STS, 26 de Octubre de 2009

PRIMERO.- La Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña dictó sentencia con fecha 18 de noviembre de 2004 (recurso contencioso-administrativo 714/2000 ) en cuya parte dispositiva se establece:

Estimamos en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de IPUGRA SL, contra Acuerdo de la Subcomisión de Urbanismo del Municipio de Barcelona de 2.10.2000 por el que se aprobó definitivamente la Modificación del Plan General Metropolitano para la renovación de áreas industriales de Poble Nou, Distrito de Actividades 22 @ BCN (DOGC 5.10.2000); únicamente en el sentido de declarar la nulidad de la expresada Modificación: a) en cuanto exige la cesión a favor del Ayuntamiento, de la edificabilidad resultante de aplicar, en las actuaciones de transformación, el coeficiente de 0.3 m2t/m2s; b) en cuanto incrementa este coeficiente hasta el 0.5 % en los ámbitos en que se prevean actuaciones de transformación integradas de amplio alcance para cubrir demandas de infraestructuras de servicios técnicos, dotaciones de aparcamientos y en su caso viviendas de protección pública; y, c) en cuanto exige la cesión del diez por ciento del ámbito de la actuación, para cualquier operación de transformación, para su destino a equipamiento. Desestimando las demás pretensiones de la demanda.

Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas>>.

SEGUNDO.- Para una adecuada comprensión de la controversia planteada en el proceso deinstancia, la sentencia recurrida explica en su fundamento de derecho segundo cuáles eran los argumentos de impugnación aducidos por la demandante Ipugra, S.A. en el proceso de instancia:

· exige la cesión a favor del Ayuntamiento, de la edificabilidad resultante de aplicar, en los ámbitos de transformación, el coeficiente de 0.3 m2t/m2s; y,

· incrementa este coeficiente hasta el 0.5 % (17 % del aprovechamiento total autorizable) en los ámbitos en que se prevean actuaciones integradas de amplio alcance (Cap 6 Operaciones de transformación, de la Memoria del Texto Refundido), para cubrir demandas de infraestructuras de servicios técnicos, dotaciones de aparcamientos y en su caso viviendas de protección pública; cargas que, a su entender, no tienen cobertura en la normativa urbanística de aplicación arriba indicada>>.

Siendo ese el planteamiento de la demandante, la sentencia de instancia fundamenta la estimación (en parte) de las pretensiones de la parte actora haciendo, en lo que aquí interesa, las siguientes consideraciones:

PRIMERO.- En las presentes actuaciones se examinan de forma conjunta los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Barcelona, la entidad "22 arroba BCN, S.A." y la Generalitat de Cataluña contra la sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña de 18 de noviembre de 2004 (recurso contencioso- administrativo 704/2000) en la que, estimando en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de IPUGRA SL, contra Acuerdo de la Subcomisión de Urbanismo del Municipio de Barcelona de 2.10.2000 por el que se aprobó definitivamente la Modificación del Plan General Metropolitano para la renovación de áreas industriales de Poble Nou, Distrito de Actividades 22 @ BCN (DOGC 5.10.2000), se declara la nulidad de lacitada Modificación únicamente en los siguientes aspectos: a) en cuanto exige la cesión a favor del Ayuntamiento, de la edificabilidad resultante de aplicar, en las actuaciones de transformación, el coeficiente de 0.3 m2t/m2s; b) en cuanto incrementa este coeficiente hasta el 0.5 % en los ámbitos en que se prevean actuaciones de transformación integradas de amplio alcance para cubrir demandas de infraestructuras de servicios técnicos, dotaciones de aparcamientos y en su caso viviendas de protección pública; y, c) en cuanto exige la cesión del diez por ciento del ámbito de la actuación, para cualquier operación de transformación, para su destino a equipamiento. Desestimando las demás pretensiones de la demanda.

Han quedado señaladas en el antecedente segundo las cuestiones y pretensiones que planteaba la demandante en el proceso de instancia así como las razones que expone la sentencia recurrida para fundamentar la desestimación del recurso contencioso-administrativo, que en buena medida no vienen sino a reproducir la fundamentación de un pronunciamiento anterior de la propia Sala y Sección 3ª del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pues bien, conocidos tales antecedentes, procede que entremos ya a examinar los motivos de casación que aducen las tres partes recurrentes en casación, cuyo enunciado hemos recogido en los antecedentes tercero, cuarto y quinto. Ahora bien, por razones de sistemática nos ocuparemos en primer lugar de los motivos que se formulan al amparo de lo previsto en el artículo 88.1.c/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción (motivos cuarto y quinto del escrito de la Generalitat de Cataluña) y luego abordaremos los restantes motivos de casación aducidos en los escritos de las tres partes recurrentes, que examinaremos de forma conjunta pues todos ellos no son en realidad sino variaciones o formulaciones apenas diferenciadas de un mismo argumento central impugnación.

SEGUNDO.- La Generalitat de Cataluña, en su motivo de casación cuarto, alega la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en particular, de los artículos 209.3 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 24 y 120.3 de la Constitución, por incurrir la sentencia en falta de motivación.

Pues bien, el motivo no puede ser acogido pues, con independencia de que los razonamientos expuestos en la sentencia sean o no acertados -de ello nos ocuparemos en los apartados siguientes- lo cierto es que la Sala de instancia justifica la decisión de estimar en parte el recurso contencioso-administrativo y expone las razones por las que, a su entender, son contrarias a derecho las determinaciones de la Modificación del Plan General Metropolitano que resultan anuladas en la parte dispositiva de la sentencia. Es cierto que la sentencia expone tales razones a base de reproducir en su fundamento jurídico tercero buena parte de la fundamentación de otra sentencia anterior de la propia Sala y Sección 3ª del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - sentencia de 6 de mayo de 2004 (recurso contencioso-administrativo 531/2000 )- en la que se resolvía un litigio semejante; pero, siendo ello así, y con las explicaciones complementarias que se ofrecen en el fundamento cuarto de la sentencia ahora recurrida, lo cierto es que la decisión debe considerarse suficientemente motivada, no pudiendo apreciarse en ella, por tanto, el defecto de motivación que se le reprocha.

Tampoco puede ser acogido el motivo quinto del escrito de la Generalitat de Cataluña en el que se alega nuevamente la infracción de los citados artículos 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 24 de la Constitución por incurrir la sentencia en incongruencia interna, esto es, incongruencia entre la parte dispositiva y los argumentos utilizados para su fundamentación. No existe en realidad tal contradicción o incongruencia interna de la sentencia. Sucede, sencillamente, que la representación de la Generalitat no comparte la interpretación de la disposición transitoria primera de la Ley autonómica 2/2002, de 14 de marzo , sostenida por la Sala sentenciadora; pero se trata sólo de una discrepancia de parecer sobre el significado y alcance de dicho norma transitoria, sin que ello signifique que la sentencia albergue una contradicción interna en este punto.

TERCERO.- Los restantes motivos de casación aducidos, tanto los del Ayuntamiento de Barcelona (motivos primero, segundo y tercero) como los formulados por la representación de la entidad 22 arroba BCN, S.A. (motivo único) y por la Generalitat de Cataluña (motivos primero, segundo y tercero), responden, como ya hemos apuntado, a un mismo argumento central de impugnación, si bien alguno de ellos (el motivo tercero del Ayuntamiento y el segundo de la Generalitat) requerirán que les dediquemos una consideración específica.

En este grupo de motivos de casación al que ahora nos referimos se alega la infracción de los artículos 3, 5 y 14.2 y disposición transitoria primera de la Ley 6/1998, de 13 de abril , sobre el régimen del suelo y valoraciones, así como del artículo 47 de la Constitución y de la jurisprudencia aplicable, sosteniendo los recurrentes que tales preceptos han sido vulnerados porque la sentencia recurrida afirma que no es aplicable al caso el artículo 14 de la Ley 6/1998 , que regula los deberes de los propietarios de suelo urbano distinguiendo según que dicho suelo esté o no consolidado, por haber entendido la Sala de instancia que el único precepto aplicable es el artículo 120 del texto refundido de disposiciones legalesvigentes en Cataluña en materia urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio ; y que tampoco sería de aplicación al caso, por ser norma posterior, lo dispuesto en la Ley autonómica 2/2002, de 14 de marzo , de Urbanismo de Cataluña. Y, en efecto, la sentencia recurrida termina anulando las determinaciones de la Modificación del Plan Metropolitano en las que se impone los deberes de: a) cesión a favor del Ayuntamiento, de la edificabilidad resultante de aplicar, en las actuaciones de transformación, el coeficiente de 0.3 m2t/m2s; b) incremento de este coeficiente hasta el 0.5 % en los ámbitos en que se prevean actuaciones de transformación integradas de amplio alcance para cubrir demandas de infraestructuras de servicios técnicos, dotaciones de aparcamientos y en su caso viviendas de protección pública; y, c) cesión del diez por ciento del ámbito de la actuación, para cualquier operación de transformación, para su destino a equipamiento.

En dos de los motivos de casación que estamos examinando (el motivo tercero del Ayuntamiento y el segundo de la Generalitat) se alega la vulneración de los artículos 3, 5 y de la Ley 6/1998, de 13 de abril , y del artículo 47 de la Constitución, en cuanto se refiere a la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos y el necesario reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados del planeamiento entre todos los propietarios afectados por actuación urbanística. Ahora bien, tanto la participación de la comunidad en las plusvalías como el reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados del planeamiento han de materializarse de conformidad con las previsiones legales tendentes a la realización de tales objetivos, por lo que para saber si aquellos principios han resultado vulnerados será necesario determinar primero el régimen legal de deberes a que están sujetos los propietarios y, en fin, si las determinaciones del planeamiento se ajustan o no a dicho régimen legal. Y ello obliga a determinar si en el caso que nos ocupa es aplicable el régimen de deberes previsto en el artículo 14 de la Ley 6/1998, de 13 de abril , sobre el régimen del suelo y valoraciones, o si, como señala la sentencia recurrida, habrá de atenderse únicamente a lo dispuesto en el artículo 120 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia urbanística

Pues bien, queda desde ahora señalado que la interpretación que realiza la Sala de instancia, que antes hemos dejado reseñada, no es ajustada a derecho. Veamos.

CUARTO.- La cuestión que acabamos de enunciar ha sido ya examinada por esta Sala en diversas ocasiones, siendo muestra de ello, entre otras, nuestras sentencias de 28 de enero de 2008 (casación 996/04), 19 de mayo de 2008 (casación 4137/04), 2 de junio de 2008 (casación 3442/04), 10 de junio de 2008 (casación 7021/04), 23 de septiembre de 2008 (casación 4731/04), 10 de noviembre de 2008 (casación 7021/04) y 23 de julio de 2009 (casación 1573/05 ). De esta sentencia citada en último lugar extraemos los siguientes párrafos:

Sin que ello suponga ignorar las atribuciones de las Comunidades Autónomas a la hora de trazar los criterios de diferenciación entre el suelo urbano consolidado por la urbanización y el suelo urbano carente de urbanización consolidada, debe notarse que las sentencias del Pleno del Tribunal Constitucional STC 164/2001, de 11 de julio, y 54/2002, de 27 de febrero , hacen esa indicación sobre el ámbito de decisión de las Comunidades Autónoma en este punto -que deberán ejercer "en los límites de la realidad"- al mismo tiempo que declaran conforme a la Constitución el distinto régimen previsto en la Ley 6/98 para esas dos categorías dentro del suelo urbano. Por ello, la efectividad de las determinaciones contenidas en una norma a la que expresamente se reconoce la consideración de básica no puede quedar supeditada a que el ordenamiento urbanístico autonómico regule la subclasificación de suelo urbano carente de urbanización, ya que se trata de una circunstancia de hecho determinante de unos deberes impuestos legalmente a los propietarios de suelo urbano, de manera que la ordenación de las clases de suelo prevista en elordenamiento urbanístico autonómico de Cataluña no puede condicionar el cumplimiento de la norma básica contenida en el artículo 14 de la Ley 6/1998, del Suelo y Valoraciones que, como ya hemos señalado, es aplicable desde su entrada en vigor al suelo urbano (disposición transitoria primera ). A lo que cabe añadir que la constitucionalidad de la disposición transitoria primera de la Ley 6/1998 , de la que resulta la efectividad inmediata de los deberes urbanísticos que establece el artículo 14 de la misma Ley , ha sido expresamente declarada en la mencionada STC de 11 de julio de 2001 .

En línea con lo anterior, y dejando a salvo una vez más el margen de apreciación que corresponde a las Comunidades Autónomas para la determinación del concepto de suelo urbano no consolidado por la urbanización -determinación que debe hacerse, no se olvide, en los límites de la realidad-, conviene recordar la doctrina establecida en sentencias de esta Sala - sentencias de 31 de mayo de 2006 (casación 1835/03), 26 de octubre de 2006 (casación 3218/03), 31 de enero de 2007 (casación 5534/0) 20 de marzo de 2007 (casación 6590/03) y 10 de abril de 2007 (casación 7342/03 ), en las que hemos señalado algunos criterios que permitan, a falta de norma autonómica específica, deslindar las categorías de suelo urbano consolidado y no consolidado. Sin necesidad de reiterarlas ahora, la existencia de tales pautas jurisprudenciales no viene sino a confirmar que la falta de definición en la legislación autonómica de Cataluña del concepto de suelo urbano carente de urbanización consolidada no puede impedir la aplicación de la norma estatal básica cuya efectividad inmediata ha sido expresamente querida por el legislador. Por lo demás, el Ayuntamiento recurrente pone de manifiesto en el último apartado de su escrito (alegación cuarta), y el dato no ha sido contradicho, que los terrenos incluidos en los polígonos de actuación del Plan Especial del Puerto de Badalona pertenecen la categoría de suelo urbano carente de urbanización consolidada sin que tal condición en ningún momento haya sido cuestionada por el órgano que otorga la aprobación definitiva.

CUARTO.- La discordancia entre lo dispuesto en el texto refundido de disposiciones legales vigentes en Cataluña en materia urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio , que no contempla la cesión del aprovechamiento urbanístico que estamos analizando, y lo establecido en el artículo

14.2.c/ de la Ley 6/1998 , que impone tal deber, ha de resolverse confiriendo prevalencia a este precepto estatal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 149.3 de la Constitución, dado que se trata de una norma básica en una materia, concretamente la de los deberes de los propietarios de suelo urbano, de la competencia exclusiva del Estado, cuyo cumplimiento no se puede eludir aunque en el ordenamiento urbanístico autonómico no se encuentre regulada la subclasificación del suelo urbano no consolidado por la urbanización....>>.

Trasladando esa doctrina al presente litigio, es claro que las determinaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley/1998 son de entera aplicación al caso que nos ocupa, debiendo por ello concluirse que la sentencia recurrida es contraria a derecho, acogiéndose los motivos de casación que afirman la efectiva y plena aplicabilidad de aquella norma.

QUINTO.- Lo hasta aquí expuesto supone, una vez declarado que la sentencia recurrida ha de ser casada, que debemos resolver lo que corresponda en los términos en que aparece planteado el debate (artículo 95.2.d/ de la Ley reguladora de esta Jurisdicción). Y para ello, según hemos visto, es obligado que nos atengamos a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 6/1998, de 13 de abril , sobre el régimen del suelo y valoraciones, que en sus diferentes apartados impone a los propietarios de suelo urbano carente de urbanización, no consolidado, los deberes de cesión obligatoria y gratuita del suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local; cesión obligatoria y gratuita del suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya en el ámbito correspondiente a efectos de su gestión; cesión obligatoria y gratuita del suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento del correspondiente ámbito (con posibilidad de que la legislación urbanística reduzca ese porcentaje máximo de cesión); distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento; costear y, en su caso, ejecutar la urbanización; y, en fin, edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento.

Así las cosas, hacemos enteramente nuestras las consideraciones que expuso la Sala de instancia -y sobre las que no ha existido controversia en casación- en relación con los costes de urbanización. Por lo demás, debe entenderse que, de las determinaciones del planeamiento controvertidas, es ajustada a derecho la que impone a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito de la actuación la cesión del diez por ciento del aprovechamiento, para cualquier operación de transformación, para su destino a equipamiento, por ser dicha obligación de cesión plenamente incardinable en la disposición contenida en el artículo 14.2.c/ de la Ley 6/1998, de 13 de abril .

Por el contrario, deben ser consideradas contrarias a derecho y declaradas nulas las determinaciones de la Modificación del Plan General Metropolitano por las que se exige la cesión a favor del Ayuntamientode la edificabilidad resultante de aplicar, en las actuaciones de transformación, el coeficiente de 0.3 m2t/m2s y se incrementa este coeficiente hasta el 0.5 % en los ámbitos en que se prevean actuaciones de transformación integradas de amplio alcance para cubrir demandas de infraestructuras de servicios técnicos, dotaciones de aparcamientos y en su caso viviendas de protección pública. Se trata de determinaciones que no encuentran sustento en ninguno de los apartados del mencionado artículo 14.2 de la Ley 6/98 ; y tampoco se ha justificado, ni alegado siquiera, que tengan cobertura específica en ninguna otra norma de rango estatal o autonómico. Por tanto, debe ser desestimada la pretensión de Ipruga, S.A. de que se declare la nulidad de tales determinaciones.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción , no procede imponer las costas de la instancia a ninguno de los litigantes, corriendo cada parte con las suyas en lo que se refiere a las de la casación.

Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, así como los artículos 86 a 95 de la Ley de esta Jurisdicción.

1. Ha lugar al recurso de casación interpuesto en representación de el AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, la GENERALIDAD DE CATALUÑA y la entidad "22 arroba BCN, S.A." contra la sentencia de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña de 18 de noviembre de 2004 (recurso contencioso-administrativo 704/2000), que ahora queda anulada y sin efecto.

2. Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto en representación de representación de IPUGRA S.A. contra el acuerdo de la Subcomisión de Urbanismo del Municipio de Barcelona de 2 de octubre de 2000 por el que se aprobó definitivamente la Modificación del Plan General Metropolitano para la renovación de áreas industriales de Poble Nou, Distrito de Actividades 22 @ BCN (Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de 5 de octubre de 2000), únicamente en el sentido de declarar la nulidad de la Modificación en los siguientes extemos: a) en cuanto exige la cesión a favor del Ayuntamiento, de la edificabilidad resultante de aplicar, en las actuaciones de transformación, el coeficiente de 0.3 m2t/m2s; b) en cuanto incrementa este coeficiente hasta el 0.5 % en los ámbitos en que se prevean actuaciones de transformación integradas de amplio alcance para cubrir demandas de infraestructuras de servicios técnicos, dotaciones de aparcamientos y en su caso viviendas de protección pública; con desestimación de las demás pretensiones de la demanda.

3. No hacemos imposición de costas en el proceso de instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en el recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Eduardo Calvo Rojas, estando la Sala celebrando audiencia pública, lo que, como Secretario, certifico.