ORDEN de 21 de marzo de 2023, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se establecen las bases y se regula la convocatoria pública de ayudas para el Programa de ayudas para la modernización del comercio Fondo Tecnológico para la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – Next GenerationEU.

Sección1 - Disposiciones Normativas
EmisorDepartamento de Turismo, Comercio y Consumo
Rango de LeyOrden

La actividad comercial constituye un elemento básico de nuestro modelo de vida social y de ciudad, a la vez que contribuye al crecimiento económico local y a la creación de empleo. Teniendo en cuenta los datos existentes, el sector del comercio interior es el que tiene un mayor peso en la actividad económica de Euskadi ya que representa el 15,6 % del empleo total y contribuye el PIB vasco con 7.373 millones de euros, lo que constituye casi el 11 % del PIB, por lo que es un sector «base» para la economía vasca.

Según el último Directorio de Actividades Económicas vasco para el año 2021, en la Comunidad Autónoma de Euskadi existen un total de 36.679 establecimientos comerciales considerando los 10.349 comercios mayoristas, 3.227 del sector de automoción y los 22.103 comercios minoristas, el 63 % del total. Establecimientos que se traducen en 135.384 empleos en estos momentos: 12.789 en la venta y reparación de automóviles, un 9,45 %; 39.849 en el comercio al por mayor, un 29,43 % y 82.746 empleos en el comercio minorista, un 61,12 % del total del sector comercial.

Estructuras empresariales soportadas sobre un tejido micro y pequeña empresa (cerca del 72,23 % de las empresas comerciales cuenta con menos de 2 trabajadores y trabajadoras, y en torno al 90,89 % dispone de plantillas con menos de 5 trabajadores y trabajadoras) y sobre un importante colectivo de autónomos y autónomas (colectivo que representa un 34 % del empleo generado en el sector comercial minorista).

A pesar de la importante aportación del sector comercial a la economía, este sector presenta importantes disparidades en el uso de nuevas tecnologías, en su adaptación a los actuales hábitos de consumo o en la forma de interactuar con los clientes, tanto entre los diferentes subsectores como entre las empresas de un mismo subsector.

El sector comercial se enfrenta a cambios estructurales profundos y no solo en Euskadi. El mayor de ellos adaptarse a los nuevos hábitos de compra de las personas consumidoras y usuarias. El sector ha de hacer frente de manera decidida y urgente a una profunda transformación digital, acompañada de un impulso de la competitividad a través de la puesta en marcha de nuevos modelos de gestión, la incorporación de talento e innovación comercial y el despliegue de estrategias de sostenibilidad que respondan a las demandas de futuro de nuestra sociedad. La integración del comercio en el diseño urbano, integrado con la movilidad, la sostenibilidad, el ocio, y hasta la seguridad de nuestros pueblos y ciudades es asimismo un factor clave para nuestro futuro y la cohesión social de nuestro territorio.

La atomización del comercio particularmente el comercio minorista hace que se muestre más vulnerable ante las crisis, bien la originada con motivo de la COVID-19 como la actual crisis energética y de suministros provocada por la guerra en Ucrania, lo que exige el impulso de proyectos cuyo fin sea aumentar la competitividad y acelerar su digitalización hacía un modelo resiliente que perdure en el tiempo, recupere la confianza del consumidor y facilite la apertura de un sector a nuevos canales de distribución, transformándose para llegar a territorios fuera de su ámbito tradicional de venta y más sostenible.

La pandemia internacional provocada por la COVID-19 y la rápida propagación de la enfermedad han conducido a una grave crisis sanitaria con importante impacto social y económico, especialmente en el sector comercial, uno de los más gravemente afectados por el impacto de las medidas de control de la COVID-19.

El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo singular y de un planteamiento innovador que impulsaran la convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea, adoptó importantes acuerdos sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y el paquete de medidas de gran alcance conocido como Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) por importe de 750.000 millones de euros.

Este Instrumento fue adoptado mediante el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 y asimismo, se aprobó el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, para la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social y territorial por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es el eje central de las medidas extraordinarias de recuperación de la Unión Europea y que va a permitir al estado español movilizar un volumen de inversión sin precedentes muchas de las cuales son, a su vez, gestionadas por las Comunidades Autónomas.

La financiación así definida debe ayudar a los Estados miembros a hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia provocados por la COVID-19, garantizando, asimismo, que sus economías emprendan las transiciones ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes, con inversiones que aceleren la recuperación y refuercen el crecimiento a largo plazo para que el mercado interior funcione correctamente con pequeñas y medianas empresas (PYMEs) sólidas, que puedan aumentar la capacidad de respuesta y afrontar otros retos.

Con base en lo anterior, el Gobierno de España ha elaborado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede». El Plan de Recuperación ha sido aprobado por el Consejo el 13 de julio de 2021, conforme a lo establecido en los artículos 18 y 20 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es un proyecto que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Los proyectos que constituyen el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirán la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva, de especial relevancia, todo ello, para el interés público, social y económico.

La mayoría de las actividades de apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se van a desarrollar durante un periodo de tiempo breve, de 2021 a 2023, dada la urgencia en hacer frente a la situación crítica ocasionada por la pandemia, y su utilización como una oportunidad estratégica para acometer las citadas transformaciones.

Para facilitar el diseño y la ejecución de las proyectos financiables con fondos europeos e implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno de España ha dictado el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las Órdenes HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Plan se divide en 10 políticas tractoras o palancas que van a incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social, y recogen 30 componentes, según diversos ejes de actuación en los que intervienen distintos departamentos ministeriales en función de sus respectivas competencias.

De las diez políticas tractoras, la quinta, «Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR