SAN, 30 de Marzo de 1999
| Ponente | JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:1999:2060 |
| Número de Recurso | 35/1996 |
Sentencia
Madrid, a treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo 35/1996 que ante esta Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido la Procuradora Dª.
Rosa María del Pardo Moreno, en nombre y representación de BANSABADELL SOGELEASING.
S.A. frente a la Administración del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado, contra el
acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 29 de noviembre de 1995 sobre
Impuesto de Sociedades (que después se describirá en el primer Fundamento de Derecho),
siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús Nicolás García Paredes.
Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado en fecha 18 de enero de 1996 contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión a trámite por Providencia de fecha 16 de mayo de 1996 con publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio prevenido por la Ley y con reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó demanda mediante escrito presentado en fecha de 13 de diciembre de 1996 , en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado en fecha 13 de junio de 1997 en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso, y confirmación del acto impugnado.
No solicitado el recibimiento del procedimiento a prueba con el resultado obrante en autos, se dió traslado para conclusiones a la parte actora , y después al Sr. Abogado del Estado, quienes las evacuaron en sendos escritos, en los que se reiteraron en sus respectivos pedimentos.
Por providencia de esta Sala se señaló para votación y fallo de este recurso el día 25 de marzo de 1.999 que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
En el presente recurso se impugna la resolución de fecha 29.11.1995, dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central, que confirma en alzada el acuerdo de fecha 31.5.1994, de la Oficina Nacional de Inspección de Barcelona, relativo a liquidación del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1989, cuantía de 74.482.217 pesetas, según Acta de disconformidad, de fecha 8.7.1993, en la que se hacía contar que la Sociedad practicó una deducción por inversiones en activos fijos nuevos, y que la Administración tributaria no admitió, de conformidad con el art. 220.2, del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, por cuanto dichos bienes fueron cedidos en régimen de arrendamiento financiero, no dando derecho a la deducción por inversiones en la Sociedad arrendadora.
La Sociedad actora, tras exponer la evolución normativa de la materia, manifiesta que las adquisiciones realizadas en régimen de arrendamiento financiero dan derecho a la deducción por inversiones a la persona del arrendatario, siempre que éste se comprometiese al ejercicio de la opción de compra, y consecuentemente nunca a la persona del arrendador, ya que en ningún caso una inversión puede dar lugar a practicar más de una deducción, aunque se trate de sujetos pasivos distintos; criterio que perduró hasta la Ley de Presupuestos para el año 1988, a partir de la cual dejó de carecer de contenido el art. 220 del Reglamento del Impuesto. Invoca jurisprudencia (STS 19 de junio de 1989), y alega que reune los requisitos necesarios para la práctica de la deducción, así como para que le sea devuelta la cantidad solicitada, al tratarse de una inversión en bienes de activo fijo contabilizados en el inmovilizado que permanecen en funcionamiento en el mismo sujeto pasivo y que la deducción correspondiente se aplicó correctamente respetando los límites legales.
El Abogado del Estado hace suyos los argumentos jurídicos de la resolución impugnada, y...
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STS, 16 de Febrero de 2005
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