La reserva de empleo público. Especial referencia a la oferta de empleo público en Andalucía y la Ley 4/2017
| Autor | Raquel Vida Fernández |
| Cargo | Profesora Colaboradora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de Granada |
| Páginas | 157-174 |
Bloque I: Empleo y Políticas Activas de Empleo de las Personas con Discapacidad en Andalucía
6. LA RESERVA DE EMPLEO PÚBLICO. ESPECIAL REFERENCIA A LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN ANDALUCÍA Y LA LEY 4/2017
RVF
Profesora Colaboradora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Granada
Ohttps://orcid.org/0000-0002-1254-3796.
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA SOBRE EL DERECHO AL ACCESO AL
EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA. 1. LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: UN CAMBIO DE PERSPECTIVA SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2. LA REGULACIÓN ESTATAL Y DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA ANDALUZA, RELATIVAS AL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL EMPLEO PÚBLICO.
III. LA RESERVA DE EMPLEO PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: FIGURA ESTRELLA DE
INSERCIÓN LABORAL. 1. EL CONCEPTO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD. 2. LA CUOTA DE RESERVA A FAVOR
DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y SU REFLEJO EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO PÚBLICO. IV. RESERVA
DE EMPLEO PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
ANDALUZA. 1. LA RESERVA DE EMPLEO PÚBLICO EN LA LEY 4/2017, DE LOS DERECHOS Y LA ATENCIÓN
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA. 2. ANÁLISIS DE LA CUOTA DE RESERVA REFLEJADA EN LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EXTRAORDINARIA PARA ESTABILIZACIÓN DE
PERSONAL DE 2022.V. LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2022-2030: REFERENCIAS
AL CUPO DE RESERVA COMO MEDIDA DE FOMENTO DEL EMPLEO. VI. CONCLUSIONES. VII.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.
I. INTRODUCCIÓN
que se encuentra regulada desde hace tiempo en nuestro país, tanto en el ámbito público, como en
el de la empresa privada, sin embargo lo que podríamos llamar niveles razonable de ocupación en el
mercado de trabajo del colectivo de personas con discapacidad no es, hasta el momento, una meta
lograda. Como ya se denunciaba en el Libro Blanco sobre el acceso e inclusión en el empleo público
de las personas con discapacidad
público de este colectivo y ni siquiera los cupos se han cubierto en la mayoría de los casos, siendo
especialmente grave el incumplimiento de la reserva en el caso de las personas con discapacidad
intelectual”.
Las Administraciones Públicas tienen un especial compromiso y nivel de responsabilidad en
relación a la consecución del acceso de las personas con discapacidad al empleo público, dado que
este es el principal instrumento con utilidad real para lograr la inclusión social, y la evitación de la
marginalidad y en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos.
En el presente capítulo se analizará la regulación vigente, las particularidades, problemas
y oportunidades que existen en torno al tema del acceso al empleo público de este colectivo, con
especial atención a la reserva de plazas como medida principal, y su aplicación dentro del ámbito
del empleo público andaluz. El objetivo es aportar una visión global de la situación y, en su caso,
proponer mejoras en el sistema para garantizar e impulsar medidas que promuevan la igualdad de
oportunidades en relación al acceso del empleo público de las personas con discapacidad de nuestro
país.
Documento realizado a instancia de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, la Dirección
General de la Función Pública, las diversas asociaciones de CERMI, la Fundación ONCE, FSC Inserta. Publicado
Revista de Derecho de la Seguridad Social. Laborum Número Extraordinario 2023
II. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA SOBRE EL DERECHO AL ACCESO AL
EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESPAÑA
Toda la normativa dictada en favor de la igualdad y la protección de los derechos y libertades
de las personas con discapacidad, en los diferentes ámbitos (internacional, nacional, autonómico,
como telón de fondo.
En este capítulo nos centraremos en la regulación referida a las medidas favorecedoras del
acceso al empleo público, como principal instrumento para la integración y activación del ingreso de
las personas afectadas por discapacidad en el ámbito público, si bien, a efectos de localizar bien la
materia, debemos hacer cuando menos, una referencia al marco normativo global.
1.
La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad: un
cambio de perspectiva sobre los derechos de las personas con discapacidad
derechos de las personas que sufren cualquier tipo de discapacidad y las correlativas obligaciones de
La trascendencia de esta regulación internacional se traduce en un tratamiento nuevo en torno
al propio concepto de la discapacidad y la especial consideración de los ciudadanos afectados, en
términos de su consideración social y de derechos humanos. A lo anterior se une la importancia
de contar, a partir de este momento, con un instrumento jurídico vinculante para reclamar y hacer
respetar los derechos particulares y particularizados, de este colectivo.
El legislador español entiende desde el principio que la CDPD, obliga a un cambio de modelo
en términos de regulación y políticas sobre porque, realmente, supone un cambio de cultura, que
obliga a pasar “desde el tradicional enfoque asistencial al de garantía de derechos”, de tal forma
los poderes públicos están obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno
y efectivo”,
partida de toda la regulación que se dicte en nuestro país en relación a cualquier aspecto que afecte a
las personas con discapacidad, y al acceso al empleo en particular.
aspectos tanto de fondo, como de forma, en relación a todas las normas que afectan a esta realidad.
Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. El objetivo de la norma era adaptar
La discapacidad entendida, asumida y
respetada como una cuestión de derechos humanos se centra en la dignidad intrínseca del ser humano y, de manera
accesoria -y sólo en el caso que sea necesario- en sus características clínicas. Sitúa al individuo en el centro de
todas las decisiones que le afecten y ubica el centro del problema fuera de la persona -en la sociedad. Se reconoce
así que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, con derechos, y que el Estado y otras entidades
tienen responsabilidades para garantizar su ciudadanía plena. Afortunadamente, la Convención Internacional de
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) asume este enfoque obligando a los Estados Parte a
integrarlo en sus políticas públicas.
y disfrute de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba