Introducción
| Autor | Alberto Moreno de Tejada Clemente de Diego |
| Páginas | 13-25 |
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La centralidad de la ética dentro de los nuevos paradigmas de la Administración Pública1se ha afianzado durante los últimos años. Los cambios que se han producido en el modo de gestionar y entender los asuntos públicos no han hecho más que poner de manifiesto la imperiosa necesidad de aplicar un modelo de Administración capaz de salvaguardar los principios y valores del servicio público2. Para ello, lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿cuáles son los principios normativos que sustentan una ética aplicada a la Administración Pública? Según el estado de la cuestión, podemos identificar cinco enfoques posibles (Cooper, 2004). El primero asienta la ética administrativa en los valores del régimen, determinados en la constitución de una nación de la que emanan los principios fundacionales de su sistema político (Rohr, 1978). El segundo fundamenta la ética en la teoría de la ciudadanía, según la cual existe una relación especial entre servidores públicos y ciudadanos que compromete la propia actuación de estos de acuerdo con un arraigado patriotismo fundado en la bondad (Frederickson y Hart, 1985). El tercero, asociado a la New Public Administration, aplica a la ética administrativa el concepto de equidad social basado en la Teoría de la Justicia (1971) de John Rawls. El cuarto enfoque se centra en el interés público y el papel que debería desempeñar el funcionario en su promoción y defensa (Morgan, 2001). Finalmente, nos encontramos con la ética del carácter y la idea de la virtud como condición necesaria para el desarrollo de una ética en la gestión pública.
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El renovado interés por la virtud en el servicio público parece tener su origen en tres trabajos concretos (Cooper, 1992). El primero es el artículo de Mark
T. Lilla Ethos, Ethics and Public Service (1981) en el que atacó la tendencia de centrar, casi exclusivamente, en el análisis racional y el proceso de toma de decisiones la enseñanza de la ética administrativa. En segundo lugar, aparece el libro Tras la Virtud de Alasdair MacIntyre, publicado en el mismo año, en el que aboga por la vuelta a una ética de la virtud aristotélica desarrollada en unos términos que permite su adaptación a las necesidades de los administradores públicos. MacIntyre atribuye a las virtudes la importante función de proteger los «bienes internos» de las «prácticas», de los «bienes externos» de las instituciones. El denominado momento aristotélico en la ética de la Administración Pública (Cortina, 1997) considera a la virtud como el hábito necesario para alcanzar el bien interno de la gestión pública, que consiste en el servicio a todos los ciudadanos. Finalmente, Edmund L. Pincoffs en Quandaries and Virtues: Against Reductivism in Ethics (1986), defiende una ética de la virtud como fundamento más firme para adoptar conductas y procesos de toma de decisiones éticos.
Desde este enfoque, las cuestiones que se pretenden responder incluyen: la identificación de las virtudes requeridas en el servicio público, la selección de caracteres morales, la enseñanza de las virtudes o la evaluación del buen carácter. Las implicaciones que cada una de estas cuestiones plantea demanda una aproximación multidisciplinar en su estudio. Así, la filosofía y la política conectan los valores y las virtudes en el servicio público. Los criterios y procesos de selección de directivos públicos engarzan con la ciencia de la Administración y las teorías de gestión de organizaciones. La enseñanza de las virtudes tiene reminiscencias psicológicas que nos introducen en la problemática del desarrollo moral. De la misma forma, la trascendente cuestión de la motivación y la vocación requiere una visión psicológica y sociológica del problema.
El buen carácter de los gestores es uno de los elementos esenciales, el más constante e importante, para conseguir una gestión eficaz (K. Hart, 2000). Las Administraciones Públicas democráticas aplican unánimemente los principios de mérito y capacidad en la selección de sus empleados públicos. Mérito significa no solo tener las necesarias habilidades y conocimientos para cubrir un puesto determinado, sino también poseer un carácter de servicio público, un deseo de actuar por un bien más amplio que el interés propio (Ingraham, 2006). En algunas Administraciones Públicas el poseer un carácter de servicio público era una cuestión prioritaria por encima de cualquier otra consideración. La formación del civil service británico se fundó en esa idea de integridad y servicio al
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Estado. Los servidores civiles se comprometían a aportar algo propio al depósito de conocimiento y experiencia de cada departamento que se había ido acumulando a lo largo del tiempo (Bridges, 1953). De esta forma, se llevaba a cabo un proceso de socialización que transmitía valores, estándares y métodos de administración, y era considerado como el principal responsable del desarrollo de la ética y la cultura administrativa británica (Chapman, 1970).
La desaparición del ejemplo moral y sus efectos como mecanismo de socialización de una ética en la Administración Pública, ha coincidido con el asentamiento de un sentimiento de desconfianza en los ciudadanos hacia sus servidores públicos3. «La desconfianza de los ciudadanos en la clase política debe hacer reflexionar a los partidos sobre la necesidad de acabar con las malas prácticas y devolver a los políticos la honradez que requiere nuestra democracia» (La Razón, 25/3/2012, encuesta NC Report). La preocupación por la corrupción y el fraude se ha duplicado en España situándose como uno de los grandes problemas del país4. En una situación de profunda crisis económica, los continuos casos de corrupción generan indignación en la ciudadanía. En los últimos años, numerosas voces se han alzado a favor de una recuperación del ejemplo moral en nuestras sociedades como antídoto contra la corrupción. Ja-vier Gomá en Imitación y Experiencia (2003) afirma: «Si desapareciera de nuestro mundo el ejemplo de virtud, no podría volverse a traer ni con ayuda de todos los libros escritos por los más eximios moralistas». Los ciudadanos y los servidores públicos necesitan ejemplos morales que provoquen confianza en sus líderes, sirvan de guías morales, y estimulen el desarrollo moral de las personas (K. Hart, 1992). La Sociedad Americana de Administración Pública (ASPA) inició en 1988 un proyecto denominado Exemplars, destinado a identificar ejemplos de virtud en la práctica administrativa, explicar los rasgos sobresalientes de su carácter y justificar su utilización como modelos. En 1992 se publicó el libro Exemplary Public Administrators, Character and Leadership in Government editado por Terry L. Cooper y N. Dale Wright en el que colaboraron 15 profesores de Administración Pública de universidades norteamericanas. La obra, escrita por diferentes autores, recoge la carrera ejemplar de once servidores públicos de la Administración estadounidense. En todos ellos se pone de manifiesto la existencia de un vínculo entre excelencia en la administración del negocio público y posesión de un auténtico carácter moral. Con el
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propósito de sumarnos a esta corriente, el presente trabajo pretende contribuir a esta recuperación del ejemplo moral en nuestras sociedades.
La búsqueda de la ejemplaridad en el servicio público plantea como primer problema el de elegir los perfiles más adecuados para un estudio de estas características. Para ello, ha sido necesario establecer una delimitación objetiva que ha girado en torno, aunque no exclusivamente, al concepto de directivo público. No es este un concepto homogéneo en las diferentes Administraciones Públicas de nuestro entorno. Por tanto, es necesario aclarar qué se entiende por directivo público. Si, como hemos dicho, este concepto ofrece cierta confusión comparativamente, esta es aún mayor en el caso de la Administración Pública española. Para este estudio, vamos a centrarnos fundamentalmente en el denominado círculo de dirección político-administrativa (Jiménez Asensio, 1998) formado por los subsecretarios, directores generales y asimilados. En él, la labor tiene componentes políticos y, a la vez, administrativos o técnicos (Jiménez Asensio, Villoria y Palomar, 2009). Pero también hemos incluido en nuestro trabajo a presidentes de empresas públicas por estar dotados de una notable autonomía...
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