STS 94/1979, 20 de Marzo de 1979

Violación del artículo 1.413 del Código Civil , que, en su redacción vigente al tiempo de los hechos de autos, dada por Ley de 24 de abril de 1958 , establecía que el marido podrá enajenar y obligar, a título oneroso, los bienes de la sociedad de gananciales, pero necesitará el consentimiento de la mujer o, en su defecto, autorización judicial, para estos actos de disposición sobre inmuebles. Y la sentencia recurrida, con olvido de este precepto de una total claridad, niega la nulidad y; por tanto, considera válidos los convenios de enajenación de vuelo de la finca de autos realizados por el difunto don Pedro Francisco , sin el consentimiento de la recurrente doña Carmen , a pesar de reconocerse que el régimen patrimonial de este matrimonio era el de gananciales. En efecto, ha de partirse de la existencia de unos elementos que condicionan el fallo de este particular, a saber: Que el matrimonio se contrajo en régimen de gananciales, por proceder de provincias de derecho común ambos consortes y no haber adquirido regionalidad catalana todavía cuando se casaron; que al enajenar el esposo el derecho de vuelo sobre una finca, adquirida a título oneroso en 27 de diciembre de 1973 (el matrimonio se había celebrado el 10 de marzo de 1950), dispuso de un inmueble que tenía la consideración de ganancial; y que la esposa doña Carmen , no apareció como otorgante de tal disposición, ni en los convenios privados de que se ha hecho mérito en los antecedentes, ni tampoco con posterioridad. Los dos primeros extremos, relativos a la condición de ganancial del inmueblede autos, y de su disposición o enajenación por el marido, aparecen admitidos por la sentencia recurrida, de manera que la cuestión controvertida aparece circunscrita al examen del tercer punto, o sea al consentimiento, directo o indirecto, expreso o tácito, de la esposa al citado acto de disposición de su cónyuge. La sentencia de la Audiencia, como antes la del Juzgado, se esfuerza en solucionar este punto con consideraciones, de tipo ético, ante la ausencia de datos que permitan afirmar la existencia del citado consentimiento, en el presente recurso se prueba que no sólo no concurren razonamientos jurídicos que abonen dicha existencia sino tampoco motivos de orden moral que la apoyen. Respecto á los primeros, la contundencia y claridad del mencionado artículo 1.413 del Código Civil sólo podría ceder ante un precepto posterior y vigente va la sazón de los hechos de autos que lo modificara o paliara: Este precepto no existe. La sentencia recurrida tiene que admitir, como admite, la necesidad de un consentimiento de la mujer, y desde luego tal consentimiento puede ser expreso, tácito o de ratificación de lo actuado por el esposo, pero tiene que existir de manera clara e indudable, y en el presente caso no existe, antes al contrario, en la primera ocasión, la de este pleito, en que la esposa pudo manifestar su voluntad, ella fue contraria a lo actuado por su marido, por las razones que se alegaron en la contestación a la demanda y que además son obvias., La sentencia recurrida, más que consentimiento tácito, lo que tiene en cuenta es un consentimiento presunto de la esposa derivado de la pasividad de ésta, antes del juicio, y en no protestar de la edificación, cuya sentencia se remite a la de primera instancia, la cual presumía dicho consentimiento por: a), la armonía conyugal existente; b), la aceptación por la demandada de la edificación; c), la no alusión del tema de una denuncia formulada ante la Guardia Civil. Referente a tales razonamientos alega fundamentalmente la consideración esencial de que, si bien la esposa estaba de acuerdo con la edificación, que conocía y que pudo realizarse por el sistema normal y ordinario de administración, lo que no implicaba la enajenación del derecho de vuelo, no lo estaba con esta propia enajenación, que no sólo no le fue manifestada por el esposo, sino que le fue ocultada, como se deduce del documento obrante en los autos en el que el marido, contraviniendo a la verdad, se producía como casado en régimen de separación de bienes. Es así, como la presunción establecida por la sentencia recurrida, no es de apreciar sino en todo caso en el sentido contrario de que la mujer no había aceptado la enajenación del vuelo; y en cualquier caso no puede actuar en el sentido de la sentencia, habida cuenta de los mismos preceptos que cita el Juez "a quo», o sea los artículos 1.249 y 1.253 del Código Civil , que solamente permiten las presunciones cuando el hecho de que han de deducirse esté completamente acreditado y que entre los hechos demostrados -conocimiento por la esposa de las obras- y que aquel que se trate de deducir -el conocimiento de la modalidad dispositiva de los tratos entre el esposo y los constructores- haya un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano. Si en algún momento los demandantes llegaron a sospechar la oposición de la demandada a la enajenación del vuelo del edificio -como parece demostrarlo el añadido de que el esposo se regía por el régimen de separación de bienes- debieron haber actuado de otra forma, y no llevando adelante por las buenas una actuación, especulando con la fuerza del hecho consumado. Una interpretación del artículo 1.413 del Código Civil tan laxa como es a que se da en la sentencia impugnada equivaldría a dejar escapar toda la fuerza que la nueva redacción del precepto suponía como progreso en la protección de los intereses de la mujer casada en régimen de derecho común. Y en cuanto al elemento ético, no cabe alegarlo para deducir que la esposa recurrente se produce con abuso en este juicio, primero porque su negativa a la aceptación del contrato no es gratuita sino qué se apoya- en unos perjuicios que más concretamente quedaron establecidos en la demanda reconvencional; y de cuya discutida existencia es claro exponente este juicio; y en segundo lugar porque, en cualquier caso, no se trata de privar a los actores de su fuerza, puesto que se les admite y por lo dicho, ya es bastante admitir en este caso su condición de constructores de buena fe, con todas las consecuencias que establece el artículo 361 del Código Civil, en relación con los 453 y 454 del mismo Código , que en esencia coinciden con el artículo 278 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña.

(Para el supuesto de que no se diera lugar a la casación fundada en el motivo anterior) Interpretación errónea del artículo 1.258 del Código Civil , en cuanto que, los actores, que se habían, obligado a construir de acuerdo con las ordenanzas municipales, que establecían la obligación de retirar tres metros la construcción en la parte trasera de la finca, no lo efectuaron en cuanto a la planta baja sobre la que apoyaron las plantas superiores sin efectuar obras siquiera en previsión de dicho retranqueo, cuyo artículo es interpretado erróneamente por la sentencia recurrida que no lo tiene en cuenta para obligar a dichos constructores a efectuar las citadas obras de retranqueo, como así lo había dispuesto la sentencia emitida por el Juez "a quo». Este punto que había sido fallado favorablemente a las pretensiones de la demanda reconvencional por el Juzgado, fue, considerado de manera contraria por la Sala de apelación. Los supuestos de hecho, que ya han sido esbozados en los antecedentes de este escrito, son los siguientes: a) La construcción debía realizarse de acuerdo con las ordenanzas, municipales y con planos suscritos por Arquitecto competente (pacto tercero del convenio), b) Según las ordenanzas municipales y licencia de obras concedida, el muro trasero de la planta baja debía ser retirado a 30 metros de la fachada de la calle Farhés (hecho reconocido por todos), c) Este retranqueo no se realizó; pues según oficio del Ayuntamiento "la fachada posterior de las plantas sótano y bajos no se ha retirado a la distancia de 30 metros, contados desde la calle, no ajustándose las obras al proyecto autorizado por lo que respecta a lasmencionadas plantas». (Se refiere al proyecto del Arquitecto señor Cárceles que sirvió de pauta para las obras). Se(trata, pues, de un incumplimiento flagrante del contrato, ya que si bien en el convenio no se hacía mención de la retirada de sótanos y planta baja a la línea mencionada, esta retirada se consignaba en los citados planos, los cuales, como es normal, debían considerarse como parte integrante de dicho convenio. Al no considerarlo así, la sentencia recurrida ha infringido por incorrecta interpretación el citado artículo 1.258 del Código Civil . Ello aparece de manera más clara si se considera: Primero. Que el dictamen pericial, que obra en los autos, indicó que "de modo general, cuando la realineación es condición necesaria para poder realizar la nueva construcción, es a cargo del constructor».-Segundo. Que es de sentido común y por tanto conforme "a la buena fe, al uso y a la Ley», que no puede erigirse una construcción prescindiendo de la corrección del suelo o elemento sobre el que debe asentarse; no sería correcta una construcción sobre la arena, sobre una barraca ni sobre una edificación provisional o que, por imperativo legal o administrativo debe desaparecer, pues precisamente este es el caso de autos, la construcción se ha hecho sobre unos elementos ya condenados a desaparecer.-Tercero., Que el hecho de que, al concertarse los convenios de autos, ya se hubiese pronunciado el Ayuntamiento en cuanto a la necesidad del retranqueo, no implica que tales obras tuvieran que ser a cargo del antiguo propietario demandado, como exoneración de los constructores, quienes edificaron a sabiendas de que permanecía incumplida tal obligación y que, por tanto, debía cumplirse.-Cuarto. Que los planos de la obra de que se trata, confeccionados y presentados por los propios actores a la aprobación del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat -junto con la solicitud de licencia municipal que también a ellos fue concedida- ya reflejaban esta retirada del muro posterior de la planta baja, lo que evidencia el compromiso que los mismos adquirían de realizar la construcción de acuerdo con el obligado retranqueo.-Quinto. Que es conforme "a buena fe, al uso y a la Ley», que las obras "no se empiecen por el tejado» sino por los bajos, y que se consoliden o arreglen dichos bajos antes de levantar sobre los mismos el resto del inmueble, por cuanto que, si bien al dejar de hacerlo -como ocurrió en este caso- los constructores se ahorran considerables gastos, esta conducta no puede merecer el premio de dispensarlos de ejecutar lo necesario para corregir tan anómala situación.-Sexto Que no se ha demostrado que el hecho de edificar en la forma qué sé hizo reportara beneficios al propietario de los bajos en forma de continuidad en la explotación del local, por cuanto que precisamente y como es lógico dicha explotación fue interrumpida por las citadas- obras.-Séptimo. Que carece de toda verosimilitud, la voluntad del propietario demandado de retrasar las obras de retranqueo para después de levantadas tres plantas sobre los bajos, ya que, como puso de relieve el dictamen pericial y os además obvio, tales obras, si bien técnicamente posibles, serían mucho más costosas que si, se hubieran realizado en su debido? tiempo. Por todo ello, si bien del contrato cuestionado no se deriva expresamente la obligación del retranqueo de que se trata, sí que dicho retranqueo se deduce del contexto general de la operación y especialmente de la "buena fe, el uso y la Ley», conceptos que, por no haber sido tenidos en cuenta por la sentencia recurrida, interpretando así erróneamente el artículo 1.258 del Código Civil , deben ser repuestos en la sentencia dictadora mediante la casación pertinente de la resolución recurrida en tal extremo.

Violación, por inaplicación, de los artículos 1.281, 1.284, 1.288 y 1.289 del Código Civil , en cuanto que habiéndose establecido en el convenio de que se trata que en su parte anterior la primera planta que debía entregarse a los demandados constaría del resto de la superficie unida; sin tabiques, de distribución pero con un acabado idéntico al de la vivienda e instalación de luz y agua, la sentencia recurrida, prescindiendo de los citados preceptos sustantivos que regulan la interpretación de los contratos, absolvió a los demandados en reconvención de la obligación de completar la citada parte anterior de la planta primera con la instalación de cocinas, baños, al igual que los servicios de agua y electricidad. En este punto, la sentencia recurrida revocó la de la primera instancia, que había dado lugar a dicha petición de la reconvención. Los argumentos de que se vale al efecto la sentencia recurrida consisten en la afirmación de que es clara la intención contractual de destinar esta dependencia a finalidad distinta de la de vivienda, y lo deduce del término "nave» empleado en el convenio, por estimar que ello significa local de negocio y no vivienda, y de que se pactó que no se realizará en dicha parte tabicación de distribución de dependencias. Para tales argumentos deben ceder ante los siguientes, superiores en número y sobre todo en calidad. En primer lugar debe observarse que no se trata de unos bajos, más propios para local de negocio, sino de una segunda planta en altura; más propia para vivienda. Luego considerar que si bien se excluye la tabicación no se excluye, como hubiera sido obligado, la construcción y colocación de los elementos accesorios del departamento, que nunca se designa como local de negocio, antes al contrario. Así, en el documento de 20 de diciembre de 1973 se dice que "se construirán tres plantas de viviendas», lo que se confirma en la Memoria y planos, lo cuales de relevante y decisivo interés, como es altamente significativa la frase de que "el acabado será el propio de una vivienda» de la que se debía dejar la tabicación para más adelante, pero no su terminación con la colocación de los servicios que le eran propios. En análogos términos se produce el dictamen pericial que expresa que de la Memoria y planos resulta que debe destinarse aún, la parte delantera a vivienda. Por lo demás, nada tiene que ver con la falta de tabicación o con el destino de la dependencia, la inexistencia total y absoluta de los servicios de agua y luz, que acusa dicho dictamen. Y si del convenio no aparece tan claro este, extremo, esta oscuridad no debe favorecer a la parte que redactó elcontrato ( artículo 1.288 del Código Civil ) y contrariamente, si no se habla de local y siempre de viviendas "se estará al sentido literal» ( artículo 1.281 del mismo Código ); y en cualquier caso las citadas cláusulas deben interpretarse en el sentido "más adecuado para que produzca efecto» ( artículo 1.284 del mismo Cuerpo legal ); o en favor de "la mayor reciprocidad de intereses» ( artículo 1.289 del propio Código ), presentes que al haber sido olvidados por la sentencia recurrida, hacen obligada la casación de dicha sentencia en este particular.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Manuel González Alegre Bernardo.

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que tras dejar sentado la recurrida sentencia, el reconocimiento por ambas partes litigantes, de la autenticidad y legitimidad de los documentos privados de 5 de febrero y 20 de diciembre de 1973, suscritos por los actores y don Pedro Francisco causante de los demandados, se declaran como hechos probados, invariables en la resolución del recurso al no ser combatidos, los siguientes: Primero. Que don Pedro Francisco y su esposa, la hoy demandada doña Carmen , se hallaban casados bajo el régimen económico de la sociedad legal de gananciales.-Segundo. Que con el carácter de ganancial, existía una edificación de bajo y sótano, cuyo vuelo cedió don Pedro Francisco a los actores para la construcción de tres plantas de las que la primera sería para el cedente, mediante la entrega de una cantidad de dinero en metálico, y el resto para los demandantes constructores, según aparece convenido en los documentos a los que se hizo referencia.-Tercero. Que dicha cesión y convenio, referente a la construcción de las tres plantas, fue consentido, aunque no lo fuera de forma expresa pero sí de forma tácita, e incluso confirmada por la esposa de don Pedro Francisco , doña Carmen , con cuyo consentimiento contaron los demandantes y tuvieron en cuenta para la confección de los contratos y realización de las obras.-Cuarto. Que el segundo de los indicados documentos solamente alteró el primero en cuanto se sustituye la construcción de un "altillo» al que en este se hace referencia, por la primera de las plantas de las tres a construir, debiendo ser abonado en el momento de su entrega por el señor Pedro Francisco , la cantidad de 93.666 pesetas.-Quinto. Que cubiertas aguas en el plazo de un año desde la concesión de la licencia municipal, aparece cumplida la obligación contraída por la parte actora, surgiendo la correlativa de los demandados, sobre declaración de obra nueva y otorgamiento de la escritura pública correspondiente.-Sexto. Que no existe obligación por parte de los actores constructores de retranquear o retirar en tres metros de profundidad la fachada posterior de la primitiva construcción, por pesar esta obligación sobre el propietario cedente del vuelo con anterioridad al contrato de cesión.-Séptimo. Que la planta, primera de las tres edificadas, cuyo dominio había de pasar al causante de los demandados, consta de una vivienda en la parte trasera y una nave en la delantera sin tabiques de distribución para acomodarlos al destino que quiera darle su propietario, sin perjuicio de que vivienda y nave tengan la misma calidad de materiales y acabado de obra.-Octavo. Que no aparecen daños y perjuicios causados a los actores ni a los demandados reconvinientes.

CONSIDERANDO que por el primer motivo del recurso, amparado en el número 1.° del artículo 1.692, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia la violación del artículo 1.413 del Código Civil , más el motivo ha de ser desestimado con sólo tener en cuenta que al reconocerse en la recurrida sentencia, el carácter de ganancial de la finca, cuyo vuelo fue cedido por el entonces marido de la demandada, doña Carmen , precisamente y en atención a cuanto dispone él precitado artículo con cita expresa del mismo por el Juzgador de instancia, da como probado, del examen y apreciación de la prueba practicada, bien por vía directa como por la de presunciones, - sin que una y otra sea combatida por cauce procedente- el consentimiento por la referida demandada en su condición de esposa, al tiempo de llevarse a cabo tal cesión, con lo que el negocio quedó firme y definitivo sin vicio alguno de anulabilidad por la existencia de dicho consentimiento.

CONSIDERANDO que la propia suerte adversa ha de correr el segundo de los motivos, al denunciarse por la misma vía de su anterior, la interpretación errónea del artículo 1.258 del Código Civil , puesto que se fundamente en la atribución a los actores de la obligación de retirar tres metros la construcción en la parte trasera de la finca sin que por los mismos se diera cumplimiento a la referida obligación, cuando, como sé declara en la sentencia, no resulta o corresponde a los actores, conforme al contrato que les liga con los demandados, pues dicha obligación de retranquear o retirar en tres metros de profundidad la fachada posterior de la primitiva construcción, pesaba sobre el propietario cedente del vuelo con anterioridad al contrato de cesión, y siendo esto así y por lo tanto no habiendo dejado de cumplir los actores obligación alguna impuesta por el contrato, el Juzgador de instancia no incurrió en la denunciada infracción.

CONSIDERANDO que igualmente ha de ser desestimado el tercero y último motivo del recurso, también amparado en el número 1.° del artículo 1.692, de la Ley Procesal , pues aparte del vicio formal, enel que pudiera estar incurso, al denunciar la violación de los artículos 1.281, 1.284, 1.288 y 1.289 del Código Civil , reguladores de la interpretación de los contratos para supuestos tan distintos como los contemplados en cada uno de ellos, es que el Juzgador de Instancia, tras una labor interpretativa del contrato que vincula a las partes, llega a la conclusión de que su intención lo era la de destinar la parte anterior de la planta primera, de las tres a edificar en el vuelo de la cuestionada finca, y que había que pasar al dominio del causante de los demandados a finalidad distinta de la de vivienda, a la que se destinaría la parte posterior; que deduce de la propia literalidad de los términos empleados en el contrato de utilizarse los calificativos bien diferentes y significativos de vivienda y nave, para cada una de las partes posterior y anterior de tan referida planta, sin tabiques de distribución en dependencias, en esta, que permitiese ubicar baños, cocina y establecer puntos de luz y agua, ya que en definitiva habrían de depender de la distribución que a la referida nave pudiera darle su destinatario, interpretación que no cabe calificar de absurda o arbitraria, como se requeriría para que la misma, facultad que corresponde al Juzgador de instancia, fuera revisable en casación y en su caso estimar se hubiere cometido la señalada infracción.

que por lo expresado procede declarar no haber lugar al recurso con imposición de costas a la parte, recurrente por preceptiva del artículo 1.748 de la Ley Procesal Civil . Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley, interpuesto a nombre de don Francisco y don Gregorio y doña Carmen , contra la sentencia que, con fecha 29 de marzo de 1.977, dictó la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona ; condenamos a dicha parte recurrente al pago de las costas; y líbrese al Presidente de la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos originales y rollo de Sala que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado» e insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto, las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Francisco Bonet.-José Beltrán. Andrés Gallardo.-Manuel González Alegre.- José Antonio Seijas. Rubricados.

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, por el excelentísimo señor don Manuel González Alegre Bernardo, Magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, y Ponente que ha sido en estos autos estando celebrando audiencia pública la misma, en el día de su fecha, de que como Secretario, certifico.

Madrid, a 20 de marzo de 1979.-Víctor Dorao.-Rubricado.