Introducción
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INTRODUCCIÓN
La potestad discrecional de la Administración se concibe como una pieza
clave para dar respuesta a situaciones en las que la aplicación de la ley requie-
re de una estimación subjetiva o un juicio de oportunidad, si bien la práctica
ha venido demostrando la facilidad con la cual la discrecionalidad puede tor-
narse en arbitrariedad. Surge así la necesidad de controlar la subjetividad de la
Administración, y uno de los mecanismos a través de los que articular ese con-
decisión adoptada descansa sobre un argumento lógico y racional, y que cum-
En este contexto, el principio de proporcionalidad se erige como un pa-
rámetro fundamental de control de la actuación discrecional de los poderes
públicos que permite examinar la idoneidad, la necesidad y la correcta pon-
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canzar. Este parámetro ha adquirido un gran protagonismo en el ordenamiento
europeo, y se ha convertido en el criterio por antonomasia para aliviar las po-
sibles tensiones que puedan surgir entre el interés general y los intereses indi-
viduales de los ciudadanos. La idea de justicia material implícita en el mismo
individuos, y conduce a un control sustantivo o de fondo de la actuación ad-
ministrativa. Este espíritu de moderación vincula a todos los poderes públicos
con independencia de cuál sea su ámbito de actuación.
Uno de los rasgos más característicos del principio de proporcionalidad,
que lo hace especial en comparación con los restantes principios generales del
Derecho, es la existencia de una estructura interna compuesta por tres subprin-
cipios o niveles de examen bien diferenciados: idoneidad, necesidad y p ro-
porcionalidad en sentido estricto. Esta secuencia lógica brinda un esquema de
razonamiento que ha de ser utilizado tanto por la Administración como por los
a Derecho de un determinado acto o disposición general que suponga una res-
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