STSJ Extremadura 712/2006, 18 de Septiembre de 2006
| Ponente | RAIMUNDO PRADO BERNABEU |
| ECLI | ES:TSJEXT:2006:1459 |
| Número de Recurso | 731/2004 |
| Número de Resolución | 712/2006 |
| Fecha de Resolución | 18 de Septiembre de 2006 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº 712
PRESIDENTE: DON WENCESLAO OLEA GODOY.
MAGISTRADOS
DON ELENA MENDEZ CANSECO
DON MERCENARIO VILLALBA LAVA
DON RAIMUNDO PRADO BERNABEU
DON DANIEL RUIZ BALLESTEROS
En Cáceres a dieciocho de septiembre de dos mil seis.-Visto el recurso contencioso administrativo nº 731 de 2004 , promovido por el/la Procurador/a Doña María de los Angeles Bueso Sánchez, en nombre y representación de la parte recurrente EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MERIDA , siendo demandada LA JUNTA DE EXTREMADURA , representada y defendida por el Sr. Letrado de su Gabinete Jurídico, y siendo codemandada LA ASOCIACION DE VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS NUEVA CIUDAD DE MERIDA, representada por la Procuradora Doña Begoña Tapia Jiménez; recurso que versa sobre: Acuerdo de la Comisión de Precios de Extremadura de 29 de Diciembre de 2003 así como la Resolución desestimatoria del Recurso de Alzada dictada con fecha 30 de Marzo de 2004 del Consejero de Economía de la Junta de Extremadura, desestimatoria del Recurso de Alzada, interpuesto por el Sr. Alcalde de Mérida contra tal acuerdo.-Cuantía.- Indeterminada.-ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO: Por la parte actora se presentó escrito mediante el cual interesaba se tuviera por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el acto que ha quedado reflejado en el encabezamiento de esta sentencia.-SEGUNDO : Seguido que fue el recurso por sus trámites, se entrego el expediente administrativo a la representación de la parte actora para que formulara la demanda, lo que hizo seguidamente dentro del plazo, sentando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y terminando suplicando se dictara una sentencia por la que se estime el recurso, con imposición de costas a la demandada; dado traslado de la demanda a la demandada y codemandada para que la contestasen, evacuaron dicho trámite interesando se dictara una sentencia desestimatoria del recurso, con imposición de costas a la parte actora.-TERCERO: Recibido el recurso a prueba, se admitieron y practicaron todas las propuestas, obrando en los ramos separados de las partes, declarándose concluso este periodo, se pasó al de conclusiones, donde las partes evacuaron por su orden interesando cada una de ellas se dictara sentencia de conformidad a lo solicitado en el suplico de sus escritos de demanda y de contestación a la misma, señalándose seguidamente día para la votación y fallo del presente recurso, que se llevó a efecto en el fijado.-CUARTO : En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.-Siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr. Magistrado Don RAIMUNDO PRADO BERNABEU.-
Se somete a consideración de la Sala, el Acuerdo de la Comisión de Precios de Extremadura de 29 de Diciembre de 2003 así como la Resolución desestimatoria del Recurso de Alzada dictada con fecha 30 de Marzo de 2004 del Consejero de Economía de la Junta de Extremadura, desestimatoria del Recurso de Alzada, interpuesto por el Sr. Alcalde de Mérida contra tal acuerdo.
Dando por acreditadas las circunstancias fácticas que se desprenden de la documental obrante en el expediente y que ha sido la única prueba propuesta, junto la solicitada por la Asociación de Vecinos, Consumidores y Usuarios, se centra la cuestión en un problema de índole estrictamente jurídico-económico y técnico, consistente en determinar si la actuación de la Comisión vulnera la potestad local, si se trata de una simple revisión del IPC, si al amparo de la concesión existente los costes y subidas son adecuadas y en definitiva, si dicho acto es o no conforme a Ley.
Debemos partir del Marco Normativo general que regula la materia, recogido lógicamente en los preceptos constitucionales delimitadores de las competencias estatales, autonómicas y locales y en el más especifico del R D Ley 7/96 así como el decreto 48/83 y su modificación, jugando igualmente un importante papel la Doctrina Constitucional y la Jurisprudencia desarrollada al efecto.
El Art.16.2 del RD Ley 7/96 indica que: Las modificaciones de precios solicitadas se valorarán teniendo en cuenta la evolución de los costes del sector y las ganancias de productividad, en el marco del establecimiento de crecimientos máximos de los precios sectoriales formulados en términos de variaciones del IPC minoradas en determinados porcentajes. Excepcionalmente podrán utilizarse técnicas alternativas, siendo necesaria su previa justificación ante el órgano competente para informar las modificaciones de precios. Quedan liberalizados los precios autorizados de ámbito nacional que no han sido incluidos en el anexo 1 de este Real Decreto-ley.
La aprobación de los precios autorizados de ámbito autonómico contemplados en el anexo 2 compete a las Comisiones Autonómicas y Provinciales de Precios. En el anexo 2 se recogen:
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Agua (abastecimiento a poblaciones).
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Transporte urbano de viajeros.
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Compañías ferroviarias de ámbito autonómico.
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Agua de regadío en las islas Canarias.
Por su parte el Decreto 48/83 modificado por los Decretos 61/83 y 70/84 , recoge las transferencias en la materia y se constituye como un órgano instrumentador y regulador de la materia de intervención deprecios.
La aclaratoria Sentencia del TSJ del País Vasco de 12 de febrero de 1998 determinó una serie de claves y conceptos de aplicación general al supuesto ahora examinado y así
distingue y aclara entre tarifas, tasas y precios públicos determinando las competencias en los diversos supuestos. Para abordar tales cuestiones, se debe señalar primeramente que la potestad tarifaria en lo relativo a los servicios de abastecimiento de aguas y tratamiento de las residuales reside en el municipio, por lo que solo a este incumbe conocer del establecimiento o modificación de tarifas del servicio, y así se deduce de la circunstancia de ser uno de los servicios de competencia municipal y prestación obligatoria que consagra el artículo 26 de la Ley de Bases de régimen Local. En tal sentido, el Tribunal Constitucional en sentencias como la 97/1.983, de 11 de Noviembre, o la 53/1.984, de 5 de Mayo , ha deslindado plenamente dicha potestad tarifaria y la política de precios, (régimen de precios autorizados), y señala que cuando concurren ambas intervenciones administrativas no desaparece la potestad tarifaria sino que se da la yuxtaposición de ambas, pues, "el que la potestad tarifaria tenga que respetar en el ámbito de las calificaciones de precios, ..., las decisiones que correspondan al competente en la materia, podrá condicionar el contenido de las tarifas, pero no priva al que tiene el poder tarifario de su competencia, y, desde luego, no atrae el título en materia de precios la competencia en materia de transportes".Pero, sobre todo, no puede obviarse que en el presente caso se trata de la fijación de "precios públicos" por la prestación de servicios de competencia municipal y desde tal prisma, y sin entrar ahora a discernir acerca de las diferencias entre potestad tarifaria y potestad tributaria a la que la fijación de los mismos, como ingreso de Derecho público desgajado de la tasa que es, se aproxima, lo que es patente e incuestionable es que solo la Corporación Local es competente para hacerlo a la vista del articulo 48 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , que a todas luces faculta al Pleno municipal para "el establecimiento o modificación de los precios públicos".Sin embargo, al menos en materia de "precios públicos" y dejando de lado el verdadero ejercicio de la potestad tributaria que representaría la fijación de tasas municipales, son más los argumentos que hacen inclinarse por la posición contraria, es decir, por la que reconoce la intervención de las Comisiones de Precios en ejercicio de sus atribuciones autorizatorias o...
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