Prevención, sanción y recuperación de activos de la corrupción: la experiencia española
| Autor | Pablo Rafael Ruz Gutiérrez |
| Páginas | 185-231 |
PREVENCIÓN, SANCIÓN Y RECUPERACIÓN
DE ACTIVOS DE LA CORRUPCIÓN:
LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA
Pablo Rafael RUZ GUTIÉRREZ
Magistrado del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Móstoles (Madrid)
1. INTRODUCCIÓN
Escribo estas líneas, destinadas a ser publicadas en 2018, con sensación
—que a buen seguro resultará compartida por el lector— de estar revisan-
do, una vez más, un camino ya transitado anteriormente.
Desolada la sociedad española por un fenómeno de magnitud y con-
secuencias impredecibles para los pilares en los que se asienta nuestro sis-
tema democrático, que, lejos de lo que en una primera aproximación —sin
duda precipitada— pudiere concluirse, parece perpetuarse en el tiempo
hasta nuestros días 1, y siendo desde luego adecuado el análisis de los com-
portamientos corruptos desde la triple vertiente (prevención, sanción y
recuperación de activos) propuesta por el panel del Congreso organizado
por Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) y la Cá-
tedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona en el que tuve el
honor de participar el pasado mes de septiembre de 2017, junto a colegas
de otras jurisdicciones iberoamericanas, me atrevería a concluir que todo
abordaje del fenómeno de la corrupción deviene inevitablemente insu-
ciente e inecaz, si no acometemos, muy especialmente desde las institu-
1 El Índice de Percepción de la Corrupción 2017 elaborado por Transparencia Internacio-
nal sitúa a España entre los puestos 18 a 20 dentro de los países de la Unión Europea, siendo
junto a Hungría y Chipre el país que más empeora respecto de la percepción de la corrupción
en el sector público, en comparación con los datos de años anteriores.
186 PABLO RAFAEL RUZ GUTIÉRREZ
ciones y organismos encargados de velar por la integridad y rectitud en
el funcionamiento de la Administración pública —así como de prevenir y
atajar los abusos—, un doble y renovado esfuerzo, al mismo tiempo peda-
gógico y de concienciación social.
La primera de esas tareas debe estar dirigida a desterrar de forma de-
nitiva del imaginario colectivo la idea del rédito personal, profesional o
patrimonial, tradicionalmente asociada al delito de corrupción. Y es que
ya nos ha recordado Savater (2016: 6) cómo no es la corrupción en sí
misma lo más grave, sino su aparente y a veces efectiva impunidad, ante
la constatación de la ausencia, por parte de los actores políticos, de un
verdadero interés en la adopción y puesta en funcionamiento de medidas
generales que resulten ecaces y decididas contra la lacra de la corrupción.
Es por ello que si no otorgamos la atención debida a reexiones sobre
los procesos que tradicionalmente acompañan al debate acerca de las cau-
sas o los orígenes de la corrupción, y si no logramos emitir un diagnóstico
real y compartido sobre dichos fenómenos, todo esfuerzo por concienciar
a la colectividad sobre los pasos a dar para superar la sensación de desmo-
ralización, provocada por la continua sucesión de nuevos casos de corrup-
ción que centran la agenda pública, resultará en vano.
En este sentido, es un hecho constatado, como bien apunta Muñoz
Molina, que «el espectáculo por n visible de la corrupción no habría
llegado tan lejos si no se correspondiera con otro proceso que ha permane-
cido y permanece invisible, del que casi nadie se queja y al que nadie pa-
rece interesado en poner remedio: el descrédito y deterioro de la función
pública; el desguace de una administración colonizada por los partidos
políticos y privada de una de sus facultades fundamentales, que es el con-
trol de ocio de la solvencia técnica y la legalidad de las actuaciones» (Mu-
ñoz Molina, 2014). Compartiendo dicho análisis, creo rmemente que
solo desterrando la lógica particularista vinculada a las redes clientelares
y aspirando en cambio a una ética universalista; solo trazando una clara
frontera entre la política y la administración, apostando de forma decidida
por la despolitización de esta última; solo trabajando por construir una
administración de verdad profesional y eciente, donde prime el mérito
y la capacidad, donde funcionen los controles previos y se estimulen las
denuncias de los comportamientos inaceptables; y solo concienciando a
la ciudadanía de lo que como sociedad nos jugamos en la persecución de
tales metas (véase Jiménez Sánchez, 2016: 30-31), lograremos enfocar con
seriedad el problema de la corrupción.
Ello no obstante, todo empeño colectivo dirigido a conseguir que los
delitos de corrupción no resulten rentables para su autor merece la pena
ser realizado. Es por eso que en la medida en que con anterioridad al pre-
sente trabajo, he tenido ya oportunidad de pronunciarme, con motivo de
la participación en seminarios, cursos o jornadas en el ámbito académico
o formativo, sobre la pluralidad de aspectos, sustantivos y procesales, re-
lacionados con la problemática habitual a la hora de llevar a cabo la inves-
tigación de la tipología delictiva relacionada con la corrupción y la forma-
ción de causas complejas o «macrocausas», la presente publicación tratará
PREVENCIÓN, SANCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE LA CORRUPCIÓN... 187
de seguir ahondando en el análisis de alguno de los referidos aspectos,
recogiendo las opiniones doctrinales y referencias jurisprudenciales más
novedosas en la materia, si bien resultando inevitable la reproducción de
pasajes y reexiones contenidas en las obras y textos de referencia, a cuya
lectura se invita para una mayor profundización en las cuestiones aquí
tratadas.
2. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Autores como Del Moral García nos ponen en alerta sobre el exten-
dido mito de considerar al derecho penal como la única y más eciente
respuesta ante el fenómeno de la corrupción, advirtiéndonos de lo can-
doroso e irreal de tal planteamiento si ese derecho penal no es precedido
o acompañado de las medidas preventivas sociales y legales adecuadas.
«Leyes también penales, por supuesto; pero no solo penales. La co-
rrupción hay que atajarla en sus causas. Como en otras muchas materias
los frutos de la prevención son mucho mayores que los de la represión.
[...] Leyes de transparencia rigurosas y sin agujeros negros, más controles,
despolitizar la intervención, abordar de forma decidida el enquistado y
mal resuelto problema de la nanciación de los partidos, profesionalizar la
gerencia y gestión pública evitando la colonización de la Administración
por los partidos políticos, implementar códigos éticos de conducta» (Del
Moral García, 2014), son algunas de las recetas que se nos proponen por
el autor, evocando para ello fábulas platónicas como la de Giges, o fór-
mulas matemáticas para evaluar la corrupción como la conocida ecuación
propuesta por Klitgaard en 1988 2, evidenciando una conclusión de fácil
comprensión: el progresivo aumento de la transparencia, scalización y
rendición de cuentas en el ejercicio de la gestión pública, termina por so-
cavar las condiciones que favorecen e incluso incentivan la corrupción.
Villoria, con cita de Mungiu-Pippidi, recoge una fórmula alterna-
tiva, pero igual de sugestiva, para denir la corrupción: la corrupción es
el producto de las oportunidades existentes, los controles generados y el
universalismo ético existente en la sociedad correspondiente, entendiendo
por tal una distribución imparcial y guiada por la ley de los recursos pú-
blicos, siendo lo contrario el particularismo, sobre todo el uso y la distribu-
ción clientelista de los recursos públicos (Villoria, 2016: 13).
Sin duda en España se han dado pasos relevantes en los últimos años
en orden a mejorar la respuesta preventiva frente a la corrupción, y en tal
sentido deben mencionarse iniciativas legislativas como la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, que tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de
la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la infor-
2 C = M + D – A, en su formulación original: Corruption equals monopoly plus discretion mi-
nus accountability. Esto es: corrupción (C) equivale a monopolio de la decisión (M) más discre-
cionalidad (D) menos rendición de cuentas (A).
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