SAN, 19 de Febrero de 1999
| Ponente | MARIA ASUNCION SALVO TAMBO |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:1999:999 |
| Número de Recurso | 496/1995 |
SENTENCIA
Madrid, a diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número 496/95, se tramita a
instancia de BARCARDÍ Y COMPAÑIA, S.A. ESPAÑA, representada por la Procuradora Sra.
Fernández-Criado Bedoya, contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de
fecha 31 de mayo de 1995, sobre liquidación de Impuestos Especiales, y en el que la
Administración demandada ha estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado,
siendo la cuantía del mismo 536.870.656 ptas.
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La parte indicada interpuso, en fecha 1 de septiembre de 1995, este recurso respecto de los actos antes aludidos y, admitido a trámite, anunciada la interposición del mismo en el Boletín Oficial del Estado y reclamado el expediente administrativo, se entregó éste a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que hizo en tiempo, en la que realizó una exposición fáctica y la alegación de los preceptos legales que estimó aplicables, concretando su petición en el Suplico de la misma, en el que literalmente dijo: "Que, mediante el presente escrito, tenga por formalizada demanda contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 31 de mayo de 1995, objeto del presente recurso 02/0000496/1995, y, previos los trámites legalmente preceptivos, dicte Sentencia por la que, estimando este recurso y revocando la resolución del T.E.A.C., se anule totalmente el acuerdo liquidatorio impugnado, o, subsidiariamente, se anule para que sea sustituido por otro nuevo en que el tipo de interés y el período de liquidación se ajuste a lo pedido por esta parte; reconociendo, en todo caso, el derecho de mi representada a ser indemnizada mediante el resarcimiento de todos los gastos y costes de los avales aportados para obtener la suspensión de la ejecución de la liquidación impugnada tanto en la vía económico-administrativa como ante la jurisdicción contencioso-administrativa".
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De la demanda se dió traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada contestó en un relato fáctico y una argumentación jurídica que sirvió al mismo para concretar su oposición al recurso en el suplico de la misma, en el cual solicitó "Que habiendo por presentado este escrito, con sus copias, se digne admitirlo y tener por contestada la demanda y en su virtud, previos los trámites legales oportunos, dicte en su día sentencia por la que desestimando íntegramente el recurso interpuesto, confirme el acto impugnado por ser conforme a Derecho, con imposición de costas procesales a la parte recurrente".
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No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba del recurso, siguió el trámite de Conclusiones, a través del cual las partes, por su orden, han concretando sus posiciones y reiterado sus respectivas pretensiones, tras lo cual, en providencia de 21 de octubre de 1998, se hizo señalamiento para votación yfallo para el día 14 de enero de 1999, acordándose el día 20 de enero de 1999 diligencia para mejor proveer, con suspensión del plazo para dictar sentencia, la práctica de la diligencia consistente en que se hiciera constar en autos la firmeza, en su caso, de la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 2 de febrero de 1993 dictada en el recurso número 201.599.
En providencia de 1 de febrero de 1999 se acordó dar el oportuno traslado a las partes, quienes presentaron sendos escritos en 5 y 6 de febrero de 1999 quedando, finalmente los autos pendientes de dictar sentencia.
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En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrantado las formas legales exigidas por la Ley que regula la Jurisdicción. Y ha sido Ponente la Magistrada de esta Sección María Asunción Salvo Tambo.
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Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la resolución de 31 de mayo de 1995 del Tribunal Económico-Administrativo Central (R.G. 2923-94; R.S. 92-94), desestimatoria de la reclamación económico-administrativa interpuesta por la entidad Bacardí y Cía, S.A. España, contra la resolución del Jefe Nacional de Inspección del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de fecha 3 de febrero de 1994, por el cual, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria, se formalizó la liquidación de intereses de demora por un total de 536.870.656 ptas.
Dicha liquidación de intereses fue girada a la vista del oficio remitido por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1993, en el que se ponía de manifiesto que la sentencia de la Audiencia Nacional estimatoria en parte del recurso número 201.599, interpuesto por la entidad hoy actora contra el acuerdo del Tribunal Económico- Administrativo Central de 19 de noviembre de 1987 había sido objeto de recurso de casación, pero sin que se hubiera solicitado la suspensión de su ejecución.
La referida liquidación de intereses de demora, pues, fue girada por todo el tiempo que había durado la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y durante el cual la Hacienda Pública había dejado de percibir unas cantidades a las que, según la resolución impugnada, tenía derecho desde el día 5 de junio de 1987 en que venció el plazo voluntario de pago, ésto es, un total de 2.435 días y por el importe más arriba referido.
Por su parte, la referida sentencia de la Audiencia Nacional parcialmente estimatoria del recurso contencioso-administrativo citado, declaró no conforme a Derecho la imposición de sanción por infracción tributaria, en cuyo sentido se revocó parcialmente el acuerdo impugnado y el acto administrativo de que traía causa.
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La única cuestión a resolver aquí es la relativa a la procedencia o no de exigir los intereses denominados "suspensivos" (intereses de demora del artículo 81.10 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas de 1981) cuando la...
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STS, 18 de Noviembre de 2004
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