ATS, 20 de Marzo de 2014
| Ponente | PEDRO JOSE YAGÜE GIL |
| ECLI | ES:TS:2014:2998A |
| Número de Recurso | 3358/2013 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 20 de Marzo de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veinte de Marzo de dos mil catorce.
PRIMERO .- Por el Procurador de los Tribunales D. Mariano López Ramírez, en nombre y representación de D. ª Marí Luz , se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 11 de septiembre de 2013, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 696/2012 , sobre denegación de visado de residencia por reagrupación familiar.
SEGUNDO .- Por providencia de 15 de enero de 2014 se acordó conceder a las partes el plazo común de diez días para que formularan alegaciones sobre la posible concurrencia de la siguiente causa de inadmisión del recurso: " No haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea haya sido relevante y determinante del fallo de la sentencia impugnada ( artículo 86.4 , 89.2 y 93.2.a) de la LRJCA )."
Han presentado alegaciones las partes personadas, el Sr. Abogado del Estado como parte recurrida y D.ª Marí Luz , como parte recurrente.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro Jose Yague Gil , Magistrado de la Sala
PRIMERO .- La sentencia impugnada desestimó el recurso interpuesto contra sendas resoluciones del Consulado General de España en Santo Domingo (República Dominicana), de 19 de octubre de 2011 -confirmadas en reposición por otra posterior de 18 de enero de 2012- , por las que se denegaron a D. Jose Ángel y D. ª Flor los visados de residencia en España para reagruparse con su madre, la recurrente D. ª Marí Luz .
SEGUNDO .- El artículo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, preceptuando el artículo 89.2 de la expresada Ley , a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la Sentencia.
En definitiva, se precisa hoy para que sean recurribles las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -todas, con abstracción de la Administración autora de la actuación impugnada- que, además de ser susceptibles de casación por razón de la materia o la cuantía del asunto, concurran los siguientes requisitos: A) Que el recurso de casación pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido; B) que esas normas, que el recurrente reputa infringidas, hubieran sido invocadas oportunamente por éste o consideradas por la Sala sentenciadora; C) que el recurrente justifique en el escrito de preparación del recurso que la infracción de las mismas ha sido relevante y determinante del fallo de la Sentencia.
En este caso, el escrito de preparación del recurso no se ajusta a lo que dispone el artículo 89.2 de la Ley jurisdiccional , pues lo que se dice en él al respecto es lo siguiente:
"Los motivos en que ha de fundarse, en principio, el recurso de casación son los previstos en el apartado d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , es decir, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de este debate.
En concreto por infracción del Real decreto 240/2007 de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos miembros de la Unión Europea y de otros parte del Acuerdo sobre el espacio Económico Europeo en relación con la Directiva de la Unión Europea 2004/38.
Por último se considera la infracción de la Jurisprudencia contenida en Sentencias de 28/02/2012 del Tribunal Supremo, Sala 3ª, sección 3ª, recurso 6214/2010 (CENDOJ: 28079130032012100121) y la de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sección 1ª de 18 de noviembre de 2011 , nº 1039/2011 , recurso 1300/2010 (CENDOJ: 28079330012011100980 ), así como de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Pleno) de 09/01/2007 , nº C- 1/2005 sin ánimo exhaustivo."
Por tanto, es evidente que la parte recurrente se limita a citar de forma global y genérica el Real Decreto 240/2007 así como la Directiva de la Unión Europea 2004/38, pero no especifica qué precepto concreto de dichas normas reputa infringido por la sentencia de instancia, y más aún, no justifica ni siquiera mínimamente en qué medida esa infracción tan genéricamente citada ha sido determinante del fallo recurrido; y, en cuanto a la denunciada infracción de la jurisprudencia, no resulta conforme a Derecho, que la parte recurrente omita todo análisis comparativo entre las circunstancias examinadas por las sentencias que se invocan y las que concurren en el presente caso, con lo que se pretende soslayar la exigencia de justificar en el escrito de preparación del recurso por qué se entiende que la sentencia de instancia infringe la doctrina jurisprudencial aducida; por lo que el presente recurso debe ser inadmitido con arreglo a lo previsto en el artículo 93.2.a), en relación con los artículos 86.4 y 89.2, de la Ley de esta Jurisdicción , por estar defectuosamente preparado; no obstando a la anterior conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente con ocasión del trámite de audiencia concedido al efecto, que ya han recibido cumplida respuesta a través de lo expuesto anteriormente en el cuerpo de esta resolución.
TERCERO .- Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional , si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 139. 3 de la citada Ley , fija en 1000 euros la cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida por todos los conceptos.
Por lo expuesto,
Inadmitir el recurso de casación nº 3358/2013 interpuesto por la representación procesal de D ª Marí Luz contra la sentencia de 11 de septiembre de 2013, de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 696/2012 , resolución que se declara firme; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, señalándose como cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida por todos los conceptos la de 1000 euros.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
