Prólogo

AutorInstituto Nacional de Administración Pública (INAP)
Páginas11-12

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Esta publicación, resultado de la colaboración entre el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), intenta aportar un punto de vista comparado de la situación actual del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en diversos países de interés para España. Estos lo son ya sea por formar parte del ámbito comunitario europeo o por su proximidad cultural y sus avances recientes, caso de algunos países iberoamericanos.

Esta colaboración se enmarca dentro del compromiso de ambas instituciones por el impulso de la transparencia y el buen gobierno en las instituciones públicas. Así, el INAP puso en marcha en 2014 un plan de formación específico en materia de transparencia y buen gobierno, con el fin de garantizar la capacitación de los empleados públicos en el cumplimiento de lo exigido por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En 2015 este plan formativo se ha mantenido y, además, ha profundizado en algunas líneas a medida en que la aplicación de la ley va definiendo nuevos procesos en el tratamiento de la información y genera nuevas necesidades formativas en las diferentes unidades.

Sin duda, nos hallamos en un punto de partida esencial que ha de contribuir a un cambio de cultura en las instituciones públicas españolas y, por tanto, de la sociedad misma. Unas instituciones públicas transparentes otorgan más calidad democrática, generan un círculo virtuoso de certidumbre y confianza para los ciudadanos y los agentes sociales y económicos e impulsan el desarrollo de la sociedad a la que sirven.

Nos encontramos ante la oportunidad de avanzar de forma definitiva en una concepción de la actividad pública verdaderamente centrada en el ciudadano, auténtico elemento de legitimación de las instituciones públicas y de sus representantes. En las sociedades actuales el ciudadano demanda convertirse en auténtico codecisor o coconformador de sus propios derechos y obligaciones, de los que es consciente, exigiendo a los responsables públicos una rendición de cuentas efectiva respecto de sus actuaciones; para ello necesita información

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transparente de la actuación pública. El fin es que el ciudadano pueda formarse una opinión cabal y fundamentada de la actuación pública y, con ello, asumir un papel activo en la marcha de la comunidad.

Esta es la corriente que se observa en la mayor parte de los países de la...

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