STS, 24 de Noviembre de 2009
| Ponente | SANTIAGO MARTINEZ-VARES GARCIA |
| ECLI | ES:TS:2009:7528 |
| Número de Recurso | 93/2008 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 24 de Noviembre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Noviembre de dos mil nueve
Visto por la Sección Cuarta, de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Excmos. Sres. Magistrados anotados al margen, el recurso contencioso administrativo número 93 de 2008, interpuesto por el Procurador Don Alberto Alfaro Matos en nombre y representación de Pescados Oliveri, S.A., contra la Resolución del Ministerio de Fomento, Secretaria General Técnica, en el expediente nº 111.0830.007-SS/100 Como Administración demandada compareció la del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado
El veintidós de enero de dos mil ocho, se registró en este Tribunal el escrito de interposición del recurso. El día veinticinco de enero de dos mil ocho y por Diligencia de Constancia se tuvo por presentado el recurso y se designó Magistrado Ponente dándose cuenta de la interposición. En fecha siete de julio de dos mil ocho, se dictó Providencia por la que se tuvo por personado y parte al Procurador Don Alberto Alfaro Matos en nombre y representación de Pescados Oliveri S.A., entendiéndose con él las sucesivas diligencias. Al tiempo, la Sala requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo en los términos que establece el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción, ordenándole la práctica de los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la misma norma.
El diez de septiembre de dos mil ocho, se dictó Providencia en la que se tuvo por recibido el expediente administrativo y por personado y parte, al Sr. Abogado del Estado en nombre de la Administración demandada, entendiéndose con él, las sucesivas actuaciones.
El diecisiete de octubre de dos mil ocho, la Sala dictó Providencia, teniendo por presentada en tiempo y forma la demanda y se dio traslado al Sr. Abogado del Estado, con entrega del expediente administrativo, para que formule la contestación a la demanda en el plazo legalmente establecido.
Contestada la demanda en legal forma, por providencia de once de Diciembre de dos mil ocho, y habiendo solicitado la parte recurrente en su escrito de demanda el recibimiento a prueba del pleito, por providencia de veinticinco de febrero de dos mil nueve, se acuerda no ha lugar al recibimiento a prueba solicitado al no existir disconformidad sobre los hechos, acordando dar traslado a las partes para conclusiones por plazo sucesivo de diez días. Por diligencia de ordenación de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, se tiene por evacuado el trámite de conclusiones conferido a la parte recurrente entregándosele las copias a la parte recurrida, Administración del Estado, otorgándole el plazo de diez días para que presente las suyas. Por providencia de veintidós de abril de dos mil nueve, por el Sr. Abogado del Estado se presenta escrito de conclusiones. Por diligencia de ordenación de veintidós de mayo de dos mil nueve, se tiene por evacuado el traslado que les fue conferido por proveídos de fecha 22 de abril de 2009, y visto el estado en que se encuentran las presentes actuaciones, se declaran conclusas las mismas y quedan pendientes los Autos para votación y fallo, para cuando por turno les corresponda.
Acordado señalar día para la votación y fallo, fue fijado a tal fin el día once de noviembre de dos mil nueve, en cuya fecha tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Santiago Martinez-Vares Garcia, Magistrado de la Sala que expresa la decisión de la misma
Se recurre en este proceso la reclamación formulada por Pescados Oliveri, S.A., ante el Consejo de Ministros que la desestimó por silencio administrativo, en la que solicitó el abono en concepto de indemnización por responsabilidad del Estado Legislador de la cantidad satisfecha por el pago de la Tasa T-4 por importe de 14.947,82 #, declarada inconstitucional por Sentencia 102/2.005 del Tribunal Constitucional .
La cuestión aquí planteada ha sido ya resuelta por el Pleno de esta Sala, como pone de relieve el Sr. Abogado del Estado en la contestación de la demanda, en Sentencia de cinco de marzo de dos mil ocho, recurso 22/2.007 . En consecuencia por razones de seguridad jurídica e igualdad de doctrina trascribimos lo esencial de esa Sentencia en la que expusimos lo que sigue: "La responsabilidad patrimonial se concibe como institución que viene a tutelar la integridad patrimonial de los administrados frente a las intromisiones de los poderes públicos, atendiendo a la reparación de las lesiones producidas a los particulares en sus bienes y derechos, al margen de la potestad expropiatoria, como consecuencia de la actividad desarrollada en el ejercicio del poder.
Se configura así como presupuesto básico del nacimiento de tal responsabilidad la existencia de una lesión o detrimento en el patrimonio del particular o, como dice la sentencia de 25 de noviembre de 1995, "la existencia de un daño real y efectivo, no traducible en meras especulaciones o expectativas, constituye el núcleo esencial de la responsabilidad patrimonial traducible en una indemnización económica individualizada, de tal manera que resulte lesionado el ámbito patrimonial del interesado que es quién a su vez ha de soportar la carga de la prueba de la realidad del daño efectivamente causado". En todo caso se ha de tratar de un daño real y efectivo (Ss. 16-2-1998, 16-10-1995).
Así lo exige con carácter general el art. 139.2 de la Ley 30/1992, disponiendo que el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. También resulta del número 3 del mismo precepto en relación con la responsabilidad patrimonial por la aplicación de actos legislativos, que aquí se invoca, pues, si bien no hace referencia expresamente al daño resulta implícito en el término indemnización, que según el diccionario de la Real Academia, no es otra cosa que el resarcimiento de un daño o perjuicio.
El Abogado del Estado cuestiona la concurrencia de este requisito básico de la responsabilidad patrimonial, al entender que, desde esta perspectiva, no puede hablarse de un daño real o efectivo para el obligado que satisfizo, en su momento, la tarifa por la prestación del correspondiente servicio portuario, pues se ha beneficiado de la prestación de un determinado servicio portuario y no puede decirse que haya sufrido un daño real y efectivo.
Frente a ello, la recurrente mantiene que ha experimentado una lesión en su patrimonio por cuanto ha tenido que hacer frente a un tributo que no tenía obligación alguna de pagar, argumentando en conclusiones sobre el carácter legal de tal obligación y señalando que la declaración de inconstitucionalidad deja claro que las Autoridades Portuarias no tenían derecho a exigir las tarifas en cuestión.
Entiende la Sala que, como mantiene el Abogado del Estado, el litigio ha de examinarse desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial y el presupuesto básico de existencia de un detrimento patrimonial real y efectivo. A tal efecto, la entidad recurrente, mediando el abono de la correspondiente tarifa, accedió a determinada prestación portuaria (uso de dominio público o servicio portuario) obteniendo con ello el correspondiente beneficio que incorporó a su patrimonio. La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Puertos incide en la habilitación para la exigencia de la tarifa, pero no altera la situación patrimonial de la entidad recurrente que resulta del disfrute de aquella prestación, cuya incorporación a su patrimonio no se ve afectada y se mantiene tras la declaración de inconstitucionalidad. Esta declaración podrá propiciar, en su caso, que el interesado ejercite las acciones correspondientes en reclamación de las tarifas satisfechas en aplicación de aquella normativa, lo que evidentemente irá en beneficio de su patrimonio, pero desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial no acredita un detrimento patrimonial que pueda calificarse como daño real y efectivo.
Tampoco puede sustentarse la existencia de tal perjuicio en un eventual derecho del usuario a recibir el servicio, se entiende que sin el abono de la correspondiente tarifa, que parece invocarse cuando se dice, en conclusiones, que no existe ninguna norma que afirme que el usuario no tuviera derecho a recibir el servicio, pues es claro que toda la normativa reguladora de los servicios portuarios sujetan su prestación al abono de las correspondientes tarifas, criterio que no se ha abandonado tras dicha declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la correspondiente potenciación de la competencia, como se refleja en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de Puertos de Interés General, que en su Título I, Capítulo IV, regula las tasas portuarias por la utilización del dominio público portuario y por la prestación de servicios no comerciales por las Autoridades Portuarias.
Finalmente el recurrente no plantea la existencia de un perjuicio, en razón de eventuales diferencias tarifarias, que pudieran incidir en el distinto alcance del beneficio reportado por la prestación obtenida, limitándose a identificar el perjuicio con el importe equivalente a las tarifas satisfechas, sin tomar en consideración que ello determinó el disfrute de la prestación y la incorporación a su patrimonio, que no resultó afectado por la declaración de inconstitucionalidad.
Por todo ello, entiende la Sala que del planteamiento del recurso no se desprende la existencia de un perjuicio real y efectivo en el patrimonio de la entidad recurrente, desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial invocada, lo que hace inviable la pretensión formulada, sin necesidad de entrar a examinar las demás cuestiones planteadas por las partes.
No procede hacer expresa condena en costas a la sociedad recurrente al no apreciar la Sala que el recurso se haya interpuesto con temeridad o mala fe procesal.
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD
EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN
Desestimamos el recurso contencioso administrativo núm. 93/2.008, interpuesto por la representación procesal de la Sociedad Anónima Pescados Oliveri, de la reclamación formulada por la representación procesal citada, ante el Consejo de Ministros que la desestimó por silencio administrativo en la que solicitó el pago en concepto de indemnización por responsabilidad del Estado Legislador de la cantidad satisfecha por el pago de la Tasa T-4 por importe de 14.947,82 #, declarada inconstitucional por Sentencia 102/2.005 del Tribunal Constitucional, que confirmamos, y todo ello sin hacer imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Don Santiago Martinez-Vares Garcia, Magistrado Ponente en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo el mismo día de la fecha, de lo que como Secretario doy fe.
-
STSJ Canarias 215/2022, 7 de Abril de 2022
...de reconocer el derecho a derivar a la parte actora al procedimiento de responsabilidad patrimonial por pèrdida de oportunidad ( SSTS 24-11-09 o 20-3-18, además de la antes citadas), pese a ser un efecto pernicioso -pero aquí inevitable - por la llamada "peregrinación" - Cuando se haya dict......
-
STS, 24 de Enero de 2011
...que, por lo demás, en relación con la tarifa portuaria aquí cuestionada, es el que ya ha declarado esta Sala en Sentencia de 24 de noviembre de 2009 (recurso nº 93/2008 ). TERCERO En consecuencia, procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo, sin que se aprecien razones......