STS, 10 de Octubre de 1986

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su número séptimo por existir error de hecho en la apreciación de las pruebas resultante de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del Juzgador. Los documentos auténticos son las escrituras notariales de veintidós de mayo de mil novecientos setenta y cinco y de veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco. La escritura de veintidós de mayo de mil novecientos setenta y cinco establece con claridad meridiana las acciones que cada socio fundador suscribe, dice que las desembolsan totalmente en ese acto y establece quiénes aportan en dinero efectivo y quiénes lo hacen con aportaciones no dinerarias. En la de veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco se hace constar igualmente las diversas suscripciones de la ampliación de capital expresando que quedan desembolsadas totalmente. Pues bien, frente a los claros términos de los documentos públicos mencionados afirma la sentencia que los desembolsos realizados por las aportaciones no dinerarias son de sesenta y un millones novecientas noventa y una mil cuatrocientas veintidós pesetas. Equivocación evidente del Juzgador que resulta con sólo contrastar semejante afirmación los términos del documento auténtico en el que las aportaciones no dinerarias tienen un valor de trece millones ciento noventa mil pesetas.

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su número séptimo por existir error de hecho en la apreciación de la pruebas resultante de documentos auténticos que demuestra la equivocación evidente del Juzgador. El documento auténtico es la escritura de veintidós de mayo de mil novecientos setenta y cinco. La sentencia, y como premisa fundamental del fallo, en su penúltimo considerando y en repetidas ocasiones afirma «que pasó a integrarse a la Sociedad Anónima todo lo que constituía la Empresa de la actividad comercial individual del señor Jorge , con su activo y pasivo, según se desprende de la constancia en autos». Semejante afirmación está en una clara y flagrante oposición al contenido del documento auténtico que tanto en su apartado expositivo IV), que dice claramente que los bienes que se aporten están libres de cargas y gravámenes, como en la estipulación cuarta, que expresa claramente la aportación de bienes sin ningún tipo de pasivo y de empresa individual.

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su número séptimo por existir error de derecho en la apreciación de las pruebas dándose la violación por no aplicación del artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil . La escritura notarial de constitución de sociedad y la de ampliación de capital contienen unas declaraciones claras y precisas vinculantes para los que las hicieron y la Sala de instancia no otorga a dichas escrituras el valor probatorio que el precepto legal mencionado les confiere.

Cuarto, al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su número primero por violación en el concepto de no aplicación del artículo mil doscientos dieciocho del Código civil . El presente motivo completa el anterior por la vía del número primero. Estimamos que se da una infracción de ley consistente en la absoluta inaplicabilidad que lleva a cabo la Sala de instancia respecto del artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil .

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento civil en su número primero en el concepto de interpretación errónea de los artículos octavo y decimotercero, en relación con los artículos veinte y noventa de la Ley de Sociedades Anónimas de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y uno . Como premisa fundamental del fallo la sentencia de instancia razona que la obligación del desembolso mínimo de un 25 por 100 que establecen los artículos ocho y trece de la Ley se refieren al capital social en términos globales, en función de una obligación única y un solo objeto. Estimamos como errónea esta interpretación de los mencionados preceptos legales. Muy por el contrario la obligación que imponen dichos preceptos se refiere a todas y a cada una de las suscripciones que se hagan y así lo proclaman sin géneros de dudas tratadistas como Garrigues, Uría y Rubio, y ese propio Tribunal Supremo puso de relieve en sentencia de trece de febrero de mil novecientos sesenta y ocho la necesidad de proceder al desembolso pleno de todas las acciones suscritas. De ninguna de las maneras puede admitirse, como hace la sentencia que ahora se recurre, que uno o varios accionistas realicen desembolsos por igual o superior importe al 25 por 100 de todo el capital y que todos los demás no realicen ningún desembolso y que pueda entenderse con ello cumplido el mandato legal. Entendemos por ello que la Sala de instancia ha partido, como premisa fundamental del fallo, de una errónea interpretación de estos preceptos legales y que ello la ha llevado a un fallo erróneo. Pero es más, en el presente caso concurre, además, la circunstancia de que lo único acreditado en virtud de las escrituras notariales son unassuscripciones que se dice que se desembolsan en su integridad en metálico, cuando en realidad no se aporta metálico alguno, y otras aportaciones no dinerarias a las que en el contrato social se les da un valor equivalente a las suscripciones que se realizan por los aportantes. Por ello resalta todavía más el error interpretativo denunciado.

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su número primero por violación en el concepto de inaplicación del artículo treinta y dos de la Ley de Sociedades Anónimas . La sentencia de instancia da por buenas unas valoraciones de las aportaciones no dinerarias con olvido completo de que ello no es posible legalmente sino por el mecanismo que regula el artículo treinta y dos de la Ley .

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su número primero por violación en el concepto de aplicación indebida de los artículos treinta y uno de la Ley de Sociedades Anónimas y mil quinientos treinta y dos del Código Civil . La sentencia, supone que ha existido la aportación de una empresa o establecimiento mercantil, consistente en el negocio individual del señor Jorge . Tenemos que denunciar que aunque sin mencionarlos nominativamente se están aplicando los artículos treinta y uno de la Ley y mil quinientos treinta y dos del Código Civil de forma totalmente indebida al no concurrir absolutamente ninguno de los requisitos legales y fácticos para que pudiera empezar siquiera a hablarse de la aportación de una empresa y porque todo ello está en total contradicción con el contenido de la escritura fundacional.

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su número primero por violación en el concepto de no aplicación del articulo mil doscientos cinco del Código Civil . Completando el motivo anterior nos parece evidente que de haber existido una cesión de activo y pasivo de una empresa era totalmente indispensable la aplicación del artículo mil doscientos cinco del Código Civil y el consiguiente consentimiento de los acreedores del comerciante individual.

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su número primero por violación en el concepto de no aplicación de los artículos mil doscientos ochenta y uno y mil doscientos ochenta y tres y mil doscientos ochenta y cinco del Código Civil . La sentencia de instancia hace una interpretación de la escritura de constitución de la Sociedad que choca abiertamente con las normas de interpretación de los contratos que se señalan los mencionados preceptos del Código Civil, lo que nos obliga a denunciarlo en este motivo.

Al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su número primero por aplicación indebida del artículo tres-segundo del Código Civil . Como ya dijo ese alto Tribunal en sentencia de catorce de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, la equidad, no es regla de la actividad judicial decisoria en nuestro ordenamiento jurídico fuera de los supuestos en que el Legislador se remite a ella. Nos parece de todo punto insostenible que la sentencia de instancia trate de destruir unas libres declaraciones que constan en escritura pública amparándose en la equidad, que por otra parte no razona ni justifica.

10. Admitido el recurso e instruidas las partes se declararon los autos conclusos y se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

    Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Ramón López Vilas.

    Fundamentos de Derecho

1. Los cuatro primeros motivos del recurso se orientan a la única finalidad de evidenciar el error de hecho y de derecho en que se dice haber incurrido la sentencia de la Sala de Audiencia al no haber atendido, como único medio probatorio, a las manifestaciones contenidas en las escrituras públicas de fundación y de ampliación de capital de la sociedad anónima recurrente. En la primera de ellas (veintidós de mayo de mil novecientos setenta y cinco, folio tres) se expresa que los socios fundadores procedieron a la suscripción e íntegro desembolso del capital social cifrado en veinticinco millones de pesetas, detallándose quiénes aportaron dinero efectivo y quiénes hicieron aportaciones no dinerarias, concretándose el valor de éstas, coincidente con el de las acciones suscritas. Todos los socios prestaron conformidad a las respectivas suscripciones y desembolsos. En la segunda escritura (ampliación del capital, veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, folio veintiocho), se acordó elevar el capital hasta cincuenta millones de pesetas, que se declaró igualmente desembolsado. Argumenta el recurrente que, frente a esta realidad, la sentencia de la audiencia incurre en dos manifiestos errores: De una parte, al afirmar que los desembolsos realizados por las aportaciones no dinerarias ascienden a sesenta y un millones novecientas noventa y una mil cuatrocientas veintidós pesetas, cuando lo cierto es que éstas fueron valoradas en untotal de trece millones ciento noventa mil pesetas. De otra parte, en el penúltimo considerando se afirma «que pasó a integrarse en la sociedad anónima todo lo que constituía la empresa de la actividad comercial individual del señor Jorge con su activo y pasivo, según se desprende de la constancia en autos». Mas tal afirmación - dice el recurrente- está en clara y flagrante oposición al contenido del documento auténtico citado, en el que claramente se expresa la aportación de bienes, sin ningún tipo de pasivo y de empresa individual. Y de ahí que en los dos primeros motivos y por la misma vía del número siete del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncie error de hecho en la apreciación de la prueba resultante de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador, y en el tercer y cuarto motivo, articulados por la vía del séptimo y del primero, respectivamente, se acuse (indebidamente el primero de ambos) violación por no aplicación del artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil . En primer lugar, el hecho de que la sentencia llegue, a través del conjunto de la prueba practicada, a la conclusión de que las aportaciones no dinerarias tenían en el momento fundacional un valor superior al declarado, ni constituye error de hecho ni de derecho en la apreciación de la prueba, ni en modo alguno infringe lo preceptuado en el artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil . En segundo lugar, no resulta procedente alegar, como hace el recurrente, que es una estimación gratuita de la Sala sentenciadora la de estimar que la empresa individual del señor Jorge pasó a integrarse en la Sociedad Anónima objeto de estos autos, ya que es ésta la que aporta la prueba de tal afirmación: en el informe de la auditoria practicada (documento número once de los acompañados a la demanda), al folio setenta y siete, se expresa literalmente: «Podemos considerar que hasta el momento de la constitución de la Sociedad Anónima, la Compañía venía trabajando, al menos desde treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, prácticamente como "Sociedad Anónima en Constitución".» A esta conclusión se llega después del análisis de los registros y del balance de situación a dicha fecha de la compañía individual « Jorge , o Transportes Pérez Torres (individual), que está firmado, dando su conformidad por los socios promotores». Pero a mayor abundamiento, ha de tenerse presente que, según reiterada doctrina de esta Sala, ni la prueba documental ni la de confesión tiene un valor probatorio superior a los demás medios autorizados por la Ley, por lo que en supuestos como el presente en que la sentencia recurrida ha hecho una apreciación conjunta de la prueba, no puede valorarse separadamente los distintos medios para llegar a conclusiones distintas a las obtenidas de la apreciación conjunta, y que en el caso de autos lleva a la Sala de instancia, tras un riguroso y ponderado examen, a afirmar, con toda razón, que lo importante es que el patrimonio sindical, el activo real, supera al capital social suscrito, de lo que se deduce que las aportaciones se han desembolsado íntegramente; irrefutable estimación que en modo alguno implica vulneración del artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil . Razones que imponen la desestimación de los cuatro primeros motivos.

2. Idéntica suerte ha de correr el quinto motivo que al amparo del número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil denuncia interpretación errónea de los artículos ocho y trece, en relación con el veinte y noventa, todos ellos de la Ley de Sociedades Anónimas , argumentando que la obligación de desembolso mínimo del 25 por 100 del capital social, establecida por el artículo ocho de la misma Ley , no se refiere a que la aportación real y efectiva alcance en total dicha aportación, sino que a cada uno de los accionistas efectúe el desembolso del 25 por 100 de las acciones que suscriba. Mas es ésta una discusión en la que se involucran preceptos de la Ley de Sociedades Anónimas que no son en realidad aplicables al supuesto planteado, resultando que el pertinente mandato legal se cumple desde el momento en que el repetido porcentaje está real y efectivamente desembolsado, supuesto que el fundamento de tal exigencia está precisamente en la conveniencia de que las sociedades inicien su vida con un mínimo de fondos disponibles. En el caso de autos el capital no sólo está totalmente desembolsado, sino que el activo real supera al capital social suscrito.

3. Por la misma via que el anterior se articula el sexto motivo, denunciando violación, por no aplicación, del artículo treinta y dos de la Ley de Sociedades Anónimas . Se argumenta que las aportaciones no dinerarias no pueden cambiar de valor respecto al que se le ha dado en la escritura fundacional, si no es con observancia y por aplicación de lo dispuesto en el citado precepto, «lo cual -se dice- ha sido olvidado por completo por la Sala de instancia». Pero lo cierto es que es el recurrente quien olvida que el citado artículo treinta y dos -que por cierto se alega «ex novo» en este procedimiento- se limita a imponer a los administradores de la sociedad anónima, dentro del plazo de cuatro meses a contar de su constitución, la obligación de revisar la valoración de las aportaciones no dinerarias, lo que en modo alguno impide al juzgador, en casos como el presente, comprobar el verdadero valor que tales aportaciones tuvieron al tiempo de fundarse la sociedad, siendo por tanto obligada la desestimación de este motivo.

4. Los motivos séptimo y octavo (formulado éste como «complemento» de aquél) se articulan por el mismo cauce del número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denunciando violación por aplicación indebida de los artículos treinta y uno de la Ley de Sociedades Anónimas y mil quinientos treinta y dos del Código Civil, y violación por no aplicación del artículo mil doscientos cinco del Código Civil, respectivamente . Insistiéndose por el recurrente en el séptimo motivo, enque no existió la aportación de la empresa individual del señor Jorge a la Sociedad Anónima en cuestión, basta con dar aquí por reproducido cuanto se ha dicho al respecto en el fundamento de derecho primero. Y con respecto al argumento «complementario» consistente en que «de haber existido una cesión de activo y pasivo de una empresa era totalmente indispensable la aplicación del artículo mil doscientos noventa y cinco del Código Civil y el consiguiente consentimiento del comerciante individual», a más de ser cuestión nueva y por tanto inadmisible traerla a casación, es absolutamente intrascendente respecto del fondo de la cuestión planteada, sien do por ello rechazados ambos motivos.

5. El noveno motivo, formulado por igual causa, denuncia violación, en concepto de no aplicación, de los artículos mil doscientos ochenta y uno, mil doscientos ochenta y tres y mil doscientos ochenta y cinco del Código Civil . La inconsistencia de este motivo (en el que se incluyen varios preceptos supuestamente infringidos, sin especificar en cambio el párrafo vulnerado en el caso del artículo mil doscientos ochenta y uno), se pone en evidencia por la falta de su obligado razonamiento, lo que inexorablemente conlleva su desestimación. Pero es que, además, según reiteradísima Jurisprudencia de esta Sala, cuya cita resulta ociosa por abundante y conocida, la interpretación de los contratos compete privativamente a los Tribunales de instancia, cuya labor sólo puede revisarse en casación cuando aparezcan claramente infringidos los preceptos interpretativos contenidos en los artículos mil doscientos ochenta y uno al mil doscientos ochenta y nueve del Código Civil y siempre que la interpretación fuese ilógica, desorbitada, contradictoria o vulneradora de algún precepto legal, circunstancias que en modo alguno se dan en el caso de autos.

6. El décimo y último motivo, articulado también por el número uno del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuicia miento Civil , denuncia aplicación indebida del artículo tres-segundo del Código Civil . La afirmación de la sentencia de la Audiencia en el sentido de que «la demanda, basada en una declaración escrituraria que hay que entender en sus justos como equitativos términos, a lo que no es ajeno nuestro Ordenamiento Jurídico (ponderación de la equidad, artículo tres-segundo del Código Civil , interpretación de las normas según su espíritu, artículo tres-primero del Código Civil y ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe, artículo siete-primero del Código civil )» y que el recurrente impugna alegando infundada mente aplicación indebida del artículo tres-segundo del Código Civil resulta -tal entendimiento de la declaración escrituraria- procedente y plausible. Lo que el párrafo dos del citado artículo tres prohibe es que las resoluciones judiciales descansen de manera exclusiva en la equidad, salvo cuando la Ley lo permita expresamente, pero aquélla deberá ponderarse en la aplicación de las normas como elemento tendente a lograr una aplicación de las mismas sensible a las particularidades del caso concreto, pero, aparte de ello, ha de tenerse presente que, según tiene declarado esta Sala, no procede el recurso de casación por aplicación indebida de unos preceptos cuando -cual acontece en el caso presen te- la cita de los mismos se contiene en un considerando que los incluye a mayor abundamiento; razones por las que ha de claudicar también este décimo y último motivo del recurso.

7. El rechazo de los diez motivos comporta el del recurso en ellos fundado, con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas en el mismo, por aplicación de lo dispuesto en el artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su antigua redacción , aplicable al caso por estar vigente al tiempo de interponer el recurso.

   Por lo expuesto, en nombre del Rey por la autoridad conferida por el pueblo español.

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la Compañía Mercantil Transportes Campeador, Sociedad Anónima, contra la sentencia de siete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos . Condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso; y a su tiempo, comuniqúese esta resolución a la expresada Audiencia, con devolución a la misma de las actuaciones que remitió.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Jaime de Castro García. - Mariano Martín Granizo Fernández.- Matías Malpica González Elipe. Ramón López Vilas.- Eduardo Fernández Cid de Temes. Rubricado.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo. Sr. don Ramón López Vilas, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario, certifico. Antonio Docavo. Rubricado, et

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