ATS, 31 de Julio de 2002
| Ponente | D. JOSE DE ASIS GARROTE |
| Número de Recurso | 740/2002 |
| Procedimiento | Queja |
| Fecha de Resolución | 31 de Julio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Julio de dos mil dos.I. ANTECEDENTES DE HECHO
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- En el rollo de apelación nº 81/2001 la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 19ª BIS) dictó Auto, de fecha 12 de marzo de 2002 declarando no haber lugar a tener por preparado recurso de casación por la representación de la MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE000, contra la Sentencia dictada por dicho Tribunal en el rollo de apelación 81/2001, dimanante de autos de cognición 490/1999.
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- Contra dicho Auto se interpuso recurso de reposición que fue denegado por Auto de fecha 18 de abril de 2002 , habiéndose entregado el testimonio de ambas resoluciones a los efectos del artº. 495 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero.
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- Por la Procuradora Dª. Milagros Pastor Fernández, en nombre y representación de la indicada parte litigante, se ha interpuesto recurso de queja por entender que cabía recurso de casación y debía de haberse tenido por preparado.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.José de Asís Garrote
1- Esta Sala, reunida en Junta General de Magistrados celebrada el día 12 de diciembre de 2000, adoptó, entre otros, y en lo que interesa a los efectos del recurso de queja que se examina, los criterios que seguidamente se exponen en orden a la preparación y admisión de los recursos de casación sometidos al régimen de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, y que han sido recogidos en los Autos de fecha 13 y 27 de marzo, 10 y 24 de abril, 3, 16 y 29 de mayo, 5, 12, 19 y 26 de junio, 3, 10, 17 y 31 de julio, 18 y 25 de septiembre, 2 ,9, 16, 23 y 30 de octubre, 6, 13, 20 y 27 de noviembre y 4. 11, 18 y 28 de diciembre de 2001, 22 y 29 de enero, 5, 12, 19 y 26 de febrero, 5, 12, 20 y 26 de marzo, 9, 16, 23 y 30 de abril, 7, 14 y 28 de mayo, 4, 11, 18 y 25 de junio y 2 ,9 y 16 de julio de 2002: a) los supuestos de recurribilidad contemplados en los tres ordinales del art. 477.2 de la LEC constituyen supuestos distintos y excluyentes; b) el ordinal segundo del art. 477.2 LEC debe enlazarse con los arts. 249.2 y 250.2 LEC, por lo que serán recurribles las sentencias recaídas en juicio ordinario, en relación con demandas cuya cuantía exceda de veinticinco millones de pesetas, quedando excluidas las dictadas en juicio ordinario de cuantía inferior o indeterminada, así como en el verbal; c) el nº 3º del art. 477.2 LEC, por su parte, ha de concordarse con los arts. 249.1 (excepto su nº 2º) y 250.1 LEC, de manera que las sentencias recaídas en juicio ordinario, por razón de la materia, excepto los de tutela civil de los derechos fundamentales, y en juicio verbal, igualmente en atención a la materia, así como las sentencias dictadas en los procesos especiales regulados en el Libro IV LEC, en otros procedimientos especiales de la propia LEC y en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, al amparo de los Convenios de Bruselas y Lugano y de los Reglamentos CE nº 1347/2000 y 44/2001, habrán de ser recurridas por la vía de este ordinal tercero, lo que hace preciso que la resolución del recurso de casación presente interés casacional, bien por oponerse la sentencia recurrida a la jurisprudencia de esta Sala, bien por existir jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, bien en fin, por haberse aplicado normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido; y d) en cuanto al régimen transitorio, serán susceptibles de recurso de casación, y, en su caso, por infracción procesal, según el régimen establecido por la nueva Ley de Enjuiciamiento: 1.- las sentencias dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley en procesos relativos a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, tramitados por el cauce del juicio declarativo o por el incidental previsto en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre; 2.- las sentencias dictadas en procesos declarativos ordinarios de mayor o menor cuantía, seguidos por razón de la cuantía, siempre que ésta exceda del límite de veinticinco millones de pesetas, quedando excluidos los de cuantía inferior o indeterminada, así como los juicios de cognición y verbales también por razón de la cuantía; y 3.- las sentencias, también posteriores a la entrada en vigor de la LEC que hubiesen sido dictadas en procesos declarativos sustanciados por razón de la materia, así como en procesos especiales, serán recurribles cuando se justifique el interés casacional para la resolución del recurso, excepto en los juicios ejecutivos (Disp. transitoria quinta LEC). En estos casos, la preparación, interposición y admisión de los recursos se llevará a cabo conforme a las normas de la nueva LEC (Disposición Transitoria tercera LEC).
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-En relación con los criterios mencionados procede realizar una especial consideración sobre la configuración como excluyentes de los supuestos recogidos en el art. 477.2, habiéndose concluido por esta Sala, tras una exégesis de la LEC 2000, que el ordinal segundo está exclusivamente referido a los asuntos tramitados "por razón de la cuantía", mientras que el tercero es cauce para los sustanciados en atención "a la materia", lo que se desprende del régimen general de los recursos extraordinarios, que determina la necesidad de relacionar este art. 477.2, 2º y 3º con los arts. 248, 249 y 250, que distinguen entre los juicios "por razón de la cuantía" y "de la materia", resultando significativo al respecto que el art. 255 supedite la impugnación prevista en el mismo a que el procedimiento sea otro o cuando de la determinación correcta de la cuantía resulte procedente el recurso de casación, siendo asimismo diferente el alcance de efectos que según el supuesto de recurribilidad de que se trate atribuye el art. 487 a la sentencia, lo que patentiza que los cauces contemplados en el art. 477.2 son distintos e incompatibles, siendo importante insistir y resaltar que la vía del "interés casacional" está reservada a los asuntos seguidos en atención a la materia que constituye el objeto del litigio, como por otra parte se explica en la Exposición de Motivos de la LEC 2000, en su apartado XIV, al señalar que dicho interés casacional se objetiva "no solo mediante el parámetro de una cuantía elevada, sino con la exigencia de que los asuntos sustanciados en atención de la materia aparezcan resueltos con infracción de la ley sustantiva, desde luego, pero, además, contra doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o sobre asuntos o cuestiones en las que no exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales...", y también el apartado XX del preámbulo, en relación con la Disposición adicional segunda, se refiere a la cuantía, relacionándola con la "posibilidad de acceso a algunos recursos", a lo que se debe añadir la propia enumeración de causas de inadmisión contenida en el art. 483. 2 LEC 2000, en cuyo ordinal 3º se alude a que "el asunto no alcanzase la cuantía requerida, o no existiere interés casacional.....", de cuyo precepto se desprende que la vía específica del interés casacional es diferente y asimismo que los asuntos que no alcancen la cuantía son precisamente los sustanciados en atención a ésta, pues de lo contrario la causa de inadmisión sería ineficaz, ya que si fuera posible que los asuntos tramitados en razón a la cuantía (inferior a veinticinco millones de pesetas) pudieran también tener acceso a la casación acreditando el "interés casacional", la única causa de inadmisión aplicable sería la inexistencia de dicho presupuesto y nunca la insuficiente valoración económica del litigio que, por si misma, jamás vedaría el recurso de casación; de ahí que esta Sala al diferenciar los supuestos de recurribilidad, y configurarlos con el reiterado carácter excluyente, en absoluto contradice la Ley 1/2000, de 7 de enero, ni fija pautas ilógicas ni arbitrarias, sino que ha establecido un criterio para la aplicación de la norma rectora del acceso al recurso de casación que es plenamente acorde con el que el propio Legislador plasmó en la Exposición de Motivos, por lo que bien puede afirmarse que la mens legis, que es la verdaderamente relevante para aplicar la norma, coincide en este caso con la mens legislatoris.
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- Lógicamente para determinar si un proceso se ha sustanciado por razón de materia o de cuantía, cuando se inició bajo la vigencia de la precedente LEC de 1881, ha de estarse a las normas contenidas en aquel texto legal o en las diversas leyes especiales que en materias mercantiles, arrendaticias, accidentes de tráfico y otras remitían de modo específico al cauce del juicio de mayor o menor cuantía, del cognición o del verbal, al margen del concreto interés económico del litigio, según preveía el art. 487 LEC de 1881, sin que a tal efecto pueda ahora atenderse a los criterios de los arts. 248, 249 y 250 LEC 2000, pues en aplicación del principio de irretroactividad de su art. 2, conjugado con la Disposición transitoria tercera, la nueva ley se aplicará a todos los efectos a partir de la sentencia de segunda instancia recaída en fecha posterior a su entrada en vigor el día 8 de enero de 2001, de tal modo que serán los actos procesales ulteriores a dicha resolución los que se rijan por el nuevo régimen normativo, mas el cauce procedimental seguido permanece inalterable, siempre sujeto a las reglas vigentes en el momento de inicio del pleito, de ahí que los juicios carentes de especialidad alguna en relación con la materia litigiosa, siempre deban entenderse sustanciados por razón de la cuantía aunque ésta fuera inestimable o indeterminada, de conformidad con los arts. 481, 482, 483-1º, 484-1º y 3º y 486 de la LEC de 1881, siendo aplicables las reglas de su art. 489, por lo que el acceso al recurso de casación de las sentencias de segunda instancia recaídas en los juicios declarativos, sustanciados por cuantía, precisa la conjunción de dos requisitos: a) que el juicio sea de mayor o menor cuantía y ésta superior al limite de veinticinco millones de pesetas, y b) que proceda el cauce del número segundo del art. 477.2 LEC 2000.
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- En aplicación de los precedentes criterios debe confirmarse la resolución denegatoria de la Audiencia Provincial, ya que según se deduce del contenido de los Autos aportados por testimonio, en cuanto no se contradice por la recurrente en queja, y de las breves manifestaciones hechas por ésta en el escrito formulando dicho recurso, la sentencia que resolvió el recurso de apelación no fue dictada en un juicio seguido para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, sino que recayó en un juicio de cognición, y si bien es cierto que no consta si dicho juicio se siguió por razón de su cuantía o por razón de la materia, tal circunstancia resulta irrelevante para la resolución de la presente queja, ya que sí consta -por las propias manifestaciones de la recurrente- que el cauce escogido fue el del ordinal 1º del art. 477.2 de la LEC, que resulta inadecuado y no puede ser utilizado para intentar el acceso a la casación de aquellos procesos seguidos por razón de la cuantía cuyo interés económico no exceda de los 25.000.000 de pesetas que exige el ordinal 2º del art. 477.2 de la LEC (como sería el presente caso si el juicio de cognición se ha seguido por razón de su cuantía, dado el límite cuantitativo que establecía para esta clase de juicios el art. 486 de la LEC de 1881 y el art. 26 del Decreto de 21 de noviembre de 1952), ni resulta ser el procedente si el juicio de cognición se siguió por razón de la acción ejercitada, es decir por razón de su materia, en cuyo caso el cauce escogido debió ser el del "interés casacional" del ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, con cumplimiento de los requisitos que para su preparación establece el apartado 4 del art. 479 de la LEC; por lo que la cita de precepto constitucional, o la "exposición sucinta de la vulneración del derecho fundamental" que, según dice la recurrente, hizo en el escrito preparatorio del recurso de casación, no abre la vía del art. 477.2.1º de la LEC, en la medida en que la Sentencia contra la que se intentó la preparación no fue dictada en un proceso seguido para la tutela civil de los derechos fundamentales de la persona (AATS de 3-7-2001, recurso 1528/2001, 31-7-2001, recursos 1803/2001 y 1769/2001, 2-10-2001, recurso 1802/2001, 9-10-2001, recurso 1823/2001 y 1783/2001, 30-10-2001, recurso 1841/2001, 6-11-2001, recurso 2170/2001, 13-11-2000, recurso 2050/2001, 20-11-2001, recurso 2032/2001, 18-12-2001, recursos 2095/2001 y 2127/2001, 22- 1-2002, recurso 2184/2001, 5-2-2002, recursos 2318/2001 y 2322/2001, 19-2-2002, recursos 2183/2001 y 2298/2001, 26-2- 2002, recurso 2335/2001, 9-4-2002, recurso 2469/2001, 16-4-2002, recursos 275/2002 y 130/2002, 23-4-2002, recurso 203/2002, 30-4-2002, recurso 2231/2001. 13-5-2002, recurso 2264/2001, 28-5-2002, recurso 115/2002, 25-6-2002, recurso 594/2002 y 2-7-2002, recursos 473/2002, 377/2002, 166/2002 y 460/2002). Es preciso insistir acerca de que es el objeto del proceso el que determina la específica vía de acceso al recurso de casación que prevé el ordinal primero del reiterado art. 477.2 LEC 2000, por lo que únicamente es aplicable a los juicios relativos a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales a que se refiere el propio art. 53.2 de la Constitución y que hayan sido vulnerados en la realidad extraprocesal (por ello se excluye el art. 24 CE), de ahí que la previsión normativa contemple en este caso la recurribilidad en casación de las Sentencias recaídas en procesos referidos a la tutela civil del honor, intimidad, imagen u otro derecho fundamental, más no en aquellos atinentes a derechos reales, contratos o cualesquiera otra cuestión civil o mercantil, en los que no cabe utilizar aquella vía del art. 477.2, 1º LEC 2000 por el simple medio de citar como infringido un precepto constitucional.LA SALA ACUERDA
DESESTIMAR EL RECURSO DE QUEJA interpuesto por la Procuradora Dª. Milagros Pastor Fernández, en nombre y representación de la MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARQUE000, contra el Auto de fecha 12 de marzo de 2002, que se confirma, por el que la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 19ª BIS) denegó tener por preparado recurso de casación contra la Sentencia dictada por dicho Tribunal en el rollo de apelación 81/2001, dimanante de autos de cognición 490/1999, debiendo ponerse esta resolución en conocimiento de la referida Audiencia, para que conste en los autos.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.
