Orden PCM/258/2022, de 1 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
| Marginal | BOE-A-2022-5288 |
| Sección | III - Otras Disposiciones |
| Emisor | Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática |
| Rango de Ley | Orden |
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 29 de marzo de 2022, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, de las Ministras de Hacienda y Función Pública, de Educación y Formación Profesional, de Industria, Comercio y Turismo, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; de los Ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Universidades y de la Ministra de Igualdad, ha aprobado un Acuerdo por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente Orden.
Madrid, 1 de abril de 2022.–El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García.
ANEXO. Acuerdo por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania
La invasión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania, además de amenazar y menoscabar la seguridad y la estabilidad europea y mundial, está generando graves consecuencias en todos los ámbitos, en particular en el económico y social. Pero más allá de la grave crisis económica y energética que la invasión de Ucrania está generando, sobre todo en el ámbito europeo, el efecto más devastador de la guerra es la profunda crisis humanitaria padecida por el pueblo ucraniano.
Por ello, desde la condena realizada por el Consejo Europeo, con la máxima firmeza, en sus Conclusiones de 24 de febrero de 2022, en las que hace hincapié en la grave violación del Derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas que supone la invasión de Ucrania, se han sucedido las reacciones coordinadas en favor del pueblo ucraniano, en forma de sanciones al invasor y en distintas medidas de apoyo y ayuda, que son muestra de solidaridad tanto de la propia Unión Europea como de la práctica totalidad de los países de nuestro entorno.
En línea con lo expuesto, el pasado 1 de marzo, el Gobierno de la Nación aprobó una declaración institucional en solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas de Ucrania en la que «a la vista del actual conflicto bélico existente en Ucrania, y de los cientos de miles de personas ucranianas que están abandonando el país, el Gobierno español declara su compromiso decidido e inquebrantable de apoyar al pueblo ucraniano y se compromete a velar por su bienestar y atender sus necesidades, tanto respecto de aquellos ciudadanos y ciudadanas de Ucrania que se encuentren en nuestro país, como de aquellos que puedan llegar al mismo en días venideros.»
En este sentido, una de las más graves consecuencias de la crisis humanitaria generada por la invasión, además obviamente de la pérdida de vidas humanas y del drama derivado de la guerra, es el ingente número de personas desplazadas como consecuencia de la guerra. Según datos recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) actualmente hay 3,4 millones de refugiados desplazados fuera de Ucrania, de los que más de 3 millones se encuentran en los países del entorno (principalmente Polonia, Rumania y Moldavia). No obstante, de acuerdo con el propio ACNUR, dependiendo de cómo evolucione el conflicto, sobre la base de las estimaciones actuales, es probable que este número aumente, posiblemente hasta los 4 millones de personas, e incluso hasta más de 6 millones.
Ante la eventualidad de que la Unión Europea se enfrente a un gran número de personas desplazadas a consecuencia de la guerra, muchas de las cuales es previsible que soliciten protección internacional, el pasado 4 de marzo, el Consejo en su formación de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) aprobó la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE con el objeto de que se ponga en marcha el mecanismo de la protección temporal.
El ámbito de aplicación de esta Decisión de ejecución ha sido además ampliado por Acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 8 de marzo, extendiendo el mecanismo de protección temporal a las personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España relacionadas en el mismo, en coherencia con la declaración institucional citada, en la que el Gobierno no solo se comprometía a alinearse con la decisión que adoptara el Consejo de la Unión Europea en lo relativo a la posible concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, sino también a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida.
Además, la declaración institucional establecía que respecto a los ciudadanos ucranianos que viven en España, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que puedan permanecer y trabajar en nuestro país, acceder a la atención sanitaria y educativa, así como a las ayudas sociales que correspondan. Y es que otro hecho destacable a tener en cuenta en la respuesta a la crisis motivada por la guerra en Ucrania es la situación de un buen número de personas ucranianas que se encuentran en España, en torno a 114.000, a los que el inicio de la guerra también impide el regreso a Ucrania y a las que habrá que añadir las que lleguen como desplazadas o refugiadas.
Por otro lado, la invasión de Ucrania ha agravado el choque de oferta que viene sufriendo la economía europea desde el verano de 2021 a causa de la escalada del precio del gas natural y ha añadido además un choque de incertidumbre respecto a su duración e intensidad. El precio del gas natural, que, dado el diseño del mercado eléctrico europeo determina en gran medida el precio de la electricidad, se ha multiplicado por cinco en un año, subiendo un 25% desde el inicio de la invasión. El petróleo casi ha doblado su precio durante el último año, subiendo un 20% desde finales de febrero de 2022, mientras el precio del trigo ha aumentado el 30% en el mismo periodo. Se ha producido así un aumento abrupto y generalizado de costes de las materias primas y los bienes intermedios, añadido al que ya se venía produciendo como consecuencia de los cuellos de botella en las cadenas de producción debidos a las fricciones generadas por la rápida recuperación económica tras la pandemia. Las consecuencias económicas de esta evolución son un aumento de la tasa de inflación y una ralentización del ritmo de crecimiento.
España está entre los Estados Miembros de la Unión Europea menos expuestos a los efectos directos de la invasión de Ucrania. La diversificación de las fuentes de aprovisionamiento de gas es muy alta y la relación comercial, de inversión y financiera con Rusia y Ucrania es modesta. Sin embargo, los efectos económicos indirectos son considerables, sobre todo a través del aumento del precio del gas y del petróleo, pero también a través del encarecimiento o la escasez de otras materias primas agrícolas y minerales.
Para la economía española, el choque de oferta asociado a la escalada de los precios de la energía es de una intensidad semejante al segundo choque del petróleo de finales de los años setenta del siglo pasado. La fuerza de la recuperación, así como las medidas que ha venido adoptando el Gobierno desde el verano de 2021 para amortiguar el impacto de la subida del precio del gas sobre el precio de la electricidad para consumidores y empresas han conseguido limitar su efecto sobre la evolución de la actividad y del empleo. No obstante, la tasa de inflación ha subido desde un nivel cercano a cero a principios de 2021 hasta situarse por encima del 5%, reflejando primero el impacto directo de los precios de la energía y, de manera más reciente, su traslación a los precios de los bienes y servicios que la utilizan en sus procesos de producción. La subida de los precios de la energía está afectando de manera particular a aquellos sectores que la utilizan de manera intensiva y tienen poca capacidad de trasladarla a precios, como el transporte por carretera, la pesca, la agricultura y la ganadería. La subida de los precios de la electricidad y su efecto sobre la inflación afectan también a la renta disponible de los hogares, en particular a la de los más vulnerables.
En este marco, el Gobierno ha decidido impulsar un Plan Nacional, que comprende tanto medidas normativas como no normativas, y que ha sido elaborado tras un proceso de diálogo con los sectores más afectados, los agentes sociales, las Comunidades Autónomas y los partidos políticos. Al igual que en la respuesta a la pandemia, el Gobierno está comprometido con el diálogo social, y actuará con flexibilidad para adaptarse a la evolución de la situación y facilitar la protección de los distintos sectores y colectivos.
Los objetivos básicos de las medidas que conforman este Plan de Respuesta son la bajada del precio de la energía, el apoyo a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables y el refuerzo de la estabilidad de precios. Se trata de limitar los costes económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal, reforzando al mismo tiempo las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo.
Las medidas normativas del Plan se implementan a través del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas...
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