Ley de 20 de julio de 1957 sobre régimen jurídico de la Administración del Estado.

Es de la competencia del Consejo de Ministros :

1. Aprobar el plan general de actuación del Gobierno y las directrices que han de presidir lee tareas encomendadas a cada uno de los Departamentos ministeriales.

2. Acordar la redacción definitiva de los proyectos de ley, y especialmente del de Presupuestos Generales del Estado, sobre la base de los anteproyectos redactados por los Departamentos ministeriales competentes, directamente o previo acuerdo de las Comisiones Delegadas del Gobierno, su remisión a las Cortes y su retirada de ellas cuando se considere procedente.

3. Proponer al Jefe del Estado la sanción de Decretos-leyes en caso de guerra o por razones de urgencia. Ésta será apreciada por el Jefe del Estado, oída la Comisión a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Cortes.

4. Someter al Jefe del Estado proyectos de disposiciones con fuerza de Ley, cuando el Gobierno cuente para ello, en cada caso, con expresa delegación por Ley votada en Cortes y previo dictamen del Consejo de Estado en pleno.

5. Autorizar la negociación y firma de Tratados o Acuerdos y Convenios internacionales y la adhesión a los existentes.

6. Proponer al Jefe del Estado la aprobación de los Reglamentos para la ejecución de las Leyes, previo dictamen del Consejo de Estado.

7. Deliberar, previamente a ser sometidas al Jefe del Estado, sobre las propuestas de nombramiento y separación de los altos cargos de la Administración pública, tales como Embajadores, Capitanes Generales de cualquiera de los tres Ejércitos, Subsecretarios, Directores generales, Gobernadores civiles y los Gobernadores, Administradores y Secretarios generales de las plazas y Provincias africanas.

   La propuesta se hará por el Jefe del Departamento ministerial correspondiente, sin perjuicio de lo que dispongan para los mandos militares las Leyes constitutivas del Ejército.

8. Establecer y suprimir las Comisiones Delegadas del Gobierno que las necesidades de la Administración aconsejen.

9. Acordar la suspensión total o parcial de la vigencia de los artículos doce, trece, catorce, quince, dieciséis y dieciocho del Fuero de los Españoles, determinando el alcance y duración de la medida y declarar o levantar, de acuerdo con la Ley de Orden público, los estados de prevención, alarma y guerra.

10. Convocar elecciones con arreglo a Ley.

11. Acordar la inejecución y la suspensión total o parcial de las sentencias dictadas por los Tribunales contencioso-administrativos, en la forma y casos previstos por la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

12. Resolver los recursos que, con arreglo a una Ley, se interpongan ante el Consejo de Ministros.

13. Resolver aquellos asuntos en los que, habiéndose solicitado por un Ministro dictamen preceptivo del Consejo de Estado o del de Economía Nacional disintiera aquél del parecer de éstos, y decidir acerca de las mociones que dichos Consejos eleven al de Ministros.

14. Determinar el límite de la circulación fiduciaria y adoptar cuantas medidas de importancia aconseje la situación económica del país, sin perjuicio de la competencia de las Cortes.

15. Acordar los gastos superiores a un millón de pesetas que deban realizarse con cargo a créditos calificados como de primer establecimiento o de inversión.

16. Autorizar transacciones sobre los derechos de la Hacienda Pública, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno.

17. Cualquier otra atribución que le venga conferida por alguna disposición legal o reglamentaria.

Compete a las Comisiones Delegadas del Gobierno:

1. Examinar, en su conjunto, las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos que integran cada Comisión y, principalmente, los proyectos de obras o inversiones que haya de aprobar cada Departamento, cuando su importancia o la coordinación de los servicios lo aconsejen.

2. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, exijan la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución en Consejo de Ministros.

3. Coordinar la acción de los Ministerios interesados a la vista de objetivos comunes y redactar programas conjuntos de actuación.

4. Acordar los nombramientos y resolver los asuntos que, afectando a más de un Departamento de la Comisión respectiva, no requieran, atendida su importancia, ser elevados a decisión del Consejo de Ministros, a juicio del Presidente del Gobierno, o no corresponda a dicho Consejo por precepto legal o reglamentario.

5. Cualquier otra atribución que les confieran las disposiciones vigentes.

Corresponde al Presidente del Gobierno:

1. Representar al Gobierno de la Nación y especialmente en sus relaciones con el Jefe del Estado y las Cortes.

2. Convocar, presidir y levantar las reuniones del Consejo de Ministros y de sus Comisiones Delegadas y dirigir sus deliberaciones, cuando no lo presida el Jefe del Estado.

3. Dirigir las tareas del Gobierno, proponer su plan general de actuación y las directrices que han de presidir las actividades de cada uno de los Departamentos ministeriales.

4. Velar por el cumplimiento de las directrices señaladas por el Gobierno y por la ejecución de los acuerdos del Consejo de Ministros y de sus Comisiones Delegadas.

5. Asegurar la coordinación entre los distintos Ministerios.

6. Proponer, conocer y elaborar cuantas disposiciones se dicten sobre estructura orgánica, método de trabajo, procedimiento y personal de la Administración pública, así como velar por el cumplimiento de las vigentes.

7. Cuidar de la selección, formación y perfeccionamiento de los funcionarios civiles del Estado no pertenecientes a Cuerpos especiales y, en general, de todo lo relativo a su régimen jurídico.

8. Proponer al Jefe del Estado que un Ministro se encargue del despacho de los asuntos ordinarios de otro Departamento en caso de ausencia en el extranjero o enfermedad de su titular.

9. Delegar ordinariamente en el Ministro Subsecretario de la Presidencia las facultades enumeradas en los apartados seis y siete.

10. Ejercer cuantas facultades y atribuciones le correspondan con arreglo a las disposiciones vigentes.

Los Ministros, como Jefes de sus Departamentos, están investidos de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer la iniciativa, dirección e inspección de todos los servicios del Departamento y la alta inspección y demás funciones que les correspondan respecto de los organismos autónomos adscritos al mismo.

2. Preparar y presentar al Gobierno los Proyectos de Ley o de Decreto, relativos a las cuestiones atribuidas a su Departamento.

3. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

4. Nombrar y separar a las Autoridades afectas a su Departamento no comprendidas en el párrafo siete del artículo tercero ni el número cuatro del artículo cuarto.

5. Nombrar y separar a los funcionarios del Departamento. Destinar y ascender a los mismos cuando sea facultad discrecional del Ministro.

6. Otorgar o proponer, en su caso, las recompensas que procedan y ejercer las potestades disciplinaria y correctiva con arreglo a las disposiciones vigentes.

7. Resolver, en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una Autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los Organismos y Autoridades del Departamento, salvo que una Ley especial autorice recurso ante el Jefe del Estado, el Consejo de Ministros o la Presidencia del Gobierno.

8. Resolver las contiendas que surjan entre Autoridades administrativas dependientes del Departamento y suscitar conflictos de atribuciones con otros Ministerios.

9. Formular el anteproyecto de presupuesto del Departamento.

10. Disponer los gastos propios de los servicios de su Ministerio no reservados a la competencia del Consejo de Ministros, dentro del importe de los créditos autorizados, e interesar del Ministerio de Hacienda la ordenación de los pagos correspondientes.

11. Firmar en nombre del Estado los contratos relativos a asuntos propios de su Departamento.

12. Y cuantas facultades les atribuyan las disposiciones en vigor.

El Subsecretario es Jefe superior del Departamento después del Ministro y con tal carácter tiene las facultades siguientes:

1. Ostentar la representación del Departamento por delegación del Ministro.

2. Desempeñar la Jefatura superior de todo el personal del Departamento y resolver cuantos asuntos se refieran al mismo, salvo los casos reservados a la decisión del Ministro o de los Directores generales.

3. Asumir la inspección de los Centros, Dependencias y Organismos afectos al Departamento.

4. Disponer cuanto concierne al régimen interno de los servicios generales del Ministerio y resolver los respectivos expedientes cuando no sea facultad privativa del Ministro o de los Directores generales.

5. Actuar como órgano de comunicación con los demás Departamentos y con los Organismos y Entidades que tengan relación con el Ministerio.

6. Ejercer todas las demás facultades, prerrogativas y funciones que les atribuyan las disposiciones en vigor.

Cuando en un Departamento ministerial existan dos o más Subsecretarios, la representación y delegación general del Ministro y la gestión de los servicios comunes del Departamento se encomendarán a uno de aquéllos.

Los Directores generales son Jefes del Centro directivo que les está encomendado y tendrán las siguientes atribuciones:

1. Dirigir y gestionar los servicios y resolver los asuntos del Departamento que sean de su incumbencia.

2. Vigilar y fiscalizar todas las dependencias a su cargo.

3. Proponer al Ministro la resolución que estimen procedente en los asuntos que sean de su competencia y cuya tramitación corresponda a la Dirección General.

4. Establecer el régimen interno de las oficinas de ellos dependientes.

5. Elevar anualmente al Ministro un informe acerca de la marcha, costo y rendimiento de los servicios a su cargo.

6. Las demás atribuciones que les señalen las Leyes y Reglamentos.

Los ascensos, destinos, excedencias, jubilaciones de los funcionarios públicos que se realicen de acuerdo con facultades regladas, serán de la exclusiva competencia del Subsecretario o Director general de quienes aquéllos dependan jerárquicamente.

Los Subsecretarios y Directores generales, en cuanto se refiere a la organización interna de los servicios dependientes de los mismos, podrán dictar circulares e instrucciones.

En los Ministerios civiles podrá existir un Secretario general Técnico, con categoría de Director general, para realizar estudios y reunir documentación sobre las materias propias del Departamento, especialmente en orden a:

1. Elaborar los proyectos de planes generales de actuación y los programas de necesidades del Departamento.

2. Prestar asistencia técnica y administrativa al Ministro en cuantos asuntos éste juzgue conveniente, con vista a la coordinación de los servicios.

3. Proponer las reformas que se encaminen a mejorar y perfeccionar los servicios de los distintos Centros del Ministerio y preparar la relativa a su organización y métodos de trabajo, atendiendo principalmente a los costes y rendimiento.

4. Proponer las normas generales sobre adquisición de material y cuantas disposiciones afecten al funcionamiento de los servicios.

5. Preparar compilaciones de las disposiciones vigentes que afecten al Ministerio, proponer las refundiciones o revisiones de textos legales que se consideren oportunas y cuidar de las publicaciones técnicas, periódicas o no, del Ministerio.

6. Dirigir y facilitar la formación de las estadísticas acerca de las materias de la competencia del Departamento, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, y las demás que se estimen convenientes.

Para el cumplimiento de las anteriores funciones podrá recabar de las Direcciones Generales y Organismos del Departamento, así como de sus Servicios descentralizados, cuantos informes, datos y documentos considere precisos para el cumplimiento de sus fines.

La competencia específica de los distintos órganos de los Departamentos ministeriales se determinará en sus respectivos reglamentos orgánicos.

Los Ministerios del Ejército, Marina y Aire se regirán, en lo que afecta a su organización, mando y jerarquía, por sus disposiciones especiales.

Las atribuciones reconocidas a las diversas autoridades de la Administración del Estado, a que se refiere el título primero de esta Ley, serán delegables en los órganos inferiores siguientes:

1. Las funciones administrativas del Consejo de Ministros, por acuerdo unánime de éste, en las Comisiones Delegadas.

2. Las funciones administrativas del Presidente del Gobierno, en el Ministro Subsecretario de la Presidencia.

3. Las de los Ministros, en los Subsecretarios y Directoras Generales, excepto en los siguientes casos:

   1. Los asuntos que hayan de ser objeto de resolución por medio de decreto y aquellos que deban someterse al acuerdo o conocimiento del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

   2. Los que se refieren a relaciones con la Jefatura del Estado, Consejo del Reino, Cortes, Consejo de Estado y Tribunales Supremos de Justicia.

   5. Los que hayan sido informados preceptivamente por el Consejo de Estado o el Consejo de Economía Nacional.

   4. Los que den lugar a la adopción de disposiciones de carácter general,

   5. Los recursos de alzada que proceda contra los acuerdos de los Subsecretarios en materia de su competencia.

4. Las de los Subsecretarios, en los Directores generales y otras Autoridades del Departamento, previa la aprobación del Ministro.

5. Las de los Directores Generales, en los Jefes de Sección y Autoridades dependientes de aquéllos, previa la aprobación del Ministro.

   La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.

   En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza .mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la adopción de medidas no fiscalizables en vía contenciosa,

2. En todo caso, el daño alegado por los particulares habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. La simple anulación en vía administrativa o por los Tribunales contenciosos de las resoluciones administrativas no presupone derecho a indemnización. Ésta podrá pedirse en vía contenciosa con arreglo a la Ley de dicha Jurisdicción o en la vía administrativa prevista en el párrafo siguiente.

3. Cuando la lesión sea consecuencia de hechos o de actos administrativos no impugnables en vía contenciosa o, aún siendo impugnables, el perjudicado opte por la vía administrativa, la reclamación de indemnización se dirigirá al Ministro respectivo, o al Consejo de Ministros si una ley especial así lo dispone, y la resolución que recaiga será susceptible de recurso contencioso-administrativo en cuanto a la procedencia y cuantía de la indemnización. En todo caso. el derecho a reclamar caducará al año del hecho que motive la indemnización.

Cuando el Estado actúe en relaciones de derecho privado, responderá directamente de los daños y perjuicios causados por sus Autoridades, funcionarios o agentes, considerándose la actuación de los mismos como actos propios de la Administración. La responsabilidad en este caso habrá de exigirse ante los Tribunales ordinarios.

1. Sin perjuicio, de que el Estado indemnice a los terceros lesionados, en los casos a que se refiere el capítulo anterior podrá la Administración exigir de sus Autoridades, funcionarios o agentes la responsabilidad en que hubieren incurrido por culpa o negligencia graves previa la instrucción del expediente oportuno con audiencia del interesado.

2. Asimismo podrá la Administración instruir igual expediente a las Autoridades, funcionarios o agentes que por culpa o negligencia graves hubieren causado daño o perjuicio en los bienes y derechos del Estado.

3. El funcionario declarado responsable por la Administración podrá interponer recurso contencioso-administrativo.

4. Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

Los particulares podrán, también exigir a las Autoridades y funcionarios civiles, cualquiera que sea su clase y categoría, el resarcimiento de los daños y perjuicios que a sus bienes y derechos hayan irrogado por culpa o negligencia graves en el ejercicio de sus cargos.

1. La responsabilidad del orden penal de las Autoridades y funcionarios podrá exigirse ante los Tribunales de Justicia competentes.

2. En ningún caso será requisito indispensable para la apertura y validez del procedimiento judicial el consentimiento previo de la Autoridad administrativa.

1. La responsabilidad civil de los Ministros se exigirá ante el Tribunal Supremo en Pleno.

2. La de las Autoridades y funcionarios con categoría igual o superiores a Jefes Superiores de Administración, ante la Sala Primera de dicho Tribunal.

3. La de los Jueces, Magistrados y Fiscales, con arreglo a su legislación especial.

4. La de las demás Autoridades y funcionarios, ante la Audiencia Territorial respectiva.

1. Las acciones u omisiones de los Ministros, en el ejercicio de su cargo, que revistan carácter de delito, serán enjuiciadas por el Tribunal Supremo de Justicia en Pleno, quien se pronunciará previamente sobre la procedencia de la apertura del sumario.

2. El enjuiciamiento de los Subsecretarios, Directores generales, Gobernadores civiles y Autoridades o funcionarios con categoría de Jefes Superiores de Administración, por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, corresponde a la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo.

3. El enjuiciamiento de las demás Autoridades y funcionarios civiles de la Administración del Estado compete a las Audiencias provinciales.

4. Cuando sea competente la Jurisdicción militar se regirá por las leyes que la regulan.

El procedimiento judicial penal contra las Autoridades podrá iniciarse por el Ministerio Fiscal o a instancia del ofendido o perjudicado.

La responsabilidad disciplinaria será exigida por la Administración a los funcionarios civiles de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Funcionarios y disposiciones especiales de cada Cuerpo.

La responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los militares y funcionarios de las Carreras Judicial y Fiscal será exigida conforme a lo establecido en las disposiciones especiales por que se rigen.