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Tasas judiciales: cuestión de inconstitucionalidad sobre las reformas

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Vincent
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La Audiencia Nacional mediante la sentencia de 6 de septiembre de 2013 plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación con dos de las modificaciones que se introdujeron en el régimen de tasas judiciales en la pasada reforma de febrero de 2013 (en concreto de los artículos 7.1 y 2 y 8.2 de la Ley 10/2012 de Tasas en el ámbito Administrativo de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en su redacción dada por el Real Decreto 3/2013).

En primer lugar, la Sala entiende que la obligación de pago previo de la tasa bajo la pena de preclusión del acto procesal y por tanto finalización del procedimiento es inconstitucional en cuanto atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva. Así, aunque señala que la exigencia de una tasa dentro de ciertos límites y procedimientos es perfectamente constitucional, no puede serlo que el pago de dicha tasa condicione (i) la

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posibilidad de acceder a la jurisdicción; y (ii) la posibilidad de obtener la tutela judicial. Son estas dos consecuencias, inevitables si no se pagan las tasas, las que se pueden considerar inconstitucionales.

Añade la Sala que la norma no tiene en cuenta la proporcionalidad y que el fin perseguido por la reforma es el de reducir de manera drástica la litigiosidad a la que debe hacer frente el sistema judicial español y que sólo permite el acceso a la justicia a las personas jurídicas y a aquellas personas físicas con suficientes recursos económicos, circunstancia, señala la Sala, que ha quedado demostrada en la reducción del número de recursos interpuestos desde la entrada en vigor de la modificación.

En segundo lugar, plantea la inconstitucionalidad de los artículos que fijan los nuevos importes de las tasas en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, pues entiende que los mismos van en contra del derecho fundamental de igualdad formal ante la Ley, en consonancia con el derecho a la igualdad material. Así, señala que la gran mayoría de la población, que no se halla en las situaciones legales para obtener la asistencia judicial gratuita, deberá hacer un desembolso desproporcionado muchas veces en relación con el importe...

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