STSJ Comunidad Valenciana 107/2007, 15 de Enero de 2007
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 15 Enero 2007 |
| Número de resolución | 107/2007 |
107/2007
Recurso Nº.- 522.06
SENTENCIA Nº 107
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Ilmo. Sres.:
Presidente
D. Edilberto José Narbón Lainez
Magistrados
D. Carlos Altarriba Cano
Dª Rosa Litago lledó
*************************************
En Valencia, a 15 de enero del año 2007.
VISTO por el Tribunal el Recurso Contencioso-Administrativo promovido por Dª María José Victoria Fuster, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de L'eliana, contra el TEAR; TEAR. Habiendo comparecido en estos autos la administración demandada, representada por el Sr. Abogado del estado.
Interpuesto el recurso y seguidos los tramites prevenidos por la Ley, se emplazo al demandante para que formalizara la demanda, lo que verifico mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.
La representación de la parte demandada, contesto la demanda mediante escrito en el que se suplica se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.
habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazo a las partes para que evacuasen el tramite de conclusiones prevenido por el articulo 78 de la ley de esta jurisdicción y, verificado, quedaron los Autos pendientes para votación y fallo.
Se señalo votación y fallo para la audiencia del día primero de octubre de 2007, continuando la misma, durante cierto tiempo, lo que finalmente determino la posición que la Sala proclama, anunciando VOTO PARTICULAR la ponente Dª Rosa Litago lledó, por lo que en sustitución de la misma, el Sr. Presidente, designó nuevo ponente, quien expresa el parecer de la Sala.
En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las formalidades legales, salvo la de dictar sentencia en término, por los motivos señalados.
Ha sido ponente de estos Autos el Ilmo. MAGISTRADO DON Carlos Altarriba Cano.
VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y, demás de general aplicación, se hacen los siguientes.
Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia de 30.11.2005 desestimando reclamación número 46/3477/2004, deducida contra Liquidación número 2004/12737, de 28 de abril de 2004, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en concepto de Canon de control de vertidos correspondiente al año 2003 e importe de 64.874,77 €.
El acto administrativo de liquidación del Canon de control vertidos que se ha reseñado en el fundamento anterior, y es objeto de este recurso, resulta de la aplicación de lo dispuesto por el Art. 113.6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA), aprobado por RD legislativo 1/2001, de 20 de julio, que entró en vigor el 1 de enero de 2002; precepto que fue posteriormente reformado, con vigencia desde 23.06.2005, por la Ley 11/2005 de 22 de junio.
Según lo anterior, el hecho imponible de la tasa (así la define el citado Art. 113.1 TRLA ) que se exige al Ayuntamiento de L´Eliana es la realización de vertidos de aguas residuales al Dominio Público Hidráulico para el que no se disponía de la preceptiva autorización, en el período comprendido entre el 7.06.2003 y el 31.12.2003, esto es, por 207 días del período impositivo que coincide con el año natural, y por un volumen de vertido anual comprobado de 2.379.216,00 m3.
Importa destacar, porque constituye el núcleo de la cuestión que aquí se dilucida, que la cuantificación del citado canon se motiva en el acto administrativo impugnado del siguiente modo: "El importe del canon de control de vertidos es el producto del volumen de vertido por El precio unitario de control de vertido. Este precio unitario se calcula multiplicando el precio básico por metro cúbico 0,01202 € por un coeficiente de mayoración 4 para los vertidos no autorizados, tal como preceptúa el artículo 292 del RD 606/2003 ".
Añadiendo a continuación:
"CANON = VOLUMEN x PRECIO BÁSICO x 4 x nº días/365 = 64.874,77 €"
La pretensión de nulidad del demandante se asienta sobre la base de los siguientes motivos:
En primer lugar, se alega que no se han acreditado las actividades que constituyen el objeto de la tasa, así como que con ella se vulnera el principio de autonomía local.
En relación con el primero de dichos argumentos se alega la infracción del Art. 26 LGT/1963 y el Art. 6 LTPP, actualmente derogadas por la Ley 58/2003, en relación con la definición del hecho imponible de la tasa, -recogida en la actualidad por el Art. 2.2 de la citada LGT/2003 -. En concreto, en relación con la realización de actividades administrativas en régimen de derecho público que afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario (sujeto pasivo). Afirma la parte en sustento de su pretensión que en este supuesto la Administración ni ha acreditado la realización de dicha actividad administrativa ni, por ende, su coste, de modo que no queda justificada la exigencia de la tasa liquidada. Trayendo en apoyo de su tesis la STS de 4.04.1990 que requiere la prestación efectiva del servicio.
A mayor abundamiento, alega la vulneración del principio de autonomía local recogido en el Art. 142 CE, cuestión que, sin embargo, excede de las competencias de esta Sala, y sin que la parte solicite el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad. En síntesis, la argumentación de la demandante, que dice sustentarse en la doctrina de la STC 48/2004, de 25 de marzo, se constriñe a considerar la vulneración del citado principio constitucional porque la tasa exigida obliga al Ayuntamiento a sufragar un gasto público para el que carece de competencias -en virtud de los Arts. 25 y 26 LRBRL -, produciéndose una limitación de su autonomía financiera, en tanto condiciona la capacidad del Ayuntamiento de decidir libremente sobre el destino de sus gastos, debiendo sustentar económicamente a otra Administración en el ejercicio de sus competencia, y, en fin, acarreando un desequilibrio entre los medios económicos con que cuenta el Ayuntamiento y las funciones que tiene legalmente encomendadas.
Sin embargo, la cuestión decidida en la STC 48/2004, de 25 de marzo, se refiere -según expresa su fundamento jurídico 5º - a la aportación económica fijada por una Ley autonómica y exigible a las Diputaciones provinciales catalanas en virtud del traspaso de la titularidad y gestión de competencias sanitarias y de asistencia y servicios sociales a la Generalitat de Cataluña. Tratándose de un recurso consistente en un porcentaje de los ingresos de aquéllas destinado a la financiación de los citados servicios que ya no prestarán. Siendo, por tanto, un supuesto sustancialmente distinto del que aquí se debate en que de lo que se trata es del pago de una tasa estatal por un Ente local, un Ayuntamiento, en su condición de sujeto pasivo, esto es, al haber realizado el hecho imponible de la misma.
Habida cuenta de lo anterior, baste señalar aquí que la Sala no comparte la tesis de la demandante porque, en el fondo, lo que parece plantear es la vieja cuestión de si los Entes Públicos, en este caso los Ayuntamientos, pueden o no ser sujetos pasivos de los tributos de otros Entes Públicos distintos, cuestión ampliamente superada en la actualidad y que, bien es cierto, suele articularse sobre la base de exenciones subjetivas, como es el caso del Art. 9 TRLIS, lo que, sin embargo, no acontece en el presente supuesto, pues el Art. 113 TRLA no prevé exención alguna, ni objetiva ni subjetiva. Circunstancia que el demandante, en sentido inverso, es decir de sujeción de otros entes públicos a los tributos locales, no puede desconocer a la luz de las previsiones del TRLHL. Y así se desprende, en fin, de la propia LGT/2003 en su disposición adicional 7ª.
En conclusión, la argumentación de la demandante se clarifica cuando afirma "Las Corporaciones locales vienen realizando vertidos al dominio público hidráulico desde tiempo inmemorial, sin necesidad de tener que abonar tasa alguna". Argumento consuetudinario que no permite por sí solo estimar sus motivos.
Conviene además precisar que en la propia cita de la STC 48/2004, de 25 de marzo que hace la actora se observa que los perfiles del principio de autonomía financiera que realiza el TC se centra, como ya es conocido, en la vertiente del gasto, en relación con la cual supone dos exigencias: de un lado, la plena disponibilidad de las corporaciones locales respecto de sus ingresos, "sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, para poder ejercer las competencias propias"; y de otro, la capacidad de decisión sobre el destino de sus fondos, nuevamente sin condicionamientos indebidos.
Extremo que permite concluir que la autonomía de que gozan los entes locales en la vertiente del gasto puede ser restringida por el Estado y las CCAA pero siempre que dicha restricción se lleve a cabo dentro de los límites establecidos en el bloque de la constitucionalidad. Con arreglo a ello, se trataría de decidir si la exigencia de este tributo, previsto por la realización de vertidos en el dominio público hidráulico, y referido a un Ayuntamiento, supone un condicionamiento indebido en su capacidad de decisión de gasto. Circunstancia que, como ya se ha dicho, no puede compartirse a la luz de los argumentos expresados anteriormente.
A mayor abundamiento, y en relación con el principio de coherencia financiera, esto es que la tasa sea destinada a la prestación del servicio, el TS, si bien para situaciones normativas anteriores a la que se contemplan en estos autos, pero perfectamente extensibles al supuesto que aquí se considera, había venido...
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