Presentación
| Autor | Adán Nieto Martín/Marta Muñoz de Morales Romero |
| Cargo del Autor | Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional Universidad de Castilla-La Mancha |
| Páginas | 17-21 |
17
PRESENTACIÓN
La evaluación de cualquier política pública, incluida desde luego la po-
lítica legislativa, debería ser una obligación para cualquier gobierno. Una
regla del arte de legislar o gobernar que ningún mandatario del siglo XXI
debería obviar. Las agencias de evaluación, en el caso de nuestro país la AE-
VAL, tendrían que ser una de las agencias más importantes y mejor dotadas.
El desgobierno de la política educativa y de tantas otras políticas públicas se-
ría seguramente inexistente si los cambios legales se hubieran producido tras
haber constatado lo que ha funcionado o lo que no. E igual cabría señalar en
la política criminal, donde el capricho del mandatario de turno hace y des-
hace delitos o introduce, sin ningún tipo de evidencia empírica, alteraciones
fundamentales en el sistema de penas o sanciones que contienen limitaciones
brutales de la libertad de los ciudadanos como la libertad vigilada y, especial-
mente, la prisión permanente revisable.
En el marco de la legislación penal de la UE aunque existe, sin duda algu-
na, una mayor cultura de la evaluación, no puede decirse que las cosas sean
sustancialmente mejores. Cualquiera que haya consultado las evaluaciones
de impacto, que tras el Libro Blanco sobre la Gobernanza Europea han ido
acompañando a las propuestas de decisiones marco o directivas europeas,
advierte que no existe un modelo, ni una metodología clara de evaluación,
lo que convierte a estos textos más en una formalidad que en un verdadero
ejercicio de argumentación jurídica.
Con la finalidad de poner en el debate penal la necesidad de la evaluación
de las políticas penales y, lo que es más complejo y ambicioso, de desarro-
llar un método de evaluación, el Ministerio de Economía y Competitividad
nos concedió en 2012 un proyecto de investigación (Ref. DER2011-28225,
«Hacia la evaluación racional de las leyes penales»). Al poco de comenzar
nuestra andadura, el profesor José Luis Díez Ripollés, pionero en nuestro
país en la investigación de estos temas, impulsó la creación de un Grupo de
política legislativa en penal. Con intereses y miembros comunes surgió una
oportunidad para realizar una investigación conjunta. Las colaboraciones se
materializaron en la celebración de dos seminarios en la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, el 17 de diciembre de 2013 y el 30
de junio de 2014, ambos respectivamente.
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