Proyecto de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. (121/000103)
| Fecha de presentación | 26 Mayo 2022 |
| Fecha de calificación | 07 Junio 2022 |
| Legislatura | XIV Legislatura |
| Autor de la iniciativa | Gobierno |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley del Gobierno |
| Comisión | Comisión de Hacienda y Función Pública |
| Estatus | Aprobado con modificaciones |
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie A:
PROYECTOS DE LEY 10 de junio de 2022 Núm. 103-1 Pág. 1
BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
PROYECTO DE LEY
121/000103 Proyecto de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas
públicas en la Administración General del Estado.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia.
(121) Proyecto de ley.
Autor: Gobierno.
Proyecto de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General
del Estado.
Acuerdo:
Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento,
a la Comisión de Hacienda y Función Pública. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza el
día 28 de junio de 2022.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2022.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
cve: BOCG-14-A-103-1
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie A Núm. 103-1 10 de junio de 2022 Pág. 2
PROYECTO DE LEY DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Exposición de motivos
I
La evaluación de las políticas públicas se erige en la actualidad como una herramienta imprescindible
para la mejora de las acciones de gobierno, ya que favorece la toma de decisiones informada y sirve como
elemento para proponer eventuales correcciones. Además, se configura como un instrumento fundamental
para contar con políticas públicas más eficaces y eficientes y, en última instancia, es un elemento de
profundización en la democracia al servir para la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Desde organizaciones internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), y por parte de personas expertas, se ha puesto de manifiesto la importancia de
institucionalizar la evaluación de las políticas públicas y la necesidad de disponer de un marco regulador
de su práctica, con el fin de contribuir a mejorar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y dotar
de una mayor transparencia al proceso de toma de decisiones, siempre con el objetivo final de profundizar
en los principios democráticos.
En línea con este planteamiento, en el ámbito de la Unión Europea se ha venido insistiendo en los
últimos años en la conveniencia de crear un marco regulador desde el nivel central de Gobierno que
enmarque, de forma adecuada, el proceso de evaluación de las políticas públicas.
II
A nivel internacional, y pese al consenso existente sobre la relevancia de la evaluación en las
sociedades más avanzadas, los últimos estudios llevados a cabo indican que no existe un único modelo
de institucionalización de la evaluación. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá han aprobado
recientemente normas con obligaciones mínimas, y han creado organismos con una función más o menos
reforzada para el impulso y apoyo de la evaluación, a partir de su tradición de guías y directrices. En otros
países el enfoque evaluador se centraliza y canaliza desde el Ministerio de Finanzas o equivalente, y se
concreta en normas, directrices e instrucciones de impulso de la evaluación, como en Noruega, Irlanda y
el Reino Unido.
En nuestro país, en los últimos años se han producido avances importantes en materia de evaluación,
aunque aún no se dispone de un marco integrador común que proporcione las herramientas y elementos
básicos para impulsar una política de evaluación de las políticas públicas.
En este sentido, las diferentes Administraciones Públicas vienen desarrollando experiencias de
evaluación, si bien, la mayoría tiene carácter sectorial. También cabe destacar la experiencia de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, que lleva tiempo encargándose de las
evaluaciones ex post de revisión del gasto público.
En el ámbito de la Administración General del Estado, más de un centenar de unidades de diferente
naturaleza tienen atribuidas funciones o competencias relacionadas con la evaluación en su concepción
más amplia. Menos de una cuarta parte de esas unidades y organismos llevan a cabo evaluaciones de
políticas públicas contenidas en estrategias, planes, programas o equivalentes. Otro tercio se reparte
entre las actividades de evaluación o autoevaluación relacionadas con la inspección y calidad de servicios
u organizaciones, por un lado, y las actividades de evaluación normativa o seguimiento de la aplicación
de una ley, por otro. En general, el diagnóstico realizado muestra la dispersión y falta de uniformidad de la
práctica de la evaluación, así como la disparidad de criterios a la hora de definir la evaluación de políticas
públicas y sus contenidos, ya que se incluye en dicho concepto una gran variedad de actividades de
seguimiento, auditoría, supervisión y análisis.
Por su relevante función en materia de evaluación del gasto, cabe destacar a la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
reconoce la utilidad de los procesos de revisión del gasto y se compromete a dar continuidad y
permanencia a los ejercicios de revisión del gasto creando una división permanente de evaluación del
gasto en el seno de la AIReF e introduce otros elementos que contribuyen a la mejora de la sistematicidad
y planificación de las evaluaciones del gasto.
cve: BOCG-14-A-103-1
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