ATS 508/2004, 1 de Abril de 2004
| Ponente | D. MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA |
| ECLI | ES:TS:2004:4409A |
| Número de Recurso | 937/2003 |
| Procedimiento | Auto de Inadmisión |
| Número de Resolución | 508/2004 |
| Fecha de Resolución | 1 de Abril de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal |
AUTO
En la Villa de Madrid, a uno de Abril de dos mil cuatro.I. HECHOS
Dictado Auto por el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en autos nº. Ejecutoria 276/2003, se interpuso Recurso de Casación por Andrésmediante la presentación del correspondiente escrito por el Procurador de los Tribunales D. José Periáñez González.
En el trámite correspondiente a la substanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.
Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución, el Magistrado Excmo. Sr. Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca
ÚNICO: Por la representación procesal del recurrente se formalizó recurso de casación en base a un único motivo por infracción de precepto penal sustantivo, contra el Auto del Juzgado de lo Penal nº. 2 de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 6 de mayo de 2003, en el que se denegaba la acumulación de una serie de condenas, fijando como límite máximo de cumplimiento el de seis años de prisión, que se cumplirá como única pena en la presente Ejecutoria.
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Considera el recurrente que en la acumulación de condenas interesada deben tener cabida las sentencias de 14 de enero de 2000, firme el mismo día, dictada en Procedimiento Abreviado nº 665/1998, por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, por hechos ocurridos el día 4 de diciembre de 1997, por el que se le condenó como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa a la pena de diez meses de prisión; y la sentencia de 17 de enero de 2000, fecha de firmeza 6 de febrero de 2000, dictada en Procedimiento Abreviado nº 294/1999, por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, por hechos ocurridos entre los días 25 y 26 de febrero de 1998, por la que se condenó como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas a la pena de dos años de prisión, y ello por entender que se trata de delitos conexos.
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La doctrina de esta Sala (sentencias núms. 1249/97 de 17 de octubre, 11/98 de 16 de enero, 109/98 y 216/98, respectivamente de 3 y 20 de febrero, 328/98 de 10 de marzo, 756/98 de 29 de mayo, 884/98 de 29 de junio, 1249/97 de 17 de octubre, 1348/98 y 1394/98 de 10 y 17 de noviembre, y 1159/2000 de 30 de junio, entre otras) ha adoptado un criterio favorable al reo en la interpretación del requisito de conexidad que exigen los arts. 988 de la L.E.Criminal y art. 76 del Código Penal para la acumulación jurídica de penas al estimar que, más que la analogía o relación entre sí, lo relevante es la conexidad "temporal", es decir que los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un solo proceso, atendiendo al momento de su comisión.
Teniendo en cuenta que el art. 988 de la L.E.Criminal dispone que la acumulación se realizará por el Juez o Tribunal que hubiese dictado la última sentencia, ello implica que son acumulables todas las condenas por delitos que no estuviesen ya sentenciados en el momento de la comisión del hecho que ha dado lugar a esta última resolución, con independencia de que tuviesen analogía o relación entre sí, pues todos ellos podrían haber sido enjuiciados en un solo proceso.
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Conforme a nuestra doctrina deben únicamente excluirse:
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) Los hechos que ya estuviesen sentenciados cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado, es decir cuando se comete el delito enjuiciado en la sentencia que determina la acumulación.
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) Los hechos posteriores a la sentencia que determina la acumulación, cuando ésta no sea la última. Y ello porque ni unos ni otros podrían haber sido enjuiciados en el mismo proceso. (STS de 10 de octubre de 2003).
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Aun cuando la doctrina de esta Sala acoge el criterio favorable al reo en lo que se refiere a la práctica superación del requisito de la analogía o relación entre los delitos, criterio que se inspira en el principio constitucional de humanización de las penas, ello no quiere decir, como a veces se entiende equivocadamente en determinados recursos, que la acumulación jurídica de penas carezca de límite temporal alguno o que la invocación genérica de dicho principio constitucional permita superar también los límites temporales anteriormente señalados. Y ello no es así pues constituye un requisito legal ineludible, fundado en poderosas razones de tutela de los bienes jurídicos protegidos por el Derecho Penal, el requisito temporal que es el que determina la imposibilidad de acumular penas impuestas por delitos que ya estuviesen sentenciados cuando se cometió el delito que dio lugar a la sentencia que delimita la acumulación, pues es claro que dichos delitos en ningún caso hubiesen podido ser juzgados conjuntamente.
Como señalan, entre otras, las sentencias números 328/98, de 10 de marzo, 1586/98, de 21 de diciembre y 754/2000, de 8 de mayo, lo que pretendía el art. 70.2 "in fine" (y hoy reitera el art. 76.2 del Código Penal de 1.995) es que a todos los supuestos de concurso real de delitos se les dé el mismo tratamiento, con independencia de que los hechos se hayan enjuiciado o no en un mismo proceso, siempre que el enjuiciamiento conjunto hubiese sido posible, pero no constituir a los ya sentenciados en poseedores de un patrimonio punitivo que les provea de inmunidad o de una relevante reducción de penalidad, para los delitos futuros, es decir los que puedan cometer después del cumplimiento de su condena, o durante la misma tanto en caso de quebrantamiento como de delitos ejecutados durante los permisos o en el interior de la prisión. Este efecto de futura impunidad lo impide la regla del art. 70.2º "in fine" del Código Penal 73 y 76.2 del Código Penal 1.995, que exige que los delitos cuyas condenas pretendan acumularse se hubieran podido enjuiciar "en un solo proceso", criterio legal que tiene su fundamento material en respetables consideraciones de política criminal.
Extender la acumulación a delitos futuros (o incluir en la acumulación futura los delitos ya sentenciados cuando se cometieron los que se pretenden acumular) constituiría un factor criminógeno para quiénes, sabiendo cumplida de antemano total o parcialmente la pena que pudiera corresponderles, podrían actuar delictivamente -en el propio Centro Penitenciario, durante los permisos o tras el cumplimiento de la condena- sin el freno o inhibición que representa la conminación de una pena legal, con lo que se haría dejación de la función de tutela de bienes jurídicos que incumbe de modo irrenunciable al sistema penal.
Así, por ejemplo, la sentencia de 20 de febrero de 1998, núm. 216/1998, recuerda que la acumulación jurídica de penas no pretende, en absoluto, constituir a los reincidentes por delitos graves en poseedores de un patrimonio penitenciario que se descontará de futuras condenas, de manera que el límite legal de cumplimiento se aplique al cómputo de las condenas que el delincuente debe cumplir a lo largo de toda su vida, lo que conduciría al absurdo de que quien ya hubiese cumplido una larga condena por violación o asesinato, resultase impune o muy beneficiado en caso de comisión, posterior a su salida de prisión (o durante la misma), de otros crímenes similares. Tal pretensión es frontalmente contradictoria con los principios esenciales del Derecho penal y con el fundamento y finalidad de las penas.
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Aplicando dicha doctrina al supuesto actual es claro que procede la inadmisión del recurso. En efecto el Auto impugnado razona acertadamente las condenas que resultarían acumulables, conforme al criterio temporal anteriormente expresado, y excluye las dos referidas por cuanto cuando ocurrió el hecho enjuiciado en la sentencia de 7 de mayo de 2002, (hechos de 17 de abril de 2000) a cuya acumulación se pretende las anteriores, ya se habían dictado las dos primeras sentencias, es decir las de 14 y 17 de enero de 2000, por lo que el límite cronológico impide la acumulación interesada.
En consecuencia, el motivo articulado, carente manifiestamente de fundamento, incurre en la causa de inadmisión del artículo 885.1º de la LECrim.
En su consecuencia procede adoptar la siguiente parte dispositiva:III. PARTE DISPOSITIVA
NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente, contra Auto dictado por el Juzgado de lo Penal de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución.
Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente.
Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.
