ATS 1103/2014, 26 de Junio de 2014
| Ponente | JOSE RAMON SORIANO SORIANO |
| ECLI | ES:TS:2014:6024A |
| Número de Recurso | 305/2014 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Número de Resolución | 1103/2014 |
| Fecha de Resolución | 26 de Junio de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Junio de dos mil catorce.
Por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Oviedo se dictó sentencia con fecha 19 de noviembre de 2013 en autos con referencia de rollo de Sala nº 18/2013 , tramitados por el Juzgado de Instrucción de Cangas de Narcea como procedimiento abreviado nº 35/12, en la que se absolvía a Tatiana y a Cayetano de los delitos continuado societario de falsedad de cuentas y administración desleal así como de apropiación indebida de los que habían sido acusados.
Contra dicha sentencia se presentó recurso de casación por el Procurador de los Tribunales D. Antonio Piña Ramírez, actuando en representación de Adela y de Estanislao , quienes actúan en la condición procesal de acusación particular, con base en 6 motivos:
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Por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
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Por quebrantamiento de forma con base en el artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
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Por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
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Por quebrantamiento de forma con base en el artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
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Por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
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Por infracción de precepto constitucional con base en los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
Como parte recurrida figuran Tatiana y Cayetano , quienes actúan bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales D. Luis Ortiz Herráiz.
Remitidas las actuaciones para informe del Ministerio Fiscal y de la defensa, ambos interesaron la inadmisión del mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Excmo. Sr. Magistrado D. Jose Ramon Soriano Soriano.
ÚNICO.- Por razones de sistemática se analizarán conjuntamente todos los motivos formalizados ya que, con independencia de las diferentes vías procesales utilizadas para su planteamiento, analizado su contenido se constata que coinciden en cuanto al fondo de las cuestiones planteadas.
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Se alega en síntesis vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber respondido el Tribunal de instancia a las alegaciones acusatorias relativas al periodo temporal posterior al año 2008, sobre el cual no efectúa las valoraciones probatorias pertinentes ni se pronuncia y por haber utilizado la Audiencia la fórmula de no considerar probados determinados hechos.
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El derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución suficientemente motivada haciendo comprensible a las partes y, en general, a la sociedad, el fundamento racional, fáctico y jurídico de la decisión judicial, aunque la misma sea perjudicial al acusado, sin que tal cometido imponga la necesidad de que la motivación sea pormenorizada o exhaustiva, siendo suficiente una escueta exposición de la misma ( SSTS 69/2007 y 403/2007, de 16 de diciembre ) quedando salvaguardado cuando el justiciable, después de un juicio con plenas garantías, recibe del órgano jurisdiccional una respuesta fundada en derecho a todas y cada una de las pretensiones aducidas con independencia de que tal respuesta sea estimatoria o desestimatoria ( SSTS 170/2010 y 436/2010 )
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Relatan los hechos probados de la sentencia recurrida que el 12 de mayo de 1994 , los acusados Tatiana y Cayetano , junto con su tío, Estanislao y la esposa de éste, Adela , constituyeron la Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada "Transportes Fernández Magadan S.L.", mediante otorgamiento de escritura pública ante notario, con un capital de 3.000.000 ptas., que se desembolsó a iguales partes por cada uno de los socios, constituyendo el objeto social, con carácter principal, el transporte en general de mercancías por carretera. Se nombró administradora única, por plazo de 10 años, a Tatiana , por ser la titular del certificado de capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de transporte interior de mercancías, quien llevaba al corriente la contabilidad de la empresa a través de los apuntes internos que verificaba, si bien la contratación y explotación propia de la actividad negocial, que constituía el objeto social, la desarrollaban personalmente Cayetano y Estanislao . No consta que los acusados, previamente concertados, y con la finalidad de causar un perjuicio al resto de los socios, realizaran apuntes y disposiciones de dinero de la sociedad en su favor por importe de 143.757,4 euros o por la suma de 168.944,41 euros, o falsearan las cuentas sociales.
De la lectura de los motivos del recurso se infiere que, a través del derecho a la tutela judicial efectiva, pretende la acusación particular modificar los hechos declarados probados, discrepando de la conclusión del Tribunal de instancia relativa a la ausencia de prueba relativa a la comisión de los hechos. A tal efecto, revisa la parte recurrente el análisis probatorio de la Sala de instancia con el fin de intentar acreditar la certeza de los hechos objeto de acusación y conseguir así en esta instancia, tal como se desprende del suplico del recurso de casación, un fallo condenatorio contra el acusado.
Pues bien, lo primero que procede advertir es que al hallarnos ante una sentencia absolutoria, y no habiéndose practicado por razones procesales obvias nuevas pruebas en esta instancia de casación ni oído tampoco el acusado, la posibilidad de modificar el criterio probatorio de la Audiencia en contra del reo resulta en este caso prácticamente inviable.
La parte recurrente pretende que se declaren probados "ex novo" en esta instancia los hechos que se atribuyen al acusado, una vez que la Audiencia no los ha considerado ciertos en su parte nuclear. Esta pretensión incriminatoria nos sitúa en el ámbito de la cuestión procesal relativa a la posibilidad de condenar "ex novo" o agravar en segunda instancia la condena de un acusado sin celebrar una vista oral para oírle o incluso para practicar prueba. Esa opción, tal como se acaba de advertir, ha sido jurisprudencialmente descartada por vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías (principios de inmediación y contradicción) y el derecho de defensa.
Así lo tiene establecido reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( SSTC 2/2010 , 127/2010 , 45/2011 , 46/2011 , 142/2011 y 201/2012 ), entre otras muchas), jurisprudencia que a su vez acoge la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos plasmada en diferentes sentencias. Entre las más recientes: sentencia de 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero contra España ; de 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras contra España y la de 27 de noviembre de 2012, caso Vilanova Goterris y Llop García contra España .
De igual manera la jurisprudencia de esta Sala de Casación ha acogido los criterios interpretativos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional y los ha trasladado al recurso de casación. Y así se comprueba que en la, conforme a la jurisprudencia de esta Sala (STS 881/2013 , por citar de las más recientes, con mención de numerosos precedentes), se ha considerado que no procede la condena "ex novo" en casación de un acusado que haya resultado absuelto en el juicio de instancia cuando la condena requiere entrar a examinar y modificar la convicción sobre los hechos, dado que ello exigiría la celebración previa de una comparecencia de los acusados para ser oídos, eventualidad que no está prevista actualmente en la sustanciación procesal del recurso de casación, por lo que habría que establecer un trámite específico para ello, alterándose en cualquier caso la naturaleza y el alcance del recurso.
No cabe, pues, que esta Sala de casación entre ahora a examinar la verificación probatoria de los elementos objetivos y subjetivos del delito continuado societario de administración desleal en concurso de normas con el continuado de apropiación indebida y continuado societario de falsedad de cuentas que la recurrente le atribuye al acusado, ya que para ello habría que cumplimentar las garantías procesales que impone la jurisprudencia citada supra. Y ello no resulta factible en esta instancia, visto lo acordado en el Pleno no jurisdiccional celebrado el pasado 19 de diciembre. En él se decidió que: "La citación del acusado recurrido a una vista oral para ser oído personalmente antes de la decisión del recurso ni es compatible con la naturaleza de la casación, ni está prevista en la ley". Por otra parte, es asimismo jurisprudencia de esta Sala que la parte tiene derecho a una decisión fundada en derecho, y por tanto a una resolución que explique los pasos esenciales que le permitieron al Tribunal arribar a la absolución, ello es así porque la interdicción de la arbitrariedad en toda decisión judicial opera tanto respecto de toda sentencia condenatoria o absolutoria, y ese riesgo de arbitrariedad opera en ambos sentidos ( SSTC 390/2003 y 1532/2004 ; SSTS 1115/2009 y 2133/2010 ).
Partiendo de dichas premisas, se observa que en el apartado correspondiente a la justificación probatoria de los razonamientos jurídicos de la resolución impugnada explica la Audiencia el resultado de la prueba practicada, efectuando las pertinentes valoraciones a la hora de explicar las razones por las que considera que no ha resultado suficientemente acreditada la autoría del conjunto de todos los hechos imputados a los acusados.
En este orden de ideas expone el resultado de la testifical de varias personas, entre las que se encuentra el hijo de los recurrentes, que afirman que aquéllos tenían pleno conocimiento de que la empresa operaba con dinero negro, que conocían perfectamente su verdadera situación económica, los problemas que existían y la falta de corrección de la contabilidad, así como que las decisiones eran adoptadas por todos los socios.
Por otra parte, la Audiencia no otorga credibilidad al testimonio de los hoy recurrentes, manifestando que concurre en los mismos un sesgo de insinceridad y, tras contrastarlo con el de los demás testigos, concluye que intervenían en la gestión diaria de la empresa dando órdenes a los trabajadores y tomando decisiones sobre su funcionamiento, por lo que no cabe considerar probados los hechos objeto de acusación.
El respeto a los principios de inmediación, contradicción y publicidad, y también el de defensa impide, como hemos dicho, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que los órganos de la revisión modifiquen la valoración de tales pruebas sin haberlas practicado de forma directa y personal en la instancia de revisión. Es por ello que la pretensión de revisión de la prueba que el recurrente, acusación particular, en realidad plantea con base en la vía procesal elegida para formalizar su queja, carece de posibilidad de ser estimada por no realizar esta Sala la percepción de la prueba y no disponer de la presencia del acusado para poder expresar su defensa, ajustándose la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia a los parámetros de motivación y racionalidad exigibles, no cabiendo en modo alguno ser calificada como ilógica, irracional o arbitraria, por lo que no se ha producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se denuncia.
Por dichas razones, se han de inadmitir los motivos invocados al ser de aplicación el artículo 884.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En su consecuencia, se ha de dictar la siguiente:
LA SALA ACUERDA:
NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente así como declaramos la pérdida del depósito constituido por ella.
Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
