SAN, 4 de Julio de 2007
| Ponente | ISABEL GARCIA GARCIA-BLANCO |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 3ª |
| ECLI | ES:AN:2007:3080 |
| Número de Recurso | 57/2006 |
SENTENCIA
Madrid, a cuatro de julio de dos mil siete.
Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y bajo el número 57/06, se tramita a instancia
de D. Mariano, representado por el Procurador D. Santiago Tesorero Díaz,
contra Resolución de la DGRN, por delegación del Ministro de Justicia, por la que se deniega la
nacionalidad al recurrente al no haber justificado suficientemente buena conducta cívica ya que fue
condenado en sentencia de 2/7/2004 del Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia por un delito de
amenaza condicionales y una falta de lesiones y en el que la Administración demandada ha estado
representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
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- La parte indicada interpuso en fecha 27/1/2006 este recurso respecto de los actos antes aludidos y, admitido a trámite, y reclamado el expediente administrativo, se entregó éste a la parte actora para que formalizara la demanda, lo que hizo en tiempo, en la que realizó una exposición fáctica y la alegación de los preceptos legales que estimó aplicables, concretando su petición en el Suplico de la misma, en el que literalmente dijo: "que, teniendo por presentado este escrito, en tiempo y forma legal, con la documentación que se acompaña, y sus copias prevenidas, se sirva admitirlo, teniendo por formalizada demanda contra la desestimación de la solicitud de Adquisición de Nacionalidad Española por razón de residencia de Mariano, al amparo del art 22 del CC, contra el Ministerio de Justicia, y previos los trámites oportunos, dicte Sentencia en su día por la que, estimando el presente Recurso declare haber lugar a la misma y el derecho de la demandante a adquirir la nacionalidad española al reunir los requisitos legales establecidos para ello. Con expresa condena en costas a la Administración demandada".
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- De la demanda se dió traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada contestó en un relato fáctico y una argumentación jurídica que sirvió al mismo para concretar su oposición al recurso en el suplico de la misma, en el cual solicitó: "Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tener por contestada la demanda, con devolución de los autos, dictando, previos los trámites legales, sentencia por la que se desestime el presente recurso y confirmando la resolución administrativa impugnada por ser conforme a Derecho, con expresa imposición de costas a la parte recurrente".
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- Solicitado el recibimiento a prueba del recurso, la Sala dictó Auto de fecha 22 de Junio de 2006 acordando el recibimiento a prueba por plazo común de treinta días, habiéndose practicado la propuesta y admitida con el resultado obrante en autos.
Siendo el siguiente trámite el de Conclusiones, a través del cual, las partes, por su orden, han concretando sus posiciones y reiterado sus respectiva pretensiones. Por providencia de 27 de Junio de 2007 se hizo señalamiento para votación y fallo el día 3 de Julio de 2007, en que efectivamente se deliberó y votó
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- En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrando las forma legales exigidas por la Ley que regula la Jurisdicción. Y ha sido Ponente el Magistrado de esta Sección Dª Isabel García García-Blanco.
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- En el presente recurso se impugna la resolución de la DGRN, por delegación del Ministro de Justicia, por la que se deniega la nacionalidad al recurrente al no haber justificado suficientemente buena conducta cívica ya que fue condenado en sentencia de 2/7/2004 del Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia por un delito de amenaza condicionales y una falta de lesiones.
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- Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.
Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración (art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.
Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los...
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STS, 14 de Enero de 2011
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