ATS, 22 de Julio de 2008

1. - La representación procesal de "DECEPEDA, S.A." presentó el día 16 de abril de 2003, escrito de interposición de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal contra la Sentencia de fecha 24 de enero de 2003, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 21ª), en el rollo nº 952/02, dimanante de los autos nº 487/2002 del Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid.

2. - Mediante Providencia de 28 de abril de 2003 se tuvieron por interpuestos los citados recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, apareciendo notificada dicha resolución a los Procuradores de las partes.

3. - Recibidos los autos en esta Sala y formado el correspondiente rollo, la Procuradora Dª. Susana Gómez Castaño en nombre y representación de D. Rubén y Dª Teresa, presentó escrito con fecha 16 de mayo de 2003 ante esta Sala, personándose como parte recurrida. El Procurador D. Federico Ortiz-Cañavate Levenfeld, en nombre y representación de "DECEPEDA, S.A.", presentó escrito ante esta Sala el 17 de julio de 2003, personándose en concepto de parte recurrente.

4. - Mediante providencia de fecha 29 de abril de 2008, se pusieron de manifiesto a las partes comparecidas las posibles causas de inadmisión de los recursos, presentando escrito la representación de la parte recurrente, con fecha 4 de junio de 2008, escrito oponiéndose a las causas de inadmisión puestas de manifiesto.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Xavier O'Callaghan Muñoz.

1. - En el examen de la concurrencia de los presupuestos y requisitos a los que se subordina la admisibilidad del recurso de casación y del recurso extraordinario por infracción procesal interpuestos contra la resolución de la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid por la que se desestimó el recurso previsto en el artículo 36 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, interpuesto contra la resolución del Juez de Primera Instancia, de fecha 31 de julio de 2002 por el que, de conformidad con el régimen establecido en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y en el Reglamento de la Unión Europea nº 44/0, se despachaba ejecución contra "DECEPEDA Y COMPAÑIA, S.A.", en base al procedimiento cautelar promovido ante la Sección 2ª del Tribunal 7ª de los Tribunales portugueses de lo Civil de Oporto, en concreto, de la medida cautelar decidida el día 1 de febrero de 2002 por dicho Tribunal, se debe tomar como punto de partida que se está ante una resolución que resuelve el recurso previsto en el art. 36 del Convenio de Bruselas de 1968 en el seno de un procedimiento de exequatur sujeto al régimen que establece el ordenamiento comunitario en esta materia. La recurribilidad de estas resoluciones ha sido resuelta en los Fundamentos de Derecho Tercero, Cuarto y Quinto del Auto de fecha 22 de noviembre de 2005, que se reproducen literalmente:

   "3.- La conclusión alcanzada respecto de la recurribilidad en casación de las resoluciones dictadas en material de reconocimiento y ejecución de decisiones al amparo del régimen establecido en los Convenios de Bruselas y de Lugano y de los Reglamentos comunitarios 1347/2000 (ahora sustituido por el 2201/2003) y 44/2001 encuentra su fundamento, como se exponía en los Autos de esta Sala de fecha 12 de marzo de 2002 (recurso de queja 75/2002) y de 23 de noviembre de 2004 (recurso 1981/2001 ), más allá de las disposiciones contenidas en las normas procesales nacionales, pues radica en la primacía que las normas supranacionales integradas en el acervo comunitario presentan respecto de las de producción interna, rasgo que en el caso de los Convenios internacionales celebrados para cumplir los objetivos comunitarios tiene un doble fundamento: de un lado, su propio carácter y procedencia (art. 93 CE ), y de otro, su naturaleza convencional (art. 96 CE ). Junto con esa primacía, es rasgo característico de determinadas normas comunitarias, particularmente los Reglamentos comunitarios, su aplicabilidad directa o efecto directo. Las consecuencias de los principios de primacía y del efecto directo de las normas comunitarias conducen tanto a la inaplicación de las normas internas incompatibles o contrarias a las comunitarias, como a impedir la válida formación de posteriores actos normativos incompatibles con éstas, como, en fin, a la obligación del aplicador del Derecho de garantizar el pleno efecto de esas normas supranacionales, operándose una interacción entre ordenamiento interno y comunitario que se traduce, prima facie, en la interpretación de la legalidad interna conforme al derecho comunitario.

   El recurso de casación que establecen los artículos 41 de los Convenios de Bruselas y de Lugano, 27 del Reglamento CE 1347/2000, 44 del Reglamento CE 44/2001, y 33 del Reglamento CE 2201/2003, constituye un medio de impugnación específicamente previsto en normas comunitarias, dentro de un cauce procesal igualmente previsto y regulado por ellas, y que se califica de cerrado, completo y uniforme (Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 2 de junio de 1985, as. 184/84, de 27 de noviembre de 1984, as. 258/83, de 21 de abril de 1991, as. C-172/91, de 4 de octubre de 1991, as. C-183/90, y de 11 de agosto de 1995, as. C-432/93), medio de impugnación que se encuentra dotado de un objeto y contenido concreto, circunscrito a las cuestiones de derecho suscitadas en la resolución sobre el exequatur de la decisión extranjera -y solo en ella-, esto es, a la revisión de la aplicación de las normas que rigen los presupuestos y requisitos de la declaración de ejecutoriedad de la resolución foránea (STJCE de 27 de noviembre de 1984, as. 258/83). Por lo tanto, el establecimiento del recurso y su contenido se imponen sobre las previsiones normativas internas en virtud de la primacía y de la aplicabilidad directa de la norma comunitaria, en función de los fines a los que se orienta y cuya consecución persigue, que aquí se contraen al logro del objetivo comunitario de la libre circulación de las resoluciones dentro de un espacio de libertad, seguridad y de justicia. Ahora bien, las condiciones, presupuestos y requisitos de procedibilidad y de admisibilidad se rigen por el ordenamiento interno, siempre y cuando sus normas y la interpretación que de ellas se haga garanticen la primacía y el efecto directo de las normas comunitarias -en rigor, el efecto útil de ese efecto directo-, y posibiliten, por lo tanto, el recurso establecido en ellas, con su contenido propio y su propia finalidad, sin convertir en papel mojado, en simple previsión normativa carente de aplicación en la práctica, el recurso de casación establecido en las normas comunitarias.

4. - En los ya citados Autos de 12 de marzo de 2002 y de 23 de noviembre de 2004 se dejaba sentado que las condiciones establecidas por el legislador nacional y la interpretación que de ellas ha hecho esta Sala satisfacen las exigencias de las normas comunitarias, en la medida en que posibilitan el recurso de casación previsto en las mismas, dentro de su específico contenido y conforme a los fines a que está orientado, permitiendo, en suma, en logro de los objetivos comunitarios. Esta satisfacción de las exigencias impuestas por los repetidos principios de primacía y de aplicabilidad directa de las normas comunitarias se logra sin necesidad de efectuar ajuste alguno en la interpretación y aplicación de las normas procesales internas, salvado, si acaso, el obstáculo formal de la clase o tipo de resolución que decida sobre la declaración de ejecutoriedad; aserto éste que se sustenta sin más en la consideración de que, constituyendo el procedimiento de exequatur un cauce procesal establecido por razón de la específica materia que integra su objeto, y, en consecuencia, siendo su acceso al recurso de casación el que en el ordenamiento interno abre el ordinal tercero del art. 477.2 de la LEC, conforme a los expuestos criterios interpretativos de esta Sala, las condiciones establecidas por el legislador nacional para acceder al recurso por esta vía, así como la exégesis que ha efectuado esta Sala respecto de los presupuestos a los que se condiciona la presencia del interés casacional que justifica el recurso, ya por existir contradicción con doctrina jurisprudencial o jurisprudencia contradictoria, ya por tratarse de la aplicación de normas que no lleven en vigor más de cinco años sin que exista jurisprudencia de esta Sala relativa a normas anteriores de igual o similar contenido, y sobre los requisitos impuestos para acreditar la existencia del necesario interés casacional, garantizan la viabilidad del recurso, cumplidos tales presupuestos y requisitos, sin desvirtuar el contenido que imponen las normas comunitarias, y posibilitando, en fin, los fines del recurso y los objetivos a los que éstas sirven.

5. - Al hilo de lo anterior, conviene detenerse en la forma de la resolución de cuya casación se trata. No ha sido pacífica la respuesta que desde los tribunales ha merecido la cuestión de cuál ha de ser el procedimiento conforme al cual debe ventilarse el recurso contra la resolución del Juez de Primera Instancia de decide sobre el exequatur de la decisión foránea en aplicación de las normas comunitarias de continua referencia, como tampoco es uniforme la postura de la doctrina científica al respecto. Así, se ha propuesto la sujeción a los trámites previstos en los artículos 951 y siguientes de la LEC de 1881 -cuya vigencia pervive, en tanto no se promulgue la Ley de Cooperación Jurídica Internacional (Disposición Derogatoria Unica, apartado primero, regla tercera, de la LEC 1/2000, en obligada relación con su Disposición final vigésima )-, por tratarse del procedimiento específicamente establecido por el legislador interno para el trámite del exequatur y por satisfacer suficientemente la exigencia de contradicción impuesta desde la normativa comunitaria; pero del mismo modo se ha sometido la tramitación del recurso a las reglas establecidas para los incidentes, o a las disposiciones que rigen con carácter general el recurso de apelación y la segunda instancia. Este diverso tratamiento de la cuestión ha tenido como ineludible consecuencia la diversidad de la clase de resolución contra la que se pretende recurrir en casación -auto o sentencia-, por más que la clase de la resolución dictada por el Juez de Primera Instancia haya de condicionar la que decide el recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial (cfr. arts. 455.1, 456.1 y 468 de la LEC 1/2000 ). Sea como fuere, en modo alguno puede constituir un obstáculo para el acceso al recurso de casación previsto en las normas comunitarias, pues las previsiones normativas supranacionales, cuya primacía y aplicabilidad directa -su efecto útil- se imponen, como se ha expuesto, sobre las previsiones del ordenamiento interno, convierten tal circunstancia en irrelevante de cara a la recurribilidad en casación de la resolución, operándose a estos efectos una suerte de equiparación formal de ésta -sea cual fuere su clase- con las sentencias definitivas a que se refiere el art. 477.2 de la LEC 1/2000, tal y como se indicaba en los Autos de fecha 21 de enero de 2003, 25 de mayo y 10 de noviembre de 2004, y 17 de mayo de 2005 (recursos 841/2002, 1465/2001, 695/2004 y 3411/2001, respectivamente); con la ineludible precisión de que la vía de recurso únicamente está abierta a las resoluciones que resuelven sobre el específico objeto del procedimiento de exequatur, es decir, sobre la concurrencia de los presupuestos a que en cada caso se subordina la atribución de la eficacia de la decisión extranjera, y no sobre cualesquiera otras de diferente objeto y contenido, pues así viene impuesto por la interpretación de las normas comunitarias efectuada por el Tribunal de Justicia.".

2. - Por otra parte, en los mismos Autos de 12 de marzo de 2002 y de 23 de noviembre de 2003, de continua referencia, así como en los de fecha 21 de enero de 2003, 25 de mayo de 2004, 10 de noviembre de 2004 y 17 de mayo de 2005, también citados, se examinó la cuestión de si las exigencias de los principios de primacía y aplicabilidad directa de las normas comunitarias imponen el establecimiento de un recurso de contenido procesal contra la resolución que decida sobre el exequatur, así como si los fines y los objetivos a cuya consecución se orientan permiten dicho recurso, cuando en la legislación interna el recurso de casación se ha desdoblado, como aquí sucede, dando lugar al novedoso recurso extraordinario por infracción procesal. Conviene, para mayor claridad, recoger la literalidad del Fundamento de Derecho Séptimo de la señalada resolución -cuyo criterio se encuentra recogido, además, en los Autos de fecha 19-11-2002, 21-1-2003 y 10-11-2004, recaídos en los recursos de queja 539/2002, 841/2002 y 695/2004, respectivamente- en donde se aborda esta cuestión en los siguientes términos:

   "La conclusión a la que se debe llegar es que no cabe el recurso por infracción procesal contra las decisiones sobre el exequatur al amparo del Convenio de Bruselas y de Lugano, y de los Reglamentos CE 1347/2000 y 44/2001 . Las razones que avalan semejante conclusión son diversas y de distinto signo, siempre con el referente que proporcionan los Informes Oficiales explicativos de dichos Convenios, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Tales razones son las siguientes: 1) Los instrumentos internacionales de referencia responden al objetivo de facilitar la libre circulación de las resoluciones, para lo cual constituye un objetivo primario la simplificación de los procedimientos que tienen por objeto la declaración de ejecutoriedad en los diferentes Estados miembros, dentro de la concepción del procedimiento de exequatur como un procedimiento autónomo y completo que alcanza también al ámbito de los recursos (SSTJCE 2 de junio de 1985, as. 184/84, 27 de noviembre de 1984, as. 258/83, 21 de abril de 1991, as. C-172/91, 4 de octubre de 1991, as. C-183/90, y 11 de agosto de 1995, as. C-423/93). En consecuencia, el precepto relativo a los recursos procedentes contra la resolución del exequatur merece una interpretación restrictiva, que impida facilitar dilaciones indeseables contrarias a la rapidez y eficacia del procedimiento de homologación e inconciliables con el efecto sorpresa inherente al sistema de reconocimiento establecido por el legislador supranacional. 2) El procedimiento de exequatur se articula en torno a un sistema autónomo, completo e independiente del de los Estados que responde, además, a postulados de seguridad jurídica y de uniformidad en la aplicación de las normas de los instrumentos internacionales. Tal y como se indica en la STJCE de 11 de agosto de 1995, "el Convenio ha instaurado un procedimiento de exequatur que constituye un sistema autónomo y completo, independiente de los sistemas jurídicos de los Estados contratantes, y que, por otra parte, el principio de seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico comunitario, así como los objetivos del Convenio con arreglo al art. 220 del Tratado CEE, en el que se basa, exigen la aplicación uniforme en todos los Estados contratantes de las normas del Convenio y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al mismo"; y se añade: "la aplicación uniforme del Convenio en todos los Estados miembros no permite que, en determinados Estados requeridos, la parte contra la que se solicita la ejecución disponga de más medios procesales, en comparación con los existentes en otros Estados contratantes, para retrasar la ejecución de una resolución ejecutoria dictada en el Estado contratante de origen". 3) Consecuencia de lo anterior es que los textos internacionales limitan a dos el número de recursos posibles contra la resolución del exequatur, el primero de los cuales se dirige contra la resolución del Juez de Primera Instancia que autoriza o deniega la ejecución, y que presenta un objeto plural, en el que tienen cabida tanto las cuestiones de hecho como de derecho, y las procesales junto con las sustantivas; el segundo, el que se dirige contra la resolución de la Audiencia, presenta un objeto más limitado, ceñido a cuestiones de derecho, excluyéndose, por tanto, las de carácter fáctico o relativas al juicio de hecho, y, desde luego, las que generan un incidente de carácter procesal capaz de dilatar el curso del proceso. 4) Este sistema completo, autónomo e independiente, tributario de los objetivos y fines de los instrumentos internacionales, se impone en el foro por virtud de los principios de primacía y del efecto directo de sus disposiciones. El establecimiento dentro del orden interno de mecanismos revisorios de naturaleza anulatoria, que por lo general tengan el efecto de reponer las actuaciones al momento en que se produjo el defecto o la falta procesal, puede resultar contrario a dichos fines en la medida en que impiden o limitan los objetivos de sencillez y rapidez en la decisión sobre el exequatur de las sentencias y resoluciones extranjeras. Tales objetivos sirven al más genérico de posibilitar la libre circulación de resoluciones en condiciones de plena efectividad, y constituyen, por ello, principios rectores del procedimiento de exequatur que trascienden al ordenamiento comunitario para insertarse en los derechos procesales nacionales, e imponen una interpretación de sus disposiciones acorde con tales principios, excluyente de cualquier criterio hermenéutico enervador del efecto útil de las normas supranacionales. 5) No se puede dejar de tomar en consideración el marco objetivo que el legislador nacional ha querido conferir al recurso por infracción procesal, en el que tienen cabida tanto cuestiones de indiscutible naturaleza procesal, como otras a las que ha querido dar ese tratamiento, no obstante tener un contenido total o parcialmente sustantivo. Así, ha desterrado definitivamente de la casación el juicio de hecho, sometido ahora al recurso extraordinario por infracción procesal, materia que el Tribunal de Justicia comunitario, por su parte, ha situado extramuros del recurso de casación contemplado en las disposiciones supranacionales de referencia. La delimitación del contenido del recurso previsto en ellas contra la resolución de la Audiencia ha de impedir, pues, un recurso que tenga por objeto materias expresamente excluidas de dicho contenido. Si el legislador nacional ha querido desgajar del contenido del recurso de casación las cuestiones de hecho y las procesales, dejándolo limitado a las cuestiones de derecho, y si el legislador supranacional ha circunscrito el recurso contra la decisión de la Audiencia a cuestiones de esta índole, no hay razón alguna para extender el ámbito de éste a materias que resultan ajenas a su contenido; antes bien, el recurso de casación previsto por el legislador nacional en la LEC 2000 se acomoda plenamente en su contenido al establecido en las normas internacionales. 6) Y cabe añadir a lo anterior, como elemento de cierre, que ni desde la perspectiva del legislador ordinario ni de las exigencias constitucionales se hace preciso un mecanismo de revisión de la legalidad procesal que posibilite un sistema de amparo judicial situado en el ámbito del recurso de casación o de otro recurso extraordinario; y que la LEC 2000 se ha decantado decididamente por configurar el proceso resaltando su carácter instrumental respecto de la cuestión litigiosa que constituye su objeto, evitando en lo posible que los incidentes procesales se conviertan en la materia del pleito.

3. - Cuanto se acaba de exponer permite dejar sentadas, desde ahora, dos conclusiones: la primera, que la resolución dictada por la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid es susceptible de ser recurrida en casación, con independencia de la forma que haya revestido, debiendo serlo a través del cauce del interés casacional previsto en el ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC, con la ineludible consecuencia de tener que cumplirse los presupuestos y los requisitos a los que legal y jurisprudencialmente se condiciona la procedencia del recurso por esta vía; y la segunda, que contra dicha resolución no cabe el recurso extraordinario por infracción procesal, independientemente de la suerte que deba correr el recurso de casación asimismo preparado, incurriendo por ello el RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL preparado en la causa de inadmisión prevista en el art. 473.2 de la LEC 2000, por irrecurribilidad de la resolución recurrida en cuanto al citado recurso.

4. - Por lo que se refiere al RECURSO DE CASACIÓN, el escrito de preparación se fundamenta en el ordinal 3º del art. 477.2 de la LEC 2000, alegando la existencia de interés casacional por oposición a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea, señalando como preceptos legales infringidos:

   1. "La sentencia infringe el art. 34.1 y 2 del Reglamento Comunitario 44/2001, 27.1 y 2 del Convenio de Bruselas y 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que impiden que se le reconozca ejecutividad a las resoluciones extranjeras que sean contrarias al orden público y cuando fueren dictadas ene rebeldía del demandado", para denunciar que la resolución recurrida no examina los motivos de denegación prevenidos en los artículos 34 y 35 del Convenio, reiterando que se infringen los preceptos que menciona porque otorga implícitamente ejecutividad a una resolución extranjera dictada en rebeldía del demandado, lo que resulta contrario al orden público español, mencionando las Sentencias del TJCE de 12 de noviembre de 1992, las SSTS de 17 de junio de 1983 y 26 de febrero de 200, así como los AATS de fecha 2 de febrero de 1999, y 16 de mayo y 19 de septiembre de 2000 .

   2. "La sentencia infringe el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto que las sentencias deben ser congruentes con las demandadas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente, así como el artículo 465.4 de la referida Ley que establece que la sentencia deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteadas", para insistir en la improcedencia de la ejecución de la resolución por ser contraria al orden público, citando respecto al respecto las Sentencias de esta Sala de fecha 4 de mayo y 7 de diciembre de 1999, 8 de febrero, 2 y 23 de marzo, 11 de abril de 2000 .

   3. Señala por último el recurrente que "La sentencia infringe el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil referente a la cosa juzgada por cuanto al no resolver sobre el hecho de no otorgar ejecución a la resolución extranjera, cuestión que ha sido objeto del recurso, impide a esta parte invocarla en un proceso ulterior adquiriendo por tanto el carácter de cosa juzgada", invocando las SSTS de 15 de noviembre de 2001, y 31 de diciembre de 1998 .

   Utilizado en el escrito de preparación el cauce del interés casacional para acceder a la casación resulta que dicha vía es la adecuada habida cuenta que el procedimiento se sustanció por razón de la materia.

5. - No obstante lo expuesto, todos los motivos del escrito de preparación expuestos, incurren en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2. 2º, inciso segundo, de la LEC 2000, en relación con el art. 477.1 de la misma Ley, al plantear cuestiones que exceden del ámbito del recurso de casación, por presentar carácter procesal, lo que resulta evidente respecto de los mencionados artículos 218 y 222 de la LEC, respectivamente relativos a la congruencia y motivación, y a la institución de la cosa juzgada, pero que igualmente resulta predicable del motivo primero. Efectivamente, acordando la resolución recurrida en su parte dispositiva "la nulidad del auto dictado el día 31 de julio de 2002 en el proceso de exequatur de la resolución de 1 de febrero de 2002 de la Sección 2ª del tribunal 7º de los Tribunales Portugueses de lo Civil de Oporto, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid con el número de autos 487/2002, así como el proceso de ejecución que se ha iniciado a raíz de ese auto, al que deberán retrotraerse las actuaciones para que, en su lugar, se dicte auto declarando o no la ejecutividad en España de la resolución judicial portuguesa, adaptándose, en el primero de los casos, las medidas cautelares que se consideren convenientes entre las interesadas por la parte", las pretensiones de la entidad recurrente tienen como presupuesto la desarticulación de la declaración de nulidad procedimiento y retroacción de actuaciones acordada por la resolución impugnada, lo que no puede verificarse a través del recurso de casación, de suerte que el recurso de casación utilizado es improcedente al plantearse a través del mismo cuestiones que exceden del ámbito del recurso de casación y para cuya denuncia ha de acudirse al recurso extraordinario por infracción procesal. A tales efectos debemos recordar que el objeto del proceso a que alude el art. 477.1 LEC 2000, debe entenderse referido a las pretensiones materiales deducidas por las partes, relativas "al crédito civil o mercantil y a las situaciones personales o familiares", como señala la Exposición de Motivos de la LEC 2000, que directamente alude a que "las infracciones de leyes procesales" quedan fuera de la casación. El régimen de recursos de la nueva LEC 2000 no es, en absoluto, coincidente con la distinción entre "infracción de ley" y "quebrantamiento de forma", establecida inicialmente en la LEC de 1881, no pudiendo limitarse el recurso extraordinario por infracción procesal a los vicios "in procedendo" y atribuir el control de los vicios "in iudicando" al recurso de casación, pues el ámbito jurídico material al que se circunscribe éste último determina un desplazamiento de los temas de índole adjetiva a la esfera del otro recurso extraordinario, a través del cual incumbe controlar las "cuestiones procesales", entendidas en sentido amplio, es decir, no reducido a las que enumera el art. 416 de la LEC 2000 bajo dicha denominación -falta de capacidad de los litigantes o de representación en sus respectivas clases; cosa juzgada o litispendencia; falta del debido litisconsorcio, inadecuación de procedimiento y defecto legal en el modo de proponer la demanda o, en su caso, la reconvención, por falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o en la petición que se deduzca-, sino comprensivo también de las normas referidas a la legitimación, en cuanto constituye un presupuesto vinculado al fondo del asunto, pero de tratamiento preliminar, e igualmente de las que llevan a conformar la base fáctica de la pretensión, de tal modo que los aspectos atinentes a la legitimación (ordinaria o extraordinaria), la distribución de la carga de la prueba y la aplicación de las reglas que la disciplinan, el juicio sobre los hechos, en cuanto resultante de la aplicación de esas reglas y principios jurídicos que rigen la valoración de la actividad probatoria, se encuadran dentro de la actividad procesal, cuya corrección debe examinarse en el marco del recurso extraordinario por infracción procesal, dejando el de casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados, es decir, la calificación jurídica de tales hechos y la subsunción en el supuesto de hecho previsto en la norma de las resultas de aquel juicio fáctico, así como en la aplicación al caso enjuiciado de la norma sustantiva en sí misma (vid. AATS, entre los más recientes de 27 de febrero y 17 de julio de 2007, en RN 1759/03 y 1586/04 ).

   Además, se hace preciso señalar que la ley adjetiva es de naturaleza meramente instrumental, por ello se limita a establecer los cauces para la denuncia de la infracción de normas sustantivas, uno de ellos es precisamente el recurso de casación, cuyo ámbito, como antes se dijo, está circunscrito al control de la interpretación y aplicación del derecho material, y, por ello, el "interés casacional" nunca puede basarse en jurisprudencia o normas relativas a "cuestiones procesales", según se ha reiterado por esta Sala, razón por la que no cabe invocar cuestiones procesales para fundar el interés casacional, ya que éste, en todo caso, deben venir referido a cuestiones sustantivas y no adjetivas, como es la planteada en el presente caso.

6. - Consecuentemente procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme el Auto recurrido, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC 2000, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra esta resolución no cabe recurso alguno, y sin que proceda imposición de costas.

1. ) NO ADMITIR LOS RECURSOS EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN interpuestos por la representación procesal de "DECEPEDA, S.A." contra la Sentencia de fecha 24 de enero de 2003, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 21ª), en el rollo nº 952/02, dimanante de los autos nº 487/2002 del Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid, sin imposición de costas.

2. ) DECLARAR FIRME dicha resolución.

3. ) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, que la notificará a la parte recurrente, llevándose a cabo por este Tribunal la notificación de la presente resolución a las partes comparecidas ante esta Sala.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.