STSJ Comunidad Valenciana , 9 de Abril de 2002
| Ponente | JUAN CLIMENT BARBERA |
| ECLI | ES:TSJCV:2002:3754 |
| Número de Recurso | 1717/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 9 de Abril de 2002 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Recurso n° 1717/96 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SENTENCIA N° 476/2002 Presidente D. Mariano Ferrando Marzal Magistrados Doña Amalia Basanta Rodríguez Don Juan Climent Barberá
En la ciudad de Valencia, a nueve de abril de dos mil dos. Visto el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Carlos Alberto y Doña Ángeles , representados y defendidos por el Letrado D. José Iganacio Vallejo Segura, contra la Resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Castellón de la Plana de 30-1-1996 por el que se fija el justiprecio de la parcela n° NUM000 del Polígono de DIRECCION000 en Castellón, afectada por la expropiación para la ejecución de la zona verde del mismo, habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado asistida representada por el Sr. Abogado del Estado; y codemandadas la Generalidad Valenciana, asistida y representada por sus servicios jurídicos y Doña Catalina representada por la procuradora de los Tribunales Doña Elena Gil Bayo y defendida por el Letrado Don Vicente Verchili Corbín.
Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Juan Climent Barberá.
Interpuesto el recurso y seguidos lo: trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que suplicó se dictara Sentencia por la que estimando el recurso declare nulas y no conformes a Derecho la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 30 de enero de 1996 y la de 26 de junio de 1966, que ratifica la primera, condenando a la Generalidad Valenciana al pago del precio conforme valoración ajustada a Derecho, más los intereses legales correspondientes desde la fecha en que debió realizarse el pago y al pago de las costas del proceso.
La Administración demandada contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitó se dicte sentencia por la que se declare la conformidad a Derecho de la resolución impugnada, absolviendo a la Administración del presente recurso.
La Generalidad Valenciana codemandada contestó a la demanda suplicando se dicte sentencia mediante la que se declare la conformidad a Derecho de las Resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Castellón objeto de impugnación en el presente recurso. Por la codemandada Doña Catalina , evacuó el trámite de contestación a la demanda suplicando la continuación del pleito por sus cauces procesales.
Pedida la practica de prueba, atendidos los términos en que se plantea la litis y los elementos de juicio obrantes en autos y en el expediente administrativo se recibió el pleito a prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Jurisdiccional, admitiéndose y practicándose la documental y la pericial propuestas y no admitiéndose la testifical propuesta por innecesaria.
Abierto el trámite de conclusiones la actora, la demandada y las dos partes codemandadas formularon las que estimaron oportunas, reiterando en ambos casos las peticiones de sus correspondientes demanda y contestaciones, quedando los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo.
Se señaló para la votación y fallo del recurso el día seis de noviembre 2.001, en cuya fecha y sucesivas ha tenido lugar.
En la sustanciación de este proceso se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia.
Los actores, titulares de la parcela n° NUM000 (referencia catastral 39139/01) del Polígono de DIRECCION000 (Castellón), afectada por la expropiación para la ejecución de zona verde de dicho Polígono, impugnan en el caso presente la resolución del Jurado P. de Expropiación Forzosa de Castellón de 30-1-1996 que, fija el justiprecio de la parcela en 31.692.094 ptas. (30.182.947 ptas de suelo, más 1.509.147 ptas de premio de afección). Esta impugnación se funda, en síntesis, en: 1°) que el coeficiente de aprovechamiento urbanístico (0'857 m2/m2) apreciado por el Jurado para el cálculo del valor urbanístico de la parcela, y que resulta del certificado expedido por técnico del Ayuntamiento de Castellón a su instancia, en 21-12-1995, no es ajustado al ordenamiento, en la medida que la fórmula legalmente prevista exige incluir en el divisor los terrenos correspondientes a dotaciones públicas existentes que se restarán a la superficie total del suelo afectado: 2°) que en el cálculo del valor básico de repercusión también se incurre el error, al no haber tenido en cuenta el Jurado el cuadro marco de valores del suelo y construcciones establecidos en el R. Decreto 1020/93, no estando actualizados los valores catastrales en 1994 pero revisándose al año siguiente.
Entrando en análisis de las cuestiones así planteadas, procede comenzar indicando que las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa gozan de la presunción "iuris tantum"
legalidad y acierto en la cuantificación del justiprecio, presunción que puede ser combatida y revisada en vía Jurisdiccional en los supuestos de infracción de preceptos legales, o notorio error material, o cuando se acredite una desajustada apreciación de los datos materiales, o cuando la valoración no esté en consonancia con lo que ficticiamente resulte del expediente. Dicha presunción es destruíble por prueba en contrario, reconociéndose al efecto por la doctrina jurisprudencial que los informes periciales emitidos en los autos por medio de técnico idóneo nombrado con las debidas garantías procesales, gozan de las mismas características de objetividad que el acuerdo del Jurado, por lo que en caso de discordancia entre ambos, el Tribunal puede fijar el justiprecio, siguiendo el informe emitido en autos valorado conforme a las exigencias de la sana crítica.
Conviene precisar además que una jurisprudencia reiterada ha declarando que la prueba pericial es de libre apreciación por el juzgador de acuerdo a las reglas de la sana crítica, por lo que el órgano judicial no está vinculado por el resultado de la prueba pericial, como tampoco lo está por los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación siempre que razone debidamente la discrepancia y apartamiento de la pericia, bien por indebida apreciación de los elementos de hecho o por incoherencia o falta de necesario razonamiento, o por contradicción con otras pruebas dado el principio de valoración conjunta de la prueba que impera en nuestro sistema procesal.
Sentado lo anterior y remitiéndonos ya al supuesto que nos ocupa,...
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