION000, C.B. contra la demanda deducida por D. Jose Francisco, debo declarar y declaro la incompetencia de jurisdicción de este Juzgado de lo Social para conocer de aquélla, advirtiendo al demandante que podrá, si a su derecho interesa, ventilar su pretensión ante los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil.
Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por Jose Francisco formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta T.S.J.EXTREMADURA SALA SOCIAL en fecha 1-6-10 .
Admitido a trámite el recurso se señaló el día para los actos de votación y fallo.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,
El demandante interpone recurso de suplicación contra la sentencia en la que se declara la incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de su demanda y le advierte que el competente es el orden civil, ante lo que formula un único motivo que, al amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, denuncia la infracción de los arts. 1. y 2.a) de esa misma ley y acaba pretendiendo que la Sala dicte sentencia por la que se estime el recurso, se revoque la sentencia recurrida y se estime la demanda, condenando a la demandada al pago de la cantidad reclamada.
Hay que empezar por señalar que lo que pretende el recurrente nunca puede prosperar, entre otras razones porque, resultando que lo reclamado en la demanda eran 1.236 euros, lo cual se redujo en el juicio a 715,89, es claro que contra lo que respecto a la reclamación se resolviera nunca cabría recurso de suplicación, a tenor del art. 189.1 LPL, y el apartado e) de ese mismo art., tras señalar que procederá en todo caso la suplicación contra las sentencias que decidan sobre la competencia del Juzgado por razón de la materia, añade que si el fondo del asunto no estuviera comprendido dentro de los límites de la suplicación, la sentencia resolverá sólo sobre la competencia, por lo que esta Sala nunca podría entrar a determinar si procede o no la estimación de la demanda y la condena de la parte demandada.
De lo expuesto se desprende también que lo único que procedería, si estuviera mal apreciada la incompetencia, por ser la cuestión debatida competencia del orden social, es anular la sentencia recurrida y reponer las actuaciones al momento anterior a ella para que el juzgador entrara en el fondo de la cuestión y la resolviera si es que no existe ningún otro obstáculo procesal para ello, pero eso no se pide en el recurso. Sin embargo ello no es óbice para que la Sala entre a determinar la competencia y, en su caso, acordar la nulidad a que nos hemos referido, como se desprende de lo que se mantiene en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2008, en la que se resolvió recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra una de esta Sala. Se expone por el Alto Tribunal.
"La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en sentencia de 26 de septiembre de 2006, argumenta que, no habiéndose solicitado nulidad de actuaciones, ni poder declararla de oficio, de acuerdo con el mandato del art. 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según la redacción acordada por La Ley Orgánica 19/2003, no entró a analizar si era o no procedente la declaración de caducidad efectuada, en tanto que la apreciación de esa argumentación carecería de efectos al no poder declarar una nulidad de actuaciones que no le había sido solicitada".
Sobre la sentencia alegada como contradictoria en el recurso se dice: "se invoca la ya citada sentencia Tribunal de Castilla-La Mancha de seis de mayo de 2005 . Esta resolución estimó el recurso del demandante que había visto desestimada en la instancia su pretensión de revisión del grado de invalidez, por haberse apreciado mal formulada la reclamación previa. Había formalizado el recurso al amparo del apartado c) del art. 191 de la Ley procesal, y la Sala estima que, aunque ese precepto ampara el recurso en el que se denuncien infracciones sustantivas, en lugar de haber solicitado la nulidad al amparo del apartado
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de dicho precepto, la incoherencia del suplico y los defectos formales observados o "las deficiencias...
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