STS, 18 de Julio de 2005
| Ponente | PEDRO JOSE YAGÜE GIL |
| ECLI | ES:TS:2005:4884 |
| Número de Recurso | 226/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 18 de Julio de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Julio de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Quinta por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación para la unificación de doctrina número 226/03, interpuesto por el Ayuntamiento de Teguise contra la sentencia dictada con fecha 10 de julio de 2002 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Canarias, sobre licencia de obras. Se ha personado como parte recurrida la Comunidad Autónoma de Canarias. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil.
Ante la Sección Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), se ha seguido el recurso 1238/1998 interpuesto por Administración Pública Comunidad Autónoma de Canarias contra Decreto de 30 de julio de 1997, del Ayuntamiento de Teguise, por el que se concedió licencia de obras para la construcción de dos viviendas unifamiliares en c/ DIRECCION000 de Tahiche, interesada por D. Manuel, siendo parte demandada el Ayuntamiento de Teguise.
Dicho Tribunal dictó sentencia con fecha 10 de julio de 2002, con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS Estimar el recurso contencioso-administrativo nº 1238/1998 interpuesto la Comunidad Autónoma de Canarias contra el Decreto del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Teguise por el que se concedió licencia de obras para la construcción de dos viviendas unifamiliares en la DIRECCION000 . No hacer especial pronunciamiento sobre costas."
Contra la citada sentencia por la representación del Ayuntamiento de Teguise se interpuso el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, del que se dio traslado a la parte recurrida para su oposición, formalizándose la misma, y siendo elevadas las actuaciones al Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes.
Por providencia de 12 de septiembre de 2003 de la Sección Primera de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo se formó el presente rollo de casación para la unificación de doctrina, remitiéndose a la Sección Quinta para su resolución. Por providencia de 30 de septiembre de 2003 se aceptó la competencia, quedando pendiente de señalamiento para su Votación y Fallo, y señalándose al efecto el día 12 de Julio de 2005, fecha en que han tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil,
La sentencia impugnada estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias contra el Decreto 30 de julio de 1997, del Ayuntamiento de Teguise, por el que se concedió licencia de obras para la construcción de dos viviendas unifamiliares, interesada por Don Manuel en las DIRECCION000, de Tahiche.
Este recurso se rige por la Ley 29/1998, de 13 de julio, ex disposición transitoria tercera , apartado 1, de la misma-, toda vez que la sentencia impugnada, de 26 de julio de 2002, se ha dictado con posterioridad a su entrada en vigor.
También hay que precisar que el acto recurrido emana de una Entidad local y trae causa de expediente sobre concesión de licencia de obras. Pues bien con arreglo al artículo 8.1.c) de esta Ley, los recursos que se deduzcan frente a los actos de las Entidades locales que tengan por objeto licencias de edificación y uso del suelo y del subsuelo, siempre que su presupuesto no exceda de 250 millones de pesetas, están atribuidos al conocimiento de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y, en segunda instancia a las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, -artículo 10.2-; -como es el caso de autos, en que no consta la cuantía, pero la misma en ningún caso puede superar aquella cifra, vistos lo datos que obran en el expediente en el que el Informe de la Arquitecto Técnico Municipal fija un coste real de construcción de 18.238.800 pesetas, notoriamente alejado de aquella cuantía.
Sentadas estas premisas, la cuestión a resolver es el tratamiento que, a efectos impugnatorios, debe darse a las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1998 en los procesos pendientes antes de esa fecha, cuya competencia corresponda, conforme a la misma, a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y que la disposición transitoria primera, apartado 1, de la misma preceptúa continuarán tramitándose ante dichas Salas hasta su conclusión, como aquí ha ocurrido.
Pues bien, a esas sentencias, y por ello a la que es objeto de impugnación en el presente recurso, es doctrina consolidada de esta Sala (Autos de 16 de junio, 30 de octubre, 13 de noviembre, 4 y 18 de diciembre de 2000, entre otros) que debe aplicárseles la disposición transitoria primera, apartado 2, último inciso, de la mencionada Ley, lo que significa que el régimen de recursos es el establecido en ella para las sentencias dictadas en segunda instancia contra las que no cabe recurso de casación, pues éste sólo procede -artículo 86.1- contra las recaídas en única instancia, y dicha previsión, (como ya dijo esta Sala por Sentencia de 28 de mayo de 2003) es igualmente aplicable al recurso de casación para la unificación de doctrina, de conformidad con lo previsto en el art. 96.1 y 2 de la vigente Ley de esta Jurisdicción que solo prevé dicho recurso contra las sentencias dictadas en "única instancia".
Es cierto que el apartado 1 de la disposición transitoria primera, que contempla los "procesos pendientes" ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, guarda silencio al respecto, pero el inciso final del apartado 2 de la misma transitoria, es decir, la regla que equipara el régimen de impugnación de las sentencias de las expresadas Salas a las dictadas en segunda instancia, cuando se trata de procesos que, conforme a la Ley 29/1998, se hayan atribuido a los Juzgados, está redactada en plural, "en estos casos" -dice-, expresión que permite entender comprende tanto los casos del apartado 2 como los del apartado 1, en el que se encuentra contemplada la sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso que nos ocupa.
La interpretación contraria vaciaría prácticamente de contenido el apartado 2 de la disposición transitoria primera -la puesta en funcionamiento de los Juzgados tuvo lugar al día siguiente de la entrada en vigor de la Ley 29/1998- y es difícilmente conciliable con la "plena aplicación" del nuevo régimen de la casación a las resoluciones dictadas con posterioridad a su entrada en vigor - disposición transitoria tercera-, plena aplicación que comporta que sólo puedan ser susceptibles de casación las sentencias que hubieran podido ser dictadas en única instancia con arreglo a la nueva Ley de esta Jurisdicción.
Procede, pues, la inadmisión del recurso, en virtud de lo dispuesto en el art. 97.7 en relación con el art. 95.1, de la Ley Jurisdiccional, así como la imposición de las costas a la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la citada Ley. Esta condena sólo alcanza, respecto de la minuta de Letrado, a la cifra máxima de 2.000'00 euros, a la vista de las actuaciones procesales.
Por todo ello, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos concede la Constitución.
Que debemos declarar y declaramos la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina número 226/03 interpuesto por el Ayuntamiento de Teguise, contra la sentencia dictada con fecha 10 de julio de 2002 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Canarias (Las Palmas) en el recurso 1238/98. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso, hasta un límite, respecto de la minuta de Letrado, de 2.000'00 euros.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la colección legislativa , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.
