Justicia tasada
| Autor | Julio Picatoste |
| Cargo del Autor | Magistrado (jubilado) - Académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación |
| Páginas | 61-63 |
JUSTICIA TASADA 15
¿Dónde estaba el alto tribunal
al que nunca había llegado?
(Kaa, El proceso)
Que la Administración de Justicia ha venido padeciendo una intolerable
penuria de medios es una realidad harto conocida y repetidamente denun-
ciada ante la desidia de unos, la ineptitud de otros y la hueca palabrería de
casi todos; recursos e inversiones han estado siempre por debajo de las ne-
cesidades reales, con el consiguiente efecto acumulativo que esa situación de
persistente anemia va generando al paso de los años. En otros casos, las que
se presentaban como prometedoras innovaciones no han sido sino improvi-
saciones y ocurrencias. Hoy se ha llegado a un estado de cosas difícilmente
soportable en el que la demanda del, llamémosle así, servicio público de la
justicia sobrepasa las posibilidades y capacidad de los tribunales, sofocados
por una sobrecarga de trabajo de consecuencias indeseables. El panorama
se ha agravado de manera especialmente intensa en tiempo de crisis. Pero
quienes son responsables de tal estado de cosas, lejos –o incapaces ya– de
enmendarlo disponiendo los instrumentos necesarios para dar respuesta a la
creciente demanda de la sociedad, se han propuesto recortarla a la medida de
la penuria de medios. El mensaje sería: no demandes, que es peor.
Tal es el camino emprendido por la Ley 10/2012, recientemente aproba-
da; con ella se instaura una notable extensión subjetiva y objetiva de las tasas
judiciales y un desmedido incremento de su cuantía; y si ese aumento no su-
pone un especial contratiempo para las economías saneadas, sí lo será, desde
luego, para las personas con modestos recursos económicos, objeto ahora de
una discriminatoria limitación de su derecho de acceso a los tribunales, que
es expresión primera y medular del derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva. Desde luego, no es esta la reforma que la Administración de Justicia
necesita ni la que los ciudadanos y los profesionales del Derecho esperaban.
15 Faro de Vigo, 28 de noviembre de 2012.
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