STS, 24 de Octubre de 2011

La sentencia dictada el 19 de mayo de 2010 por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Segunda), en el recurso ordinario número 1421/2008 , contiene una parte dispositiva del siguiente tenor literal:

Estimamos el recurso interpuesto por la Procuradora doña Celia Sin Sánchez, en nombre y representación del Sindicato de Trabajadores/ras de la Enseñanza del País Valenciano Intersindical- Valenciana, contra las Ordenes de la Conselleria de Cultura y Educación de 15 de abril de 2008 (DOGV. nº 5748, de 23 de abril), por las que se convocan procedimientos selectivos de ingreso para el acceso de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y profesores técnicos de Formación Profesional. Y procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros, cuyos Anexos VIII y X, declaramos contrarios a derecho en cuanto, para la exención del examen de valenciano, no incluye la titulación de Licenciatura en Filología Catalana; con expresa imposición de costas a la demandada

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Notificada la anterior sentencia, la Abogada de la Generalidad Valenciana anunció recurso de casación, que la Sala de instancia tuvo por preparado por diligencia de ordenación de fecha 4 de junio de 2010, ordenando la remisión de las actuaciones y el emplazamiento de las partes ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La Abogada de la Generalidad Valenciana interpuso el recurso de casación por escrito de fecha 27 de octubre de 2010, en el que, tras expresar los motivos en que lo apoyaba, terminó suplicando a la Sala que dictara sentencia:

(...) por la que, casando la de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a la que acabamos de referirnos, dicte otra por la que se desestime totalmente el recurso núm. 1421/2008

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Admitido el recurso interpuesto y remitidas las actuaciones a esta Sección Séptima conforme a las reglas de reparto de asuntos, por diligencia de ordenación de fecha 2 de febrero de 2011 se concedió traslado del escrito de interposición del recurso a la recurrida, a fin de que en el plazo de treinta días formalizara escrito de oposición, trámite evacuado por el Procurador Sr. Hidalgo Senén mediante escrito de 22 de febrero de 2011 en el que, tras alegar cuanto estimó oportuno, solicitó a la Sala:

(...) dicte sentencia por la cual se desestime el recurso de Casación interpuesto y se declare conforme a derecho la sentencia recurrida, con imposición de las costas de este recurso a la recurrente

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Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia del día 19 de octubre de 2011, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Vicente Conde Martin de Hijas, Magistrado de la Sala

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada el 19 de mayo de 2010 por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Segunda) que estimó el recurso contencioso administrativo nº 1421/2008 , interpuesto contra las Órdenes de la Conselleria de Educación de la Generalidad Valenciana de 15 de abril de 2008 (DOGV. nº 5748, de 23 de abril de 2008), por las que se convocan procedimientos selectivos, respectivamente, para ingreso en el cuerpo de Maestros y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades y de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas y profesores técnicos de Formación Profesional y declaró contrarios a derecho sus Anexos VIII y X en cuanto no incluían la titulación de Licenciatura en Filología Catalana para la exención del examen de valenciano.

El recurso de casación contiene un motivo único, fundado en el art. 88.1 de la LJCA en el que denuncia la infracción del «artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio , de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, según redacción vigente en el momento en que se dictan las órdenes impugnadas» .

La recurrida se opone al recurso al entender que la sentencia impugnada no incurre en la infracción que de contrario se denuncia.

La fundamentación base de la Sentencia se contiene en sus fundamentos de derecho segundo a cuarto, del siguiente tenor:

SEGUNDO. Cuestión análoga a la que se plantea en este recurso ha sido resuelta por esta Sala, entre otras, en la Sentencia nº 474/2006, de 28 de abril , así como en la num. 758/06 , y la sentencia 558/08, de 10 de junio, recaída en el recurso contencioso 1411/06 , estimó parcialmente el recurso deducido también frente a la Orden de 19 de julio de 2006, ante la omisión en el listado de titulaciones acreditativas del conocimiento del valenciano del título superior de Filología Catalana. (...).

La Generalitat entiende que, dado que el Estatuto de Autonomía menciona, como idiomas oficiales de la Comunidad, el valenciano y el castellano, ello justifica que se recoja la Licenciatura en Filología Valenciana entre las titulaciones que eximen de realizar la mencionada prueba, pero que ello no excluye las homologadas a la misma; ahora bien, ya el Tribunal Constitucional, en Sentencia num. 75/1997 , de 21 /Abril, abordó el tema -desde la perspectiva de la autonomía universitaria- de si "la denominación "lengua valenciana" empleada por el Estatuto de autonomía de la Comunidad tiene un carácter excluyente e impide el uso de cualesquiera otras.", con referencia, obviamente, a la de "lengua catalana"; y llegó a una conclusión negativa, analizando la cuestión a partir de las previsiones del RD 1988/1984 de 26 de septiembre, del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre provisión de plazas de los cuerpos docentes universitarios, en el que se establece que la denominación de cada una de tales plazas será necesariamente la de alguna de las áreas de conocimiento contenidas en su Disp. Trans. 1ª", entendiendo por tales "aquellos campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento, una común tradición histórica y la existencia de comunidades de investigadores, nacionales o internacionales",

Desde esta premisa, afirma el Tribunal Constitucional que "junto a esta configuración abstracta, se ofrece un catálogo de áreas de conocimiento como anejo, donde figura individualizada la "filología catalana" con otras como la alemana, la española, la francesa, la griega, la inglesa, la latina, la románica, la vasca, la gallega y la portuguesa. Se consagra así una denominación del área que desde entonces sería la aplicable a las distintas plazas existentes en Facultades y Escuelas Universitarias pese a que otrora se llamaran "lengua catalana", "lengua y literatura catalanas", "lingüística valenciana" y "lengua y cultura valencianas". Y termina concluyendo que "la Universidad de Valencia no hace sino optar por una de las denominaciones, con un soporte de carácter científico, acogida en una norma reglamentaria dictada por la Administración general del Estado con la correspondiente habilitación de la Ley. En definitiva, el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia que fue impugnado en la vía contencioso- administrativa y el art. 7 Estatutos de la Universidad donde encuentra cobertura, vienen a establecer de consuno que la valenciana, lengua propia de la Comunidad Valenciana y, por ello, de su Universidad, podrá ser también denominada "lengua catalana", en el ámbito universitario, sin que ello contradiga el Estatuto de Autonomía ni la Ley de las Cortes Valencianas mencionada al principio. La Universidad de Valencia no ha transformado la denominación del valenciano y se ha limitado a permitir que en su seno pueda ser conocido también como catalán, en su dimensión "académica",

De otro lado, y avalando tal tesis desde la perspectiva de la legalidad ordinaria, no sólo el Anexo del RD. 1888/84, incluye dentro de la genérica Área de Conocimiento denominada "Filología catalana", a las de "Lengua valenciana", "Lengua y Cultura valencianas" y "Lingüística valenciana", sino que, establecido por RD. 1435/90, el Título universitario oficial de Licenciado en Filología catalana (al amparo de las previsiones del art. 28 de la L.O. 11/83 y del RD. 1497/87 , sobre planes de estudios de los títulos universitarios oficiales), y aprobada por RD. 1954/94, la Homologación de títulos a los del catálogo de títulos universitarios oficiales, se dictó la Orden de 29/Noviembre/95 del Ministerio de Educación y Ciencia, por la que, a propuesta del Consejo de Universidades, se incluyeron en el Anexo del anterior Real Decreto, los títulos de Licenciado en Filología, Sección Hispánica (Valenciana) y de Filosofía y Letras, División Filología (Filología valenciana), como homologados o equivalentes al título de Licenciado en Filología Catalana, que figura en el apartado IV del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales del referido anexo. En el mismo sentido, el Anexo II del RD. 774/2002, de 26/Julio, que regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de funcionarios docentes universitarios.

Consecuentemente, y a la vista del anterior bloque normativo, debe concluirse que no existe razón jurídica alguna que permita sostener que la titulación de Licenciatura en Filología Catalana no constituya titulación suficiente, en las mismas condiciones que las titulaciones, diplomas o certificados, que se enumeran en los Anexos VIII y X, respectivamente, de las convocatorias recurridas, para eximir de la realización de la prueba de conocimientos de la lengua valenciana, pues aquella Licenciatura avala sobradamente el conocimiento de la lengua en esta Comunidad, denominada oficialmente "valenciana" en su Estatuto de Autonomía, y en el ámbito académico "catalana".

Cuestión distinta es la de determinar hasta qué punto el vicio de nulidad que denuncia la parte recurrente, se proyectaría sobre la totalidad o no de la convocatoria; efectivamente, si el Título de Licenciado en Filología Valenciana es homologado o equivalente al de Licenciado en Filología Catalana, es obvio que a cuantos aspirantes estén en posesión de una u otra titulación, se les deberá dispensar idéntico trato. Dicho de otro modo, de las convocatorias, en sí mismas consideradas, no deriva, en rigor, la conclusión de que los firmantes en posesión de la titulación de Filología catalana, no estén dispensados de la realización de la prueba de valenciano -pues se trata de una titulación homologada o equivalente a alguna de las que se mencionan en los Anexos-, sino que serán, en todo caso, los actos de aplicación e interpretación de dichas Bases, llevados a cabo por los órganos calificadores, los que produzcan, en su caso, dicho tratamiento injustificadamente discriminatorio.

En consecuencia, sólo procede el acogimiento parcial del recurso, pues si bien no cabe declarar la nulidad de las convocatorias, sí que procede hacer un pronunciamiento declarativo encaminado a impedir, por ser contraria a derecho, toda interpretación de las Bases a las que se ha hecho referencia, que conduzca al resultado de considerar que los aspirantes en posesión de la titulación de Licenciatura en Filología Catalana, vienen obligados a someterse a la prueba obligatoria y eliminatoria de valenciano, pues éstos quedan exentos de la mencionada prueba, en las mismas condiciones que los que estén en posesión de las titulaciones, certificados o diplomas que se enumeran en los anexos III y IV (sic) de la respectiva convocatoria.

Habiéndose pronunciado en tales términos otras Sentencias anteriores de esta Sala, conviene precisar, en este recurso, que el Anexo impugnado es, efectivamente, contrario a derecho, en cuanto no incluye entre la titulación acreditativa del conocimiento del valenciano la Licenciatura en Filología Catalana, omisión que, no obstante, no determina la anulación de los mismos en su totalidad, por ello, procede la estimación parcial del recurso, bien entendido, que a quienes acrediten estar en posesión de tal titulación se les debe eximir de la prueba de conocimiento del valenciano.

Por último hemos de citar aquí la sentencia del TS de 29 de octubre de 2008 , que confirma la sentencia de esta Sección de 25 de marzo de 2004 , que resolvía cuestión análoga a la planteada en este procedimiento. La sentencia del TS en su fundamento de derecho 3 y 4, declara:

"TERCERO.- El análisis de esos dos reproches del recurso de casación debe ser realizado tomando en consideración cuales son las ideas principales que presiden la motivación de la sentencia y, a partir de ellas, interpretando también cuál es el verdadero significado de su fallo.

La primera idea que asume la sentencia recurrida, según resulta de los textos de la misma que fueron transcritos en el primer fundamento de la actual resolución, es la siguiente: que no existe razón jurídica alguna que permita sostener que la titulación de Licenciatura en Filología Catalana no constituya titulación suficiente, en las mismas condiciones que las titulaciones, diplomas o certificados circunscritos al valenciano que se enumeran en los Anexos (VII y X, respectivamente) de las convocatorias recorridas, para eximir de la realización de la prueba de conocimientos de la lengua valenciana, pues aquella Licenciatura avala sobradamente el conocimiento de la lengua de esta Comunidad, denominada oficialmente «valenciana» en su estatuto de Autonomía y en el ámbito académico «catalana».

Esta primera idea, además, es coincidente con la solución que sobre la cuestión a que está referida adoptó esta Sala Tercera del Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de marzo de 2006 (Casación núm. 8075/1999 ).

Arrancando de la anterior, la segunda idea que la sentencia de Valencia viene a desarrollar a continuación es que la literalidad de las convocatorias litigiosas es equívoca sobre la cuestión objeto de controversia, porque, a los efectos de la polémica exención, no excluye expresamente la validez de las titulaciones en filología catalana pero tampoco se pronuncia sobre ella.

Y es desde las premisas anteriores como se comprueba que el verdadero significado que tienen cada uno de los dos pronunciamientos contenidos en el fallo de la sentencia de instancia es el siguiente: que la literalidad de esas convocatorias no es contraria a derecho, pero sí lo es la exclusión o el silencio que en ellas existe sobre la equivalencia que debe otorgarse a las titulaciones y certificados de filología catalana y filología valenciana.

CUARTO.- Esa manera de razonar y decidir por parte de la sentencia recurrida, con independencia de que sea más o menos afortunada en cuanto a lo que quiere expresar, no incurre en las infracciones que se le imputan.

Y no incurre en ellas porque ni cabe hablar de incongruencia, ya que la Sala de instancia no se aparta en su sentencia de lo que fue el tema controvertido; ni es de advertir contradicción, al ser coherente el fallo de dicha sentencia de instancia con esas ideas antes expuestas que están presentes en sus fundamentos; ni tampoco ese fallo rebasó los límites de la pretensión.

La Sala de Valencia lo que hace es considerar equívocas las convocatorias litigiosas sobre una determinada cuestión que no podía ser eludida en ellas: la equivalencia que jurídicamente ha de otorgarse a las titulaciones sobre valenciano y catalán; y declarar inválidas las exclusiones que puedan derivarse de esa equivocidad (concretamente las que estarían representadas por la negativa a otorgar equivalencia a los dos grupos de titulaciones de que se viene hablando).

Dicho de otro modo, lo que la Sala de Valencia viene a decidir es que las convocatorias impugnadas son únicamente nulas en cuanto a la exclusión que establecen sobre la equivalencia jurídica que ha de otorgarse a las titulaciones sobre valenciano y catalán

.

La sentencia impone expresamente las costas a la demandada a cuyo efecto señala en el fundamento de derecho quinto lo siguiente:

QUINTO.- Procede, en consecuencia, estimar el recurso con imposición de costas a la Administración demandada dada su manifiesta temeridad al reiterar, incomprensiblemente, la omisión cuestionada sin respeto a las decisiones judiciales firmes, anteriores y conocidas, y faltar, reiteradamente, a su obligación de respetar y cumplir las Sentencia firmes (arts. 118 CE y 17.2 de la LOPJ) obligando a la actora a interponer el recurso cuando el criterio aplicable a la cuestión litigiosa se había fijado ya por esta Sala y por el Tribunal Supremo

.

El único motivo del recurso de casación interpuesto, como se dijo, por la Generalitat Valenciana por el artículo 88.1.d) de la LJCA denuncia la infracción por la sentencia impugnada -en cuanto viene a declarar la necesidad de que la Administración incluya la titulación de Filología Catalana- del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio , de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, según redacción vigente en el momento en que se dictan las órdenes impugnadas, que dispone que "los dos idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana son el valenciano y el castellano".

Señala que tal precepto ha sido «recientemente derogado» por la vigente Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio , de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 6 , dispone:

"1. La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano.

2. El idioma valenciano es el oficial en la Comunidad Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano.

3. - La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento".

Considera que dicha previsión es una disposición claramente relevante y determinante para la resolución adoptada, citada expresamente por la Sala en la sentencia y entiende que, sin perjuicio de homologaciones existentes que deben surtir, y de hecho surten los efectos oportunos (así sucede con el título de Licenciado en Filología Catalana y con otros), es indiscutible que las órdenes deben adecuarse a las previsiones del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que explicitan que la lengua oficial de esta Comunidad Autónoma es el "valenciano"; y por ello es absolutamente correcta la enumeración de titulaciones que expresamente contienen, sin ello impedir, insistimos, la plena efectividad de las homologaciones o equivalencias existentes.

Por ello es lógico y consecuente que el Gobierno Valenciano, al referirse a esta lengua, contemple las titulaciones, diplomas y certificados existentes que presuponen su conocimiento, con independencia de la existencia de otros títulos homologados o equivalentes; y por ello las Órdenes no introducen ninguna vulneración del ordenamiento jurídico, puesto que se remiten a las titulaciones idóneas existentes, sin impedir, la efectividad de homologaciones y equivalencias.

Invoca en este sentido las sentencias de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana números 518/2004, de 16 de abril ; 330/2004, de 4 de marzo (rec. nº 1082/02 ) y 393/2004, de 25 de marzo (rec. nº 972/02 ) y concluye que las disposiciones impugnadas no están privando de efectos jurídicos a ningún título legalmente reconocido, ni están vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.

Añade, con cita de los Reales Decretos 1497/1987, de 27 de noviembre, y 1954/1994, de 30 de septiembre, y de la Orden de 29 de diciembre de 1995, que las Órdenes impugnadas, al establecer que la posesión de los títulos de Licenciado en Filología, Sección Hispánica (Valenciana) y de Licenciado en Filosofía y Letras, División Filología (Valenciana), exime de la realización de la prueba de conocimiento de Valenciano, lo hace con suficiente base normativa y supone, desde un punto de vista jurídico, que todos aquellos títulos equivalentes gozan de los mismos beneficios, por lo que, en consecuencia, serían impugnables aquellos actos de la Administración que, no reconociendo estas equivalencias, excluyeran la aplicación de la exención de la realización de la prueba de conocimiento del Valenciano a aquellas personas que presentasen los títulos homologables a los requeridos en la convocatoria, pero en ningún caso la invalidez de la convocatoria (en el mismo sentido, sentencias de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana números 539/2005, de 12 de mayo ; 330/2004, de 4 de marzo ; 393/2004, de 25 de marzo y 518/2004, de 16 de abril .

Afirma, por último, que la administración a la que representa, conforme a lo argumentado y conforme a criterios derivados de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que cita, ha actuado correctamente y conforme a derecho; y efectivamente en las órdenes cuestionadas ha relacionado las titulaciones que hacen referencia expresa a la lengua valenciana, contemplada en el Estatuto de Autonomía; pero con ello no ha negado efectos, ni ha discriminado otras titulaciones que, si son equivalentes, surtirán plenos efectos, y eximirán de realizar la prueba de conocimiento del valenciano a aquellos aspirantes que las posean.

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del País Valenciano, parte recurrida, solicita la desestimación del recurso de casación pues la Administración recurrente basándose en la orden impugnada, en contra de lo aducido en su escrito de interposición, excluye de validez para acreditar los conocimientos de valenciano y eximir de la prueba correspondiente a aquéllos que aportan la titulación de Licenciado en Filología Catalana, incumpliendo con ello la legalidad vigente, pues precisamente esta es la única titulación universitaria superior contemplada en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales y con validez en todo el territorio nacional según resulta de los Reales Decretos 1497/1987; 1954/1994 y 774/2002 y la Orden de 29 de noviembre de 1995.

Centrado así el objeto de debate, la cuestión aquí controvertida guarda sustancial identidad con la resuelta por esta misma Sala y Sección en las recientes sentencias de 4 de marzo de 2011 dictadas en los recursos de casación números 4640; 5166 y 5452, todos ellos del año 2009.

Al igual que decíamos en los fundamentos de derecho cuarto y quinto de las referidas sentencias, atendidos los términos en que la recurrente desarrolla el único motivo del recurso de casación en el escrito de interposición, resulta necesario, con carácter previo al análisis de la cuestión de fondo suscitada en el recurso, realizar las siguientes consideraciones.

En primer lugar debe destacarse la discordancia existente entre la norma del Ordenamiento Jurídico cuya infracción se denuncia en el único motivo de casación y aquéllas sobre cuya base se realizó en el escrito de preparación el juicio de relevancia requerido ex artículos 86.4 y 89.2 de la LJCA.

Así, en el escrito de preparación se invocó como precepto infringido por la sentencia impugnada el artículo 9.3 de la Constitución (el principio de seguridad jurídica) argumentándose que aquélla «señala (...) que las órdenes no infringen el ordenamiento jurídico» sino « que las convocatorias son únicamente nulas en cuanto a la exclusión que establece sobre la equivalencia jurídica que ha de otorgarse a las titulaciones sobre valenciano y catalán. Sin embargo, dicha omisión no supone una exclusión material, no atenta contra tal principio, pues este principio proscribe fórmulas proclives a la arbitrariedad (...)».

Sin embargo, como ha quedado expuesto en el precedente fundamento tercero, en el escrito de interposición se denuncia la infracción de un precepto distinto (el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio , de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana), y se vierte una argumentación que se aparta de lo apuntado en la preparación, en cuanto viene referida a la vulneración por la sentencia impugnada del idioma oficial en la Comunidad Valenciana.

Tal desviación entre uno y otro escrito sería por sí sola determinante del rechazo del recurso, y así lo ha puesto de manifiesto esta Sala, por ejemplo en las sentencias de 28 de septiembre de 2010 (recurso 876/2009 ); 29 de mayo de 2009 (rec. 2996/2006 ) o en los Autos de 5 de marzo , 16 de abril y 9 de julio de 2009 ( recursos 4584/2008 ; 5864/2008 y 4909/2007), en los que se precisa que, si bien no se exige una perfecta y completa correlación entre las infracciones a las que se refirió el juicio de relevancia expresado en el escrito de preparación y las denunciadas en el escrito de interposición, la función no meramente ornamental del mismo en la estructura del recurso de casación exige una mínima vinculación entre las mismas que desde luego no se aprecia en el presente caso.

Y, en segundo lugar, continuando en la línea apuntada, advertimos que la recurrente, en el desarrollo del motivo de casación contenido en su escrito de interposición, tras una sucinta afirmación sobre la infracción por la sentencia impugnada del artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana , tantas veces citado, en la medida en que al declarar contraria a derecho la no inclusión del título de Filología Catalana en los anexos VIII Y X de las Órdenes impugnadas, <<(...) viene a declarar la necesidad de que la administración incluya esta titulación>> , se limita a la transcripción literal (en distinto orden de exposición) de la fundamentación jurídica del escrito de contestación a la demanda, con continuas menciones a la legalidad del acto impugnado en el procedimiento de instancia y sin realizar una verdadera crítica razonada de la sentencia impugnada, cuya fundamentación y conclusiones (exención de la prueba obligatoria y eliminatoria de valenciano a los aspirantes en posesión del título de Licenciado en Filología Catalana) por el contrario y sorprendentemente parece compartir.

Hemos dicho con reiteración que la naturaleza y el objeto del recurso de casación -condensados una y otro en la idea de que aquél no es una segunda instancia y de que viene limitado al enjuiciamiento de las concretas infracciones jurídicas, in iudicando o in procedendo, que la parte recurrente impute a la sentencia que recurre- exigen como consecuencia obligada la crítica de ésta, de su razón de decidir, sin que la parte pueda, por ello, limitarse a reproducir lo que ya argumentó ante la Sala de instancia. Y que «Ciertamente la exigencia de que la crítica se dirija no contra el acto administrativo sino contra la sentencia recurrida es inherente al significado del recurso de casación que tiene como única finalidad depurar la aplicación que del Ordenamiento Jurídico ha efectuado el Tribunal a quo. Como recuerda la sentencia de 4 de mayo de 2005 la necesidad de expresar las razones legales de disentimiento contra la sentencia trae como consecuencia que la mera reproducción de lo ya alegado y desestimado por la sentencia recurrida, como argumentación básica del recurso intentado, suponga la desestimación del mismo, ya que quien así procede no está sometiendo a crítica fundada la decisión recurrida, ni alegando ante el Tribunal de Casación las razones que puedan desvirtuar los argumentos utilizados» (por todas, sentencia de 8 de abril de 2010 -recurso 1909/2008 -).

Prescindiendo incluso de lo expuesto hasta el momento, que sería suficiente para la desestimación del recurso de casación, éste en ningún caso podría prosperar, pues, como ya hemos expuesto, idéntica cuestión a la que en él se suscita; esto es, si la sentencia impugnada, al declarar contrarios a derecho los Anexos VIII Y X de las Órdenes de la Conselleria de Educación de 15 de abril de 2008, en cuanto no incluyen la titulación de Licenciatura en Filología Catalana para la exención de la prueba de conocimiento del idioma valenciano, infringe el artículo 7.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana , ha sido rechazada en nuestras sentencias de 4 de marzo de 2011 , recaídas en los recursos de casación números 4640; 5166 y 5452, todos ellos del año 2009, interpuestos también por la Generalitat Valenciana contra las sentencias dictadas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fechas 19 de mayo y 1 de julio de 2009 , de contenido coincidente a la hoy impugnada.

Decíamos en las referidas sentencias (F.D. 6º) por remisión a su vez a lo establecido en la sentencia de esta Sala de 31 de marzo de 2010, recaída en el recurso de casación 5343/2006 , lo siguiente:

(...) El actual debate casacional ha de limitarse, pues, a determinar si la sentencia recurrida ha ignorado o contradicho el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana que su Estatuto de Autonomía proclama para el "valenciano"; y la respuesta a esta cuestión tiene que ser contraria al recurso de casación por lo que se explica a continuación.

En primer lugar, porque la sentencia de instancia en modo alguno niega esa significación del "valenciano", limitándose a abordar el problema diferente de las consecuencias que, en orden a las pruebas selectivas de acceso a la función pública en que se exija el conocimiento del "valenciano", deben derivarse del hecho de que en la normativa estatal sobre titulaciones académicas aparezcan homologadas y equiparadas las que se refieren a Filología Catalana y Filología Valenciana; equivalencia, por otra parte, que el propio recurso de casación reconoce.

En segundo lugar, porque son facetas diferentes, de un lado, la indudable significación que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana atribuye al "valenciano" como lengua propia y elemento cultural de especial importancia en ese territorio autonómico y, de otro, la faceta puramente científica o académica que considera que el "valenciano" y el "catalán" son manifestaciones y denominaciones diferentes de un mismo sistema lingüístico.

Y, en tercer lugar, porque existiendo esa equivalencia académica, la mejor tutela del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas y del principio de seguridad jurídica (artículos 23.1 y 9.3 de la Constitución) aconseja evitar las dudas que a este respecto pudieran suscitarse y establecer de manera clara cuáles son los títulos que en el ordenamiento jurídico son válidos para acreditar el conocimiento del "valenciano".

QUINTO.- Es de reiterar en relación con lo anterior lo que esta Sala y Sección ya declaró en su sentencia de 15 de marzo de 2006 (Casación 8075/1999 ):

"(...) Ese problema de si son o no lenguas diferentes el valenciano y el catalán ya ha de aceptarse que no está resuelto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, según ha declarado la STC 75/1997 .

Por tanto, al no tener una solución normativa, ha de ser considerado como un problema ajeno al Derecho que tiene su sede natural en el ámbito científico o académico, y esto hace que para su decisión hayan de seguirse en buena medida los patrones que encarnan la llamada doctrina de la discrecionalidad técnica; es decir, ha de estarse a lo que sobre dicho problema haya prevalecido en la doctrina científica.

La consecuencia de lo que antecede, en el caso aquí litigioso, es que la polémica se traslada a esta otra cuestión: determinar cuál de las dos partes litigantes ha ofrecido, en defensa de la respectiva solución preconizada, los elementos de convicción más consistentes en ese nivel científico en que hay que situarse.

La respuesta tiene que ser que la parte demandante ha ofrecido datos suficientes que revelan que esa unidad lingüística defendida por ella tiene un importantísimo reconocimiento en el campo científico y académico, mientras que la Administración demandada no ha ofrecido datos, procedentes de ese mismo campo, que exterioricen la existencia de corrientes doctrinales de similar magnitud que sostengan opiniones discrepantes acerca de si el valenciano y el catalán constituyen o no un mismo sistema lingüístico.

Así lo revelan efectivamente las acepciones que el vocablo "valenciano" tiene en varias ediciones del Diccionario de la Real Academia Española (la tercera edición revisada de 1985 del Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española lo define como "Variedad de la lengua catalana que se habla en la mayor parte del antiguo reino de Valencia"; y tanto la vigesimosegunda edición como la edición escolar de 1995 hablan de "Variedad del catalán que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia".

También lo demuestra la legislación estatal de educación que ha invocado la parte demandante: en el catálogo de áreas de conocimiento que recogía el anexo del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre , figuraba la de Filología Catalana; en el apartado IV del catálogo de Títulos Universitarios Oficiales que incluyó el anexo del Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre , figuró el Título de Licenciado en Filología Catalana; y la Orden de 29 de diciembre de 1995 incluyó en el mencionado anexo del RD 1954/1994 los títulos de Licenciado en Filología, Sección Hispánica (Valenciana) y de Filosofía y Letras, División Filología (Filología Valenciana), como homologados o equivalentes al título de Filología Catalana, y expresó que así se hacía a propuesta del Consejo de Universidades.

Y en el mismo sentido se manifiestan los Estatutos de varias Universidades existentes en el territorio de la Comunidad Valenciana (esto es algo que resulta de la STC 75/1997 y que la Administración demandada tampoco ha desmentido).

Es especialmente significativo el acuerdo de la Academia Valenciana de la Lengua de 9 de febrero de 2005, por el que se aprueba el dictamen sobre los principios y criterios para la defensa de la denominación y la entidad del valenciano. En este dictamen se afirma que la lengua propia e histórica de los valencianos, desde el punto de vista de la filología, es también la que comparten las Comunidades Autónomas de Cataluña y de las Islas Baleares y el Principado de Andorra, y que las diferentes hablas de todos estos territorios constituyen una lengua, un mismo sistema lingüístico; se dice también que compartir una lengua no implica que los valencianos no tengan unas señas de identidad y unas características propias, y que las perciban como claramente diferenciadas de las de otros pueblos que usan esa misma lengua; y que es un hecho que en España hay dos denominaciones igualmente legales para designar esta lengua: la de valenciano y la de catalán.

Este Acuerdo de la Academia Valenciana de la Lengua es ciertamente posterior a la Orden controvertida, pero puede ser aquí tenido en cuenta. Primero porque al ser un hecho notorio no puede ser desconocido; y, segundo, porque no expresa nuevos hechos sino una opinión científica que es coincidente con la ya manifestada por otras instituciones de parecida naturaleza.

La línea argumental seguida por la Generalitat Valenciana en su escrito de oposición a la casación viene a reconocer lo anterior, desde el momento en que pone el acento de su oposición en que el valenciano es una variedad de la lengua catalana y en que es el dato de esa variedad el que justifica la dualidad de certificaciones administrativas que preconiza y la aquí polémica supresión de convalidaciones.

Lo último que acaba de afirmarse produce un nuevo desplazamiento del tema litigioso a esta otra cuestión: si ese dato de la existencia de variedades dentro de un mismo sistema lingüístico es, por sí solo, suficiente para mantener que las titulaciones y certificaciones diferentes correspondientes a cada una de ellas no puedan ser convalidadas unas con otras.

Es cierto que la discrecionalidad inherente al poder político que ostentan las Comunidades Autónomas exige respetar los criterios de oportunidad que hayan asumido en su acción de gobierno, pero no lo es menos que esta acción de gobierno está vinculada a las exigencias que impone la observancia de los derechos fundamentales.

Entre estos últimos figuran las manifestaciones del principio de igualdad garantizadas por los artículos 14 y 23.2 CE que, como es sabido, impiden diferencias de trato que no tengan una clara y suficiente justificación objetiva; y, por lo que se refiere a la acción pública que realice esas diferencias de trato, imponen a la correspondiente Administración que la lleve a cabo la carga de ofrecer la justificación que resulta necesaria.

De nuevo hay que decir que sigue perteneciendo al campo científico la cuestión de si esas variedades dentro de un mismo sistema lingüístico son o no razón bastante para establecer titulaciones distintas no equiparables ni convalidables. Lo cual, unido a lo anterior, significa que recaía sobre la Generalitat Valenciana la carga de señalar las razones de índole científico y académico que justificaban la supresión de convalidaciones que es aquí objeto de discusión.

La justificación no se ha aportado y, además, esa supresión resulta contradictoria con las soluciones presentes en la normativa de educación del Estado.(...)"

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En consecuencia, trasladando tales consideraciones al caso actualmente sometido a nuestra decisión, pues así lo exigen los principios de igualdad en la aplicación de la Ley y de unidad de doctrina, procedería en cualquier caso la desestimación del recurso de casación.

De conformidad con lo establecido por el artículo 139.2 de la LJCA , procede imponer las costas a la parte recurrente, al no apreciar la concurrencia de circunstancia que justifiquen su no imposición, y por aplicación de la habilitación de dicho precepto, se fija la cantidad máxima por el concepto de honorarios de Abogado de la parte contraria en la cantidad de 1500 euros.

Entiendo que la sentencia incurre en incongruencia interna, pues los recurrentes, que no son posibles participantes en el concurso oposición , basaban el recurso en la nulidad por omisión de los títulos citados en las órdenes impugnadas.

Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio , Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, disponía en su articulo 7 (redacción original, vigente en el momento en que se dictan las órdenes impugnadas) que: "los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el valenciano y el castellano" (apartado 1). En su apartado 2 disponía este precepto que: "La Generalidad Valenciana garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento". En el apartado 4 se dispone que: "Se otorgará especial protección y respeto a la recuperación del valenciano". En el apartado 5, dispone este precepto, que "la ley establecerá los criterios de aplicación de la lengua propia en la Administración y en la enseñanza" . Es decir, el Estatuto de Autonomía de dicha Comunidad denomina al valenciano, idioma y lengua, y se remite a la ley para la determinación de sus criterios de aplicación en la Administración y en la enseñanza.

A ello se añade en el apartado 8, introducido por la reforma del Estatuto, operada en virtud de Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio , que "La Academia Valenciana de la Llengua es la institución normativa del idioma valenciano".

Es decir, desde un punto de vista jurídico, salvo que se declarara la inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía, es evidente que el idioma que se habla en la Comunidad Valenciana es el valenciano, y que es la Generalidad Valenciana la competente para su regulación y defensa, y que la normativa le corresponde a la Academia Valenciana de la Lengua.

Es verdad que no corresponde a los Tribunales de Justicia determinar si estamos, en el caso del Catalán y el Valenciano, ante una misma lengua, o si existen variedades, como recoge el acuerdo de la Academia Valenciana de la Lengua de 9 de febrero de 2005, por el que se aprueba el dictamen sobre los principios y criterios para la defensa de la denominación y la entidad del valenciano, donde se dice que compartir una lengua no implica que los valencianos no tengan unas señas de identidad y unas características propias, y que las perciban como claramente diferenciadas de las de otros pueblos que usan esa misma lengua.

Lo que se ventilaba en el recurso sin embargo no era si las diferencias posibles entre el valenciano y el catalán justificaban, en vía de ejecución de las ordenes impugnadas, la admisión de los títulos que los recurrentes entendían que debían incluirse en las mismas; esto es, si quienes poseyeran dichos títulos y participaran en los procesos pudieran ser considerados como equivalentes por coincidir esencialmente el conocimiento que los mismos acreditaban. Lo que se discute es si la Generalitat Valenciana estaba obligada jurídicamente a incluir estos títulos en las órdenes impugnadas, y si eran nulas por la omisión de estos títulos, y eso lo niega la sentencia recurrida. En consecuencia, entiendo que la sentencia recurrida debió limitarse a desestimar el recurso interpuesto.

Se vulnera, a mi juicio, por dicha sentencia, el artículo 70 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , porque, razonando que la convocatoria es válida, y que será en los actos de aplicación e interpretación de las bases cuando los interesados que se presenten con el título de filología Catalana podrán hacer valer, en su caso, la pretensión de homologación o equivalencia de dicho título con el de filología Catalana, la sentencia recurrida debió desestimar el recurso y no incluir en su fallo algo que los demandantes no habían incluido en el suplico de la demanda, produciendo así indefensión a la parte recurrida, pues una cosa es que la Generalidad Valenciana venga obligada a incluir determinados títulos en las convocatorias, y otra distinta, que determinados títulos puedan ser considerados sustancialmente equivalentes al de filología valenciana, sea el de filología Catalana u otros distintos, pero ello, como sostiene la sentencia, en tramite de admisión al proceso selectivo, y alegados por quienes estuvieren en su posesión.

En consecuencia, si la sentencia considera que la Administración Autonómica Valenciana no estaba obligada a incluir entre los títulos que eximían del examen de Valenciano el de Filología Catalana, por entender que, en la realización del procedimiento selectivo se podría en su caso hacer valer este título, debió limitarse a desestimar el recurso interpuesto, y al no hacerlo así y al pronunciarse sobre hechos futuros y cuestiones no planteadas, incurre a mi juicio en incongruencia, por contradicción en los pronunciamientos del fallo, y por "ultra petitum" en relación con lo solicitado por las demandantes, con violación del articulo 70 citado y del articulo 33 de la misma ley jurisdiccional.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal, el mismo día de su fecha, lo que certifico.