SAN, 13 de Abril de 2011
| Ponente | JOSE MARIA GIL SAEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 5ª |
| ECLI | ES:AN:2011:1901 |
| Número de Recurso | 1732/2009 |
SENTENCIA
Madrid, a trece de abril de dos mil once.
Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso-
administrativo número 1732/2009, interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Julio Alberto Rodríguez Orozco, en nombre
y representación de Gustavo , contra la Resolución de 21 de agosto de 2009, dictada por el Ministro del Interior por la
que se deniega el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo al recurrente. Ha sido parte LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
El recurrente, nacional de Costa de Marfil, solicitó asilo en España, manifestando que residía Abidján, que había guerra en su país, que tenia miedo y que podían matarlo por razones de la etnia a la que pertenece.
Tramitado el expediente administrativo, por Resolución de 21 de agosto de 2009, dictada por el Ministro del Interior se deniega el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo al recurrente.
Disconforme con esta resolución acude a la vía jurisdiccional.
Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicita sentencia estimatoria del recurso por la que se anule la resolución recurrida revocando el acto impugnado y concediéndole el derecho de asilo y la condición de refugiado.
La Administración demandada, una vez conferido el tramite pertinente para contestar la demanda, presentó escrito en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicitando una sentencia en la que se declare la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas.
No habiéndose recibido el pleito a prueba, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 12 de abril del presente año, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.
Siendo PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. D JOSE MARIA GIL SAEZ.
El acto impugnado es la Resolución del Ministro del Interior, de fecha de 21 de agosto de 2009, dictada por el Ministro del Interior se deniega el reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo a Gustavo , natural de Costa de Marfil.
El actor fundamenta su pretensión en el mismo relato y argumentos expuestos ante la Administración, que la situación política y de guerra del país del recurrente, Costa de Marfil, justifican la concurrencia de las condiciones exigidas para conceder el derecho de asilo, alegando en la demanda la deficiente actuación de la Administración en el uso de un interprete que conociera la lengua materna del recurrente y en la documentación aportada al expediente administrativo de su pasaporte, certificado de nacionalidad y de estado civil.
Por la Abogacía del Estado se opone a la pretensión procesal al estimar no se han acreditado los datos fácticos que la normativa legal establece para otorgar la condición de refugiado y el derecho de asilo.
El articulo 13.4 de la Constitución se remite a la Ley para establecer los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas pueden gozar del derecho de asilo en España. A su vez, la Ley 5/84, de 26 de marzo , modificada por la Ley 9/94, de 19 de mayo (artículo 3 ), reconoce la condición de refugiado y, por tanto, concede asilo a todo extranjero que cumpla los requisitos previstos en los Instrumentos Internacionales ratificados por España, y en especial en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 28 de junio de 1951 y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de Nueva York de 31 de enero de 1967 .
El artículo 33 de la Convención citada establece una prohibición de expulsión y de devolución, para los Estados contratantes respecto a los refugiados, a los territorios donde su vida o libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
El asilo se configura así, en el Derecho indicado, como un mecanismo legal de protección para defensa de ciudadanos de otros Estados que se encuentran en una situación de posible vulneración de sus derechos, por las causas que enumera.
En este sentido, la jurisprudencia ha determinado en qué forma y condiciones ha de obrar la Administración para que su actuación en materia de asilo se ajuste al ordenamiento jurídico, precisando que:
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El otorgamiento de la...
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