STS, 22 de Enero de 1993
| Ponente | ENRIQUE CANCER LALANNE |
| ECLI | ES:TS:1993:12444 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 22 de Enero de 1993 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 108.-Sentencia de 22 de enero de 1993
PONENTE: Excmo. Sr. don Enrique Cáncer Lalanne.
PROCEDIMIENTO: Recurso contra acuerdos del Consejo de Ministros.
MATERIA: Funcionarios. Responsabilidad del Estado legislador: Daños y perjuicios por anticipo de jubilación.
NORMAS APLICADAS: Art. 106 de la Constitución .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1992. DOCTRINA: Véase marginales núms. 43 al 47, 68, 88 y 94.
En la villa de Madrid, a veintidós de enero de mil novecientos noventa y tres.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo constituida en Sección por los señores al final anotados el recurso contencioso-administrativo que con el núm. 3.795 de 1989, ante la misma pende de resolución, interpuesto por el Procurador don Ricardo de Lorenzo y Montero en representación de doña Melisa contra el acto presunto, en virtud de silencio administrativo, del Consejo de Excmos. Sres. Ministros por el que se deniega la indemnización de daños y perjuicios causados por la anticipación de la edad de jubilación forzosa como consecuencia de la aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública . Siendo parte recurrida la Administración.
Antecedentes de hecho
Interpuesto recurso contencioso-administrativo por la representación de doña Melisa ; por providencia de 7 de junio de 1990, se acuerda tenerle por personado y parte, publicar el anuncio prevenido en la Ley y reclamar el expediente administrativo, confiriéndose traslado a la parte actora por veinte días para que formalice la demanda.
El Procurador Sr. Lorenzo Montero presenta escrito formalizando la demanda, en el que después de relatar los hechos y fundamentos de Derecho que consideró convenientes al caso debatido terminó con la súplica dicte Sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo y anulando el acto impugnado por su disconformidad a Derecho y, subsidiariamente, se reconozca al actor el derecho a percibir la indemnización correspondiente a los daños y perjuicios enumerados en el fundamento jurídico único del presente recurso o a los que se determinen en ejecución de la Sentencia.
El Abogado del Estado contesta a la demanda en escrito en el que después de alegar lo que convino a su derecho suplicó a la Sala dicte Sentencia por la que se desestime el recurso en todos sus extremos.
No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba se acordó la sustanciación del presente recurso por el trámite de conclusiones sucintas, que formularon ambas partes, manteniendo íntegramente las peticiones formuladas en los escritos del proceso.Quinto: Para votación y fallo del presente recurso se señaló la audiencia de 19 de enero de 1993, en cuyo acto tuvo lugar su celebración.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don Enrique Cáncer Lalanne.
Fundamentos de Derecho
En el presente recurso se somete a revisión de la Sala el acuerdo del Consejo de Ministros que desestimó la reclamación formulada por el recurrente, en la que se solicitaba indemnización por los daños y perjuicios derivados de la anticipación de la edad de jubilación de los funcionarios públicos acordada en aplicación de lo dispuesto en la Ley 30/1984 , de 2 de agosto, postulando que, previa anulación del expresado acuerdo, se declare su derecho a ser indemnizado por la diferencia entre los haberes pasivos que percibe y los que le hubieran correspondido de permanecer en activo, así como la diferencia en los haberes pasivos por el mayor número de años de servicio que habría prestado de conformidad con la legislación anterior, alegando como fundamento de su pretensión, en síntesis: A) Que el art. 9.3 de la Constitución , en el que se establece la responsabilidad de todos los poderes públicos, es de inmediata aplicación, como así lo han reconocido las Sentencias del Tribunal Constitucional 99/1987, de 11 de junio, y 70/1988, de 19 de abril; las del Tribunal Supremo en Pleno de 15 de junio (dos), 25 de septiembre, 30 de septiembre y 12 de febrero de 1988 y las dictadas por algunas Salas territoriales. B) Que las Sentencias del Tribunal Constitucional antes citadas acogen la posibilidad de esa responsabilidad, no importando en qué precepto se amparan. C) Que la responsabilidad del Estado legislador es objetiva, con lo que se hace una tácita invocación del art. 40 de la Ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado . D) Que sí existe perjuicio económico y que el mismo puede ser perfectamente determinado. E) Que la anticipación de la edad de jubilación infringe el art. 14 de la Constitución , al privar del derecho al cargo y a la retribución sólo en función de la edad.
La alegación de vulneración del art. 14 de la Constitución , en el sentido antes transcrito, implica una solicitud de planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad frente a la Ley 30/1984 , que es la que ha determinado el supuesto perjuicio alegado por el actor. La cuestión de inconstitucionalidad se estima que no debe ser suscitada, no sólo porque el Tribunal Constitucional en alguna de las Sentencias antes citadas ya se ha ocupado, para rechazarlas, del reproche de vulneración del principio constitucional de igualdad, sino también porque aunque se entienda que la base argumental ahora esgrimida por el actor -la edad como criterio discriminador- no fue contemplada en dichas Sentencias, ya que en ellas se resolvieron alegaciones relativas a discriminación de los funcionarios frente a trabajador, a pesar de ello tampoco se advierte presunta designación inconstitucional por el uso de una determinada edad como criterio de jubilación, pues el mismo ha de ser calificado de racional y objetivo, siendo un parámetro usual en la legislación funcionarial para fijar requisitos de ingreso o cese en la relación de servicios.
En relación a las demás alegaciones, estima esta Sala que por necesidades de unidad de doctrina ha de estarse a lo que se dijo en la Sentencia de 30 de noviembre de 1992, que resolvió idénticos problemas. Y así, como entonces se dijo: La alegación de prescripción formulada por el Abogado del Estado debe ser rechazada, por reclamarse perjuicios continuados supuestamente producidos hasta la edad en que le correspondía jubilarse con arreglo a la legislación anterior, que es la que debe iniciar, en su caso, el cómputo del plazo de prescripción.
El art. 9.3 de la Constitución establece, efectivamente, que la Constitución garantiza la responsabilidad de los poderes públicos, pero así como la responsabilidad por actos de la Administración es objeto de un tratamiento concreto en el art. 106.2, dentro del título IV, bajo la rúbrica «Del Gobierno y de la Administración», y los de la Administración de Justicia en su art. 121, en el título VI, bajo el epígrafe «Del Poder Judicial », en cambio la posible responsabilidad por actos de aplicación de las Leyes no tiene tratamiento específico en el texto constitucional. Además, el art. 106.2 establece el derecho de los particulares a ser indemnizados en los términos establecidos por la Ley, que no necesitaba de desarrollo legislativo por ser históricamente la primera en ser reconocida - art. 21 de la Constitución de 1931, art. 129 de la Ley Municipal de 31 de octubre de 1935, arts. 405 y siguientes de la Ley de Régimen Local de 1955y376y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 17 de mayo de 1952 - y hallarse ya regulada en la actualidad en los arts. 121 de la Ley de Expropiación Forzosa y 40 de la Ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado , y lo mismo sucede con la responsabilidad de la Administración de Justicia, que no tiene otro antecedente que la responsabilidad de Jueces y Magistrados exigible de conformidad con el procedimiento regulado en los arts. 93 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuanto a la que el art. 121 de la Constitución dispone también, pese a que el mismo ya concreta los casos en que procede, que el derecho a la indemnización por el Estado lo será de conformidad con la Ley, desarrollo legislativo que tuvo lugar en los arts. 292 a 297 de laLey Orgánica del Poder Judicial . Pues bien, si la exigencia de responsabilidad por actuaciones de la Administración o de los órganos de la Administración de Justicia, aunque objeto de un tratamiento más completo en los arts. 106.2 y 121 de la Constitución , los mismos se remiten, y por tanto hacen necesario, un previo desarrollo legislativo, en la posible responsabilidad derivada de actos de aplicación de las Leyes, que hasta ahora cuenta únicamente con el enunciado genérico del art. 9.3 del texto constitucional , la necesidad de un previo desarrollo legislativo que determine en qué casos procede y qué requisitos son exigibles parece más indispensable en este caso, por faltar cualquier antecedente histórico o regulación que posibilite una decisión sobre tales cuestiones, razón suficiente para la desestimación del recurso.
Si se estimara, contrariamente a lo antes razonado, que el art. 9.3 de la Constitución es de inmediata aplicación, la primera cuestión a resolver, a falta de desarrollo legislativo, sería fijar las normas aplicables para determinar en qué casos y cuáles habrían de ser los requisitos para exigir esa responsabilidad, con las siguientes posibles soluciones: aplicación analógica de las normas que regulan la responsabilidad de la Administración - arts. 106.2 de la Constitución, 121 de la Ley de Expropiación Forzosa y 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado -, que, quizá por admitir una amplia responsabilidad objetiva, es la que fundamentalmente se invoca en la demanda; la prevista en el art. 121 de la Constitución y 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ; la extracontractual del art. 1.902 del Código Civil , o la elaboración por la jurisprudencia de los casos y requisitos en que es exigióle dicha responsabilidad. Con independencia de las dificultades y problemas que la analogía presenta, lo cierto es que la responsabilidad a que se refieren los arts. 106.2 de la Constitución, 121 de la Ley de Expropiación Forzosa y 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado está referida al funcionamiento de los servicios públicos prestados por la Administración, en cuyo concepto difícilmente tiene cabida la elaboración de Leyes por los órganos legislativos o su aplicación en los estrictos términos que en las mismas se establece; otro tanto puede decirse de la prevista en los arts. 121 de la Constitución y 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , limitada a los casos de error judicial, al que, a lo sumo, podría equipararse el error o inconstitucionalidad de la Ley, que no se da en este caso, o anormal funcionamiento de los órganos a los que corresponde la aplicación de la Ley, que ni siquiera se ha invocado; la responsabilidad extracontractual del art. 1.902 del Código Civil ha sido objeto de una amplia y progresiva interpretación jurisprudencial, tanto en el sentido de objetivarla cada vez más como en el abanico de los daños y perjuicios indemnizables -daño emergente, lucro cesante, daños morales-, pero sin llegar a prescindir del requisito de la culpa o negligencia que aquel precepto exige, que hace totalmente inviable su aplicación analógica al caso que examinamos; por último, a los Jueces y Tribunales incumbe la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y, muy especialmente al Tribunal Supremo unificar criterios interpretativos, por lo que, al margen de casos puntuales en que se puedan suplir, aplicando la analogía o los principios generales del Derecho, omisiones, en aspectos concretos de la norma jurídica, resulta inadmisible que, sustituyendo al legislador, sean los órganos del Poder Judicial los que regulen la posible responsabilidad derivada de la aplicación de las Leyes mediante una elaboración jurisprudencial que carece de cualquier antecedente legislativo.
Admitamos como hipótesis que los anteriores razonamientos son inaceptables y que, en consecuencia, debe resolverse sobre los casos en que es procedente la indemnización de daños y perjuicios por actos de aplicación de las Leyes. A falta de antecedentes legislativos o jurisprudenciales que fijen criterios concretos y ante la disparidad de los propuestos por la doctrina, el Derecho comparado nos ofrece dos soluciones: De una parte, países sin un órgano que controle la constitucionalidad de las Leyes, como Francia, en que la responsabilidad del Estado legislador se ha venido elaborando con base en arrets del Consejo de Estado que han contemplado casos concretos, muy individualizados en cuanto a las personas supuestamente afectadas por los daños y perjuicios y con la exigencia de que éstos sean de naturaleza especial, que no podría invocarse como soporte para generalizar la responsabilidad a los daños y perjuicios derivados de la aplicación de cualquier Ley no expropiatoria ocasionados en meras expectativas de derechos en los derechos no consolidados por estar pendientes para su perfeccionamiento del cumplimiento o incumplimiento de una condición, etc.; de otra, países con órganos que controlan la constitucionalidad de las Leyes, en el que habría de incluirse el nuestro, en el que unos la limitan a los casos en que la Ley hubiera sido declarada inconstitucional y otros exigen que sea la propia Ley la que establezca dicha responsabilidad, el que aquí se examina, pues el Tribunal Constitucional ha declarado en Sentencias ya citadas la constitucionalidad de los preceptos de las Leyes que adelantaron la edad de jubilación forzosa de los funcionarios públicos, Jueces y Magistrados y Profesores de EGB y en las mismas nada se establece en orden a la indemnización por daños y perjuicios derivados de su aplicación.
Las Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 108/1986, de 29 de junio; 99/1987, de 11 de junio, y 70/1988, de 19 de abril , que examinaron la constitucionalidad de los preceptos de las Leyes que anticipaban la edad de jubilación de Jueces y Magistrados, funcionarios públicos y Profesores de EGB, después de negar que los mismos vulneren los arts. 9.3, 33.3 y 35 de la Constitución , afirmando que no hay privación de derechos, sino alteración de su régimen en el ámbito de la potestad del legisladorconstitucionalmente permisible, dice a continuación que «esto no impide añadir que esa modificación legal origine una frustración de las expectativas existentes y en determinados casos perjuicios económicos que pueden merecer algún género de compensación», siendo de señalar a este respecto que, de una parte, el modo verbal empleado no supone el reconocimiento de un derecho a ser indemnizados por dicho motivo, como alega el recurrente, ya que más bien parece una reflexión dirigida al propio legislador; de otra, que las Leyes de Presupuestos para los años 1985 y 1989 ya establecieron un sistema de indemnización para los funcionarios jubilados anticipadamente, cuya denominación y contenido no podemos examinar. Tampoco las que se citan del Tribunal Supremo en Pleno amparan la pretensión ejercitada, pues en las mismas se resolvió exclusivamente que la competencia en vía administrativa para decidir las reclamaciones efectuadas al Consejo General del Poder Judicial correspondía al Consejo de Ministros, sin que los razonamientos en que pudieran fundamentarse alguna de ellas vinculen en absoluto la decisión sobre la cuestión de fondo que ahora se resuelve. Por el contrario, de otras Sentencias anticonstitucionales, como las de 22 de mayo de 1970, 1 de febrero y 12 de noviembre de 1971, 30 de septiembre de 1972 y 29 de enero de 1974, relativas a las medidas adoptadas respecto de las Compañías aseguradoras de accidentes de trabajo en cumplimiento de lo dispuesto por el Texto refundido de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966 , después de la Constitución, las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1988, en relación con la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, y 11 de octubre de 1991 , referente a Leyes que modificaban el régimen de publicidad e impositivo de bebidas alcohólicas hasta entonces vigente, desestimaron la reclamación de daños y perjuicios formulada por razón de supuestos perjuicios derivados de la aplicación de dichas Leyes.
Por último, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, publicada en el «BOE» de fecha 27 de los corrientes, no vigente pero orientativa de la voluntad del legislador al regular por vez primera esta materia, limita la indemnización a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos de un triple aspecto: 1.° Que no tengan el deber jurídico de soportarlos; 2.° que se establezca en los propios actos legislativos, y 3.° que la indemnización tendrá lugar en los términos que se especifiquen en los propios actos, requisitos exigidos por su art. 139.3 que, de estar vigente, excluiría por supuesto la indemnización pretendida.
Por todo lo expuesto procede, rechazando la alegación de prescripción formulada por el Abogado del Estado, desestimar el recurso, sin declaración sobre el pago de costas por no apreciarse la concurrencia en las partes de ninguno de los motivos a que se refiere el art. 131 de la Ley Jurisdiccional.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de doña Melisa contra resolución presunta del Consejo de Ministros que desestimó su solicitud de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la anticipación de la edad de jubilación en aplicación del art. 33 de la Ley 30/1984 , de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública, petición también desestimada más tarde por resolución expresa del Consejo de Ministros adoptada en su reunión de 30 de noviembre de 1990; sin declaración sobre el pago de costas.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-César González Mallo.-Enrique Cáncer Lalanne.-Vicente Conde Martín de Hijas.-Marcelino Murillo Martín de los Santos.-Melitino García Carrero.-Rubricados.
