STS, 14 de Febrero de 2012

La Procuradora D. José Luis Barregués Fernández, en nombre y representación de D. Simón , Dª Berta , Dª Erica , Dª Joaquina , D. Jesús Ángel , D. Alejandro , Dª Otilia , D. Blas y D. Domingo presentó el 30 de julio de 2010 escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, por el que se interponía recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de mayo de 2010, que resuelve desestimar, entre otras, las reclamaciones formuladas por los hoy recurrentes, con vistas a la indemnización de los perjuicios sufridos por el abono a consecuencia de la aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo , de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 68/2007 .

Por diligencia de ordenación de 7 de septiembre de 2010 se admitió a trámite el recurso, y se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo en los términos previstos en el artículo 48 de la Ley de Jurisdicción , y la práctica de los emplazamientos a que refiere su artículo 49.

Conferido plazo para formalizar demanda, fue presentada por la parte actora en fecha 11 de noviembre de 2010, en la que, tras exponer cuanto estimó procedente, suplicaba a la Sala que dictara sentencia por la que se estime el recurso , se declare no ajustada a Derecho el Acuerdo del Consejo de Ministros, dejándolo sin efecto alguno, y, reconociéndose el derecho de los recurrentes a ser indemnizados en las cuantías que se exponen, con la condena consiguiente, como consecuencia de su responsabilidad patrimonial:

A D. Simón 13.968,72 euros

A Dª Berta 13.956,36 euros

A Dª Erica 9.812,28 euros

A Dª Joaquina 7.239,82 euros

A D. Jesús Ángel 14.338,04 euros

A D. Alejandro 13.522,68 euros

A Dª Otilia 7.251,16 euros

A D. Blas 13.321,22 euros

A D. Domingo 9.515,02 euros

Tales cantidades deberán verse incrementadas con los intereses legales correspondientes en aras del principio de indemnidad, condenando en costas a la Administración demandada para el caso de que se oponga de forma temeraria o de mala fe.

El 20 de enero de 2011, por el Abogado del Estado se formuló escrito de contestación a demanda, alegando que procede la desestimación del recurso ya que la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad, mantuvo la exigencia prevista en la Disposición Transitoria Cuarta del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo , que ha de considerarse una carga general de estricta justicia.

Por diligencia de ordenación de 24 de enero de 2011 se declararon conclusas las actuaciones y pendientes de señalamiento para votación y fallo.

La votación y fallo del recurso fue señalada para el día 7 de febrero de 2012, fecha en que ha tenido lugar, habiéndose observado en su tramitación las reglas establecidas por la ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Marti Garcia, Magistrado de la Sala

Impugna la parte actora el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de mayo de 2010, desestimatorio de la reclamación de responsabilidad patrimonial que formuló el día 25 de abril de 2008 por el menoscabo económico que les produjo la aplicación del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo , de Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad, (en adelante RDL 5/2002) declarado inconstitucional y nulo por la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 68/2007, de 28 de marzo .

Alegan que, extinguidos sus contratos de trabajo, presentaron ante el Instituto Nacional de Empleo, solicitud de prestación por desempleo y, simultáneamente solicitud de pago único de la prestación contributiva por desempleo y de la subvención de cuotas de la Seguridad Social al pretender realizar actividad como socios trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Asociado (Caja Laboral Popular). A todos ellos les fue denegada la solicitud de pago único de la prestación contributiva por desempleo por no reunir los requisitos legales exigibles al haber cesado en la sociedad cooperativa en la que entraban a formar parte, y ello de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª. 1. Primera del Real Decreto Ley 5/2002 .

Los actores se incorporaron como socios trabajadores a Caja Laboral Popular, Cooperativa de Crédito, desembolsando el importe total de 11.860 euros establecido en virtud de Acuerdo adoptado por la Asamblea General de la citada cooperativa de crédito, como cuota de ingreso. Todos siguen ostentando la condicion de socios trabajadores de la entidad financiera, permaneciendo de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos. Consideran que se les ha causado un perjuicio individualizado producido por la minoración de ingresos debido a la denegación de sus solicitudes de pago único de la prestación contributiva por desempleo sobre la base de que el RDL 5/2002 excluía la modalidad de pago único y también la relativa a la subvención de las cotizaciones a la Seguridad Social en el caso de los trabajadores que hubieran cesado previamente en la sociedad cooperativa a la que pretendiesen incorporarse como socio trabajador.

Por Sentencia del Tribunal Constitucional nº 68/2007 , se declaró inconstitucional y nulo el RDL 5/2002, de 24 de mayo , al amparo del cual se le había denegado el pago único de la prestación por desempleo. Con anterioridad al RDL 5/2002, de 24 de mayo, no se establecía el requisito de que previamente no hubieran cesado en la Sociedad Cooperativa, para poder acceder a la prestación contributiva en su modalidad de "pago único", por ello, la aplicación de esta norma declarada inconstitucional y nula ha causado unos perjuicios evidentes y evaluables en las cantidades que se detallan, más los intereses legales.

En apoyo de su reclamación se refieren a la Jurisprudencia de esta Sala y otros Tribunales de Justicia relativa a la posibilidad de obtener reparación y/o compensación de los daños producidos como consecuencia de la aplicación de una disposición con rango de ley que haya sido declarada inconstitucional y nula, reconociendo la existencia de una acción de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador aún cuando el proceso hubiera fenecido, al no ser un obstáculo la cosa juzgada. Se citan Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo , 3 , 14 y 27 de noviembre de 2006 y de 28 de marzo o 18 de septiembre de 2007 . Debe destacarse además, que la Ley 45/2002 no contiene ninguna previsión reparadora de la situación creada a los actores por la aplicación del RDL declarado inconstitucional, ni reconoce eficacia retroactiva alguna a la idéntica previsión legal que la contenida en el RDL que sirvió de fundamento para denegar la forma de pago único de la prestación contributiva por desempleo. Analiza la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos para proceder a declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración y, por tanto, procede reconocer el derecho de los actores a ser indemnizados. Por último, considera necesario precisar que si se denegó sus solicitudes de pago único lo fue por un RDL declarado inconstitucional y nulo y no procede alegar otras razones que no fueran tenidas en cuenta en la resolución de denegación. Procede entender que es la Administración estatal quien debe reparar el daño sufrido, pero debe tenerse en cuenta el proceso de transferencia de competencias de intermediación del mercado de trabajo por si procediera traer al proceso a la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Abogado del Estado en la contestación a la demanda solicita, la desestimación del recurso asumiendo el Dictamen del Consejo de Estado 2084/2009, de 25 de marzo de 2010. Destaca que la situación jurídica del actor resulta afectada por la cosa juzgada y que la exigencia establecida en la Disposición Adicional Cuarta del RDL 5/2002 y mantenida en la posterior Ley 45/2002, de 12 de diciembre, es una exigencia de justicia ya que la anterior situación podía encubrir una ficción de cese para obtener un beneficio de "pago único" de la prestación por desempleo, por lo que tanto el RDL 5/2002 como la Ley 45/2002 acertaron a la hora de imponer que la incorporación como socio trabajador no se refiera a la misma cooperativa o sociedad laboral en la que previamente hubieran cesado.

Son relevantes para analizar la presente controversia los siguientes aspectos jurídicos y fácticos:

1. La Disposición Transitoria Cuarta del RDL 5/2002, de 24 de mayo , titulada "Programa de fomento del empleo en economía social y empleo autónomo" en su apartado 1, disponía:

   " 1.- En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 228 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social , en la redacción dada al mismo por este Real Decreto-Ley, se mantendrá lo previsto en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se establece el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, incluidas las modificaciones incorporadas por normas posteriores, en lo que no se oponga a las reglas siguientes: Primera. La Entidad Gestora podrá abonar el valor actual del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse, de forma estable y a tiempo completo, como socios trabajadores o de trabajo, en cooperativas o sociedades laborales en las que previamente no hubieran cesado, o cuando dichos beneficiarios pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personas con minusvalía igual o superior al 33%.

   En este supuesto el abono de la prestación se realizará de una sola vez por el importe que corresponda a la aportación obligatoria en el caso de cooperativas o sociedades laborales, o a la inversión necesaria para desarrollar la actividad en el caso de trabajadores autónomos con minusvalía ..."

   El artículo 228 apartado 3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social había modificado su redactado por el indicado RDL 5/2002:

   "Cuando así lo establezca algún programa de fomento del empleo la entidad gestora podrá abonar por una sola vez el valor actual del importe, total o parcial, de la prestación por desempleo de nivel contributivo a que tenga derecho el trabajador y que esté pendiente por percibir...."

   Por su parte, el artículo 1.1 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio , contenía, antes de su modificación por el RDL 5/2002 en relación con esta prestación de desempleo en su modalidad de pago único:

   " 1. Quienes sean titulares del derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo, por haber cesado con carácter definitivo en su actividad laboral, podrán recibir por una sola vez, el valor actual del importe de la que pudiera corresponderles en función de las cotizaciones efectuadas, cuando acrediten ante el INEM que van a realizar una actividad profesional como socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad de carácter laboral, según las correspondientes normas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. "

   Se introducía, por tanto, en virtud del citado Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo, como nueva exigencia que previamente no hubieran cesado en la cooperativa o sociedad laboral a la que pretendieran acceder como socio trabajador, para poder acceder a la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

2. La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional núm. 68/2007, de 28 de marzo , declaró inconstitucional y nulo el RDL 5/2002 citado. Así, consideró que únicamente cabía analizar la cuestión relativa a si el RDL 5/2002 en su conjunto había vulnerado el art. 86.1 de la Constitución (CE ), por haberse dictado sin que concurriera el presupuesto habilitante de que el Gobierno atendiera con él a un "caso de extraordinaria y urgente necesidad". Y a esta cuestión exclusiva el TC respondió afirmativamente, limitándose su fallo, sin más adición o añadido sobre sus efectos, a "declarar inconstitucional y nulo el citado Real Decreto-ley, por vulneración del artículo 86.1 CE ".

3. Por su parte, La Ley 45/2002, de 12 de diciembre, titulada también de Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad, tramitada por el procedimiento de urgencia, entró en vigor el 14 de diciembre de 2002, derogó aquel RDL y en lo que a nosotros nos atañe confirmó la exigencia prevista ya en la Disposición Transitoria Cuarta del RDL 5/2002 .

4. Consta que los actores desarrollaron sus servicios laborales, en distintas modalidades contractuales y por diversos periodos y categorías profesionales, por cuenta ajena para Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa y, una vez extinguidos sus contratos de trabajo, solicitaron al INEM tanto la prestación por desempleo como simultáneamente solicitud de pago único de la misma y subvención de cuotas a la Seguridad Social al pretender incorporarse como socios trabajadores a la citada cooperativa. A todos ellos se les denegó la solicitud de pago único sobre la base de que el RDL 5/2002, de 24 de mayo excluía tal modalidad de pago único en el caso de trabajadores que hubieran cesado en la sociedad cooperativa a la que pretendiesen incorporarse como socio. Formularon reclamación previa, quedando todas ellas desestimadas íntegramente. Los actores, en virtud de acuerdo adoptado en Asamblea General , aportaron como cuota de ingreso a la cooperativa, la cantidad estipulada de 11.860 euros, para su incorporación como socios trabajadores.

En el presente caso se analiza la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por el menoscabo patrimonial que se dice sufrido , derivado de la aplicación al régimen de prestaciones por desempleo en su modalidad específica de pago único, de las nuevas previsiones que se contenían en el referido RDL 5/2002, 24 de mayo, declarado inconstitucional y nulo.

Muchas de las cuestiones sobre la naturaleza de esta específica y controvertida institución -responsabilidad patrimonial del Estado Legislador- y sus efectos en los actos de aplicación, ya han sido tratados, y nos ha de servir como punto de partida en el presente caso la Sentencia del Pleno de esta Sala de 2 de junio de 2010, recurso de casación 588/2008 sobre la misma aplicación de este RDL a los procesos laborales por despido en lo referido a los salarios de tramitación cuando era declarado el despido improcedente por sentencia del Juzgado de lo Social y el empresario optaba por la extinción del contrato de trabajo.

Esta relevante sentencia del Pleno de la Sala ha venido a reavivar cuestiones no pacíficas ya que se partía de muchos frentes parcialmente tratados en sentencias anteriores cual era los efectos de la leyes o normas con rango de ley declaradas inconstitucionales sobre los actos ya consumados, la autoridad de cosa juzgada de las sentencias que habían revisado los actos y los habían declarado conforme a derecho, y más aún, si todavía era posible reconocer al poder legislativo exención de responsabilidad por sus actuaciones cuando las propias leyes no reconocieran expresamente tal posibilidad -ex artículo 139.3 Ley 30/1992, 26 de noviembre , entre otros aspectos.

En definitiva, el marco en el que debe decidirse la controversia está fijado por esta sentencia y se tratará de analizar aquellos aspectos que se consideran propios de este caso concreto y que se separan de la cuestión allí analizada.

En el presente caso, nos encontramos ante un acto de aplicación de la regulación del citado RDL 5/2002, de 24 de mayo, que recoge una nueva regulación para este tipo de prestaciones de desempleo en pago único distinto al existente hasta aquel momento por el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio en su artículo 1.1 , que se modifica, y que genera en el recurrente un menoscabo no discutido por la demandada, cual es que no pueda percibir la prestación solicitada en su modalidad de pago único para incorporarse a la Sociedad Cooperativa como socio. Tales denegaciones realizadas dentro del plazo de vigencia del RDL 5/2002 fueron recurridas en reclamación previa que resultó desestimada y por tanto, firme, atendiendo a criterios de justicia material y a los efectos de alejar un posible fraude en aquellos que cesan como trabajadores por cuenta ajena y seguidamente se incorporan como socios con la aportación de aquello obtenido en base a este Programa de fomento del empleo y la ocupabilidad.

La declaración de inconstitucionalidad por infracción del artículo 86.1 CE que se efectuó del RDL por STC nº 68/2007 no formuló declaración alguna relativa a los efectos jurídicos de fallo en cuanto a su eficacia "ex tunc" o "ex nunc", y ante el silencio de la sentencia procedía acudir al engarce tanto de las previsiones del artículo 161.1 a) CE , artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional así como también a la naturaleza de la pretensión ejercitada.

En la reciente sentencia de esta Sección de 14 de junio de 2011, recurso de casación 122/2010 , resumimos los puntos de la anterior del Pleno de 2 de junio de 2010 en esta cuestión:

A continuación, la Sala aborda la razón de oposición que niega que la invalidación de una norma legal por adolecer de algún vicio de inconstitucionalidad haya de conllevar por sí misma la extinción de todas las situaciones jurídicas creadas a su amparo o la reparación de las desventajas patrimoniales ocasionadas bajo su vigencia, considerando que, con ella, lo que se pretende traer a colación es la cuestión de los efectos que ha de producir la declaración de inconstitucionalidad en los procesos en los que se hizo aplicación de la norma inconstitucional así como la de los posibles obstáculos que, para el éxito de la acción indemnizatoria, puedan suponer los pronunciamientos firmes alcanzados en ellos.

Para resolver dicha cuestión, la Sala tiene en cuenta el tenor literal de los artículos 161.1.a) de la Constitución española y 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de ellos extrae una primera conclusión, la de que " (...) la declaración de inconstitucionalidad (con la única y sola excepción que prevé el inciso final de la segunda de esas normas, sólo referida a los procesos penales o contencioso-administrativos de revisión de resoluciones sancionadoras, en los que la inaplicación de la norma inconstitucional determine un efecto beneficioso para aquél o aquellos contra los que se siguieron esos procesos) deja incólume y no menoscaba el valor de cosa juzgada de la sentencia firme cuya razón de decidir y cuyo pronunciamiento se sustentó en la aplicación de la norma luego declarada contraria a la Constitución. " (FD 7º, párrafo cuarto).

A continuación, la Sala califica estas normas limitadoras de los efectos propios del régimen general del instituto procesal de la cosa juzgada como restrictivas o limitativas de derechos y de carácter excepcional y, por ello, procede a interpretarlas de un modo estricto y no extensivo, entendiendo así que las mismas disponen que la cosa juzgada ha de alcanzar a las pretensiones invocadas en el proceso ya fenecido pero no a aquéllas que sean distintas de las antes deducidas " (...) bien porque los sean los sujetos frente a los que se piden; bien porque lo sea el "petitum", esto es, el bien jurídico cuya protección se solicita. " (FD 7º, párrafo noveno).

De dicha interpretación, concluye la Sala afirmando que lo ordenado en los artículos 161.1.a) de la Constitución y 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional "(...) no impide el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial sustentada en el perjuicio irrogado por la aplicación en la sentencia dotada de ese valor de cosa juzgada de la ley o norma con fuerza de ley luego declarada contraria a la Constitución. " (FD 7º, párrafo décimo), al no existir identidad entre los bienes jurídicos cuya protección se solicita ya que en el proceso fenecido lo era el derecho o derechos derivados, a juicio del recurrente, de una concreta situación o relación jurídica y en el nuevo proceso lo es el de ser indemnizado por los daños ocasionados en su patrimonio por un tercero que no tenía el deber de soportar. Con ello, la Sala mantiene así el criterio reiterado en la controvertida jurisprudencia que iniciaron las ya mencionadas sentencias de 29 de febrero , 13 de junio y 15 de julio de 2000 y que, a juicio de la Sala, es el que mejor se ajusta al que rige en materia de ejercicio de acciones de responsabilidad patrimonial contra los Estados miembros de la Unión Europea. "

En el presente caso, a diferencia de otros tratados ya referidos a esta cuestión, no hubo sentencias de la jurisdicción social que confirmaran las denegaciones por lo que uno de los motivos que analiza la sentencia de 2 de junio de 2010 ya no ha de salvarse, en cuanto que no existe intermediación de los Tribunales en la aplicación de una norma con posterioridad declarada inconstitucional. Cuestión distinta, será si el daño que alegan ha de considerarse antijurídico y, por tanto, si existe o no deber jurídico de soportarlo por el ciudadano.

El punto en el que se separa el presente caso de los analizados reiteradamente por esta sección en ejercicio de acciones de responsabilidad patrimonial por aplicación del citado RDL, a partir de la indicada sentencia del Pleno de 2 de junio de 2010 y que indefectiblemente va a determinar la suerte desestimatoria del recurso es el relativo a la antijuridicidad del menoscabo, partiendo de la concurrencia de los anteriores elementos, no discutidos, daño efectivo, real e individualizado en la persona del recurrente, titulo de imputación en la declaración de inconstitucionalidad de la norma aplicada, por lo que la situación hasta aquí es claramente incardinable en cada uno de los fundamentos sostenidos por aquella sentencia. Así es lo que ya hemos resuelto en la reciente sentencia de esta Sala y Sección, de 22 de noviembre de 2011, dictada en el recurso 382/2010 , en cuanto que es el incumplimiento de este requisito el verdadero escollo para estimar su pretensión declarativa y resarcitoria.

En la sentencia del Pleno se aprecia, así "(...) el título de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador lo es la posterior declaración de inconstitucionalidad de la ley o norma con fuerza de ley cuya aplicación irrogó el perjuicio, debe imponerse como regla general o de principio la afirmación o reconocimiento de la antijuridicidad de éste, pues si tiene su origen en esa actuación antijurídica de aquél, constatada por dicha declaración, sólo circunstancias singulares, de clara y relevante entidad, podrían, como hipótesis no descartable, llegar a explicar y justificar una afirmación contraria, que aseverara que el perjudicado tuviera el deber jurídico de soportar el daño ". Y en aquel caso la Sala llegó a la conclusión clara de daño antijurídico, fortalecida por la regulación contenida en la Ley 45/2002, de 12 de diciembre , surgida tras la convalidación del Real Decreto-ley 5/2002 , ya que la decisión del legislador de derogarlo de modo expreso, reintroduciendo nuevamente la obligación de pago de los salarios de tramitación en los supuestos de despido improcedente en que el empresario optara por la extinción de la relación laboral, equivale a "(...) la desautorización de la supresión que había introducido el RDL, por no apreciar el legislador, en suma, que ese interés general o esos criterios u objetivos demandaran en ese momento, ni en el tan inmediatamente anterior en que el RDL fue aprobado, aquella supresión de los salarios de tramitación "

Pero lo anterior, no ocurrió en el presente caso, en el que la misma exigencia se mantuvo en dicha Ley 45/2002, de 12 de diciembre, por razones de política legislativa, con lo que es evidente que a partir de su entrada en vigor tampoco era posible la obtención del beneficio, con lo que podemos considerar que concurren razones de entidad suficiente de justicia o evitación del fraude y hace que nos encontremos ante un perjuicio o menoscabo que tenga el deber jurídico de soportar el perjudicado, por la existencia de un precepto que fortalece aquella decisión en su día aplicada de exigir que no se hubiera cesado previamente en la cooperativa a la que se pretendía acceder. Y ello, sin que se esté contraviniendo el tenor de la sentencia del Pleno de la Sala, ya que ya la misma recoge esta posibilidad de atender a la norma derogatoria para analizar la antijuridicidad del daño:

"Así, no lo es la causa o razón determinante del vicio de inconstitucionalidad, limitada en el caso que aquí enjuiciamos a la sola o mera contravención por el RDL del inciso inicial del art. 86.1 CE , pues cuál sea esa causa o razón es y debe ser en principio indiferente si el perjuicio cuya reparación se pretende deriva precisamente de la aplicación de la norma declarada inconstitucional. Otra cosa distinta, posible en hipótesis, es que la concreta causa o razón apreciada pueda incidir en el juicio sobre la antijuridicidad del daño, y que por ello y a tal fin haya de ser valorada y tomada en consideración. Pero no es esto lo que apreciamos en el caso que ahora nos ocupa, tal y como resulta de lo que luego habremos de razonar al examinar ese elemento de la antijuridicidad o inexistencia de un deber jurídico de soportar el daño.

Asimismo, tampoco es relevante que aquel RDL estuviera derogado cuando se dictó la sentencia que lo declaró inconstitucional. No lo es, en tanto en cuanto la norma derogatoria no haya reparado el perjuicio irrogado por la aplicación de aquél mientras formalmente estuvo vigente. Cosa distinta es, en la línea antes dicha, que esa norma derogatoria pueda incluir preceptos que deban ser tomados en consideración para decidir sobre la antijuridicidad del perjuicio. De ello también nos ocuparemos en un momento posterior de esta sentencia."

Por todo ello, considerando la Sala que del planteamiento del recurso no se desprende la existencia de un daño antijurídico, desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial invocada, resulta inviable la pretensión formulada, al no concurrir los requisitos que determinan su existencia.

En consecuencia, procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo, sin que se aprecien razones para hacer una expresa condena en costas.