STS, 18 de Febrero de 1992

El día 19 de enero de 1990, habiéndose producido el fallecimiento del soldado del Ejército de Tierra Gregorio como consecuencia de un salto en paracaídas, cuando realizaba un ejercicio en un curso básico de paracaidismo en la Escuela Militar "Méndez Parada» de Alcantarilla (Murcia), se acordó por el Ilmo. Sr. Juez Togado Militar Territorial núm. 18 la instrucción de sumario, que se anotó con el núm. 18/5/1990 , para el esclarecimiento del hecho y la determinación de las responsabilidades que pudieran ser exigibles, procedimiento en que se practicaron las diligencias que se consideraron oportunas y a cuyo término el Instructor, haciendo uso de la facultad que se concede en el art. 244 de la Ley procesal militar, acordó, por medio de Auto de fecha 5 de junio de 1990 , proponer el sobreseimiento definitivo del sumario y elevar las actuaciones al Tribunal Militar Territorial Primero con emplazamiento de las partes ante el mismo. El Fiscal Jurídico Militar del expresado Tribunal compareció dentro del plazo que se le había fijado y solicitó se le entregasen las actuaciones, por término de diez días, para su examen y consiguiente manifestación de conformidad o disconformidad con la propuesta formulada por el Instructor, haciéndosele la solicitada entrega el día 19 de noviembre del mismo año. Con anterioridad a esta última fecha, por medio de escrito que tuvo entrada en el Tribunal el 14 de agosto, el Letrado don Jesús Muñiz Fernández, actuando en nombre y representación de don Eusebio y su esposa doña Lourdes , de la menor Almudena y de la también menor Lucía , hija de la anterior y del soldado fallecido, compareció ante el Tribunal Militar Territorial e instó se le tuviese por personado como parte acusadora, solicitando asimismo se le entregase copia de todo lo actuado al objeto de proceder a su examen, proponer pruebas y formular alegaciones antes de que el Tribunal se pronunciase sobre la antedicha propuesta de sobreseimiento. Por providencia de 14 de noviembre de 1990, se tuvo por parte al Sr. Jose Ramón en la representación que había acreditado y en calidad de acusador particular, haciéndosele entrega de las actuaciones el 4 de febrero de 1991. Por su parte, el Fiscal Jurídico Militar evacuó el trámite que le incumbía por medio de dictamen fechado el 30 de noviembre de 1990, en que manifestó su conformidad con la propuesta de sobreseimiento. La acusación particular, en escrito que entró en el Tribunal el 15 de febrero de 1991, expresó su disconformidad y solicitó la práctica de las pruebas que estimó convenientes a su interés. Y finalmente, el 11 de marzo del mismo año, el Tribunal Militar Territorial dictó auto en que, tras hacer una relación de los hechos que tuvo por acreditados y desarrollar los razonamientos que juzgó pertinentes, en el último de los cuales afirmó no haber existido "ningún actuar humano distinto del sujeto pasivo tendente a impedir la apertura del paracaídas, ni tampoco ninguna omisión de algún deber esencial por parte de persona ajena al mismo que diera o pudiera dar lugar a que no se abriera», resolvió desestimar las pretensiones deducidas por la acusación particular y acordar el sobreseimiento "definitivo y total» de la causa.

Contra el citado auto de sobreseimiento se preparó en tiempo legal recurso de casación que se anunció por quebrantamiento de forma al amparo de los arts. 850.1 y 851.3 de la LECrim., formalizándose posteriormente, en el escrito de interposición que se deduce por la Procuradora doña María Cristina Jiménez López, en nombre de don Eusebio , doña Lourdes y Lucía , cuatro motivos, amparado el primero en el art. 850.1 y los otros tres en el art. 851.3 de la mencionada Ley procesal. En el primero , se denuncia haberse denegado la práctica de la prueba solicitada en el ordinal 1.º del escrito en que el recurrente se oponía al sobreseimiento, consistente en la investigación de "la formación exclusivamente práctica impartida al fallecido en condiciones reales de salto, desde torre o avión, sobre la utilización de paracaídas de emergencia, y posible solución de la contingencia en un supuesto de vela romana, por entender que ello produce indefensión, al amparo de lo establecido en el art. 24.1 de la Constitución y 146 de la LPM.». En el segundo se denuncia igualmente la omisión de la práctica de la prueba propuesta en el ordinal 3.° del mismo escrito, "consistente en aportación del historial completo del paracaídas de emergencia RNP-87118, incluyendo fechas de plegado, plegadores civiles y militares y saltos efectuados con el mismo». En el tercero, se denuncia no haberse investigado la causa por la que "el fallecido no portaba entre su equipo militar el preceptivo machete, cuchillo o navaja, adecuada para combatir posibles supuestos de pliegue de vela romana mediante la rotura del cordón estrangulado, causa fundamental originadora del aludido supuesto, por entender que ello produce indefensión, al amparo del art. 24.1 y 2, de la Constitución y 146 de la Ley procesal militar». En el cuarto, por último, se denuncia que "a la menor Lucía

, nacida en fecha 3 de agosto de 1990, hija post mortem del fallecido y de Almudena no se le han ofrecido acciones (...) resultando aquélla perjudicada por el óbito de su padre, todo ello en contravención a lo preceptuado por el art. 108.1 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, y art. 24.1 de la Constitución».

El Excmo. Sr. Fiscal Togado, evacuando el trámite de instrucción que se le ha conferido, se opuso a la admisión del recurso: a) por no haber sido respetado en el mismo el objeto del proceso fijado porel recurrente en su escrito de preparación, ya que anunció dos motivos e interpone cuatro; b) por invocar ahora el principio de no indefensión que no fue mencionado en la fase anterior ni tiene como cauce adecuado un precepto procesal; y c) porque contra los autos de sobreseimiento no cabe interponer recurso de casación por quebrantamiento de forma sino solamente por infracción de Ley. Para el supuesto de que fuese admitido el recurso de casación, el Ministerio Fiscal solicita su desestimación por las razones que sintéticamente se exponen a continuación: a) porque las causas alegadas como motivos de inadmisión se convierten en este momento en motivos de desestimación; b) porque las diligencias de prueba denegadas, que hubieran sido actos de investigación sumariales, no son las contempladas en el art. 850.1 de la LECrim como causa de casación; c) porque no ha existido en modo alguno incongruencia omisiva en el auto recurrido en tanto las cuestiones que se dicen no resueltas son puntos de hecho y no jurídicos, y d) porque la presunta indefensión del recurrente tendría su origen, no en la actuación del Tribunal, sino en la propia conducta procesal del recurrente.

No habiendo contestado el recurrente a la impugnación de la admisión del recurso formulada por el Ministerio Fiscal, pasaron los autos al Magistrado Ponente para instrucción y seguidamente se señaló el día 12 del corriente mes para deliberación y fallo, lo que se llevó a efecto, dictándose por mayoría esta sentencia.

Fundamentos de Derecho

Una correcta metodología procesal impone que comencemos la fundamentación jurídica de nuestro fallo examinando las razones que el Ministerio Fiscal expuso para interesar la inadmisión a limine del recurso. De todas ellas, la más poderosa razón parece ser la de la inviabilidad del recurso de casación por quebrantamiento de forma contra un auto de sobreseimiento, definitivo o libre, por expresa disposición del art. 848 de la LECrim que únicamente admite, contra tal resolución, el recurso de casación por infracción de Ley. A dicho argumento debe oponerse, sin embargo, que la suficiencia de la infracción de un precepto constitucional para fundamentar el recurso de casación, declarada por el art. 5.4 de la LOPJ. -sustancialmente reproducido en el segundo párrafo del art. 325 de la Ley procesal militar- ha supuesto la instrumentación de una nueva vía casacional que se adiciona a las dos clásicamente admitidas, de infracción de Ley y de quebrantamiento de forma, sin que quepa confundirlas con ninguna de ellas, aunque sometida, claro está, a la normativa general reguladora del recurso de casación. Este recurso de casación por infracción de preceptos constitucionales, precisamente por la fundamentalidad de las normas sustantivas en que puede ser apoyado, no sólo podrá ser interpuesto contra todas las sentencias a que se refiere el art. 847 de la LECrim sino también contra los autos definitivos señalados en el art. 848 de la misma Ley , entre los cuales se encuentra, a tenor del art. 324, párrafo segundo, de la Ley procesal militar "los autos de sobreseimiento definitivo cualquiera que sea la causa que haya dado lugar al mismo». Esto supuesto, es preciso preguntarse si el recurso de casación que consideramos, no obstante estar formalmente planteado como recurso por quebrantamiento de forma, no es en verdad sino un recurso por infracción de preceptos constitucionales. Así se deduce, por cierto, tanto del breve extracto con que aparecen encabezados los motivos de impugnación primero, tercero y cuarto, como de las alegaciones contenidas en los cuatro que se articulan. El defecto formal que constituye no haberlos residenciado procesalmente en el art. 5.4 de la LOPJ. o en el 324 de la Ley procesal militar, y haber buscado para ellos el inadecuado amparo de los arts. 850.1 y 851.3 de la LECrim., no puede ser causa bastante para cerrarles el camino a su pleno conocimiento -a ello equivaldría inadmitirlos a trámite- porque tal resolución obstativa infringiría el derecho a la tutela judicial efectiva -art. 24.1 de la Constitución- que permite a los recurrentes esperar del Tribunal un pronunciamiento de fondo sobre su pretensión y podría eventualmente infringir, si alguno de los motivos formalizados en el recurso estuviese objetivamente fundamentado, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la propia defensa y, en definitiva, el derecho a un proceso con todas las garantías que reconoce, con subrayada universalidad, el art. 24.2 de la misma norma. La falta de correlación entre los escritos de preparación e interposición tampoco debe atraer forzosamente la inadmisión con que el art. 884.4 de la LECrim sanciona el incumplimiento de los requisitos exigidos por la misma para el recurso de casación, toda vez que ha de ponderarse, en beneficio de quienes se proponen recurrir, la relativa inseguridad que puede generar la insuficiente regulación legal de que todavía adolece el recurso por infracción de preceptos constitucionales -no del todo compensada con las elaboraciones de la jurisprudencia- con independencia de que los términos en que están redactados tanto el art. 5.4 de la LOPJ. como el 325 de la Ley procesal militar no autorizan proscribir, sin lugar a dudas, que pueda ser invocado en el escrito de interposición, como vulnerado, un precepto de la Constitución que no hubiera sido mencionado, bajo el mismo concepto, en el escrito en que se anunció el recurso.

Una vez resuelto el problema de la pretendida inadmisibilidad del recurso, debemos abordar el de la procedencia de estimar o desestimar todos y cada uno de los motivos de impugnación articulados. Entiende la Sala que, para situar el análisis de aquéllos en el marco que realmente lespertenece, debe hacer abstracción de las normas de la LECrim en que han sido amparados los cuatro motivos de casación -el primero, acaso de forma no del todo descaminada y con absoluto desacierto los otros tres- y centrar su juicio revisor en lo que constituye la médula del recurso: la denuncia de la indefensión que a los recurrentes les habría producido la decisión del Tribunal de instancia de no practicar ninguna de las diligencias de prueba que los mismos le solicitaron, acordando a continuación, sobre la exclusiva base de las que de oficio ordenó practicar el Instructor, el sobreseimiento definitivo de la causa. Dos pilares básicos de sustentación se adivinan claramente en la aparentemente bien trabada construcción del auto recurrido. Uno de ellos, que sirve también al Ministerio Fiscal para razonar su dictamen, es la extemporaneidad con que se ha producido la petición de nuevas diligencias de prueba por la parte acusadora, hoy recurrente. Otro es la innecesariedad de ampliar una investigación que ya ha demostrado no poder existir responsabilidad penal alguna -el Tribunal de instancia llega a hablar de inexistencia de "acción» u "omisión»- en relación con el accidente que costó la vida a la víctima. Ni uno ni otro pilar tiene la exigible consistencia. Por lo que se refiere a la pretendida preclusión del derecho de los recurrentes a solicitar diligencias de prueba, baste recordar que el art. 244 de la Ley procesal militar prevé que, una vez propuesto el sobreseimiento por el Juez Togado y elevado el procedimiento al Tribunal Militar correspondiente, las partes expresen ante el mismo, por escrito, "lo que convenga a su derecho». Y como a su derecho puede convenir que se practiquen nuevas diligencias, claro está que en ese preciso momento pueden las mismas ser solicitadas por la parte acusadora, cualquiera que fuese la fecha en que se le hubiese instruido de su derecho a personarse en las actuaciones. La mejor prueba de lo que decimos es que el Tribunal, una vez expresado por las partes lo que a su derecho conviniere, si no acuerda el sobreseimiento propuesto, ha de devolver el sumario "para su continuación», esto es, para la práctica de las diligencias que las partes -también la acusación particular, por supuesto- hayan solicitado o el propio Tribunal acordado de oficio. Carece, pues, de todo fundamento la invocación al "principio de preclusividad» que encontramos en el segundo razonamiento jurídico del auto recurrido.

En lo que atañe a la supuesta falta de necesidad de proseguir la actividad sumarial de investigación, a cuya demostración dedica el Tribunal de Instancia la mayor parte de su esfuerzo razonador, debe ponerse de relieve, ante todo, que el nuevo proceso penal militar -véase el preámbulo de la Ley procesal penal- se configura como acusatorio y esencialmente oral, estableciéndose en él, con las matizaciones propias de la Jurisdicción castrense, el principio de igualdad de partes y acentuándose las garantías del justiciable y de los perjudicados por el delito. Esta dimensión contradictoria del proceso, que no debe ser valorada únicamente por su más que probable eficacia en la búsqueda de la verdad material sino, prioritariamente, por su función garantizadora de la objetividad e imparcialidad del Tribunal, es más visible, lógicamente, en la regulación legal de la fase plenaria, pero no está en manera alguna ausente en las normas reguladoras del sumario y de la fase intermedia, como ponen de manifiesto, entre otros, los arts. 147, 148 y 240 y siguientes de la Ley procesal militar, así como su Disposición adicional primera que declara de aplicación supletoria la LECrim. A lo que cabe añadir que el duelo entre partes situadas en un plano de igualdad, antesala del proceso de formación de la convicción judicial sobre el caso, se hace especialmente necesario, incluso en el período de instrucción, si al término de este el Tribunal dicta un auto de sobreseimiento definitivo por inexistencia de delito -e incluso, según se dice en la resolución recurrida, de "acción» u "omisión»- destinado a producir el mismo efecto que una sentencia absolutoria y que será susceptible, presumiblemente, de condicionar la suerte que pueda correr una acción civil en el supuesto de que el ejercicio de la penal no alcance un pronunciamiento condenatorio. A la luz de estas consideraciones, bien puede decirse que el rechazo por el Tribunal de instancia de la totalidad de las diligencias de prueba propuestas, en el momento procesal oportuno, por la acusación particular, con el argumento de que la actividad instructora del Juez Togado ha demostrado ya que no puede existir responsabilidad penal en el origen o génesis del hecho que es objeto del proceso, desconoce, con la naturaleza contradictoria del nuevo proceso penal militar, los derechos de la acusación particular a un proceso justo y a hacer uso de los medios de prueba pertinentes o, lo que es igual, a no sufrir indefensión entendida ésta en su más amplio sentido. Las diligencias cuya denegación se denuncia en los motivos primero, segundo y tercero del recurso no debieron ser consideradas impertinentes -"inútiles o perjudiciales», si se quiere emplear la terminología del art. 148 de la Ley procesal militar- en tanto estaban referidas a hechos que pudieron tener relación, directa o indirecta, con el accidente en que murió el interfecto y que no resultaron suficientemente esclarecidos a lo largo de la pesquisa del Instructor. No puede ser negada, en efecto, dicha relación ni a la extensión de la formación práctica impartida a los soldados en el curso básico de paracaidismo, ni al historial del paracaídas de emergencia que portaba la víctima en la ocasión de autos ni a la suficiencia o insuficiencia del equipo que la misma llevaba en relación con eventuales incidencias que pudieran surgir en el curso del salto. Y siendo así, la resolución judicial que vedó la práctica de tales diligencias, en virtud de un juicio previo no debidamente contrastado, incurrió en la causa de nulidad que invocan los tres primeros motivos del recurso que deben ser, consiguientemente, acogidos por esta Sala.

Por el contrario, nuestra respuesta no puede ser la misma en relación con el cuarto motivo,pues es evidente que si la menor a que en el mismo se alude pudo actuar y actuó como parte acusadora en la instancia y como recurrente en esta alzada, ninguna indefensión se le ha derivado de que a su representante legal no se le instruyese de su derecho a ejercitar las acciones que como presunta perjudicada le incumben.

En consecuencia,

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Eusebio , doña Lourdes , y la menor Lucía , contra el auto de sobreseimiento definitivo dictado por el Tribunal Militar Territorial Primero, Sección Primera, en la causa núm. 18/5/1990 y, en consecuencia, casamos y anulamos dicho auto y ordenamos al Tribunal disponga la devolución de las actuaciones al Juzgado Togado Territorial núm. 18 para que continúe la instrucción del sumario mediante la práctica de las diligencias solicitadas por la acusación particular a que se refieren los motivos primero, segundo y tercero del recurso de casación, así como las que al Instructor inspire su celo.

Póngase esta sentencia, que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, en conocimiento del Tribunal Militar Territorial Primero, al que se le remitirán todas las actuaciones que en su día elevó a esta Sala, a los debidos efectos.

ASI, por esta nuestra Sentencia, que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Jiménez Villarejo.- Baltasar Rodríguez Santos.- Luis Tejada González.- Rubricados.

Voto particular

Que en el recurso de casación núm. 1/50/1991, por quebrantamiento de forma, interpuesto por don Eusebio y otros, contra el Auto de sobreseimiento definitivo dictado con fecha 11 de marzo de 1991 , por la Sección Primera del Tribunal Militar Territorial Primero en la causa 18/5/1990, formula el Magistrado que suscribe, Luis Tejada González, con arreglo a los siguientes:

1. Se aceptan los de la sentencia en la que se formula este voto particular.

2. Se complementan con los que a continuación se exponen relativos al auto de sobreseimiento definitivo dictado por el Tribunal Militar Territorial Primero en los que se analiza, desde el punto de vista jurídico, las razones por las que fue desestimada la prueba propuesta por el recurrente. Dice textualmente, respecto a dichos extremos el auto de sobreseimiento: