ATS, 11 de Mayo de 2010
| Ponente | JUAN ANTONIO XIOL RIOS |
| ECLI | ES:TS:2010:5629A |
| Número de Recurso | 634/2009 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a once de Mayo de dos mil diez.
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- La representación procesal de "TELEFONÍA Y SEGURIDAD VEGA BAJA, S.L." presentó el día 12 de marzo de 2009 escrito de interposición de recurso de casación y extraordinario por infracción procesal contra la Sentencia dictada, con fecha 22 de enero de 2009, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9ª), con sede en Elche, en el rollo de apelación nº 988/2008, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 233/2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Torrevieja.
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- Mediante Providencia de 23 de marzo de 2009 se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, y emplazando a los litigantes ante el Tribunal Supremo por plazo de 30 días, apareciendo notificada dicha resolución a los Procuradores de las partes el día 25 de marzo siguiente.
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- El Procurador D. José María Martín Rodríguez, en nombre y representación de "TELEFONÍA Y SEGURIDAD VEGA BAJA, S.L.", presentó escrito ante esta Sala el día 5 de mayo de 2009, personándose en concepto de recurrente, al tiempo que el Procurador D. Agustín Sanz Arroyo, en nombre y representación de D. Germán, presentó escrito el día 22 de abril de 2009, personándose en concepto de parte recurrida.
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- Por providencia de fecha 23 de marzo de 2010 se puso de manifiesto a las partes personadas las posibles causas de inadmisión del recurso.
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- Mediante escrito presentado el día 20 de abril de 2010 la parte recurrente muestra su disconformidad con las causas de inadmisión puestas de manifiesto, mientras que por la recurrida, por escrito de la misma fecha, se muestra conforme con las mismas.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Juan Antonio Xiol Rios.
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- El presente recurso de casación tiene por objeto una Sentencia que puso término a un juicio ordinario sobre propiedad horizontal que, conforme a la legislación vigente al momento de interponerse la demanda, se tramitó por razón de la materia, con la consecuencia de que su acceso a la casación se halla circunscrito al ordinal tercero del citado art. 477.2 de la LEC 2000, criterio reiterado por esta Sala, en numerosos Autos, entre otros, de 10, 17 y 31 de julio de 2007, en recursos 1160/2005, 598/2004 y 714/2004 .
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- Habiéndose preparado recurso de casación al amparo del ordinal 3º del art. 477.2 LEC y de conformidad con los criterios establecidos anteriormente, ha de entenderse que la vía casacional utilizada es la adecuada, pues habiéndose sustanciado el procedimiento por razón de la materia su acceso a la casación sólo es posible por la vía del art. 477.2.3º de la LEC 2000, siempre que exista y se justifique ya desde la fase preparatoria el "interes casacional" que posibilita el recurso de acuerdo con lo preceptuado en el apartado 3 del propio art. 477 LEC .
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- La parte recurrente en el escrito de preparación del recurso de casación alega la infracción de los arts. 3.1 CC y 7, 11 y 16 de la Ley de Propiedad Horizontal, por inadecuada aplicación del régimen de unanimidad de la LPH por no tratarse en el presente supuesto de elementos comunes. Se alega interes casacional por la existencia de jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, citando a favor de una interpretación más flexible, abierta y favorable de la aplicación del régimen de propiedad horizontal para las alteraciones que afectan a los locales para su adecuación a su uso y destino, las SSAP de Alicante (Sección 5ª) de 10 de mayo de 1993, AP de La Coruña (Sección 4ª) de 29 de septiembre de 2006 y AP de Tarragona (Sección 1ª) de 25 de enero de 2005 . Por el contrario, como partidarias de una interpretación claramente restrictiva de la aplicación flexible del régimen de propiedad horizontal para las obras y alteraciones realizadas en locales comerciales, se citan las SSAP de Jaén (Sección 3ª) de 20 de noviembre de 2007, AP de Madrid (Sección 11ª) de 29 de mayo de 2000 y AP de Navarra (Sección 1ª) de 29 de marzo de 2005 . El segundo lugar, se cita la infracción del art. 7 del Código civil, ya que la sentencia revela una posición claramente desfavorable a la jurisprudencia que desarrolla el abuso de derecho, que impone el ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe, declarando abusivo el uso de un derecho de un modo anormal y contrario a la convivencia. En este punto, se citan las SSTS de 14 de febrero de 1944, 15 de marzo de 1996, 24 de mayo de 1996, 13 de febrero de 1995, 11 de julio de 1994, 20 de febrero de 1992, 6 de abril de 1987, 26 de febrero de 1992, 2 de noviembre de 1990, 26 de abril de 1976, 17 de marzo de 1984 y 5 de abril de 1993 .
Visto el planteamiento del recurso, el mismo incurre en la causa de inadmisión de defectuosa preparación (art. 483.2.1º, inciso segundo, en relación con el art. 479.4 de la LEC, al no quedar acreditado, ya en fase de preparación, el interes casacional invocado por oposición a la doctrina del Tribunal Supremo, ni por existencia de jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, a tenor de los criterios de recurribilidad que esta Sala viene propugnando de acuerdo con lo dispuesto en la nueva LEC 2000, tal y como se recogen en Reunión de Pleno para la Unificación de Doctrina del art. 264 LOPJ (Sala General) celebrada el día 12 de diciembre de 2000, que integra la regulación de la LEC de modo que forma parte de la normativa sobre el recurso de casación (STC 108/2003, de 2 de junio, en recurso de amparo núm. 82/2002 ), pues, aún cuando se cite el precepto o preceptos infringidos de los que se predica la contraposición o contradicción jurisprudencial, en el escrito preparatorio, respecto a la oposición a la doctrina del Tribunal Supremo, se limita a citar las fechas de diferentes sentencias de esta Sala alegando que la sentencia recurrida infringe su doctrina acerca del ejercicio de derechos de conformidad con la buena fe y prohibición del ejercicio antisocial de un derecho cuando se hace con intención de dañar a otro, pero sin explicar de qué modo y por qué se vulnera la doctrina contemplada en la misma, por lo que no puede tenerse por acreditado el interes casacional alegado. En este punto se hace necesario recordar que es imprescindible la cita de al menos dos sentencias del Tribunal Supremo, explicar cuál es la concreta vulneración de la jurisprudencia que se ha cometido por la Audiencia Provincial, en la Sentencia de segunda instancia, en relación con la concreta infracción legal que se considera cometida, imponiendo también identificarla con precisión en el escrito preparatorio. Al mismo tiempo, respecto a la existencia de jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, tampoco se ha acreditado el interes casacional, porque en el escrito preparatorio no se citan dos resoluciones de un mismo Tribunal y otras dos de otro distinto, por lo que no queda debidamente acreditada la contradicción jurisprudencial, que exige un criterio jurídico plasmado en dos Sentencias de una misma Audiencia Provincial o de una misma Sección de la misma Audiencia frente a otro criterio jurídico antagónico -en relación con la misma cuestión de derechorecogido en otras dos Sentencias de diferente Audiencia o Sección, sin que baste la mera contradicción entre la Sentencia que se pretende recurrir y otras de diferentes órganos jurisdiccionales, siendo, en todo caso, en la fase de "preparación" del recurso de casación y no en la de su "interposición" cuando se ha de acreditar el "interés casacional", dado que al tiempo de la preparación debe necesariamente quedar justificada la recurribilidad de la Sentencia dictada en segunda instancia, por ser éste un requisito legal necesario para poder tener por preparado el recurso anunciado, y, en el caso examinado, la parte recurrente no ha acreditado, en dicha fase de preparación, el presupuesto que condiciona la presencia del "interés casacional" que, constituye un presupuesto de recurribilidad, cuando se pretende el acceso a los recursos extraordinarios por el cauce del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000. Entender otra cosa sería convertir en mero formulismo y formalismo el "interés casacional", desnaturalizando su condición de requisito esencial, objetivizado en la ley y transcendente a las partes, dejando vacía de contenido la fase de preparación en los casos del ordinal 3º del art. 477.2 LEC 2000, lo que, desde luego, no resulta conciliable con el texto del referido art. 477.2.3º, en relación con el art. 479.4 LEC 2000, que, debe reiterarse, ha sido interpretado por esta Sala en el sentido recogido en los criterios antes señalados, y ha sido entendido como razonable por el Tribunal Constitucional, que ha sido entendido como razonable por el Tribunal Constitucional, en sus Sentencias 46/2004, de 23 de marzo, y 131/2005, de 23 de mayo, y más específicamente, en la STC 3/2005, de 17 de enero, y el ATC 208/2004, de 2 de junio, dejando sentado que la acreditación del interes casacional debe producirse en el momento de la preparación y no en la fase de interposición.
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- Determinado en este momento procesal la inadmisión del recurso de casación por las causas de inadmisión expuestas, se ha de inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal, de conformidad con lo previsto en el art. 473.2, en relación con la Disposición final 16ª , apartado 1, regla 5ª, apartado segundo, LEC 2000 .
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- Consecuentemente procede declarar inadmisibles los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, declarando firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 473.2º y 483.4 LEC 2000, cuyos siguientes apartados, el 3 y el 5, respectivamente, deja sentado que contra este Auto no cabe recurso alguno.
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- Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 de la LEC 2000 y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida comparecida procede imponer las costas a la parte recurrente.
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- NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN NI EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuesto por la representación procesal de "TELEFONÍA Y SEGURIDAD VEGA BAJA, S.L." contra la Sentencia dictada, con fecha 22 de enero de 2009, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 9ª), con sede en Elche, en el rollo de apelación nº 988/2008, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 233/2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Torrevieja.
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- DECLARAR FIRME dicha resolución.
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- IMPONER LAS COSTAS a la parte recurrente.
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- Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución, al órgano de procedencia.
Frente a esta resolución no cabe interponer recurso alguno de conformidad con el art. 483.5 LEC .
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico. .
