ORDEN FAM/509/2019, de 23 de mayo, por la que se especifica la información básica exigible para el reconocimiento de la condición de miembro de la Red de protección e inclusión a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad económica y social de Castilla y León.
| Sección | Disposiciones Generales |
| Emisor | Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades |
| Rango de Ley | Orden |
La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León dedica su Título III a la organización integrada para el acceso al sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. La Ley establece que este sistema, sin perjuicio de la capacidad auto-organizativa de las administraciones intervinientes, se organiza de manera integrada y coordinada mediante la unificación del sistema de información, la disposición de un acceso unificado, la homogeneización y simplificación de los procedimientos, la coordinación de actuaciones y casos, la gestión integrada de los recursos y el uso compartido de la información.
El sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León se configura, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, como el conjunto de recursos, programas, actividades, prestaciones equipamientos y demás actuaciones de titularidad pública -con un reparto de las competencias de responsabilidad pública entre las diputaciones provinciales, los municipios de más de 20.000 habitantes y la propia administración de la Comunidad Autónoma- y los de titularidad privada, financiados total o parcialmente con fondos públicos.
Esta pluralidad de sujetos que intervienen en la prestación de los servicios sociales, hace necesario articular mecanismos de coordinación, lo que redundará en un servicio público más eficiente para los usuarios de los servicios sociales.
Así, la Ley 4/2018, de 2 de julio, de Organización y Funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, define la misma como el instrumento de responsabilidad pública integrador del conjunto de recursos que le sean adscritos, destinados a prevenir y atender, de manera integral y coordinada, las necesidades básicas de las personas y familias que se encuentran en situaciones de exclusión, fomentando su plena inclusión social y laboral. En dicha ley se determinan los requisitos para formar parte de la Red, bien como agentes o como colaboradores, y el reconocimiento de dicha condición, ya sea de oficio o mediante solicitud.
Asimismo, establece que la Consejería responsable de la coordinación de la Red aprobará un mapa de recursos que permita conocer la cobertura de atención de la Red, que incorporará, al menos, los recursos...
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