SAN, 11 de Noviembre de 2004
| Ponente | MARIA ISABEL PERELLO DOMENECH |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2004:7058 |
| Número de Recurso | 1539/2002 |
ELISA VEIGA NICOLEJOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERAMARIA ISABEL PERELLO DOMENECHCARLOS LESMES SERRANOJOSE LUIS SANCHEZ DIAZ
SENTENCIA
Madrid, a once de noviembre de dos mil cuatro.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 1539/02, que ante esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha promovido el Procurador Sr. Estevez
Rodríguez, en nombre y representación de Dª Gema, frente a la
Administración General del Estado (Ministerio de Fomento), representada y defendida por el Sr.
Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 440,21 Euros. Es ponente la Ilma. Sra.
Magistrada Dª ISABEL PERELLÓ DOMENECH, quien expresa el criterio de la Sala.
Por la recurrente antes expresada se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito de interposición presentado el día 22 de octubre de 2002, contra la denegación presunta, por silencio administrativo, de la solicitud dirigida al Ministro de Fomento sobre responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por los daños y perjuicios ocasionados a consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos, en virtud de los cuales se ocasionó accidente de circulación del que resultaron unos daños en el vehículo propiedad del actor, valorados en la cantidad de 440,21 Euros, acordándose la admisión de este recurso por providencia de fecha 15 de noviembre de 2002, en la que igualmente se reclamó el expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó su demanda mediante escrito presentado el día 6 de marzo de 2003 en el que, tras alegar los hechos y exponer los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminaron suplicando la estimación del recurso, y que sea reconocido su derecho a percibir una indemnización, a cargo del Estado, por el importe que ha quedado consignado, como consecuencia de la responsabilidad patrimonial en que la Administración ha incurrido, incrementada en los intereses legales, con imposición de las costas procesales a la recurrida.
El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito fechado el 8 de abril de 2003 en el que, tras alegar los hechos que estimó aplicables y aducir los fundamentos jurídicos que consideró pertinentes, terminó suplicando desestimación del recurso, por ser ajustado a Derecho el acto administrativo que se impugna.
Recibido el proceso a prueba, por Auto de 26 de enero de 2004 y evacuado el trámite de conclusiones escritas, se señaló, por medio de providencia, la audiencia del día 10 de noviembre de 2004 como fecha para la votación y fallo de este recurso, fecha en la cual, efectivamente, se deliberó, votó y falló, lo que se llevó a cabo con el resultado que ahora se expresa.
Es objeto de impugnación en este recurso la denegación por silencio administrativo, de la solicitud dirigida por el recurrente al Ministerio de Fomento, en concepto de responsabilidad patrimonial, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios que han quedado expresados en los antecedentes de hecho.
Se invoca por el Abogado del Estado en la contestación a la demanda, como causa de inadmisibilidad, la falta de litisconsorcio pasivo necesario, figura ésta exótica en nuestro ordenamiento procesal específico, ya que la posición pasiva en la relación jurídica a que da lugar el litigio viene determinada por la necesidad de defensa del acto o disposición que se impugna, lo que coloca a la Administración de que haya emanado dicha actuación en la calidad de demandada, posición que puede compartir con otras personas públicas o privadas, individuales o colectivas, a cuyo favor deriven derechos o intereses legítimos del acto combatido, y que son llamadas al proceso para cooperar con la Administración en defensa del citado acto o disposición, siendo necesario el emplazamiento de estos terceros, cuyos derechos o intereses se podrían ver afectados por la cosa juzgada. Tal no es el caso aquí enjuiciado, pues con independencia de la relación sustantiva o material que une a la Administración, contractualmente, con la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de la autopista, así como la responsabilidad que podría ser legalmente imputable a esta empresa, lo cierto es que lo que aquí es preciso determinar es si existe y en qué grado la responsabilidad administrativa, debida al funcionamiento de los servicios públicos, cuya titularidad mantiene en todo caso, aun cuando medie contrato, la Administración, en este caso la del Estado. La falta de respuesta administrativa a la petición suscitada por el recurrente, que supone, en sentido estricto, el incumplimiento de una obligación directamente derivada de la Ley, hace inviable considerar aquí si la empresa concesionaria es aquí responsable y en qué medida lo es, todo ello al margen de la posibilidad que asiste al Estado para reembolsarse de las cantidades satisfechas como consecuencia de la responsabilidad que contra ella se declare frente al concesionario.
A tal efecto, resulta inadecuado traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2001, dictada para unificación de doctrina, dado que la finalidad de esta particular modalidad casacional es la de unificar, en aras de la seguridad jurídica, los diferentes criterios que puedan proceder de diversas sentencias que, provenientes o no de órganos judiciales jerárquicamente ordenados, hayan dado lugar a respuestas jurídicas distintas a cuestiones sustancialmente idénticas, sentencias entre las que se ha de apreciar, por lo tanto, una contradicción insalvable, referida a la interpretación dispar de normas jurídicas. Pues bien, ni en la sentencia que se invoca se alude, en modo alguno, a la necesidad de unir a la Administración y al contratista, procesalmente, bajo la figura del litisconsorcio pasivo necesario, ni se analiza el artículo 98 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que no estaba en juego, pues el criterio unificador se establece en relación con el antiguo artículo 134 del Reglamento General de Contratación, que aquí no es aplicable.
En lo que ahora interesa, el invocado artículo 98 no establece preceptivamente que el perjudicado haya de solicitar de la Administración un pronunciamiento sobre la procedencia de la reclamación, su importe y la imputabilidad a aquélla o al contratista, como sucedía en el artículo 134 RGC, que dejaba en manos de la Administración la determinación de tales aspectos de la reclamación, con sólo haberla formulado el perjudicado, sino que permite a éste elegir esta vía potestativamente, lo que le colocaría en una posición semejante a la que tenía bajo el amparo de la derogada...
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