STSJ Comunidad de Madrid 795/2006, 11 de Mayo de 2006
| Ponente | ANGELES HUET DE SANDE |
| ECLI | ES:TSJM:2006:4167 |
| Número de Recurso | 188/2005 |
| Número de Resolución | 795/2006 |
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2006 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
RAMON VERON OLARTEANGELES HUET DE SANDEJUAN MIGUEL MASSIGOGE BENEGIUBERTA MARIA SANTILLAN PEDROSAJOSE LUIS QUESADA VAREAMARGARITA ENCARNACION PAZOS PITAJUAN IGNACIO GONZALEZ ESCRIBANO
T.S.J.MADRID CON/AD SEC.9
MADRID
SENTENCIA: 00795/2006
SENTENCIA Nº 795
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION NOVENA
Ilmos Sres.:
Presidente:
Don Ramón Veron Olarte:
Magistrados:
Dª. Angeles Huet Sande
Juan Miguel Massigoge Benegiu.
Dª. Berta Santillán Pedrosa.
José Luis Quesada Varea.
Dª. Margarita Pazos Pita
D. Juan Ignacio González Escribano
En la Villa de Madrid a once de mayo del año dos mil seis.
Visto por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente recurso contencioso administrativo nº 188/05, tramitado como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Victoria Pérez-Mulet y Díez Picazo, en nombre y representación de Dª. Sofía, Dª. Mercedes, D. Rafael, Dª. Lidia, Don Andrés, Dª. Gema, Doña Elvira, Dª. Carmen, Doña Antonia, Doña Alejandra, Dª. María Cristina, Don Jose Ángel, Doña María Antonieta, Doña Marí Jose, Don Federico, Doña Virginia, Dª. Verónica, Doña Susana, Doña Valentina, Doña Victoria, Doña María Rosa, Dª. María Virtudes, Don Pedro Miguel y Doña Ariadna, contra la resolución dictada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, de fecha 18 de marzo de 2005, por la que se desestima la petición por ellos formulada con fecha 7 de marzo de 2005; habiendo sido parte la Administración demandada, representada por la Abogacía del Estado. Ha intervenido también el Ministerio Fiscal.
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites previstos en la ley para el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, se emplazó a la parte demandante para que formalizara la demanda, dándose cumplimiento a este trámite dentro de plazo, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ser ajustada a Derecho la actividad administrativa objeto de impugnación por vulnerar los derechos fundamentales.
Por la Abogacía del Estado se contesta a la demanda, mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia en la que se confirme la resolución recurrida por no producirse vulneración alguna de los derechos fundamentales. El Ministerio Fiscal en su escrito de contestación a la demanda solicita la estimación del presente recurso por entender que la resolución impugnada vulnera los derechos fundamentales.
Habiéndose recibido el presente proceso a prueba, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
En este estado se señala para votación y fallo el día 14 de febrero de 2006, teniendo lugar así.
En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.
Siendo Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Angeles Huet Sande.
Constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo, interpuesto por la vía del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, determinar si la resolución administrativa impugnada es o no adecuada al ordenamiento jurídico.
Tal como se relata en el escrito de interposición del presente recurso jurisdiccional, se impugna la resolución de fecha 18 de marzo de 2005, dictada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, que desestima la petición presentada por los actores mediante escrito de fecha 7 de marzo de 2005. Concretamente, en el indicado escrito, solicitaban: "La inclusión de los solicitantes Dª. Sofía, Dª. Mercedes, D. Rafael, Dª. Lidia, Don Andrés, Dª. Gema, Doña Elvira, Dª. Carmen, Doña Antonia, Doña Alejandra, Dª. María Cristina, Don Jose Ángel, Doña María Antonieta, Doña Marí Jose, Don Federico, Doña Virginia, Dª. Verónica, Doña Susana, Doña Valentina, Doña Victoria, Doña María Rosa, Dª. María Virtudes, Don Pedro Miguel y Doña Ariadna, en la relación definitiva de aprobados de las oposiciones al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia convocadas por Orden de 30-8-1991, una vez comprobado el resultado de la prueba pericial practicada en los recursos contenciosos administrativos concluidos con las sentencias del Tribunal Supremo de 30-12-2002 y 14-10-2003 , tal y como ya han hecho las resoluciones del Ministerio de Justicia de 12 de mayo y 9 de diciembre de 2003, con las consecuencias administrativas y económicas correspondientes".
Con el fin de centrar adecuadamente la cuestión debatida debemos destacar los siguientes hechos:
1) Por Orden del Ministerio de Justicia de 30 de agosto de 1991 , se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno libre, consignándose en las bases de convocatoria, con referencia al segundo ejercicio, el criterio de calificación que era 0,10 puntos por contestación correcta y restando 0,33 puntos por respuesta errónea.
2) Durante la celebración del segundo ejercicio, se informó verbalmente a los opositores que, conforme al criterio adoptado por el Tribunal núm. 1 en su Circular de 26 de mayo de 1992, la valoración de la respuesta correcta sería 0,10 puntos mientras que, las erróneas supondrían restar 0,02 puntos, en vez de 0,33 puntos y, a pesar de tal advertencia, la calificación del examen se hizo restando 0,33 puntos por cada respuesta errónea.
3) El 26 de junio de 1992, se publicó la lista de aspirantes que habían superado el segundo ejercicio y por Resolución de 7 de septiembre de 1992, se hizo pública la relación de aspirantes que habían aprobado las pruebas, pero contra dicha resolución, diversos opositores interpusieron recurso en vía administrativa estimado por la Resolución de 30 de diciembre de 1992, que declaró que procedía revisar la puntuación de los recurrentes y aspirantes que figuraban en la Resolución de 7 de septiembre de 1992, de acuerdo con lo previsto por el Tribunal Calificador núm. 1 en la Circular de 26 de mayo de 1992, y por Acuerdo de 1 de febrero de 1993, se publicó una nueva lista provisional de aprobados, publicándose la definitiva mediante Resolución de 24 de marzo de 1993.
4) Frente a dicha Resolución se interpusieron por una serie de opositores -no los actores- recursos de revisión, al amparo del articulo 118.1 de la Ley 30/92 , cuya desestimación fue impugnada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (R° 2972/97), estimado por Sentencia de fecha 16 de julio de 1999 (confirmada en casación por Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2002 ) y ejecutada por Resolución del Ministerio de Justicia de 12 de mayo de 2003 y Resolución de 14 de octubre del mismo año que ejecuta la Sentencia n° 821/99, confirmada por la de 14 de octubre de 2003 .
La estimación del precitado recurso jurisdiccional se fundamentó en el error material padecido en los procesos de corrección informática del segundo ejercicio, en los que las puntuaciones se obtuvieron sin aplicar el corte de 75,2 y sin efectuar el proceso informático de transformación de la nota establecido por el Tribunal (Dictamen Pericial efectuado en el proceso).
5) Los recurrentes presentan en fecha 7 de marzo de 2005, escrito por el que solicitaban del Ministerio de Justicia que, a través del procedimiento que estimara pertinente (ellos apuntan la revisión de oficio del articulo 102 de la Ley 30/92 ) y una vez comprobado que se encuentran en la Lista de aprobados elaborada por el Perito Procesal de tales recursos, se procediera en igual forma a la de los recurrentes favorecidos por las Sentencias ejecutadas por Resoluciones de 12 de mayo y 9 de diciembre de 2003. Petición que se les deniega por la Resolución de 18 de marzo de 2005, que constituye el objeto del presente recurso contencioso administrativo.
En la demanda presentada la parte actora solicita la nulidad de la resolución administrativa impugnada porque entiende que vulnera el artículo 23.2, en relación con el artículo 14 de la Constitución .
Afirman que opositaron por turno libre al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia convocadas por Orden del Ministerio de Justicia de 30 de agosto de 1991 , superando todos los ejercicios que integraban dichas pruebas, según estableció la resolución del Ministerio de Justicia de 7 de septiembre de 1992, resolución que, tras varios recursos administrativos, supuso la exclusión de los recurrentes, tal como se recogió en la Resolución de 24 de marzo de 1993, en la que ya no aparecían los ahora actores. Esta resolución se ha anulado por las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2002, y 14 de octubre de 2003 , en las que se recoge el error de la Administración al corregir el segundo ejercicio con arreglo a dos criterios de corrección distintos. Las consecuencias del error material sufrido por el Tribunal Calificador quedaron plasmadas en la prueba pericial practicada en el recurso contencioso administrativo nº 2972/97, tramitado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que se resolvió con sentencia estimatoria de fecha 16 de julio de 1999 , a su vez confirmada en casación por sentencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha 30 de diciembre de 2002 . Prueba practicada por un Perito Informático quien, con los datos y listados suministrados por el Ministerio de Justicia, elaboró la lista definitiva de aprobados en el procedimiento selectivo en la que aparecían, de nuevo, los recurrentes por encontrarse su puntuación final dentro de las...
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