STS, 5 de Febrero de 1992
| Ponente | MARIANO DE ORO PULIDO LOPEZ |
| ECLI | ES:TS:1992:16972 |
| Fecha de Resolución | 5 de Febrero de 1992 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 368.-Sentencia de 5 de febrero de 1992
PONENTE: Excmo. Sr. don Mariano de Oro Pulido López.
PROCEDIMIENTO: Apelación.
MATERIA: Urbanismo. Reparcelación: Económica.
NORMAS APLICADAS: Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias de 21 de diciembre de 1987 y 13, 20 y 30 de junio de
1989, 14 de febrero, 23 de mayo, 12 de junio y 9 de octubre de 1990.
DOCTRINA: Reproduce la sentada en las sentencias que cita.
En la villa de Madrid, a cinco de febrero de mil novecientos noventa y dos.
Vistos los recursos de apelación interpuestos por el Procurador don Luis Fernando Granados Bravo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Madrid y por el Procurador don Eduardo Morales Price, en nombre y representación de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, ambos bajo la dirección de Letrado; siendo parte apelada la Empresa «Inmobiliaria Loja, S. A.», representada por el Procurador don Javier Domínguez López, bajo la dirección de Letrado; y estando promovidos contra la Sentencia dictada en 10 de mayo de 1989, por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid , en recurso sobre saldo de reparcelación económica de finca.
Antecedentes de hecho
Ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, se ha seguido el recurso núm. 303/86, promovido por la entidad mercantil «Inmobiliaria Loja, S. A.» y en el que ha sido parte demandada la Gerencia Municipal de Urbanismo y codemandado el Ayuntamiento de Madrid, sobre determinación del saldo a cuenta de la reparcelación económica de la finca núm. 70 de calle Manipa con vuelta a calle de los Misterios, de esta capital.
Dicho Tribunal dictó Sentencia con fecha 10 de mayo de 1989, con la siguiente parte dispositiva: «Fallamos: Que estimamos, con el alcance que se infiere de los siguientes pronunciamientos, el recurso contencioso-administrativo núm. 303/1986 interpuesto por la entidad mercantil «Inmobiliaria Loja, S.
A.» contra los Decretos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Madrid, de 19 de noviembre de 1985 y 20 de febrero de 1986 a que se contrae la presente litis, los cuales anulamos por ser contrarios a Derecho, porque asimismo son contrarias a Derecho las determinaciones contenidas en los arts. 7-2-4 y 7-2-7 y 7-2-8 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, de 7 de marzo de 1985, en las que dichos actos administrativos se amparan y ordenamos la devolución de la cantidad satisfecha por la recurrente que asciende a 1.661.600 ptas., con los intereses legales procedentes. Sin costas».
Contra dicha sentencia el Ayuntamiento de Madrid y la Gerencia Municipal de Urbanismo, interpusieron recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y, en su virtud, se elevaron los autosy expediente administrativo a este Alto Tribunal, con emplazamiento de las partes, habiéndose sustanciado la alzada por sus trámites legales.
Acordado señalar día para el fallo en la presente apelación cuando por turno correspondiera, fue fijado a tal fin el día 24 de enero de 1992, en cuya fecha tuvo lugar.
En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales y ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Mariano de Oro Pulido López.
Fundamentos de Derecho
Se han impugnado en este proceso los acuerdos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid por los que se determinaba el saldo provisional de la cuenta de liquidación de la reparcelación económica correspondiente a la finca litigiosa. Y es claro que tal impugnación implica un recurso indirecto contra el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid perfectamente viable -arts. 39.2 de la Ley Jurisdiccional- por razón de la naturaleza normativa del planeamiento -sentencias de 7 de febrero y 21 de diciembre de 1987, 22 de enero y 14 de marzo de 1988, 2 de enero y 24 de abril de 1989, etc.
Los problemas planteados en estos autos han sido reiteradamente resueltos por esta Sala, de suerte que importará recordar el principio de unidad de doctrina que construido por el Tribunal Supremo sobre la base del art. 102.1.b) de la Ley Jurisdiccional - así sentencias de 29 de junio y 17 de julio de 1987, 10 de mayo, 8 y 14 de noviembre de 1988, 23 y 27 de junio de 1989, etc.- ha recibido una nueva formulación del Tribunal Constitucional con el fundamento que integra el art. 14 de la Constitución, que aquí encuentra expresión como derecho a la igualdad en la aplicación judicial de la Ley -sentencias 1, 12 y 100/1988, de 12 de enero, 3 de febrero y 7 de junio, 161/1989, de 16 de octubre, etc .
Así las cosas bastará ahora con un breve resumen de la doctrina sentada por esta Sala en la sentencia de 21 de diciembre de 1987 dictada en recurso directo contra el Plan General de Ordenación Urbana de Mieres y, ya más concretamente, en las sentencias de 13, 20 y 30 de junio de 1989, 14 de febrero, 23 de mayo, 12 de junio y 9 de octubre de 1990, pronunciadas precisamente en relación con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que es el que ahora y en la vía indirecta suscita los problemas litigiosos.
La reparcelación económica trazada por el Plan madrileño es desde luego un eficaz sistema para la gestión urbanística del suelo urbano, pero se separa en varios puntos del que prescribe la Ley del Suelo y sobre todo implica la vulneración de dos exigencias fundamentales de nuestro sistema urbanístico que no quedan cubiertas por la remisión al planeamiento -art. 76 del Texto Refundido .
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El planeamiento aspira no sólo a una transformación material de la ciudad por cuya virtud un «dibujo» se convierte en realidad sino también a que ello tenga lugar con un reparto equitativo de las cargas y beneficios que de su ordenación derivan, lo que es una exigencia del Texto Refundido de la Ley del Suelo -art. 83.4- y sobre todo una imposición constitucional -art. 14 .
Sobre esta base, ocurre que en la reparcelación económica del Plan de Madrid se produce una grave discriminación de propietarios: los que lo son de solares o equivalentes, ahora ya, al edificar, contribuyen económicamente a la adquisición de terrenos destinados a dotaciones, en tanto que los dueños de terrenos edificados, que pueden beneficiarse ya de las dotaciones costeadas por los primeros, no contribuyen ni pagan hasta la fecha indeterminada e incierta -y que puede tardar muchísimos años- de su demolición y posterior reconstrucción, sin que nada pueda garantizar que para entonces subsista el plan.
Con ello además quiebra el principio de simultaneidad en el reparto de los beneficios y cargas del planeamiento que es consustancial a la ejecución sistemática por polígonos o unidades de actuación e inherentes a la reparcelación.
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Las cesiones obligatorias y gratuitas en suelo urbano las fija taxativamente el art. 83.3.1.º del Texto Refundido - art. 46.2 del Reglamento de Gestión -sin que por tanto sean exigibles otras cesiones para objetivos distintos de los expresados en dichos preceptos -sentencia de 21 de diciembre de 1987-. Pero con las cesiones aquí contempladas se pretende obtener gratuitamente el suelo de las dotaciones públicas o equipamientos sin precisar si se trata de sistemas generales o si quedan al servicio del polígono o unidad de actuación.
Y en estos términos no cabe imponer el pago de dinero a cuenta de una reparcelación que tiende a«obtener gratuitamente suelos respecto de los que no es exigible la cesión».
Habiéndolo entendido así la sentencia apelada procedente será la desestimación del recurso de apelación, sin que en aplicación de los criterios establecidos en el art. 131.1 de la Ley Jurisdiccional, se aprecie base para formular una expresa imposición de costas.
Vistos los artículos que se citan y los demás de general aplicación,
Que con desestimación de los recursos de apelación deducidos por la representación procesal del Ayuntamiento de Madrid y de la Gerencia Municipal de Urbanismo, respectivamente, contra la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de 10 de mayo de 1989 , dictada en los autos -núm. 303 de 1986- de los que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos la indicada sentencia sin hacer especial declaración en cuanto a costas.
ASÍ, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- -Francisco Javier Delgado Barrio.-Juan García Ramos Iturralde.-Mariano de Oro Pulido López.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don Mariano de Oro Pulido López, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que como Secretario certifico.
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