SAP Zaragoza 247/2014, 14 de Julio de 2014
| Ponente | ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER |
| ECLI | ES:APZ:2014:1377 |
| Número de Recurso | 223/2014 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 247/2014 |
| Fecha de Resolución | 14 de Julio de 2014 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Zaragoza, Sección 5ª |
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5
ZARAGOZA
SENTENCIA: 00247/2014
SENTENCIA núm 247/2014
ILMOS. Señores:
Presidente:
D. PEDRO ANTONIO PÉREZ GARCÍA
Magistrados:
D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER
D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO
En ZARAGOZA, a catorce de julio de dos mil catorce
En nombre de S.M. el Rey,
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000603 /2013, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 11 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000223 /2014
, en los que aparece como parte apelante, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 PARCELA, PARCELA NUM000 de Zaragoza, situada en c/ DIRECCION001 NUM001 - NUM002, ESQUINA c/ DIRECCION002 NUM003 - NUM004, ESQUINA c/ DIRECCION003 NUM005 - NUM006 de Zaragoza, representada por el Procurador de los tribunales, Sr./a. JUAN LUIS SANAGUSTIN MEDINA; y asistida por el Letrado D. JOAN RIBO SANTACREU; y como parte apelada, ORONA S. COOP., representada por el Procurador de los tribunales, Sr./a. PABLO HERRAIZ ESPAÑA; y asistida por el Letrado D. ROGELIO MARTINEZ PEREZ; siendo el Magistrado-Ponente el Ilmo. SR. D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER.
Se aceptan los de la sentencia apelada núm. 71, dictada en fecha 4 de abril del 2014, cuyo FALLO es del tenor literal: "FALLO.- Que estimando la demanda promovida por JUICIO ORDINARIO NÚM. 603/J-2013, instado por el Procurador Sr. Herraiz España, en nombre y representación de ORONA,S.L., contra COMUNIDADES DE PROPIEATRIOS DIRECCION000 PARCELA NUM000, DIRECCION001 NUM001
- NUM002, DIRECCION002, nº NUM003 - NUM004 y DIRECCION003, nº NUM005 - NUM006
, representada por el Procurador Sr. Sanagustín, DEBO DECLARAR Y DECLARO que la demandada ha resuelto el contrato de mantenimiento de manera injustificada y, consecuencia de ello, DEBO CONDENAR Y CONDENO a dichas demandadas a que paguen a la actora 12.872,93 euros, en concepto de principal, más el interés legal de dicha suma desde la fecha de la interposición judicial de la demanda, condenándola asimismo al pago de las costas procesales".
Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de la parte demandada se interpuso contra la misma recurso de apelación. Y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso; remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.
Recibidos los Autos (1 tomo de 136 folios), junto con 1 CD de la grabación de la vista; y una vez personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado.
No considerando necesaria la celebración de vista, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 30 de junio del 2014
En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.
Se aceptan en parte los de la sentencia recurrida, y
Entre la parte actora (empresa de mantenimiento de servicio de ascensores) y la demandada (Comunidad de propietarios receptora de dicho servicio) existía una relación regulada por el contrato de 1-10-2010, que constituía una renegociación del pacto previo de 1-6-2008.
En el contrato litigioso se pactó la posibilidad de resolución unilateral, si bien con una cláusula penal indemnizatoria.
El 21-6-2013 la Comunidad de Propietarios resolvió el contrato, por lo que ahora la empresa ("ORONA") reclama una indemnización por daños y perjuicios correspondiente cuantitativamente al 25% de dicha cláusula penal. Renuncia a exigir ésta por mor de la última jurisprudencia existente al respecto y divide su pretensión indemnizatoria en dos conceptos: a) 15% por lucro cesante (que en algún momento identifica con el beneficio industrial perdido por la resolución anticipada de contrato) y b) 10% por daños (gastos de personal y material que no puede redistribuir).
Se opone a dicha pretensión la Comunidad demandada. Porque la actora cumplía mal sus obligaciones; porque la cláusula penal resulta abusiva y, por ende, inaplicable y por no probar los perjuicios que reclama.
La sentencia de primera instancia estima íntegramente la demanda y recurre la demandada.
Considera ésta que no se ha probado por "ORONA" que cumpliera adecuadamente el contrato. Debería de haberse declarado la nulidad de cláusula penal. Y, por fin, no ha acreditado la demandante los daños y perjuicios que reclama.
No es la parte actora la que debía de probar que no cumplía defectuosamente el contrato, sino la demandada que apoya en tal incumplimiento una resolución contractual causal ( art. 1124 C.c. en relación con el 217 LEC ). Pero, además, la prueba practicada tampoco permite concluir que haya existido por parte de la demandante un incumplimiento merecedor de la resolución contractual.
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