SAN, 14 de Octubre de 2013
| Ponente | ANA ISABEL GOMEZ GARCIA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2013:4196 |
| Número de Recurso | 158/2012 |
SENTENCIA
Madrid, a catorce de octubre de dos mil trece.
Visto el presente recurso contencioso administrativo nº 158/12, interpuesto ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por la Procuradora Dª. Ana Isabel Rodríguez Bartolomé, en nombre y representación de Dª. Carla, contra la Resolución del Ministerio del Interior, de fecha 20 de diciembre de 2011, sobre denegación del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, en el que la Administración demandada ha estado dirigida y representada por el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. ANA ISABEL GOMEZ GARCIA, Magistrada de la Sección.
El presente recurso contencioso-administrativo se interpone por la representación procesal de Carla, contra la Resolución del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior, de fecha 20 de diciembre de 2011, que le deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria.
Presentado el recurso, se reclamó el expediente administrativo y se dio traslado de todo ello al actor para que formalizara la demanda, el cual expuso los hechos, invocó los fundamentos de Derecho y terminó por suplicar que, previos los trámites legales pertinentes, se dicte sentencia por la que, estimando el recurso, se admita a trámite la solicitud de asilo de la actora y, por extensión, respecto de su hijo menor, Oscar
, y se conceda a ambos el derecho de asilo, con imposición de costas a la parte demandada. Subsidiariamente, se le autorice la permanencia en España por razones humanitarias.
Formalizada la demanda se dio traslado al Abogado del Estado para que la contestara, el cual expuso los hechos y fundamentos de Derecho y suplicó se dictara sentencia desestimando el recurso, con imposición de costas a la parte recurrente.
Habiendo sido solicitado el recibimiento a prueba del procedimiento, se practicó la que de la propuesta fue declarada pertinente y, evacuado trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos, señalándose para votación y fallo el día 9 de octubre del año en curso en que, efectivamente, se votó y falló.
Se dirige el presente recurso contra la precitada resolución, de 20 de diciembre de 2011, dictada por el Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior, denegatoria del derecho asilo y de la protección subsidiaria solicitada por la recurrente, Carla, nacional de El Salvador.
Se razona en los fundamentos de dicha resolución, como motivos de la denegación del asilo solicitado, en síntesis, que los hechos constitutivos de la persecución alegada no se derivan de los motivos recogidos en el artículo 1.A de la Convención de Ginebra de 1951. Basa su solicitud en alegaciones de persecución por parte de agentes distintos de las autoridades de su país de origen, sin que ni del expediente ni de la información disponible sobre su país de origen se deduzca que estas autoridades hayan promovido o autorizado los hechos alegados, o que el solicitante no haya podido obtener de ellas protección suficiente frente a los mismos. Alega una persecución frente a la cual, según el contenido del expediente y de la información disponible sobre su país de origen, el solicitante puede encontrar protección eficaz en otro lugar de su propio país, al que resulta razonable esperar que se desplace. Parte de los elementos probatorios aportados en apoyo de sus alegaciones no pueden considerarse prueba o indicio de la persecución alegada, ya que acreditan sólo circunstancias personales del solicitante que, en sí mismas, y según la información disponible sobre su país de origen, no determinan necesariamente la existencia de persecución ni justifican un temor fundado a sufrirla. El resto de los elementos probatorios aportados, valorados en su conjunto y en relación con los elementos probatorios mencionados y con el relato del solicitante, no resultan suficientes para considerar acreditada, ni aun indiciariamente, la existencia de la persecución alegada.
Por ello, se considera que no concurren los requisitos previstos en los artículos 2 y 3 de la Ley de Asilo y en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados para la concesión del derecho asilo, ni en los artículos 4 y 10 de la citada Ley para la concesión del derecho a la protección subsidiaria. Y que tampoco se desprenden razones humanitarias para autorizar la permanencia en España en los términos previstos en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.
Frente a los anteriores razonamientos, en la demanda de este recurso la parte actora, tras reiterar el relato de persecución por parte de las "maras" formulado por la interesada en su solicitud de asilo, alega que tales hechos son constitutivos de persecución, a los efectos del reconocimiento del derecho de asilo, al tratarse de grupos violentos frente a los cuales no ha podido obtener protección eficaz de sus autoridades, ya que tales grupos se encuentran infiltrados en las fuerzas de seguridad de su país. Añade que es suficiente una prueba indiciaria, no siendo exigible prueba plena, conforme con la doctrina jurisprudencial. Invoca la aplicación del artículo 17.2 de la derogada Ley 5/84 (la cita como Ley 8/84).
En la fundamentación jurídica de la demanda se limita a citar el artículo 13 CE, el artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1951 en relación con la Ley 12/2009 .
Pese a ser la resolución impugnada desestimatoria de la solicitud de protección internacional y no de inadmisión de tal solicitud, en el suplico de la demanda se solicita la "admisión a trámite de la solicitud de asilo".
El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso por las razones expuestas en su escrito de contestación a la demanda.
La Constitución española dispone en su artículo 13.4 que «la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España» .
Pues bien, al caso enjuiciado es de aplicación la vigente Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, cuyo artículo 2 define el derecho de asilo como "la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967."
El referido artículo 3 de la propia Ley 12/2009 dispone que "la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados...
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