Ley 5/1981, de 4 de junio, sobre desarrolló legislativo en materia de evacuación y tratamiento de aguas residuales.

1. Está ley tiene por objeto garantizar una actuación coordinada y eficaz en materia de obras y servicios de evacuación, tratamiento y recuperación de las aguas residuales en el territorio de cataluña.

2. Dicha regulación comprende también la financiación de las obras y servicios a que se refiere el párrafo anterior, mediante la aplicación de un incremento de la tarifa de aprovisionamiento de água o, en todo casó, de un canon específico de saneamiento y depuración.

3. La actuación deberá desarrollarse en el Marco de planificación general de protección del Medio Ambiente que apruebe la Generalidad.

1. Corresponde a la Generalidad:

   1. la planificación global, es decir, la formulación del esquema y las Directrices de saneamiento en el territorio de cataluña en cuanto a la definición de los ámbitos territoriales de saneamiento, estableciendo criterios sobre niveles de depuración y calidades de afluentes y recipientes.

   2. la aprobación definitiva de los planes y Proyectos.

   3. la aprobación y revisión del régimen económico-Financiero, así cómo la intervención de Gastos financiados, tanto en la inversión cómo en la prestación de servicios.

   4. la realización de aquéllos planes y obras de saneamiento que promueva directamente, y la realización o participación en aquéllos otros que la administración local no realice o que se realicen conjuntamente.

2. Para alcanzar las finalidades previstas en está ley, la Generalidad puede:

   1. constituir consorcios con entidades locales.

   2. promover la constitución de mancomunidades municipales.

   3. decidir la actuación agrupada de las Corporaciones Locales en materia de saneamiento.

   4. prestar Asistencia a las entidades locales afectadas.

3. En el ejercicio de sus competencias, las Corporaciones Locales tienen iniciativa para la:

   1. constitución de cualquier organismo de gestión previsto en la vigente legislación local.

   2. redacción de planes y Proyectos.

   3. contratación y ejecución de las obras.

   4. prestación del Servicio.

   5. propuesta de tarifas a aplicar.

4. Para colaborar en la ejecución de determinado plan o proyecto, una vez haya sido aprobado, podrá acordarse la constitución de una junta colaboradora de la administración actuante, con participación de los intereses concurrentes en la Cuenca del río, zona vertiente o área geográfica afectada y con el objeto de transmitir o canalizar iniciativas, hacer sugerencias y formular observaciones sobre la gestión a desarrollar.

1. La aprobación, con carácter definitivo, de los planes y Proyectos de saneamiento que requieran la financiación específica prevista en está ley.

2. La implantación y la revisión del régimen económico-Financiero de los planes y Proyectos a que se refiere el artículo 1, en la cuantía y en el correspondiente ámbito espacial y temporal.

3. La aprobación, previó informe de la junta de saneamiento y a los efectos de fijar el incremento de la tarifa o canon, de los documentos referentes a los siguientes aspectos:

   1. coeficientes de concentración demográfica permanente o estacional.

   2. coeficientes específicos de contaminación, por actividad industrial.

   3. primas de depuración, según varios tipos de dispositivos.

   4. fórmula o fórmulas a utilizar para la determinación del caudal del água procedente de pozos y métodos de medición del caudal, en el aprovechamiento privado de aguas subterráneas procedentes de minas.

1. Se crea la junta de saneamiento, organismo de carácter administrativo, adscrito al departamento de política territorial y Obras Públicas, al cuál corresponden la promoción, orientación, coordinación, información y fiscalización de las actuaciones concernientes a la planificación, ejecución y explotación de las Infraestructuras de evacuación de aguas residuales, estaciones depuradoras y emisarios Submarinos, así cómo de los sistemas de reutilización de las aguas depuradas en los términos previstos en está ley.

   La junta, en el ámbito de su competencia, ejerce las siguientes funciones:

   1. la recaudación, administración, gestión y distribución de los recursos que la presente ley le atribuye.

   2. la autorización de los Gastos según el Presupuesto aprobado por la misma.

   3. la elaboración del anteproyecto del Presupuesto anual de la misma.

2. La junta está presidida por el Consejero de política territorial y Obras Públicas y su Vicepresidente es El Director general de política territorial. Además del Presidente y el Vicepresidente, la integran los siguientes vocales: El Director general de Obras Públicas; un representate, con categoría de Director General o similar, de cada uno de los siguientes departamentos: Economía y finanzas, sanidad y Seguridad Social, gobernación, Industria y Energia, Agricultura, Ganaderia y pesca, y Comercio y turismo, y dos vocales mas representantes de las entidades locales de acreditada competencia. En élla actúa de secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la dirección general de política territorial. Designado por El Director general de política territorial. El Funcionamiento, las Convocatorias, las reuniones y el régimen de adopción de acuerdos de la junta se rigen de acuerdo con lo establecido en La Ley de Procedimiento Administrativo para los órganos colegiados.

3. La dirección general de política territorial actúa cómo

   órgano permanente encargado de la preparación y gestión de los asuntos encomendados a la junta, pero la elaboración de la planificación y la ejecución de las obras, reservadas a la Generalidad, corresponden a la dirección

   General de Obras Públicas.

4. Cuándo el orden del día de la reunión de la junta de saneamiento incluya la consideración específica de asuntos que afecten a un municipio, será convocado el correspondiente Alcalde. Si el asunto hiciera referencia conjuntamente a mas de tres municipios, los alcaldes respectivos designarán, de mútuo acuerdo, a aquél que deba concurrir a la reunión. El Alcalde, acompañado por la persona que designe, podrá asistir sólo a la deliberación del asunto por el cuál haya sido convocado y tomar parte en élla con voz pero sin voto.

5. En cuanto a lo no previsto en esté artículo será de aplicación a la junta de saneamiento la regulación establecida en el ordenamiento jurídico para los organismos autónomos de carácter administrativo.

1. La financiación de las obras e Instalaciones a que se refiere está ley se hará con los recursos que se obtengan por la aplicación de su régimen.

2. Las entidades competentes para la gestión de las obras y servicios podrán solicitar, además, las ayudas del estado así cómo de otras entidades públicas que prevé la legislación vigente, y contraer los créditos necesarios con entidades oficiales o privadas.

3. El pago de intereses y la amortización de créditos podrán garantizarse con cargo a la recaudación que se obtenga con el incremento de la tarifa de abastecimiento de água o del canon de saneamiento regulado en está ley.

4. El incremento de la tarifa o del canon es incompatible con la imposición de contribuciones especiales aplicadas a la financiación de la implantación y explotación de la red de colectores generales, estaciones de tratamiento y obras de vertido de aguas residuales; pero es compatible con la percepción de Tasas y con cualquier otro precio o recurso legalmente autorizado para la prestación del Servicio de abastecimiento de água.

1. El régimen económico-Financiero previsto en está ley consiste en la autorización de un incremento, cómo componente de la tarifa de abastecimiento de água o canon independiente, sobre el coste del metro cúbico de água consumida para usos domésticos o industriales en el territorio que con esté objeto se determine en aplicación individualizada de la autorización.

2. La aplicación del incremento afecta tanto al consumo de água suministrada por el Ayuntamiento o por las empresas de abastecedores cómo a los consumos no medidos por contadores ni facturados, y su rendimiento

   Corresponde a la administración actuante. La gestión recaudadora de esté incremento corresponde a la Generalidad, que lo ha de percibir:

   1. a través de las entidades suministradoras cuándo constituya un elemento de tarifa de consumo de água, o

   2. directamente de los usuarios cuándo el água consumida sea de otra procedencia.

3. El incremento de tarifa o canon está destinado a atender los costes de infraestructura, así cómo los de explotación de las obras e Instalaciones aprobadas. Los recursos obtenidos quedan afectos al Destino previsto y deben ser objeto de contabilidad separada por la entidad Gestora. La Generalidad puede fiscalizar dicha contabilidad, así cómo la ejecución de las obras financiadas con estos recursos.

4. Si no hay contaminación por abonos, pesticidas o materia orgánica que afecte a las aguas superficiales o subterráneas, no se aplicará el incremento, ni cómo componente de la tarifa ni cómo canon independiente, al consumo de água efectuado por los agricultores y destinado al regadío.

La aplicación del régimen económico-Financiero previsto en está ley lleva aparejadas las siguientes determinaciones:

1. La aprobación del plan de saneamiento o del proyecto concretó de obra o gestión de Servicio que motivará dicha aplicación.

2. La implantación del incremento de la tarifa o del canon de seneamiento, con especificación del ámbito territorial de aplicación, de su importe, de la duración de la percepción y de la entidad que, en todo casó, realizará la gestión recaudadora.

3. La concreción de la entidad a la cuál se encomendará la ejecución de las obras o la prestación de los servicios.

4. El establecimiento de los Medios de fiscalización necesarios tendentes a comprobar que los fondos asignados, procedentes del incremento de la tarifa o canon, han sido invertidos con la finalidad prevista.

1. Para la aplicación del régimen económico-Financiero previsto en está ley es necesaria la previa formulación de un plan de saneamiento o de un proyecto de obra o instalación del Servicio.

2. El plan o el proyecto puede ser:

   1. promovido o redactado por la entidad local que deberá ejecutarlo, a instancias de la junta de saneamiento pero siempre dentro de las Directrices que, considerando las exigencias del territorio de cataluña, determine está junta,

      La cuál, en todo casó, deberá informar favorablemente.

   2. redactado por los servicios afectos a la dirección general de Obras Públicas.

3. El plan debe contener un programa de actuación, inversiones y financiación, con etapas anuales y con el siguiente contenido:

   1. un estado en que se recojan las inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio o durante los ejercicios anuales sucesivos.

   2. un estado en el que se especifiquen las aportaciones de entidades públicas, así cómo las demás Fuentes de financiación de sus inversiones.

   3. la expresión de los objetivos a alcanzar en cada ejercicio.

   4. la evaluación económica de la inversión o inversiones que hayan de realizarse en cada ejercicio.

4. Los Proyectos de obras deben comprender un Presupuesto, que podrá estar integrado por varios parciales, con la expresión de los precios unitarios descompuestos, Estados de cubicación o medición y de los detalles necesarios para valorarlos.

5. Los Proyectos de prestación de servicios deben incluir en su documentación un estudió económico-Financiero en que se determinen claramente los costes de explotación.

6. La aprobación de los planes y Proyectos implica la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los edificios y terrenos correspondientes a los fines de expropiación forzosa y de imposición de servidumbre.

7. Los planes o Proyectos pueden admitir, inicialmente, unas condiciones de depuración de las aguas residuales en el momento de verterlas en la red de cloacas o en los lechos, menos exigentes que las fijadas con carácter general, siempre que dichos planes o Proyectos determinen simultáneamente la aplicación de un Sistema de depuración progresivo para conseguir su eficacia en el plazo que a tal objeto se señale.

   Sin embargo, los Proyectos deben incluir, en su casó, los objetivos o parámetros de protección del contorno.

1. El programa de actuación, inversiones y financiación a que hace referencia el apartado 3 del artículo anterior podrá revisarse con el fin de adecuarlo a los importes reales o previsibles de las Instalaciones en Funcionamiento. Para la determinación de esté coste, deben tenerse en cuenta los Gastos de personal, material y conservación, la eliminación de residuos producidos por el Proceso de depuración y las cargas financieras y amortizaciones de las

   Instalaciones.

2. La revisión debe constar de una Memoria explicativa del contenido y las modificaciones que presente en relación con el programa aprobado inicialmente, o que esté en vigor, completada con los Estados Numericos o con otros documentos que se consideren necesarios.

3. La revisión del programa se someterá a la aprobación del consejo ejecutivo, previó informe favorable de la junta de saneamiento cuándo la variación del coste de construcción de las obras o de los Gastos de mantenimiento y explotación de las Instalaciones motive una modificación del régimen

   Económico-Financiero autorizado.

4. Asimismo, deberán someterse a la aprobación del consejo ejecutivo las modificaciones de los Proyectos de obras o Instalaciones que hayan de motivar una variación del régimen

   Económico-Financiero autorizado inicialmente, lo cuál deberá justificarse en la correspondiente Memoria.

1. El ámbito espacial de aplicación del régimen económico-Financiero previsto en está ley está constituido, de acuerdo con el plan o el proyecto que justifique su Implantacion, por la cuenta del rio de la zona vertiente o del Area Geografica afectada directamente o indirectamente por el saneamiento.

2. La aplicación del régimen económico-Financiero podrá significar la superposición sobre una misma Area Geografica o parte de élla, delimitada primeramente, de sucesivos incrementos de la tarifa o canon de saneamiento, cuándo las obras proyectadas ulteriormente sobre todo si son de carácter complementario, asi lo justifiquen, pero en ningún casó la Suma total de los sucesivos incrementos o cánones podrá exceder el Maximo autorizado en la presente ley.

3. Cuándo el Area Geografica afectada comprenda varios municipios, el importe del incremento o del canon podrá ser diferente para cada término municipal únicamente en los casos en que será aplicable el coeficiente de concentración demográfica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.

1. La tarifa que deberán abonar los usuarios de las redes de abastecimiento de água en la Cuenca, zona vertiente o Area delimitada con esté objeto deberá contar, además de los componentes actuales, con uno adicional, correspondiente al incremento que, para la financiación de las Obras Públicas de saneamiento y los Gastos de explotación y control de las estaciones depuradoras, se fije de acuerdo con lo dispuesto en está ley.

2. El incremento de financiación de las obras y los Gastos de explotación deberá establecerse diferenciandolo de los otros componentes de la tarifa: Será de aplicación durante el período que se fije de acuerdo con la subsistencia de las cargas que lo justifiquen y, en todo casó, se extinguirá con Ellas.

3. Las instituciones y las empresas, tanto públicas cómo privadas, suministradoras de água en la Cuenca, zona vertiente o Area de aplicación del incremento, lo percibirán de los usuarios y adquirirán la obligación de efectuar su Ingreso en la Generalidad o en la entidad en que aquélla delegue la Recaudacion, dentro del trimestre siguiente a su cobro.

4. La administración Gestora puede comprobar e investigar las actividades que integran o condicionan el rendimiento del incremento, tales cómo el consumo de água, la facturación y la percepción del incremento.

1. En el abastecimiento de água no medido por contador, ni facturado por empresas suministradoras, procedente de aguas subterráneas o Instalaciones de recogida de las pluviales, el incremento de tarifa será sustituido por un canon de saneamiento.

2. Para el establecimiento del canon es precisó evaluar el caudal en función del consumo doméstico o del ramo de actividad industrial, y en todo casó, de la dimensión de la Empresa, de acuerdo con la fórmula o fórmulas que con esté fin se hayan aprobado. No obstante, de oficio o a petición del usuario, se puede implantar a su cargo un Sistema de medida directa de canales por contador.

3. El abonó del canon se efectuará directamente a la entidad encargada de percibirlo por la persona Fisica o Juridica titular del respectivo aprovechamiento de água subterránea o propietaria de las Instalaciones de recogida de aguas pluviales, en plazos trimestrales, dentro del primer mes del trimestre siguiente al de su aplicabilidad. La entidad podrá utilizar la ejecución forzosa y la via ejecutiva para exigir el cumplimiento de estás obligaciones.

1. La cuantía del incremento de la tarifa o del canon de saneamiento se fijará en pesetas por metro cúbico, en función de la clase de consumo y de la carga contaminante.

2. Con esté objeto, es precisó distinguir los usos domésticos de los consumos industriales del água. Estos últimos se equipararán a los domésticos cuándo los consumos anuales sean inferiores a séis mil metros cúbicos.

3. El incremento de la tarifa se aplicará cómo porcentaje equivalente a la recaudación cuándo el consumo medio diario no exceda de doscientos litros o el mínimo establecido, y se aplicará explícitamente al número de metros cúbicos consumidos cuándo exceda de está limitación. La cuantía del incremento de la tarifa se someterá a la aprobación de la comisión de precios de cataluña.

1. En el establecimiento del incremento de la tarifa o del canon aplicable a los consumos para usos domésticos se utilizará, para tener en cuenta la carga contaminante, un coeficiente de concentración demográfica diversificado en permanente y estacional.

2. El coeficiente permanente puede diversificarse por Grupos de población y se ha de aplicar teniendo en cuenta el número de habitantes residentes en cada municipio según los censos de población del Instituto Nacional de estadística.

3. La aplicación del coeficiente de concentración demográfica estacional viene determinada por la capacidad de acogida de cada municipio afectado, teniendo en cuenta las edificaciónes de segunda residéncia, las empresas de hostelería y los demás alojamientos turísticos destinados a proporcionar

   Habitación o residéncia en épocas, zonas o situaciones turísticas.

4. No se aplicará coeficiente de concentración demográfica ni tampoco, en ningún casó, incremento de la tarifa o del canon a los consumos de usos domésticos de los municipios en los cuáles, sumada la población de Derecho a la ponderada de concentración estacional, el total no alcance la cifra de cuatrocientos habitantes.

1. La carga contaminante a tener en cuenta en los consumos industriales se determina de acuerdo con las tablas de coeficientes específicos de contaminación aproximada que se apruebe para cada tipo de Industria o ramo de actividad, atendiendo los elementos físicos, químicos, biológicos y microbiológicos que previsiblemente contengan sus aguas residuales y la dimensión del establecimiento.

2. En la fijación del incremento o del canon concretó aplicable a determinada Empresa industrial se tendrá en cuenta, en todo casó:

   1. la incorporación ostensible del água a los productos fabricados, practicándose la correspondiente reducción y

   2. la reducción correspondiente a la prima por propia depuración.

3. La prima de depuración debe fijarse aproximadamente, según tipos de dispositivos adoptables y su respectiva

   Eficacia, a benefició de los industriales que justifiquen el Montaje y el Funcionamiento del correspondiente dispositivo. Por iniciativa de la administración o a petición del beneficiario de la misma, está podrá determinarse singularmente mediante la medición a su cargo de la contaminación realmente suprimida o evitada.

4. En los consumos industriales, la cuantía del incremento de la tarifa o del canon deberá responder siempre al principio de que quién más contamina debe satisfacer mas incremento o canon. La administración podrá reclasificar una actividad industrial concreta cuándo la carga contaminante lo aconseje y hacer efectiva la aplicación de dicho principio.

1. La gestión recaudadora del incremento o canon corresponde a la Generalidad, la cuál puede:

   1. asumirla directamente, a través del órgano competente o del que, en todo casó, designe El Consejo ejecutivo, o

   2. delegarla a los consorcios o entidades locales afectados especialmente cuándo los citados consorcios o entidades ejecuten las obras o presten los servicios financiados por esté Sistema.

2. En todo casó, corresponde a la intervención de la Generalidad la fiscalización de la gestión recaudatoria en la forma en que se establezca el autorizar el incremento o el canon o a través de las Disposiciones reglamentarias que se dicten con esté fin.

1. La Generalidad atribuye los recursos obtenidos al órgano encargado de la ejecución de las obras o de la prestación del Servicio, ya sea de la propia Generalidad o de la entidad a la cuál se haya atribuido dicha ejecución o prestación.

2. La atribución de recursos se producirá automáticamente cuándo el órgano que realice la obra o prestación sea aquél al cuál se ha encomendado o Delegado la recaudación. De no ser así, satisfarán las subvenciones pertinentes en la forma y los plazos que se establezcan con está finalidad.

3. La administración de la Generalidad puede comprobar, por los Medios que considere oportunos, la inversión de las cantidades asignadas, en relación con sus finalidades adecuadas.

1. La duración de la aplicación del régimen económico-Financiero previsto en está ley deberá fijarse con la extensión necesaria para que, con la recaudación obtenida con el incremento de la tarifa y el canon, complementada, en todo casó, con los demás recursos financieros aplicables, se pueda atender al coste de la

   Realización de las obras y/o de prestación del Servicio.

2. El plazo inicialmente acordado podrá revisarse en aumentó o disminución por resolución del consejo ejecutivo, a petición de la administración actuante, atendiendo las bajas obtenidas en la licitación de las obras, las modificaciones de los Programas de actuación de los planes, las variaciones de los Proyectos, las revisiones de precios o cualquier otra circunstancia de naturaleza análoga que modifique el coste de las obras o de los servicios.

3. El incremento de financiación, en cuanto a los Gastos de explotación de las estaciones depuradoras se mantendrá mientras durá dicha explotación y siempre deberá ser suficiente para atender los costes específicos de la misma, sin perjuicio de la deducción, en todo casó, el rendimiento que efectivamente se obtenga con la reutilización del água depurada.

Los Actos de la administración dictados en ejecución de está ley son recurribles en la forma y los términos previstos en La Ley de Procedimiento Administrativo y en La Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa Administrativa.