STSJ Cataluña 846/2009, 1 de Septiembre de 2009
| Ponente | ANA MARIA APARICIO MATEO |
| ECLI | ES:TSJCAT:2009:10174 |
| Número de Recurso | 142/2006 |
| Número de Resolución | 846/2009 |
| Fecha de Resolución | 1 de Septiembre de 2009 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA Nº 846 / 2009
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTE
D. EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN
MAGISTRADOS
Dª. ANA MARÍA APARICIO MATEO
D. JOSÉ LUIS GÓMEZ RUIZ
En la ciudad de Barcelona, a uno de septiembre de dos mil nueve.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 142/2006, interpuesto por INMOBILIARIA SOCIMECX, S.A., representada por el Procurador D. JORGE RODRÍGUEZ SIMÓN, contra T.E.A.R.C, representado por el ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. ANA MARÍA APARICIO MATEO, quien expresa el parecer de la SALA.
El Procurador D. JORGE RODRÍGUEZ SIMÓN, actuando en nombre y representación de la parte actora, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, en el que las partes despacharon, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentosde derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Continuando el proceso su curso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo la conformidad a derecho de la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), de fecha 20 de diciembre de 2005, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa núm. 08/16064/2001 y estimatoria en parte de la reclamación acumulada a la anterior núm. 08/16065/2001, formuladas en nombre y representación de INMOBILIARIA SOCIMECX, S.A. contra acuerdos dictados por la Dependencia Provincial de Inspección en Barcelona de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de 22 de octubre de 2001, de liquidación y sancionador por el concepto de IVA 1998 y cuantías de 36.298,01 euros y
32.044,51 euros, respectivamente.
Fundamenta la entidad recurrente su pretensión impugnatoria de la resolución administrativa impugnada en los siguientes motivos, unos de índole formal y otros relativos al fondo del asunto, a saber:
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Nulidad de las actuaciones practicadas por infracción de lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento General de la Inspección de Tributos , como consecuencia de la falta de motivación del cambio de actuario operado en el expediente de comprobación.
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Adecuación a derecho de la compensación de las cuotas del IVA del ejercicio 1998 que traen causa de la deducción de las facturas emitidas por Capa Textil, SL en el ejercicio de 1997, en relación a las que aduce concurren pruebas suficientes de la adquisición de la mercancía por la actora y de su instalación en el tejado del inmueble que esta última tiene arrendado a Mecotex, S.A.
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Presunción "iuris tantum" de veracidad de las declaraciones tributarias, al amparo del art. 116 de la LGT , una vez probados por la actora los hechos inicialmente declarados; sin que la Administración demandada haya aportado prueba alguna que desvirtuara sus conclusiones.
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Improcedencia de la sanción impuesta por haber quedado acreditada la inexistencia de la infracción que se imputa la recurrente.
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Concurrencia de prejudicialidad penal, en relación con las DP 271/03 tramitadas en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Mataró, cuyo objeto es determinar la legalidad de las facturas emitidas por Capa Textil, S.L. y deducidas por Inmobiliaria Socimecx, S.A., con la posterior imputación en el IRPF de D. Balbino como consecuencia de que la referida sociedad se halla sometida al régimen de transparencia fiscal.
En relación al primero de los motivos de impugnación que se contienen en el escrito de demanda, este Tribunal ya se ha pronunciado en sentido desestimatorio en reciente Sentencia núm. 405/2009, de 16 de abril, dictada en el recurso núm. 956/2005 , interpuesto por la entidad Inmobiliaria Socimecx, S.A. en impugnación de la liquidación correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1997.
En la referida resolución señalábamos lo siguiente:
En primer lugar, manifiesta que se ha infringido el artículo 33.1 del Real Decreto 939/86, de 25 de abril -Reglamento General de la Inspección de Tributos- porque no se le comunicó previa y formalmente que se había producido un cambio de actuario en el trámite de las diligencias llevadas a cabo por la Inspección.
El artículo 33.1 citado dice: "Las actuaciones de comprobación e investigación se llevarán a cabo, en principio, hasta su conclusión, por los funcionarios, equipos o unidades de la Inspección de los Tributos que las hubiesen iniciado, salvo cese, traslado, enfermedad, o bien, otra justa causa de sustitución, atendiendo especialmente al carácter específico de las actuaciones a desarrollar, y sin perjuicio de la facultad decualquier superior jerárquico de asumir tales actuaciones cuando proceda".
En el expediente administrativo unido a estas actuaciones obra el acta de disconformidad levantada a la empresa el 18 de octubre de 2001, así como el informe ampliatorio elaborado por el Inspector actuante.
El TEARC razona en su resolución que no se ha producido infracción del ordenamiento jurídico ni indefensión a la parte que motive la nulidad pretendida, posición que esta Sala, ante la falta de alegación específica alguna por parte del demandante que demuestre la producción de algún perjuicio a la sociedad, refrenda y declara ajustada a derecho
.
En el supuesto enjuiciado, no sólo se ha cumplido el precepto citado en relación con la concurrencia de la causa de sustitución sino que dicha circunstancia ha sido comunicada a la recurrente, tal y como sostiene la resolución del TEARC impugnada, mediante la diligencia núm. 5, de 18 de diciembre de 2000. Así, la propia parte actora admite en su demanda que, en relación al cambio de actuario, "si bien mi representada se percató mediante dicha Diligencia nº 5 que se había producido un cambio de actuario, identificada con el NRP 1770554657, pues mediante la comunicación de fecha 18 SEP 00 por la que se iniciaban las actuaciones de comprobación e investigación se había designado por el Jefe de Unidad a la actuaria con NRP 1679972446, quien actuó en las Diligencias nº 1 a 4, no se indicó formalmente a la empresa inspeccionada, a través de la persona que le representaba en las referidas diligencias, las razones de dicha sustitución".
Por consiguiente, ante la sustitución del actuario, del que la entidad recurrente reconoce haberse percatado mediante la citada diligencia núm. 5, como se ha visto, el desacuerdo se centra en la falta de motivación de la sustitución, es decir, a la falta de expresión de la justa causa que motivó dicho cambio.
Al efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 2008 , pone de manifiesto que tal deficiencia formal carece de relevancia, porque no causa indefensión alguna al recurrente, que no puede precisar el perjuicio que le ha causado dicha sustitución. La inamovilidad del funcionario que inició las actuaciones de comprobación no es principio procedimental con trascendencia en la validez del expediente, pues el artículo 33 RGT citado admite, como se ha visto, su sustitución en los casos de cese, traslado y enfermedad o, de forma amplia,...
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