Sentencia de 19 de abril de 2021, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, contra la desestimación presunta de las pretensiones principal y subsidiaria formuladas en reclamación de 21 de febrero de 2020 dirigida por el Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2017 tras la entrada en vigor del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, por importe total de 182.000.000 euros más intereses y Auto de subsanación y complemento de la citada Sentencia de fecha 20 de mayo de 2021.
Marginal | BOE-A-2021-16408 |
Sección | I - Disposiciones Generales |
Emisor | Tribunal Supremo |
Rango de Ley | Sentencia |
En el recurso contencioso-administrativo número 2/286/2020, interpuesto por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, contra la desestimación presunta de las pretensiones principal y subsidiaria formuladas en reclamación de 21 de febrero de 2020 dirigida por el Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2017 tras la entrada en vigor del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, por importe total de 182.000.000 euros más intereses, la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 19 de abril de 2021 y auto de subsanación y complemento de la citada sentencia de fecha 20 de mayo de 2021, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:
Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo n.º 286/2020 interpuesto en representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra la desestimación presunta de las pretensiones principal y subsidiarias formuladas en reclamación de 21 de febrero de 2020 dirigida por el Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2017 tras la entrada en vigor del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre; condenando a la Administración del Estado a abonar a la Administración demandante la compensación cuyo importe habrá de fijarse en ejecución de sentencia y cuya cuantía vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado...
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