STSJ Comunidad Valenciana 214/2010, 26 de Febrero de 2010
| Ponente | FRANCISCO JOSE SOSPEDRA NAVAS |
| ECLI | ES:TSJCV:2010:1733 |
| Número de Recurso | 607/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 214/2010 |
| Fecha de Resolución | 26 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Recurso 1/ 000607/2007
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
En la Ciudad de Valencia, veintiséis de febrero de dos mil diez.
Visto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por:
Presidente:
Ilmo. Sr. D. Edilberto Narbón Laínez.
Magistrados Ilmos. Sres:
Don Carlos Altarriba Cano.
Doña Desamparados Iruela Jiménez
D. Francisco José Sospedra Navas
D. José Luis Piquer Torromé.
SENTENCIA NUM: 214
En el recurso contencioso administrativo num. 607/2007, interpuesto por Mediterráneo Sur, S.L., representado por el Procurador Dª Mercedes Soler Monforte contra la Resolución de 30.03.2007 del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia que desestima la reclamación económico-administrativa número 12-02112-2006 contra la liquidación practicada por la Oficina Liquidadora de Vinarós por el concepto Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Habiendo sido parte en autos como demandada la Administración del Estado, representada y defendida por la Abogacía del Estado y la Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, representada y defendida por la Abogacía de la Generalitat, siendo Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Sospedra Navas.
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.
La representación de las Administraciones demandadas contestaron a la demanda, mediante escrito en el que solicitaron se dictara sentencia por la que se confirmase la resolución recurrida.
Recibido el pleito a prueba, se practicó la que se declaró pertinente con el resultado que obra en autos y, finalizada la tramitación del procedimiento, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
Se señaló la votación para el veinticuatro de febrero de dos mil diez.
En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.
Se recurre por la actora la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia de 30 de marzo de 2007, desestimando la reclamación número 12/02112/2006, contra la liquidación tributaria dimanante de la comprobación de valores practicada por la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana, Oficina Liquidadora de Vinarós, en verificación del valor declarado por la actora en la compraventa de la mitad indivisa de la finca 10319, efectuada en fecha 22 de diciembre de 2004, asignándose, como consecuencia de la comprobación realizada, un incremento de 384.225,80 euros.
Para resolver la controversia planteada, debemos indicar que la impugnación se concreta en la comprobación de valores que se realizó por la Oficina Liquidadora de Vinarós con base a la valoración de los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda de Castellón, que aumentó el valor del inmueble transmitido a un valor liquidable de 768,511,59 euros, cuando el valor declarado fue de 329.681,96 euros.
La actora sustenta su demanda sobre la base de la falta de motivación de la comprobación de valores, de no tomar como referencia el aprovechamiento real y no detraer los gastos de urbanización, y la falta de motivación en la liquidación practicada, en cuanto no establece los criterios de motivación de los fundamentos técnicos y prácticos mediante los cuales se realiza la comprobación practicada, citando diferentes sentencias en apoyo de su tesis.
A todo ello se oponen las Administraciones demandadas, con cita de jurisprudencia, considerando que la valoración esta suficientemente motivada, y no produce indefensión.
De acuerdo a la interpretación sostenida por esta Sala, Sección Tercera, entre otras, en Sentencia número 1/2008 : "Procede recordar que la base imponible en el ITPAJD y en el ISD, viene referido como en el presente caso al valor real del bien. El valor real, en cuanto que magnitud intrínsecamente vinculada al bien del cual se predica, es, en principio, algo diferente de su precio de mercado y, por supuesto tratándose, de inmuebles, de su valor catastral. Como ha señalado la doctrina, de la imprecisión del concepto "valor real" da idea la STS de 18 de mayo de 1993, para la cual "por valor ha de entenderse la cualidad de las cosas, en cuya virtud se da por poseerlas cierta suma de dinero o algo equivalente, debiendo entenderse por real lo que tiene existencia verdadera y efectiva".
Tanto la doctrina como la jurisprudencia han ido progresivamente identificando el valor real con el valor de mercado (STS de 1 de diciembre de 1993, si bien esta segunda magnitud no es el precio de mercado (el que surge en un momento dado por concurrencia de oferta y demanda) sino más bien el precio natural o normal de mercado, que es aquel otro que se forma a largo plazo, una vez qué, tras un número mayor o menor de transacciones individuales sucesivas, el proceso de gradual ajuste de la oferta a la demanda se halla concluido. Considerando siempre que debe tratarse de un mercado organizado y transparente, en el cual, además, las partes actúen de forma mutuamente independiente y sin incurrir en simulación del precio.
La más reciente definición legal del valor de mercado se contiene en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en cuyo art. 24.2.1 lo define como «el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas», definición que ha sido acogida en el nuevo Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de PYMES, en el que con referencia a las normas de valoración se ha señalado como valor razonable aquel importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. Y en este mismo sentido el Impuesto sobre Sociedades define como valor normal de mercado el "que hubiera sido acordado en condiciones normales, de mercado entre partes independientes."
Consciente de la indefinición que entraña el concepto de valor real, el legislador estatal ha previsto, como medida antielusiva expresa, la técnica de la comprobación de los valores declarados, por lo que en uso de esta facultad, la Administración Tributaria Autonómica, puede fijar el valor de los bienes y derechos transmitidos a través de cualquiera de los medios contemplados en el artículo 57 de la Ley 58/2003, Ley General Tributaria ( 46 Texto Refundido del ITPAJD y 18 Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones).
El requisito de la motivación viene impuesta por las exigencias del artículo 103.3 de la Ley General Tributaria, cuando advierte que "3 . Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la suspensión de la ejecución de actos de aplicación de los tributos, así como cuantos otros se dispongan en la normativa vigente, serán motivados con...
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