El «lado oscuro» del principio de precaución

AutorRamiro Prieto Molinero
Páginas444-456

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A) Principio de precaución y «falsos positivos»
1) La seriedad de la información

Aclarado lo que, a nuestro modo de ver, es el cuadro de situación del principio de precaución respecto de la responsabilidad civil por productos, creemos que este análisis no sería completo si no le dedicáramos unas palabras al principio de precaución en sí mismo. Aquí se trata básicamente de dar respuesta a un par de preguntas: ¿Es el principio la gran panacea que permite una reducción general de daños? Y aun más. ¿Es algo que reúne los suficientes requisitos como para ser considerado una regla científica? Al respecto, resulta ilustrativo lo afirmado por VOGEL, al decir que «hay una tensión o ambigüedad fundamental en el núcleo del principio de precaución. Por un lado, enfatiza que las decisiones reguladoras deberían ser no arbitrarias, racionales y basadas en valoraciones objetivas del riesgo. Por el otro lado, recalca la importancia de la aceptación de la sociedad y de la participación pública. ¿Pero qué pasa si la percepción de la gente del grado de (in)certeza o de la magnitud de un riesgo particular difiere sustancialmente del de los científicos?»78. Ya se ha dicho que, a nuestro modo de ver, no hay duda que las presunciones que se tomen para actuar en razón del principio de precaución deben basarse en datos reales, es decir, tomando en cuenta las referencias, aunque fueran parciales, del conocimiento científico, pero aquí debe destacarse otra acotación de VOGEL, que señala que «la percepción o tolerancia de la población respecto de ciertos riesgos particulares con frecuencia difiere de la de los expertos y en un sistema democrático las preferencias de aquella

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-y sus valores- juegan con frecuencia un rol importante en el proceso de hacer políticas. De esta forma, los gobiernos pueden, y frecuentemente eligen, equivocarse por el lado de la cautela, buscando evitar o reducir los riesgos particulares que muchos ciudadanos consideran como inaceptables, aun cuando en el conocimiento científico disponible hoy no se puede probar evidencia de daños»79.

¿Qué surge de esta última afirmación? Pues bien, que no hay duda de que, en honor a la verdad, no nos encontramos en el terreno del principio de precaución. ¿Por qué? Porque se supone que éste se centra en el análisis de la evidencia científica disponible; así, el hecho de tomar decisiones basándose en las falsas aprensiones de las personas, aun cuando éstas fueran mayoritarias, lejos de referirse a una regla de actuación en aras de la salud pública, ya entra en el terreno de la política de baratillo, dado que se estaría disfrazando de «respeto por la democracia» algo que no sería más que demagogia con fines electoralistas. En ese sentido, se supone que un Estado serio no puede adoptar medidas que comprometen su desarrollo tecnológico pensando sólo en las próximas elecciones; si existe gente que tiene miedo como consecuencia de aprensiones que no se condicen con el estado de la ciencia, lejos de acceder a tales caprichos, se supone que también es un deber de las autoridades el mantener una comunicación transparente con su población y, si es necesario, educarla en la realidad de las cosas; al fin y al cabo, sólo cuando existe una población verdaderamente informada puede hablarse de verdadera democracia.

Pero no necesariamente hay que pensar en la «parte oscura» de la política para encontrarse con posibles contradicciones «precaucionales». En ese sentido, tampoco hay que olvidar que los políticos son, en definitiva, personas, de manera que es muy probable que nos encontremos con legisladores que, lejos de seguir con un pensamiento racional y consecuente con los hallazgos científicos, se dejen llevar por los miedos generalizados y terminen contribuyendo en definir una política preventiva ineficiente y carente de verdadera base científica. En ese sentido, resulta muy interesante lo señalado por DE ÁNGEL YÁGÜEZ, quien, refiriéndose a la cuestión de las inmisiones eléctricas y las radiaciones electromagnéticas, menciona cómo hay ayuntamientos de España que se niegan a renovar las concesiones para antenas de telefonía móvil o que pretender «enterrar» los tendidos eléctricos; ello, no obstante que la ciencia en la actualidad cuenta con elementos más que concretos sobre la inocuidad de las microondas y tendidos eléctricos y, en el último caso con un agravante: que el alcance de las inmisiones es mayor estando enterradas que colgando entre postes80.

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En definitiva, un ejemplo de los abusos y caprichos que se cometen en nombre del principio de precaución y una nueva advertencia de que, aun cuando éste se funde en criterios científicos, si no se acompaña de sentido común puede terminar provocando lo que se trataba de evitar.

2) La eficiencia de lo ineficiente

Ahora bien, si en el principio de precaución las medidas se adoptan sobre la base de sospechas no del todo comprobadas y en virtud del estado del conocimiento existente en ese momento, entonces, es probable que posteriormente se descubra que lo que se sospechaba que podía ocurrir en realidad no se daba. Aquí, estaríamos frente a casos de aplicación errónea del principio de precaución, también llamados «falsos positivos». Paradójicamente, un informe tan minucioso como Late Lessons se refiere sólo muy brevemente a tales supuestos, pero trata de justificarse diciendo que, si bien se sentía la necesidad de consignar casos por el estilo, no se encontraron ejemplos válidos81. Una afirmación que no creemos del todo correcta, ya que no sólo creemos que existen casos de falsos positivos, sino que, lejos de ser innecesarias, las medidas adoptadas en ellos se revelaron hasta favorecedoras de los peligros que buscaban conjurar.

Tal fue el caso de los implantes mamarios de silicona. Aquí, y en virtud de la sospecha de que contribuían a desarrollar cáncer y enfermedades autoinmunes, la FDA adoptó una moratoria que llevaría a la quiebra de varias empresas fabricantes para hacer frente a los pagos de un multimillonario fondo compensador destinado a pagar indemnizaciones anticipadas de acciones judiciales, que, a la luz de los resultados actuales, jamás se podrían, o tendrían, que haber promovido. Este caso demuestra una gran contradicción; ello, desde el momento en que el principio de precaución surgió hasta cierto punto como una reacción contra la «fe en la ciencia», sin embargo, aquí la aplicación de este enfoque fue acompañada por la actitud que se trataba de evitar y, así, aquellos que criticaban los implantes de silicona fueron, en muchos casos, los mismos que defendían, sin contar con pruebas concluyentes, a las prótesis de soja, que sí podían desencadenar mayor incidencia de cáncer, enfermedades autoinmunes y hasta efectos genotóxicos similares a los ocurridos con la Talidomida82.

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En definitiva, una prueba de que, al parecer, hay que ser cauteloso hasta con el principio de cautela; o, como mínimo, garantizar que los mismos parámetros terminantes que se aplican a la hora de actuar en función del principio, también deben ser utilizados como tamiz a la hora de juzgar a los posibles candidatos a reemplazar las tecnologías o bienes puestos en entredicho.

VOGEL se refiere a la cuestión y, de hecho, señala que uno de los motivos por los cuales EEUU ha ido abandonando el enfoque precaucional fue como consecuencia de los falsos positivos, afirmando que «una aproximación demasiado precaucional hacia la regulación del riesgo puede, en realidad, perjudicar la salud pública»83.

Con ello, no quiere decirse que la postura de EEUU sea la correcta, puesto que, de hecho, se trata de uno de los países más contaminantes del mundo. Aquí no se trata de justificar la reacción adoptada, sino, más bien, de concentrarnos en los motivos que llevaron a la misma. Así, VOGEL, cita el caso de las regulaciones extremadamente estrictas que derivaron en falta de acceso a medicamentos vitales o más seguros y ya aprobados en otros países; una situación contradictoria que llevaría a que los enfermos de SIDA presionaran durante la década del ochenta para lograr una aprobación más rápida de drogas para tratar la enfermedad. De hecho, y como ya se ha señalado en el capítulo octavo, hasta existen estudios que demuestran que ha llegado a morir más gente esperando los medicamentos que no eran aprobados y que luego demostraban no ser peligrosos, que por los pocos medicamentos que terminaban siendo realmente peligrosos. Otro caso citado por VOGEL fue la decisión de remover los elementos de amianto que hubiera en las escuelas públicas, lo cual no sólo no produjo especiales beneficios a la salud pública, sino que, de hecho, expuso al peligro que se quería evitar a los operarios encargados de la operación y llevaría finalmente a que las autoridades reconocieran que se habían despilfarrado miles de millones de dólares en una operación que no era indispensable. De igual manera, los altos estándares para limpieza de depósitos de desperdicios no han demostrado cumplir función alguna para las personas que habitaban en las cercanías, pero sí han resultado en una mayor exposición a sustancias tóxicas para los trabajadores encargados de la limpieza84.

Y aquí podemos volver a lo que ya señalábamos en lo que hace a conocimiento disponible. Si se quieren adoptar medidas contra un posible peligro, aun cuando no se conozcan todas sus características, no cabe duda de que el parámetro para adoptarlas será, mal que le pese a alguno que quiera actuar de «visionario», el estado de la ciencia y de la técnica existente en ese momento; de allí que DE ÁNGEL YÁGÜEZ sostenga que «cuando se trate de objetos o actividades «reglados», esto es, sometidos a algún tipo de ordenación reglamentaria de la producción de bienes o del de-

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