Sentencia 123/1988, de 23 de junio, del pleno del tribunal constitucional, en el recurso de inconstitucionalidad número 955/1986 contra determinados preceptos de La Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización Linguistica de la Comunidad Autónoma de las islas baleares.
| Marginal | BOE-T-1988-17529 |
| Sección | I - Disposiciones Generales |
| Emisor | Tribunal Constitucional |
| Rango de Ley | Sentencia |
EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE, DO—A GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PI—ERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO
EN NOMBRE DEL REY
LA SIGUIENTE
SENTENCIA
EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 955/86, PROMOVIDO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REPRESENTADO POR EL LETRADO DEL ESTADO, CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY 3/1986, DE 29 DE ABRIL, DE NORMALIZACION LINGUISTICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES. HAN COMPARECIDO EL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE, EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DON PEDRO A. AGUILO MONJO, Y HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON LUIS LOPEZ GUERRA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.
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ANTECEDENTES
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EL LETRADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO, INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTS. 5.2; 7.1, ULTIMO PARRAFO; 10.1, PARRAFO SEGUNDO; 13 Y 20.2 DE LA LEY DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES 3/1986, DE 29 DE ABRIL, DE NORMALIZACION LINGUISTICA, CON INVOCACION DEL ART. 161.2 DE LA CONSTITUCION, PIDIENDO QUE, TRAS LOS TRAMITES PROCEDENTES, ESTE TRIBUNAL
. LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO, PARTIENDO DE LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL DERIVADA DE LAS SENTENCIAS YA RECAIDAS RESPECTO DE LAS LEYES DE NORMALIZACION LINGUISTICA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEL PAIS VASCO, CATALU—A Y GALICIA, REALIZA SEPARADAMENTE LA FUNDAMENTACION DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.
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POR LO QUE RESPECTA AL ART.
5.2 DE LA LEY IMPUGNADA, AFIRMA QUE DICHO PRECEPTO INCORPORA EL MISMO CONTENIDO NORMATIVO QUE EN SU DIA FUE DECLARADO INCONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL ART. 4.2 DE LA LEY CATALANA DE NORMALIZACION LINGUISTICA. ELLO SUPONE QUE LA LEGITIMACION QUE EL PRECEPTO DA AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA PARA ACTUAR EJERCIENDO ACCIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS INTRODUCE UN NUEVO SUPUESTO DE LEGITIMACION EN FAVOR DE DICHO GOBIERNO, EN DEFENSA DEL DERECHO E INTERESES DE TERCEROS, QUE INNOVA EL ORDENAMIENTO PROCESAL Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ESTA LEGITIMACION VULNERA EL ART. 149.1 6 Y 18, DE LA C. E. SIN QUE NINGUNA ESPECIALIDAD DERIVADA DEL DERECHO SUSTANTIVO NI DE LA ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA JUSTIFIQUE LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTA INNOVACION PROCESAL.
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EN RELACION CON EL ULTIMO PARRAFO DEL ART. 7.1 DE LA LEY IMPUGNADA, SU COINCIDENCIA LITERAL CON EL DECLARADO INCONSTITUCIONAL EN SU DIA DE LA LEY CATALANA, PERMITE REMITIRSE AL FUNDAMENTO JURIDICO 3. DE LA STC 83/1986, PARA JUSTIFICAR LA INFRACCION POR PARTE DE ESTE PRECEPTO DE LA SEGURIDAD JURIDICA, DEL ART.
24.1 DE LA C. E. EN RELACION CON LOS ARTS. 3.2 DE LA C. E. Y 3.2 DEL ESTATUTO, Y LA INVASION DE LA COMPETENCIA RESERVADA AL ESTADO EN EL ART. 149.1.8 DE LA C. E.
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EL ART. 10.1, PARRAFO SEGUNDO, COINCIDE CON EL ART. 6 NUM.
2 DE LA LEY BASICA DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA, CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE MOTIVO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 9. DE LA STC 82/1986. LA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA INTRODUCIDA POR LA NORMA BALEAR NO ES SUFICIENTE, A JUICIO DEL LETRADO DEL ESTADO, PARA JUSTIFICAR LA RUPTURA DE LA SITUACION DE IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO, NI LA VULNERACION DEL ART.
3 DE LA C. E. EN CUANTO QUE SE EXCLUYE EL USO OFICIAL DEL CASTELLANO, PESE A SER LA LENGUA ELEGIDA POR UNA DE LAS PARTES.
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EL ART. 13 DE LA LEY IMPUGNADA REGULA LA COOFICIALIDAD LINGUISTICA EN EL AMBITO DE LA ORGANIZACION MILITAR. DICHO PRECEPTO ROMPE EL REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA Y, SUBSIDIRIAMENTE, INCURRE EN UNA INCONSTITUCIONALIDAD MATERIAL.
LA PARTICULAR CONFIGURACION JURIDICA DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE LAS FUERZAS ARMADAS, QUE, ARRANCANDO DE LA CONSTITUCION (ARTS. 8, 9, 149.1 4), SE PROLONGA EN LAS LEYES ORGANICAS 6/1980 Y 1/1984, IMPIDE APLICARLES LA CONSIDERACION DE PODER PUBLICO ESTATAL
EN EL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. AUNQUE, EVIDENTEMENTE, LAS FUERZAS ARMADAS SE DESPLIEGAN TERRITORIALMENTE, NO EXISTE NINGUNA CORRELACION ENTRE LA ORGANIZACION DE ESTE PODER PUBLICO Y LA DIVISION TERRITORIAL DEL ESTADO EN COMUNIDADES AUTONOMAS, COMO SUCEDE CON OTROS PODERES (ADMINISTRACION PERIFERICA DEL ESTADO, ADMINISTRACION DE JUSTICIA). EN EL AMBITO DE LA ORGANIZACION MILITAR NO SE PREVE NINGUNA INCIDENCIA DE COMPETENCIAS AUTONOMICAS, PUDIENDOSE DUDAR, INCLUSO, A LA VISTA DEL TITULO IV DE LA LEY ORGANICA PREVISTA POR EL ART. 8 DE LA CONSTITUCION, DE SI LA FUNCION DE REPRESENTACION ORDINARIA DEL ESTADO RESERVADA PARA EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ALCANZA EL AMBITO DE LA ORGANIZACION MILITAR. LA CONCLUSION DE LO ANTERIOR ES QUE AL NO SER PROPIAMENTE LAS FUERZAS ARMADAS PODER PUBLICO
LA COMUNIDAD NO DEBE ADAPTARSE A LA SITUACION DEL BILENGUISMO. POR OTRA PARTE, EL LETRADO DEL ESTADO SE—ALA QUE LA DOCTRINA DE LA STC 82/1986 ESTABLECIO QUE LA LEGISLACION AUTONOMICA NO PUEDE IR MAS ALLA DE DECLARACIONES GENERALES SOBRE COOFICIALIDAD RESPECTO DE LOS PODERES CENTRALES, SIN EXTENDERSE A LA ORDENACION CONCRETA, NI IMPONIENDO AL ESTADO OBLIGACION ALGUNA INMEDIATAMENTE EXIGIBLE. POR ELLO, AUNQUE SE ENTENDIERA QUE LA DECLARACION GENERAL PUDIERA AFECTAR AL AMBITO DE LAS FUERZAS ARMADAS, EL PRECEPTO IMPUGNADO EFECTUA UNA REGULACION CONCRETA E INMEDIATAMENTE EXIGIBLE, SIN QUE LE SEAN APLICABLES, SIN FORZAR SU LITERALIDAD, LAS REFERENCIAS DE LOS ARTS. 33 Y 34 DE LA MISMA LEY, NI LAS PREVISIONES DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE LAS DISPOSICIONES ADICIONAL PRIMERA Y TRANSITORIA PRIMERA.
SUBSIDIARIAMENTE, EL ART. 13 DE LA LEY BALEAR INCURRE EN INCONSTITUCIONALIDAD SUSTANTIVA. LA REGULACION QUE HACE SUPONE UNA MODIFICACION DEL ART. 187.1 DE LAS REALES ORDENANZAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, APROBADAS POR LEY 85/1987, DE 28 DE DICIEMBRE. ESTE ULTIMO PRECEPTO DA UNA SOLUCION AL PROBLEMA DEL USO DEL IDIOMA EN EL SENO DE LAS FUERZAS ARMADAS.
SI FUERAN DIRECTAMENTE LA NORMA CONSTITUCIONAL Y LA DECLARACION ESTATUTARIA LAS QUE FUNDARAN LA MODIFICACION DE LA LEY ESTATAL, LIMITANDOSE LA LEY AUTONOMICA A EXPLICITAR SUS CONSECUENCIAS, LA LEY ESTATAL SERIA INCONSTITUCIONAL. SI, EN CAMBIO, LA NORMA ESTATAL ES ACORDE CON LA CONSTITUCION, LA LEY BALEAR INVADIRIA EL AMBITO COMPETENCIAL AJENO. TRAS JUSTIFICAR LA REGULARIDAD DE LA LEY ESTATAL DEDUCE LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA AUTONOMICA.
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EL ART. 20.2 DE LA LEY IMPUGNADA ESTABLECE COMO REQUISITO, SALVO CIERTAS EXCEPCIONES, PARA OBTENER EL TITULO DE GRADUADO ESCOLAR EL CONOCER LOS IDIOMAS OFICIALES.
LA ABUNDANTE JURISPRUDENCIA SOBRE EL ART. 149.1.30 FUNDAMENTA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTE PRECEPTO POR INVASION DE COMPETENCIAS ESTATALES, CITANDO AL RESPECTO LAS SENTENCIAS DE ESTE TRIBUNAL 5 Y 42/1981, 87 Y 88/1983, 77 Y 93/1985, Y 82/1986.
SE—ALA ADEMAS, LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO, QUE EL HECHO DE NO HABER IMPUGNADO EN SU DIA EL EQUIVALENTE ART. 15 DE LA LEY CATALANA 7/1983, NO LO IMPIDE AHORA, YA QUE NO OBSTA LA DECISION DE EXTENDER LA IMPUGNACION CORRESPONDIENTE A QUIEN ESTA LEGITIMADO PARA ELLO. POR OTRA PARTE, LAS TITULARIDADES COMPETENCIALES SON IRRENUNCIABLES.
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POR TODO ELLO, EL LETRADO DEL ESTADO CONCLUYE SOLICITANDO LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 5.2, 7.1, ULTIMO PARRAFO, 10.1, PARRAFO SEGUNDO, 13 Y 20.2 DE LA LEY 3/1986, DE 29 DE ABRIL, DE NORMALIZACION LINGUISTICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES.
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LA SECCION DE VACACIONES DEL TRIBUNAL, POR PROVIDENCIA DE 29 DE AGOSTO DE 1986, ACORDO ADMITIR A TRAMITE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR OTRA PARTE, SE DIO TRASLADO DE LA DEMANDA Y DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO, AL PARLAMENTO DE LAS...
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