AAP Madrid 189/2004, 5 de Mayo de 2004
| ECLI | ES:APM:2004:6477 |
| Procedimiento | PENAL |
| Número de Resolución | 189/2004 |
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 2004 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Madrid, Sección 15ª |
RJ 190-2004
Juicio de Faltas 72-2004
Juzgado de Instrucción 3 de Navalcarnero
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN DECIMOQUINTA
Santiago de Compostela, 96
Tfno.: 91.3973069-70
Madrid-28071
SENTENCIA 189
En Madrid, a 5 de mayo de 2004
Carlos MARTIN MEIZOSO, Magistrado Juez, ha visto los autos referidos en el encabezamiento, relativos al recurso de apelación interpuesto por Magdalena contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción 3 de Navalcarnero, el 16 de febrero de 2004.
ANTECEDENTES PROCESALES
El relato de hechos probados de la Sentencia apelada dice así:
"Primero.- Magdalena y Juan Ignacio mantuvieron una relación sentimental por espacio de cinco años, fruto de la cual tuvieron una hija en común, habiendo cesado tal relación hace dos años. El día 9 de febrero de 2003, hacia las 14:30 horas, Juan Ignacio llamó por teléfono a Magdalena, diciéndole que quería ver a su hija, ante lo cual Magdalena le comentó que podía verla en su compañía, respondiendo Juan Ignacio que iba a hacer algo que todos iban a lamentar, colgando el teléfono Magdalena.
Juan Ignacio ha recibido tratamiento psiquiátrico, siendo diagnosticado por el Psiquiatra de Guardia del Hospital Psiquiátrico "José Germain" de trastorno psicótico afiliar y consumo intermitente de cocaína. En el informe Médico Forense de fecha 16 de febrero de 2004 no se observan trastornos del contenido del pensamiento ni alteraciones perceptivas."
La resolución impugnada contiene el siguiente fallo:
"Que absuelvo a Juan Ignacio de la falta de amenazas que se le venía imputando, declarando de oficio las costas del pleito, y denegándose la orden de protección solicitada por Magdalena, al no concurrir los requisitos del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asimismo se deja sin efecto la prohibición impuesta al denunciado de acercarse a la denunciante a menos de 100 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio, acordada en fecha de 11 de febrero de 2004."
La parte apelante interesó se revocara la Sentencia apelada y se dictara otra por la cual se condene a Juan Ignacio como autor de una falta de amenazas del artículo 620.2 del Código Penal.
El Ministerio Fiscal y la representación procesal de Juan Ignacio, solicitaron la desestimación del recurso y consecuente confirmación de la resolución dictada.
HECHOS PROBADOS
Unico: Se aceptan los relatados en la Sentencia apelada.
MOTIVACIÓN
El recurrente pretende la condena de quien resultó absuelto en primera instancia.
Según el Tribunal Constitucional, el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal superior "ad quem", para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iuditium" (SSTC 124/83, 54/85, 145/87, 194/90, 21/93, 120/94, 272/94 y 157/95). Si bien se excluye toda posibilidad de una "reformatio un peius" (SSTC 15/87, 17/89 y 47/93).
El supremo intérprete del texto constitucional tiene también declarado que nada se ha de oponer a una resolución que, a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la alcanzada en primera instancia (STC 43/97), pues tanto "por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma como por lo que se refiere a la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba" el Juez "ad quem" se halla "en idéntica situación que el Juez "a quo"" (STC 172/97, fundamento jurídico 4º; y, asimismo SSTC 102/94, 120/94, 272/94, 157/95 y 176/95) y, en consecuencia, "puede valorar la ponderación llevada a cabo por el juez a quo" (SSTC 124/83, 23/85, 54/85, 145/87, 194/90, 323/93, 172/97 y 120/99).
No obstante, la amplitud del criterio fiscalizador que se proclama en el plano normativo, se ve cercenada, sin duda, en la práctica a la hora de revisar la apreciación de la prueba efectuada por el juez "a quo". Especialmente cuando el material probatorio del juicio de primera instancia se centra, primordialmente o exclusivamente, en la prueba testifical, supuestos en los que deben distinguirse las zonas opacas, de difícil acceso a la supervisión y control, y las que han de considerarse como zonas francas, que sí son más controlables en la segunda instancia.
Las primeras aparecen constituidas por los datos probatorios estrechamente ligados a la inmediación: lenguaje gestual del testigo, del acusado o del perito; expresividad en sus manifestaciones; nerviosismo o azoramiento en las declaraciones; titubeo o contundencia en las respuestas; rectificaciones o linealidad en su exposición; tono de voz y tiempos de silencio; capacidad narrativa o explicativa, etc.
Es obvio que todos estos datos no quedan reflejados en el acta del juicio, donde ni siquiera consta el contenido íntegro de lo declarado, dada la precariedad de medios técnicos que se padece en los juzgados y tribunales. Ha de admitirse, pues, que esta perspectiva relevante del material probatorio resulta inaccesible al juzgador en la segunda instancia, de modo que el escollo de la falta de inmediación le impide ahondar con holgura en el análisis de la veracidad y credibilidad de los diferentes testimonios.
Ahora bien, ello no quiere decir que no quepa revisar y fiscalizar la convicción plasmada en la sentencia sobre la eficacia probatoria de las manifestaciones que las partes y testigos prestaron en la primera instancia, ya que existe una zona franca y accesible de las declaraciones, integrada por los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, que al resultar ajenos a la estricta percepción sensorial del juzgador a quo, sí pueden y deben ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.
Sin embargo, toda esta doctrina sobre el recurso de apelación ha sido matizada y, en no escasa medida, rectificada por la sentencia del Tribunal Constitucional 167/2002, de 18 de septiembre, para los recursos de apelación contra sentencias absolutorias. En estos casos, cuando la apelación se funda en la apreciación de la prueba, si en la segunda instancia no se practican nuevas pruebas no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas, es exigible la inmediación y la contradicción (fundamento jurídico 1º, en relación con los fundamentos 9º y 11º).
Los nuevos criterios restrictivos sobre la extensión del control del recurso de apelación implantados por la precitada sentencia, se han visto reafirmados y reforzados en resoluciones posteriores del mismo Tribunal Constitucional (SSTC 170/2002, 197/2002, 198/2002, 200/2002 y 212/2002). De forma que, incluso en los supuestos en que se trate de apreciar pruebas objetivas junto con otras de carácter personal que dependen de los principios de inmediación y de contradicción, el Tribunal Constitucional veda la posibilidad de revocar el criterio absolutorio de la primera instancia sin que se practique la prueba testifical con arreglo a tales principios ante el tribunal ad quem (STC 198/2002).
Así las cosas, y ante la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sólo caben dos interpretaciones:
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Entender que resulta factible revocar una sentencia absolutoria practicando de nuevo en segunda instancia, las pruebas personales que dependan de los principios de inmediación o de contradicción. Ello entraña, no obstante, graves inconvenientes, pues no existe garantía ninguna de que las pruebas reproducidas en la segunda resulten más fiables, creíbles y veraces que las de la primera, máxime si se ponderan el tiempo transcurrido desde la ejecución de los hechos y los perjuicios y precondicionamientos con que podrían volver a declarar unos testigos que ya depusieron en el juzgado. Sin olvidar tampoco, y ello es todavía más relevante, que la repetición de pruebas no sería legalmente posible, a tenor de las restricciones que impone el artículo 790.3 de la ley procesal penal. El acusado no tendría, obviamente, obligación de someterse a un segundo procedimiento ante la Sala sin un precepto que así lo impusiera o permitiera expresamente.
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Entender que no cabe de facto revocar en la...
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