STS, 17 de Septiembre de 2011

La Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, en ejecución de sentencia del recurso de casación nº 1619/96, procedió a la anulación de la factura nº 9602 de 30 de noviembre de 1992, emitiendo una liquidación conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley 55/99, de 29 de diciembre , en redacción dada por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre , por un importe igual al de la factura anulada (18.643,39 euros), refacturando de este modo el servicio portuario de 1992.

Concedido trámite de audiencia a la entidad recurrente, ésta alegó la improcedencia de la liquidación por haberse producido la prescripción del derecho de la Administración para practicarla, basándose en que la factura originaria fue declarada nula de pleno derecho por falta de cobertura legal, por lo que carece "ab initio" de efectos jurídicos, y por ello no se produjo la interrupción del plazo de prescripción. La Autoridad portuaria desestimó las alegaciones.

En fecha 1 de agosto de 2003, CEFERINO NOGUEIRA S.A. interpuso reclamación económico-administrativa contra la liquidación mencionada, reiterando la prescripción del derecho de la Administración a dictar liquidación.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia, en sesión celebrada en La Coruña el día 29 de noviembre de 2005, resolvió desestimar la reclamación y confirmar la liquidación impugnada.

El acuerdo del TEAR de Galicia de 26 de octubre de 2005 fue impugnado por CEFERINO NOGUEIRA S.A. ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que fue resuelto por su Sección Tercera en sentencia de 17 de octubre de 2007 , cuyo fallo era del siguiente tenor literal: "FALLO: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. JOSE MARTIN GUIMARAENS MARTINEZ, en representación de la entidad Ceferino Nogueira, S.A., contra acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia, adoptado en sesión de fecha 29 de noviembre de 2005, desestimatorio de la reclamación económico- administrativa nº 36/1213/03; no hacemos especial imposición de costas".

Contra la citada sentencia la empresa CEFERINO NOGUEIRA S.A. interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina directamente ante el Tribunal "a quo", que ha sido tramitado procesalmente conforme a las prescripciones legales; y formalizado por el Abogado del Estado su oportuno escrito de oposición al recurso, se elevaron las actuaciones a esta Sala y se señaló, por su turno, para votación y fallo, la audiencia del día 14 de septiembre de 2011, fecha en la que ha tenido lugar dicha actuación procesal.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martinez Mico, quien expresa el parecer de la Sección.

La sentencia recurrida consideró rechazables los reproches de inconstitucionalidad dirigidos por la recurrente contra la norma cuestionada y estimó, en consecuencia, que no procedía plantear la cuestión de inconstitucionalidad de la misma.

La alegación de la entidad recurrente relativa a que la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley 55/1999 establece una retroactividad auténtica que contravendría el principio de seguridad jurídica consagrada en el artículo 9 de la Constitución parte de la premisa de considerar que esa Disposición crea una tarifa años después de producido el hecho imponible de la tasa. Tal premisa es errónea. Dicha Disposición, dirigida a suplir la ausencia temporal de reglas que disciplinasen el régimen de liquidación y la cuantificación de las tarifas, por anulación de las Ordenes Ministeriales que las determinaban, lejos de crear nuevas tarifas, lo que hace es mantener las tarifas "establecidas en las disposiciones vigentes en función del momento en que efectivamente se prestaron a los usuarios los correspondientes servicios por las Autoridades Portuarias y se practicaron las liquidaciones". Y es que, en efecto, como señalaba la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de abril de 2005 , refiriéndose al artículo 70.2 de la Ley 27/1992 , cuando este precepto señala que el Ministro de Obras Públicas y Transportes establecerá los límites mínimos y máximos de las tarifas por servicios portuarias "no está autorizando que dicho Ministro "establezca" las citadas tarifas, sino que únicamente permite que tal órgano fije la cuantía de la prestación tributaria previamente establecida en la Ley, concretamente, en el art. 70.1 , en relación con los arts. 66, 71 y 72, todos ellos de la Ley 27/1992 ". En consecuencia, la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley 55/1999 no está creando las tarifas a que se refiere sino que sólo hace una relación de las que ya estaban establecidas "en el art. 70.1 , en relación con los arts. 66, 71 y 72, todos ellos de la Ley 27/1992 ", y debemos añadir que la inconstitucionalidad declarada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de abril de 2005 no afecta a todo el artículo 70.1 de la Ley 27/1992 sino sólo a la calificación que en él se hace como "precios privados" de lo que constituyen verdaderas "prestaciones patrimoniales de carácter público".

Lo que hace la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley 55/1999 es establecer los elementos de cuantificación de las tarifas por la prestación de los servicios comprendidos en cada una de ellas. Si de la aplicación de esos elementos de cuantificación de los servicios prestados por las Autoridades Portuarias con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/2000 resultase exigible una deuda superior a la que había sido liquidada en aplicación de las disposiciones vigentes en el momento en que efectivamente se prestaron tales servicios, podría aquella Disposición incurrir en retroactividad prohibida constitucionalmente por vulneración del principio de seguridad jurídica, más como ello no sucede, pues la citada Disposición dispone expresamente que "En el supuesto de que, como resultado de la aplicación de la presente Ley, se exigiese a los usuarios una cantidad superior a la liquidada, se estará, en virtud del principio de seguridad jurídica, a la cuantía contenida en las correspondientes facturas", no aprecia la Sala que dicha Disposición pudiera ser contraria a la Constitución por vulneración de su artículo 9 .

Tampoco aprecia la Sala que la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley 55/1999 pudiera ser contraria a la Constitución por vulneración del artículo 117.3 en relación con los artículos 106.1, 118 y 24.1 de la misma.

No tiene en cuenta la entidad recurrente que la ejecución de las sentencias anulatorias de las liquidaciones anteriores se cumplen con la desaparición de éstas y, en su caso, con la devolución de lo ingresado indebidamente en virtud de ellas o aplicando el mecanismo de la compensación, y tampoco advierte que a esa ejecución no sólo no se opone la Disposición comentada sino que, bien al contrario, en ella se prevé expresamente que las nuevas liquidaciones se practicarán sin perjuicio del cumplimiento y ejecución de las respectivas sentencias. En consecuencia, la Disposición citada no ha desapoderado a los Tribunales sentenciadores de la potestad exclusiva de ejecutar lo juzgado (evidentemente tampoco de la potestad exclusiva de juzgar) porque no deja sin efecto el pronunciamiento de las sentencias que hayan anulado liquidaciones anteriores que eran ilegales por serlo las Ordenes Ministeriales que determinaban el régimen de liquidación y la cuantificación de las tarifas. Esas liquidaciones anteriores que han sido anuladas continúan estándolo, no reviven con la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley 55/1999 , siendo así que las nuevas liquidaciones no pueden considerarse reproducción de aquéllas ni alteran los pronunciamientos de las sentencias que anularon las anteriores en cuanto se dictan al amparo de una legislación que por ser posterior a aquellas sentencias no pudo ser contemplada por ellas.

- Respecto de los "motivos de ilegalidad de las liquidaciones practicadas", la sentencia recurrida analiza en primer término, por cuestión de método, el relativo a la invocada prescripción del derecho de la Administración para volver a liquidar, y lo rechaza, porque con independencia del carácter que pueda atribuirse a la nulidad declarada de las liquidaciones anteriores, lo cierto es que el régimen de prescripción tiene su regulación en la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley 55/1999 , en la que se dispone que "el plazo de prescripción, interrumpido durante la tramitación de los recursos interpuestos contra la liquidación", volverá a contarse de nuevo a partir del día siguiente a aquél en que sea notificada la sentencia firme anulatoria de la liquidación, y es lo cierto que tal plazo no ha transcurrido en el caso entre la fecha de notificación de la sentencia que anuló las liquidación anterior y la liquidación a que se refiere el acuerdo aquí impugnado.

- La circunstancia de que la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley 55/1999 , al regular la posibilidad de volver a facturar unas mismas tarifas portuarias que fueron previamente anuladas por sentencias firmes, disponga que "para el cobro de tales derechos, que mantienen su definición legal de precios privados, no podrá utilizarse potestad administrativa de clase alguna y, singularmente, la vía de apremio", no transmuta la verdadera naturaleza de las tarifas como "prestaciones patrimoniales de carácter público", y toda vez los elementos de cuantificación de tales tarifas por la prestación de los servicios comprendidos en cada una de ellas no se determinan ya por Orden Ministerial, que era lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 27/1992 y lo que determinó su declaración de inconstitucionalidad, sino que se establecen precisamente en la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley 55/1999 , y en cuanto a estos elementos de cuantificación se ha ajustado la liquidación que constituye el acto originario aquí impugnado, tal liquidación ha de ser considerada conforme a Derecho.

La recurrente alega que la sentencia recaída en el recurso contencioso-administrativo es contradictoria con las sentencias de fechas 16 de febrero y 12 de abril de 2007, dictadas por la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en los recursos núms. 1151/2002 y 1150/2002 respectivamente que resuelven supuestos idénticos y en los que se llega a pronunciamientos contradictorios con los de la sentencia impugnada en el presente recurso.

Las normas que la recurrente considera infringidas son los artículos 31.1 y 133.1 de la Constitución, las sentencia del Tribunal Constitucional núm. 102/2005, de 20 de abril , y 212/2005, de 10 de mayo , y la jurisprudencia de este Tribunal Supremo relativa a la nulidad de las liquidaciones portuarias practicadas con base en Ordenes Ministeriales, especialmente las sentencias de 31 de enero y 19 de octubre de 2006 , que establecen la nulidad de las liquidaciones portuarias practicadas a partir del año 2001.

La inadmisibilidad del recurso pretendida por el Abogado del Estado en base a lo previsto en el artículo 97.2 , no puede ser admitida porque supone tal rigorismo en su formulación que podría menoscabar el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo cierto es que la recurrente acompañó con su escrito de interposición copia simple de las sentencias de contraste que invocó, que solicitó certificación de las mismas en escrito que fue presentado en su día junto al escrito por el que se interpuso el recurso de casación para la unificación de doctrina y que las sentencias invocadas obran en las actuaciones con certificación de la Secretaria de Sala a los efectos de la interposición del presente recurso.

Plantea el Abogado del Estado, con carácter previo, la inadmisibilidad del recurso interpuesto por no haberse cumplido lo previsto en el artículo 97.2 de la LJCA , dado que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria --de 16 de febrero y 12 de abril de 2007 -- que se invocan como contradictorias no son firmes porque contra las mismas se ha promovido recurso de casación para la unificación de doctrina por la Abogacía del Estado de Cantabria.

No se acaba de entender este óbice procesal opuesto por el Abogado del Estado porque obra en las actuaciones certificación de las sentencias alegadas de contraste con mención de su firmeza.

Por otra parte, la Sala no ha encontrado en su Secretaría rastro alguno que permita sostener la existencia de tales recursos.

En estas condiciones no puede admitirse la inadmisibilidad pretendida.

Como es sabido, el Tribunal Constitucional, en sentencias de 20 de abril y 10 de mayo de 2005 , declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, tanto en su redacción original como en la introducida por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre .

El supuesto que aquí nos ocupa no es el de una liquidación dictada al amparo del artículo 70 de la Ley 27/1992 , declarado inconstitucional, sino el de una liquidación practicada en sustitución de otra que había sido anulada judicialmente, nueva liquidación (o refacturación) que la Autoridad Portuaria ha de dictar en aplicación de lo dispuesto en una norma legal distinta, que es la Disposición Adicional 34 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre , que previene la posibilidad de practicar nuevas liquidaciones respecto a las efectuadas tras la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que hubieran resultado anuladas por sentencia judicial firme.

En efecto, la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, en su Disposición Adicional 34 habilitó a las Autoridades Portuarias para dictar nuevas liquidaciones en sustitución de aquellas otras que hubiera sido anuladas por resolución judicial. Y en el presente caso el objeto del recurso lo constituyen, no las liquidaciones "originarias" dictadas por la Autoridad Portuaria al amparo de un precepto declarado inconstitucional (el artículo 70 de la Ley 27/1992 ), sino las nuevas liquidaciones (refacturaciones) dictadas al amparo de la Disposición Adicional 34 de la Ley 55/1999 en sustitución de aquellas otras que fueron declaradas nulas por los Tribunales de Justicia.

La Disposición Adicional 34 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en redacción dada por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 14/2000 , establece lo siguiente:

"1. En los supuestos en que, por sentencias judiciales firmes, se declare la nulidad de liquidaciones de tarifas por servicios portuarios efectivamente prestados a los usuarios por las antiguas Juntas de Puertos, Puertos Autónomos y Comisión Administrativa de Grupos de Puertos con arreglo a la Ley 1/1966, de 28 de enero , sobre régimen financiero de los puertos españoles, modificada por la Ley 18/1985, de 1 de julio, como consecuencia de la declaración de nulidad de las disposiciones que establecieron sus cuantías, las Autoridades Portuarias practicarán nuevas liquidaciones previa audiencia de los interesados y sin perjuicio de la ejecución de las sentencias en sus propios términos.

La Autoridad Portuaria, al notificar la nueva liquidación, y cuando concurran los requisitos establecidos con carácter general en la normativa tributaria, acordará de oficio la compensación que proceda por la cuantía del crédito reconocido a favor del deudor en el expediente de devolución de ingresos indebidos, pudiendo disminuir en la nueva liquidación la cantidad previamente ingresada.

En estos casos, en ejecución de sentencia se admitirá la oportuna compensación con los créditos que la Autoridad Portuaria ostente contra el recurrente y, en particular, con los que deriven de la nueva liquidación.

2. Las tarifas por los servicios prestados a los usuarios por las Autoridades Portuarias con arreglo a las Ordenes Ministeriales sobre tarifas por servicios portuarios dictadas tras la vigencia de la Ley 27/1992 (...) cuyas liquidaciones hayan sido anuladas por sentencias judiciales firmes como consecuencia de la declaración de nulidad de dichas Ordenes, serán nuevamente exigidas a los usuarios que hayan recibido los correspondientes servicios, mediante la práctica de nuevas liquidaciones, previa audiencia de aquéllos y sin perjuicio del cumplimiento y ejecución de las respectivas sentencias.

La Autoridad Portuaria, al notificar la nueva liquidación, y cuando concurran los requisitos establecidos con carácter general, acordará de oficio la compensación que proceda por la cuantía del crédito correspondiente al deudor, pudiendo disminuir en la nueva liquidación la cantidad previamente ingresada. A los efectos de la compensación, se entenderá que la obligación es líquida, vencida y exigible desde el día de la notificación de la factura que contenga la nueva liquidación. En estos casos, en ejecución de sentencia se admitirá la oportuna compensación con los créditos que la Autoridad Portuaria ostente contra el recurrente y, en particular, con los que deriven de la nueva liquidación (...)."

1. Es de recordar aquí que en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4094-2003, planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto del apartado primero de la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre , de medidas fiscales, administrativas y de orden social, por posible vulneración del art. 9.3 CE y del art. 117.3 , en relación con los arts. 106.1, 118 y 24.1 de la Constitución, la sentencia núm. 116/2009, de 18 de mayo, del Tribunal Constitucional , explica la génesis de la Disposición Adicional 34 de la Ley 55/1999 .

El artículo 9 de la Ley 1/1966, de 28 de enero , sobre régimen financiero de los puertos españoles, modificada por la Ley 18/1985, de 1 de julio , estableció que la cuantía de las tarifas por servicios portuarios se actualizarían anualmente por el Ministerio de Obras Públicas, fijando sus límites máximos y mínimos, lo que se fue verificando anualmente por Orden Ministerial. La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, derogó la anterior normativa, pero siguió manteniendo en los apartados 1 y 2 de su art. 70 que estas tarifas tendrían el carácter de precios privados y que correspondía al Ministro de Obras Públicas y Transporte fijar sus límites mínimos y máximos. Este art. 70 recibió una nueva redacción por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre , insistiendo en la conceptuación de las tarifas portuarias como precios privados y en la competencia del Ministerio de Fomento para definir la estructura tarifaria. Finalmente, sería la Ley 48/2003, de 26 de noviembre , de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, la que derogó este régimen tarifario, estableciendo uno nuevo en el que se distingue entre contraprestaciones monopolizadas, ligadas al ejercicio de funciones públicas, y las que se prestan en concurrencia con el sector privado, de modo que las primeras quedan sujetas a tasas portuarias y las segundas a precios privados.

Pues bien, en el contexto normativo del régimen tarifario establecido en la Ley 1/1966 , modificada por Ley 18/1985 , y en la Ley 27/1992 , tanto en su redacción originaria como en la modificada por la Ley 62/1997 , l a Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó diversas Sentencias el 2 de febrero de 1996 , seguidas por otras numerosas resoluciones de éste y otros órganos jurisdiccionales, en que, aplicando la doctrina establecida por la STC 185/1995, de 14 de diciembre , consideró que las tarifas portuarias eran prestaciones patrimoniales de carácter público y, por tanto, sometidas a la reserva de Ley del art. 31.3 CE , por lo que las liquidaciones practicadas al amparo de una cuantificación de esta tasa hecha por Orden Ministerial eran nulas. Después de numerosas anulaciones judiciales de liquidaciones de tarifas por servicios portuarios, la Ley 55/1999, de 29 de diciembre , de medidas fiscales, administrativas y de orden social, incluyó la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta, titulada «nueva liquidación de tarifas portuarias anuladas», cuyo apartado primero , ahora objeto de cuestionamiento, incluye un primer párrafo en que se establece que «en los supuestos en que, por sentencias judiciales firmes, se declare la nulidad de liquidaciones de tarifas por servicios portuarios efectivamente prestados a los usuarios por las antiguas Juntas de Puertos, Puertos Autónomos y Comisión Administrativa de Grupos de Puertos con arreglo a la Ley 1/1966, de 28 de enero , sobre régimen financiero de los puertos españoles, modificada por la Ley 18/1985, de 1 de julio, como consecuencia de la declaración de nulidad de las disposiciones que establecieron sus cuantías, las Autoridades Portuarias practicarán nuevas liquidaciones previa audiencia de los interesados y sin perjuicio de la ejecución de las sentencias en sus propios términos», desarrollando en el resto de párrafos, de manera profusa, todos los elementos de estas tarifas.

Entrando al análisis de fondo, el Tribunal constitucional recuerda que ha reiterado, en relación con la posible afectación del principio de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE ) en supuestos de eficacia retroactiva de normas legales que imponen a los ciudadanos la obligación de contribuir al sostenimiento de gastos públicos o de efectuar prestaciones patrimoniales de carácter público (art. 31.3 CE ), que si bien no existe una prohibición constitucional de la legislación tributaria retroactiva, ello no implica que esas normas con efectos retroactivos sean legítimas constitucionalmente en todo caso, pues pueden entrar en juego otros principios constitucionales, como son el de seguridad jurídica o el de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que pueden resultar contrariados por la retroactividad de esas normas legales. Más en concreto, por lo que se refiere al principio de seguridad jurídica, el Tribunal Constitucional ha destacado que dicho principio protege la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles, ya que, de no darse esta circunstancia, la retroactividad posible de las normas tributarias podría incidir negativamente en el citado principio que garantiza el art. 9.3 CE , lo que, en cualquier caso, no puede entenderse como un derecho de los ciudadanos al mantenimiento de un determinado régimen fiscal.

En este contexto, el Tribunal Constitucional viene afirmando que el grado de retroactividad de la norma cuestionada, así como las circunstancias específicas que concurran en cada caso, se convierten en elemento clave en el enjuiciamiento de su presunta inconstitucionalidad, resultando relevante la distinción entre las disposiciones legales que con posterioridad pretenden anudar efectos a situaciones de hecho producidas o desarrolladas con anterioridad a la propia Ley y las que pretenden incidir sobre situaciones o relaciones jurídicas actuales aún no concluidas. Así, en el primer supuesto -retroactividad auténtica-, la prohibición de la retroactividad operaría plenamente y sólo exigencias cualificadas del bien común podrían imponerse excepcionalmente a tal principio, mientras que en el segundo -retroactividad impropia-, la licitud o ilicitud de la disposición resultaría de una ponderación de bienes llevada a cabo caso por caso teniendo en cuenta, de una parte, la seguridad jurídica y, de otra, los diversos imperativos que pueden conducir a una modificación del ordenamiento jurídico-tributario, así como las circunstancias concretas que concurren en el caso (por todas, entre las primeras, STC 126/1987, de 16 de julio , FF. 9 a 11), y, entre las más recientes, STC 89/2009, de 20 de abril .

En atención a lo expuesto, el Tribunal Constitucional concluye que la norma cuestionada ha vulnerado el art. 9.3 CE , toda vez que establece la regulación de unas tarifas que tienen la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter público, dotándola de una retroactividad auténtica, sin que concurran exigencias cualificadas de interés común que puedan resultar prevalentes.

En efecto, en cuanto a la naturaleza jurídica de las tarifas portuarias, y específicamente las reguladas en la norma ahora cuestionada, es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que deben conceptuarse como prestaciones patrimoniales de carácter público, en el sentido del art. 31.3 CE . Así lo ha confirmado aquel Tribunal en la STC 63/2003, de 27 de marzo , al declarar inconstitucional el ya citado art. 9 de la Ley 1/1966 y lo ha reiterado posteriormente en las SSTC 102/2005, de 20 de abril , y 121/2005, de 10 de mayo , al declarar inconstitucionales el también citado art. 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, en su redacción originaria (FF. 5 y 6) y en la modificada por la Ley 62/1997 , respectivamente. Por tanto, es indubitado que a la norma cuestionada le resulta de aplicación la doctrina ya señalada sobre la incidencia en el art. 9.3 CE de los supuestos de eficacia retroactiva de normas legales sobre prestaciones patrimoniales de carácter público.

Asimismo, cabe concluir que la norma cuya constitucionalidad se cuestiona configura un supuesto de lo que se denomina retroactividad auténtica, toda vez que, tomando como presupuesto y excusa la anulación judicial de las liquidaciones practicadas por haberse declarado nulas las disposiciones que establecieron sus cuantías, habilita la práctica de nuevas liquidaciones, estableciendo la cuantificación de las tarifas a aplicar en relación con supuestos de hecho que no sólo habían sido ya realizados en su integridad y estaban plenamente agotados al amparo de una legislación anterior, sino que incluso habían sido ya objeto de liquidación conforme a esa legislación y sometida dicha liquidación a control de legalidad por los órganos judiciales competentes, lo que implica una actuación legislativa que no era razonablemente previsible para los agentes destinatarios de la norma, dañando la confianza con la que desarrolló su actividad económica. Por tanto, habida cuenta del alcance retroactivo que contiene la norma cuestionada, su legitimidad constitucional sólo podría ser apreciada si existen exigencias cualificadas del bien común que puedan resultar prevalentes.

En el presente caso, sin embargo, el Tribunal Constitucional no aprecia que concurran especiales circunstancias de interés general que resulten prevalentes a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. El Abogado del Estado hace especial incidencia en que la finalidad de la norma era asegurar que se pague el servicio portuario por quien lo recibió y se lucró con él, impidiendo así su enriquecimiento injustificado. Ello no se puede considerar que sea un argumento relevante para apreciar la concurrencia de un interés general en dotar de eficacia retroactiva a la norma cuestionada. Al tener estas tarifas el carácter de prestaciones patrimoniales de carácter público, sólo cabría hablar propiamente de una obligación de pago y, por tanto, de la existencia de un eventual enriquecimiento injusto que quepa remediar, en el caso de que hubiera existido una regulación normativa en el momento de verificarse el servicio que así lo dispusiera, lo que, precisamente, no sucede en este caso, en que la declaración de nulidad radical de esta normativa, por contravenir el principio de reserva de Ley del art. 31.3 CE , era la que había propiciado la nulidad de las diversas liquidaciones practicadas a su amparo. Por tanto, no puede fundamentarse un hipotético interés general en una obligación de pago que era la que había sido negada por resoluciones judiciales firmes. En cualquier caso, además, en el marco de la norma cuestionada tampoco este hipotético interés podría considerarse prevalente a la eficacia la función constitucional de control de la legalidad administrativa que tienen atribuidos los órganos judiciales.

Todo lo expuesto llevó al Tribunal Constitucional, en la meritada sentencia núm. 116/2009, de 18 de mayo , a declarar inconstitucional y nulo el apartado primero de la Disposición Adicional 34 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre .

2. Por otra parte, la sentencia núm. 161/2009, de 29 de junio, del Tribunal Constitucional resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada también por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso -Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, referida al apartado segundo de la Disposición Adicional 34 de la Ley 55/1999 .

   Dijo entonces el Tribunal Constitucional que la cuestión planteada, una vez examinada, debe reputarse resuelta por la doctrina que el citado Tribunal había establecido en la STC 116/2009, de 18 de mayo , en la cual declaró la inconstitucional y nula la inicial redacción del apartado primero de la disposición adicional trigésimo cuarta de la Ley 55/1999 .

   Las razones que determinaron la inconstitucionalidad y nulidad de la redacción inicial del apartado primero de la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre , son igualmente predicables del apartado segundo de esa misma disposición adicional trigésimo cuarta, una vez modificado por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre , puesto que, al igual que la norma declarada inconstitucional y nula en la STC 116/2009, de 18 de mayo , se trata de un precepto con indudable carácter retroactivo, en cuanto que permite la práctica de nuevas liquidaciones que sustituyan a las anteriores anuladas, sin que concurran exigencias cualificadas de interés común que puedan resultar prevalentes y justifiquen su legitimidad constitucional.

   En consecuencia el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad del apartado segundo de la disposición adicional trigésimo cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre , de medidas fiscales, administrativas y de orden social, en la redacción dada al mismo por la disposición adicional séptima de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre .

3. Con base en las sentencias núm. 116/2009, de 18 de mayo , y núm. 161/2009, de 29 de junio, del Tribunal Constitucional que declararon, respectivamente, la inconstitucionalidad y nulidad del apartado primero y del apartado segundo de la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre , en la redacción dada a la misma por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre , este Tribunal Supremo estimó, en sentencia de 13 de julio de 2011, el recurso de casación para la unificación de doctrina --núm. 440/2008 -- interpuesto por la misma entidad aquí recurrente contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de la misma fecha que la aquí recurrida --17 de octubre de 2007--, dictada en el recurso núm. 7854/2006 , que desestimó el recurso contra siete liquidaciones sobre la Tarifa T-3 practicadas en base a lo dispuesto en la Disposición Adicional 34 de la Ley 55/1999 .

Estimado el recurso de casación para la unificación de doctrina, por las mismas razones procede estimar el recurso contencioso-administrativo, con anulación de las liquidaciones giradas en base a lo dispuesto en la Ley 55/1999 , que excedan de los tres millones de pesetas, y con devolución del principal y de los intereses legales correspondientes, sin que proceda hacer imposición de costas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las causadas en el presente recurso.

Por lo expuesto,

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCION

Que debemos estimar el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por la entidad CEFERINO NOGUEIRA S.A. contra la sentencia dictada, con fecha 17 de octubre de 2007, en el recurso 7752/2006 .

Que debemos estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto, con anulación de la liquidación girada por la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, en aplicación de la Tarifa T-3, en relación con el buque Delerois y debiendo proceder la Administración a devolver su principal con los interese de mora.

No hacemos pronunciamiento en cuanto a las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del Poder Judicial, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Rafael Fernandez Montalvo.- Juan Gonzalo Martinez Mico.- Emilio Frias Ponce.- Angel Aguallo Aviles.- Jose Antonio Montero Fernandez.- Ramon Trillo Torres.- PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. Juan Gonzalo Martinez Mico, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.