Introducción
| Autor | Daniel del Valle-Inclán Rodríguez de Miñón |
| Páginas | 13-14 |
INTRODUCCIÓN
Estudiar la disciplina de la regulación de los servicios mínimos en los servicios esen-
ciales del transporte aéreo en episodios de huelga, fue una posibilidad que surgió como
consecuencia de una huelga secundada por los controladores aéreos en diciembre de
2010. Fui una de las miles de víctimas de un paro salvaje y de las consecuencias del mis-
mo. Sin embargo, desde mis años de estudio en la Universidad Complutense de Madrid,
la figura de este derecho fundamental y todo lo que le rodea, especialmente la garantía
de unos servicios mínimos en aquellos sectores o servicios considerados como esencia-
les y más en concreto, en el sector del transporte aéreo, me llamó la atención.
A través de los textos recogidos en la bibliografía de esta publicación, comparto los
enfoques novedosos y reflexiones complejas realizadas por grandes maestros que han
sabido despertar en mí la curiosidad “académica” y el afán de aportar, humildemente,
mi punto de vista sobre la cuestión. Su análisis ha resultado muy interesante y aunque
ha tenido una finalidad estrictamente legalista, he tratado de introducir variables his-
tóricas que ayuden a comprender mejor una problemática tan compleja, concreta y
real que supera cualquier planteamiento que se ciña estrictamente a la regulación por
parte del Derecho español1.
El reto que me planteé al acometer este estudio era el de aproximarme a la huel-
ga desde una triple óptica: ciencia política, Derecho laboral y, por supuesto, Derecho
constitucional.
En primer lugar, he tratado de averiguar el porqué, transcurridos cuarenta y cinco
años desde la aprobación de nuestra Carta Magna, el texto legal de referencia, a salvo del
tamiz al que fue sometido por la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, con-
tinúa siendo el Real Decreto-Ley sobre Relaciones de Trabajo 17/1977, de 4 de marzo.
En esta dinámica he tenido ocasión de descubrir que no es el único texto precons-
titucional aún vigente. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificada parcialmente
en 2002 y en febrero de 2013, fue aprobada en 1882 bajo el reinado de Alfonso XII. La
Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, ha estado vigente hasta la reciente apro-
bación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, si bien algunos artículos fueron modificados
con posterioridad a la aprobación del texto constitucional. En 1889 se publicó el Có-
digo Civil, en vigor con múltiples modificaciones. Por último, la Ley 46/1977, de 15 de
octubre, de Amnistía tuvo un añadido en 1984.
1 GARCÍA MURCIA, J.: “La huelga en el derecho de la Comunidad Europea: una visión desde el siste-
ma español”, Aranzadi Social, nº 3, mayo 2009, págs. 69 y ss.
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